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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-09-2006

El comit civico de Santa Cruz y el estado de derecho

Mauricio Ochoa Urioste
Rebelin


Ms de una ocasin el Comit Cvico de Santa Cruz organizacin financiada principalmente por empresarios agroindustriales, ganaderos y multinacionales se atribuye la calidad de sumo intrprete de la Constitucin Poltica del Estado (CPE) y las leyes de Bolivia. As, justifica sus acciones como expresiones de defensa del Estado de Derecho y de los ciudadanos cruceos, sin los cuales cedera el paso a formas de totalitarismo.

Sin embargo, la recopilacin de estudios jurdicos detallados a continuacin, permite entrever que sus principales reivindicaciones y propaganda carecen de sustento legal. Por el contrario, se patentiza que su discurso tiene como base meras tergiversaciones lingsticas del derecho y la jurisprudencia constitucional, y planificadas argucias legales que son instrumentadas por equipos de abogados y polticos influyentes en el sistema judicial y los mass media.

En estas circunstancias, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales - por temor a perder espacios electorales en la regin oriental del pas antes que repeler con razonamientos legales slidos las acciones del Comit Cvico de Santa Cruz atentatorias del ordenamiento jurdico, mantuvo posiciones contemplativas o simuladas, e incluso viabiliz las demandas de esta organizacin social mediante "pactos" que carecan de rigor constitucional.

LA ELECCIN PARA LA SELECCIN DE PREFECTOS

No obstante el artculo 109 de la CPE atribuye al Presidente de la Repblica la designacin de los prefectos departamentales; el ex Presidente Carlos Mesa y luego el ex presidente Eduardo Rodrguez - debido a la presin del Comit Cvico de Santa Cruz y las fuerzas polticas de la derecha - convocaron a elecciones para la seleccin de un Prefecto en cada uno de los Departamentos de la Repblica.

El artculo 30 de la CPE impone que los poderes pblicos no podrn delegar las facultades que les confiere la norma constitucional. Este precepto constitucional es primario en el Estado de Derecho, que tiene como caracterstica bsica, que toda actividad del Estado es repartida de modo exhaustivo en una suma de competencias claramente delimitadas. En el caso concreto, el Presidente de la Repblica no poda delegar total ni parcialmente su facultad constitucional exclusiva para designar prefectos departamentales. La primera caracterstica de esta competencia indica que es slo l quien de manera discrecional nombra al prefecto departamental, como consecuencia del modelo del Estado Unitario desconcentrado. Esta competencia se desnaturaliza cuando el Presidente de la Repblica se limita a prestar juramento al candidato seleccionado mediante voto popular. Lo mismo ocurrira si designa al prefecto de ternas propuestas por cualquiera de los poderes pblicos.

Adems, el modelo del Estado Unitario desconcentrado sostenido en la CPE y la Ley de Descentralizacin Administrativa, no ha cambiado en lo ms mnimo, siendo as, que las actuaciones del Prefecto Departamental se hallan ineludiblemente sometidas a la decisin de la cabeza del Poder Ejecutivo, mientras no exista una delegacin de competencias, que slo es posible mediante una reforma constitucional.

No obstante lo anterior, los partidos polticos respaldaron por unanimidad el ao 2005 la inslita "eleccin para la seleccin de prefectos" aprobando a tal efecto la ley 3090; norma jurdica que vulner claramente la norma constitucional, y ms precisamente, el procedimiento de reforma constitucional.

En este improvisado quebrantamiento de la CPE, los legisladores no precisaron, sin embargo, un asunto de capital importancia: la sucesin del Prefecto del Departamento en caso de muerte, renuncia, destitucin o interdiccin. El D.S. 28429, la Ley 3090, el D.S. 28229 - que fueron el marco normativo de la eleccin para la seleccin de prefectos de 18 de diciembre de 2005 - en ninguno de sus acpites refiere cmo se llevara a cabo la sucesin de la autoridad por estas causales. nicamente, el D.S. 27988 expedido por el ex Presidente Carlos Mesa que es de fecha anterior a todas estas disposiciones legales y que rega para la irrealizada eleccin de 12 de junio de 2005 estableca en su artculo 6 que "cuando los Prefectos de Departamento designados mediante el procedimiento que se establece en el presente Decreto, dejaran sus funciones en forma definitiva, sern reemplazados por ciudadanos designados directamente por el Presidente de la Repblica" (sic).

Lamentablemente, los gestores de esta normativa, no previeron ningn tipo de "seguro de vida o de cesanta" para compensar el agravio social de una posible designacin presidencial directa, ni tampoco un "fondo compensatorio" para reparar el dao econmico ocasionado al Estado como resultado de un eventual derroche de dinero en la realizacin de estos procesos electorales.

