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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-09-2006

Chile: un 11 de septiembre que no termina

Alvaro Ramis
Crnica Digital



Han pasado ms de diecisis aos desde el fin de la dictadura militar. Sin embargo, los Derechos Humanos se continan violando en Chile. No solamente se violan por la impunidad en que tantos crmenes de lesa humanidad han quedado sin lograr nunca verdad, justicia y reparacin.

No solamente se violan en la persona de los presos polticos mapuches que cumplen condenas injustas por terrorismo. A treinta y tres aos del golpe militar de 1973 los derechos econmicos, sociales y culturales de toda la poblacin chilena se continan violando da a da.

Hasta el golpe militar de 1973 la educacin, la salud, la previsin y la vivienda -entre otros derechos- se consideraban bienes y servicios pblicos; es decir, bienes a los que las personas accedan por su condicin de ciudadanos/as y no como clientes o consumidores. Se entenda que el financiamiento de la canasta de bienes y servicios pblicos deba provenir de la recaudacin de impuestos que el Estado realizaba. Al mismo tiempo, se establecieron derechos colectivos del trabajo: sindicalizacin, negociacin colectiva y derecho a huelga, entre otras conquistas que permitieron la defensa de los derechos laborales.

A partir del golpe militar de 1973, y bajo la influencia del programa y de la ideologa neoliberal, se procedi a desconocer la existencia de los derechos sociales y econmicos de la poblacin, hasta situarlos como responsabilidad individual de las personas. Como reflejo de estas polticas, la Constitucin de 1980, dej de garantizar los derechos a la educacin, a la salud, al empleo, a la justa remuneracin, a la seguridad social, etc. El Art. 19 de la Constitucin de 1980 en la mayora de los casos consagra el derecho individual de "acceder libremente" al ejercicio de los derechos econmicos y sociales, sin que el derecho sustantivo quede objetivamente asegurado o, al menos, consagrado. As se comenz a considerar los servicios pblicos como mercancas, lo que ha agravado la vulnerabilidad de los sectores bajos y medios, quienes no pueden costear los servicios privatizados y slo pueden acceder a servicios estatales degradados y desfinanciados.

Al mismo tiempo el Estado fue redefinido bajo un rol subsidiario, que redujo sus ingresos tributarios, debido a que se rebajaron los impuestos a las empresas y a los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, por medio de la ley sobre exenciones a la especulacin financiera, que permite invertir en la Bolsa y en transacciones financieras sin tributar las utilidades que de ellas se perciba. Desde entonces la estructura tributaria chilena se caracteriza porque porcentualmente pagan ms quienes tienen ingresos menores, lo cual rompe con los principios de equidad ms elementales. En Chile, la distribucin del ingreso es ms regresiva despus que antes de pagarse impuestos . Esa situacin cre las condiciones para aplicar en Chile un modelo de crecimiento empobrecedor.

Este modelo fue descrito por el profesor Jagdish Baghwati en 1958 y se refiere a los efectos perjudiciales que suelen afectar a pases ricos en recursos naturales o que logran grandes inversiones extranjeras pero que no logran generar condiciones de desarrollo endgeno. Este modelo crea las condiciones para una desigualdad crnica, ligada a efectos nefastos como la violencia delictiva y otras patologas sociales que se acumulan de forma explosiva.

Paralelamente, toda la estructura poltica chilena fue configurada para conservar el Stau Quo, mediante un complejo sistema de cortapisas y amarres, como el sistema electoral binominal, la conformacin de los distritos electorales, la frmula de conversin de votos en escaos parlamentarios, y especialmente los altos qurum en las materias de ley de cierta trascendencia.

Diversos especialistas han denunciado que el gasto social no ha mantenido los incrementos que tuvo en los primeros aos de la democracia, existiendo los recursos para hacerlo. Sin embargo, debido a la ortodoxia econmica del gobierno, empeada en mantener un supervit estructural del 1% del PIB, estas utilidades no se han traducido en una mayor cobertura de las necesidades de las personas. El gasto social en relacin al PIB se mantiene en torno al 17%, en circunstancias que antes de 1973 alcanz porcentajes superiores al 30%. Con anterioridad al golpe de Estado de 1973, el gasto pblico en salud y educacin alcanz al 4.7% y 7.2% del PIB, respectivamente, cifras que al fin de la dictadura se haban reducido a 2.6% y 2.9% del PIB, respectivamente. Al 2000 dichas cifras se haban recuperado a 3.1% y 4.1% del PIB, respectivamente, situacin que se ha mantenido relativamente estable.

Por esta razn la cobertura de los servicios bsicos como educacin, salud, vivienda y previsin siguen dependiendo de los ingresos de las personas y no de su dignidad como ciudadanos/as.

Por este motivo es posible caracterizar a la democracia chilena mediante una categora elaborada por Franz Hinkelammert: democracia de seguridad nacional. Esta caracterizacin hace referencia a que la democracia que se re-estableci en 1990 no posee continuidad con la democracia anterior al golpe militar de 1973, sino que prolonga las principales polticas de la dictadura militar. Esta continuidad explica, entre otras cosas, la grave inequidad en la distribucin del ingreso que se ha convertido en un problema crnico y que cuestiona gravemente la estructura social y poltica de Chile.

Los derechos humanos son indivisibles, ya sean de naturaleza civil, cultural, econmica, poltica o social. Por consiguiente, todos los derechos poseen el mismo rango y condicin, y no pueden ser clasificados, a priori, en orden jerrquico. Por este motivo la Constitucin de 1980 es un instrumento legal que viola sistemticamente los Derechos Humanos de la poblacin chilena y por lo tanto es el principal responsable del sostenimiento de un sistema poltico y econmico ilegtimo y atentatorio a la dignidad humana.

El autor esTelogo y Miembro del Consejo Editorial de Crnica Digital




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