EL CONFLICTO DE LOS ESCAOS PARLAMENTARIOS

En pleno proceso electoral y a pocos das de las elecciones generales de 2005, Gerardo Rosado, diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), junto con otros parlamentarios de la derecha y con la colaboracin del equipo de asesores del Comit Cvico de Santa Cruz - demandaron la inconstitucionalidad del artculo 88 del Cdigo Electoral. Una clara motivacin de esta demanda era, que una vez declarada procedente, a contrapelo se apruebe en el Parlamento un antiguo proyecto de ley de distribucin de escaos ampliamente favorable a los departamentos del oriente boliviano que han sido en los ltimos aos baluartes de la derecha - pese a que por el principio de preclusin normado en el art. 3 inc. f) del Cdigo Electoral "las etapas del proceso electoral no se repetirn ni se revisarn".

La parte resolutiva de la sentencia constitucional 066/2005 la nica con relevancia jurdica - declar inconstitucional el artculo 88 del Cdigo Electoral e inst al Parlamento sancionar una nueva ley de distribucin de escaos conforme al artculo 60 VI. de la Constitucin Poltica del Estado (CPE); sin ordenar, emplazar ni suspender las elecciones generales previstas inicialmente para el 4 de diciembre de 2005, ni mucho menos condicionarla a una redistribucin de escaos.

Fuera de ello, dicha exhortacin del Tribunal Constitucional (TC) era claramente ilegal, puesto que se haba planteado un recurso directo de inconstitucionalidad y el ordenamiento jurdico boliviano no contempla el recurso de inconstitucionalidad por omisin legislativa. Es decir, el TC fall ultra petita y en clara vulneracin del artculo 58 de la Ley del Tribunal Constitucional (1). El recurso de inconstitucionalidad por omisin legislativa es rechazado en la doctrina y la legislacin boliviana, y generalmente, es inviable en el derecho comparado de tradicin romano - germnico. Como seala el constitucionalista argentino, Nstor Sags, "la doctrina tradicional y jurisprudencia de la Corte han entendido que la reglamentacin de una clusula programtica de la Constitucin nacional es un tema reservado a la prudencia y discrecionalidad del Congreso, de tal modo que si ste no dicta la ley del caso, al interesado no le cabe ningn recurso... La omisin inconstitucional en la produccin de normas generales genera mayores dudas..." (2).

Una vez conocida la sentencia constitucional 066/2005, el Comit Cvico de Santa Cruz festej con banda y altisonantes exclamaciones de jbilo este fallo, tergiversando sus efecto, y creando as un demaggico sentimiento de conquista social en la poblacin crucea, adems de exasperar los regionalismos. El da siguiente, muchos medios de prensa siguiendo esta campaa de desinformacin anunciaron que gracias a esta sentencia constitucional, los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba aumentaran cuatro y dos escaos respectivamente, tomando como criterio inequvoco la antigua iniciativa de ley de la brigada parlamentaria crucea. No obstante, la sentencia constitucional 066/2005 en ninguno de sus acpites precis la nueva designacin de escaos; asunto complejo que vara segn la asignacin del nmero mnimo de escaos para los departamentos con menor poblacin y menor desarrollo econmico segn el artculo 60 VI. de la CPE.

A todo esto, se sumaron las declaraciones del entonces Presidente Eduardo Rodrguez Veltz, algunos tribunos y los miembros de la Corte Nacional Electoral, quienes tambin tergiversando hbilmente los efectos legales de esta sentencia constitucional, condujeron a la opinin pblica a la errada e ilegal conclusin que el proceso electoral estara condicionado a la nueva ley de reasignacin de escaos. Incluso, el Primer Mandatario de la Repblica, anunci pblicamente que de no darse sta el pas corra el peligro de un "vaco de poder".

Todo este conjunto de sofismas, corrompi el principio de imparcialidad de las elecciones generales de 2005, al extremo que los candidatos en contienda electoral propusieron frmulas de distribucin de escaos atendiendo sus clculos electorales y las encuestas de opinin. Verbigracia, el candidato presidencial de Unidad Nacional, con mayores posibilidades de representacin poltica en el oriente boliviano, propuso ms escaos para Santa Cruz a cambio de la donacin de un Aeropuerto para el departamento de Potos.

El Movimiento al Socialismo con mayor representacin poltica en el occidente boliviano slo atin a decir que detrs de todo esto haba una mano negra que operaba en Washington, aludiendo, claro est, al ex presidente Gonzalo Snchez de Lozada, y que la derecha pretenda detener su ascenso a la primera magistratura del pas. Sin embargo, la justicia nunca recibi denuncia alguna sobre la supuesta participacin de Snchez de Lozada en este conflicto, por lo que parece evidente que esta agrupacin poltica utiliz a ste como chivo expiatorio para mantenerse al margen del debate y no perder espacios electorales en Santa Cruz y Cochabamba.

Finalmente, a pocas semanas de las elecciones, todos los partidos polticos en contienda "negociaron" una nueva distribucin de escaos, otorgando tan slo tres nuevos escaos al departamento de Santa Cruz, y no cuatro, como originalmente pretenda el Comit Cvico de Santa Cruz, PODEMOS, MNR y UN, entre otras fuerzas polticas.

Muchos medios de prensa conservadores aplaudieron esta actitud que calificaron de "compromiso democrtico", y segn ellos, salv a Bolivia de un Estado de Facto. Sin embargo, pocos constitucionalistas tuvieron el valor tico de denunciar este abuso del derecho que trajo como consecuencia directa semanas de incertidumbre ciudadana, temor generalizado por un posible rgimen dictatorial, y finalmente, la postergacin de las elecciones generales (3).

EL REFERNDUM SOBRE AUTONOMAS DEPARTAMENTALES

El mes de febrero de 2005, dirigentes del Comit Cvico de Santa Cruz, brigada parlamentaria de Santa Cruz, y las organizaciones empresariales Cmara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Cmara de Industria y Comercio (CAINCO), entregaron 6 mil libros con 421 mil firmas a la Corte Nacional Electoral y dieron inicio a la iniciativa popular de convocatoria a referndum sobre autonomas. El organismo electoral valid tan slo 299.866 adhesiones.

La primera propuesta de pregunta de referndum del Comit Cvico de Santa Cruz pretenda, entre otras cosas, que esta consulta defina y establezca la constitucin en el pas de autonomas departamentales con transferencia efectiva de competencias y atribuciones, las mismas que tendran por objeto, en su jurisdiccin territorial, disponer libremente de sus recursos - sin definir cules seran stos - elegir a sus autoridades - sin definir qu tipo de autoridades - y darse su propia administracin - sin definir la forma de administracin -. Adems los comitestas propusieron que esta consulta popular anteceda a la reforma constitucional, e incluso que sea convocada por decreto supremo durante la presidencia de Carlos Mesa; pese a que la propia Ley Marco de Referndum define que sta es facultad privativa del Congreso Nacional.

Finalmente, el 6 de marzo de 2006, el actual parlamento boliviano aprob por unanimidad, la siguiente pregunta del referndum de las autonomas:

"Est de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente , el mandato vinculante para establecer un rgimen de autonoma departamental aplicable inmediatamente despus de la promulgacin de la Nueva Constitucin Poltica del Estado en los departamentos donde este referndum tenga mayora de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los recursos econmicos financieros que les asigne la nueva Constitucin Poltica del Estado y las leyes?".

Las consecuencias jurdicas de este referndum sobre las autonomas departamentales son harto problemticas. Ms all de la imprecisin de esta pregunta que ha sido reprochada incluso por el ex Viceministro de Justicia y abogado constitucionalista, Carlos Alarcn, es indito en la historia de la humanidad un mandato vinculante para los miembros de una Asamblea Constituyente. El Poder Constituyente - y no as el Poder Legislativo que en muchos pases, incluido Bolivia, tiene tambin la facultad de reformar la Constitucin - es supremo, esto significa que es superior a toda manifestacin de autoridad, desde que la crea o constituye (poder constituido), determina su naturaleza, organiza su funcionamiento y fija sus lmites. Al respecto, el jurisconsulto Snchez Viamonte dice que el Poder Constituyente es la soberana originaria, extraordinaria, suprema y directa en cuyo ejercicio la sociedad poltica se identifica con el Estado, para darle nacimiento y personalidad, y para crearle sus rganos de expresin necesaria y continua.

Adems, sorprende el hecho que este referndum nacional pretenda efectos vinculantes a nivel departamental, cuando claramente el artculo 2 de la Ley Marco del Referndum prescribe que el referndum nacional se decide en circunscripcin nacional. Por el contrario, surge la duda de si este referndum nacional, tiene la legitimidad y la legalidad suficiente para introducir un Estado de las Autonomas en la nueva Constitucin - bajo el principio de voluntariedad o dispositivo cuando ms del 50% de los electores dentro de la circunscripcin nacional decidi por el "No" a la pregunta del referndum sobre las autonomas, y slo ste es el resultado oficial emitido por la Corte Nacional Electoral.

Una vez aprobada la Constitucin Espaola el 6 de diciembre de 1978 que reconoci el Estado de las Autonomas con el consenso entre casi todos los partidos, las provincias convocaron a un referndum para la aprobacin de sus Estatutos de Autonoma, en el marco de la nueva Constitucin - las primeras provincias en convocar a un referndum para la aprobacin de su Estatuto Autonmico fueron el Pas Vasco y Catalua el ao 1979 -. Por el contrario, el proceso del pretendido Estado de las Autonomas en Bolivia se lleva en sentido opuesto, toda vez que a partir del resultado del Referndum sobre las Autonomas, algunas agrupaciones ciudadanas y partidos polticos desean constituir un rgimen de autonomas departamentales sin previos consensos polticos, y con anterioridad a la entrada en vigencia de los Estatutos de Autonoma.

Por otra parte, hasta la fecha la Constitucin ni las leyes han definido el significado ni el alcance de las autonomas departamentales, ni existen antecedentes histrico - legales en la poca republicana de territorios dotados de un rgimen provisional de autonoma, ni rganos preautonmicos. Tampoco se conoce cmo seran coaccionados los asamblestas en caso de incumplir este mandato vinculante. Seran responsables ante la justicia pese a que el Poder Constituyente es por antonomasia supremo?. Seran tambin responsables aqullos asamblestas que denieguen la aprobacin de la nueva Constitucin si sta reconoce las autonomas departamentales?

Todo parece indicar que este abuso del instituto del referndum en Bolivia apunta ms bien a legitimar mediante artificios la "personificacin" y la "corporativizacin" de las decisiones polticas y econmicas de envergadura, con el fin de impedir un proceso de cambio pacfico y consensuado y la participacin real de los ciudadanos en la vida poltica (4).

LA APROBACIN DEL TEXTO DE LA NUEVA CONSTITUCIN

Pese a ser atribucin de la Asamblea Constituyente normar su Reglamento de Debates de conformidad al art. 21 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, el Comit Cvico de Santa Cruz amenaz con promover la divisin del pas si este rgano no regula el procedimiento de aprobacin de cada artculo de la nueva Constitucin por dos tercios de votos.

Si bien el art. 25 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente prescribe que la aprobacin del texto de la nueva Constitucin debe hacerse por dos tercios de votos de los asamblestas, no explicita ni regula la votacin necesaria para la aprobacin de cada artculo tambin llamada aprobacin en detalle -, el qurum reglamentario, la modificacin de su reglamento, la censura de los asamblestas, etc. (5). Toda vez que el partido oficialista obtuvo ms del 50% de votos en la Asamblea Constituyente, el Comit Cvico de Santa Cruz, junto con fuerzas polticas de la derecha, insisten que cada artculo de la nueva Constitucin sea aprobado por dos tercios de votos de dicha instancia.

As, habiendo una imprecisin del art. 25 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, y tomando como premisa el art. 32 de la Constitucin vigente, es bastante claro que la aprobacin de cada artculo de la nueva norma constitucional es facultativa de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, para la aprobacin del texto final de la nueva Constitucin, es inobjetable la concurrencia de dos tercios de votos de los asamblestas.

El procedimiento parlamentario aducido como modelo del nuevo reglamento de debates de la Asamblea Constituyente carece de rigor, toda vez que desde un punto de vista estrictamente legal, nada impide que la aprobacin en detalle preceda la aprobacin del texto final de la CPE.

Pese a todo ello, el Comit Cvico de Santa Cruz, como tantas otras veces, sin la ms mnima competencia ni atribucin legal, orden a la poblacin del extenso y populoso departamento de Santa Cruz la paralizacin de sus actividades laborales e instruy a los miembros de la Unin Juvenil Cruceista frenar el paso de los vehculos motorizados so pena de ocasionarles daos materiales, como forma de "protesta", a lo que segn sostienen, es un atentado contra el Estado de Derecho.

Notas:

1. El artculo 58 de la Ley del Tribunal Constitucional, relativo al contenido de la sentencia del recurso directo de inconstitucionalidad, reza:

"ARTICULO 58.- SENTENCIA Y EFECTOS.-

I. La sentencia declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto o resolucin de alcance general impugnado, en todo o en parte.

II. La sentencia que declare la inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, tendr efecto abrogatorio de la misma.

III. La sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma legal impugnada, tendr efecto derogatorio de los artculos sobre los que hubiera recado la declaratoria de inconstitucionalidad y seguirn vigentes los restantes.

IV. La sentencia podr declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con la norma legal impugnada, con los mismos efectos que en lo principal.

V. La sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella"

2. Cfr. SAGEZ, Nstor, Elementos de derecho constitucional, Tomo I, 3 edicin, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 112.

3. Vid. PELAEZ, Gabriel, Los pactos no son constitucionales, en http://www.la-razon.com/versiones/20051021_005336/nota_246_213923.htm

4. Vid. OCHOA, Mauricio, El Referndum sobre las autonomas departamentales en Bolivia, en http://www.bolpress.com/opinion.php?Cod=2006062404 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=33580

5. La jurisprudencia constitucional uniforme en Bolivia equipara "texto constitucional" con la CPE, y no as con cada uno de sus artculos. La S.C. 0037/2000 precisa: "ha violado los arts. 7-h) y 200 del texto constitucional". Este mismo sentido se expresa en la S.C. 0577/2000, S.C. 038/2000, y muchas otras.


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