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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-09-2006

La privatizacin de los servicios pblicos: una estrategia global con graves consecuencias sociales

Miguel ngel Llana
Rebelin


Sobre el informe de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) :: El informe es una denuncia directa, y en toda regla, a los partidos gobernantes PSOE-IU y a los dos sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, responsables -directos o indirectos, da igual- de las privatizaciones en detrimento de los servicios sociales y de propiciar la escalada de la precariedad laboral

Este sindicato, que se financia con las cuotas de sus afiliados y en el que las decisiones slo son tomadas en asamblea por los afectados dos significativas diferencias-, ha elaborado un informe sobre la privatizacin de las funciones especficas del Estado y Gobierno.

La privatizacin de los servicios sociales, supone sencillamente, convertir en puro negocio, lo que son derechos bsicos incluidos en la Constitucin e incrementar la precariedad en el empleo. As, todo se convierte en ganancia, donde lo que prima e importa es obtener el mayor beneficio posible; desde la sanidad y los servicios pblicos de todo tipo, hasta los servicios de seguridad y de la justicia. Estas subcontrataciones de importes millonarios, que en buena parte se adjudican a dedo, quedan, adems, al margen de cualquier control del parlamento o de los concejales municipales y, mucho ms, cuando las cesiones se hacen por dcadas, como es habitual.

Hay tres razones para la privatizacin de las tareas pblicas de lo social hacia el sector privado.

1. La creciente acumulacin de capital necesita nuevos mercados donde invertir los excedentes, pero, pocos mercados quedan que no estn ya copados, pues, precisamente, son los que propician la acumulacin de las fortunas que necesitan nuevos sectores para invertir.

2. El proceso de las privatizaciones, cuando menos, es pura corruptela y, de sta a la corrupcin slo hay un paso. Cuando las adjudicaciones o su posterior control o ambos- quedan al margen del control parlamentario o municipal, cualquier cosa es posible. Y, como es habitual, los puestos relevantes de las empresas adjudicatarias quedan en manos de polticos en activo o retirados da igual-, de modo que las sospechas se disparan. Estas regalas se reparten entre el crculo restringido de los polticos intervinientes, lgicamente.

3. La financiacin de los partidos, que contina sin regulacin alguna, queda bajo sospecha, ms que razonable, ya que puede guardar una relacin directa con el flujo de millones que la administracin destina a estas empresas dirigidas por polticos, en activo o no, y por decisin del mismo crculo de poder. Significativa ha sido la declaracin y acusacin de un poltico cataln, an en activo, refirindose al tres por ciento de comisiones.

As se explica que el actual Secretario de este sindicato, Martnez Morala y el anterior Secretario, Gonzlez Carnero, estn procesados por daos y desrdenes pblicos, para los que el fiscal pide, nada menos, que seis aos y medio de crcel, ms indemnizaciones. Previamente, ambos sindicalistas, fueron prejubilados forzosos con poco ms de cincuenta aos, aparentemente de forma abusiva y de la que esperan veredicto -en esto sin prisa- del recurso presentado ante los tribunales. Ambos pertenecen a Naval Gijn, mientras el resto de los astilleros, salvo ste y Vulcano (Astilleros Espaoles), ya se han convertido en urbanizaciones al borde del mar, previa especulacin urbanstica y destruccin del empleo del sector.

Este Sindicato lleva dcadas luchando contra esta poltica y ha sido el que ha frenado y dificultado el pelotazo urbanstico, aunque ahora ya slo quedan dos astilleros medio desmantelados. El Informe, no deja de ser una denuncia ms, de la corruptela poltica autonmica y municipal.

Este estudio, referido a Asturias con gobierno autonmico y municipal de izquierda PSOE-IU, cuyo Ayuntamiento se ha personado en el proceso por los daos sufridos lo que agrava enormemente las penas-, es vlido para cualquier comunidad, basta con cambiar los nombre y los sectores afectados, pues las empresas beneficiadas son las mismas, o similares, y los mismos, o parecidos, los partidos polticos responsables, no importa de qu comunidad se trate o incluso de qu pas, todo y todos coinciden. Su nuevo modelo econmico, o como quiera que se le denomine, que ya es una realidad, va contra los derechos sociales, hace dao a todo el tejido social, relegando a ambos, pues el beneficio es lo que importa.

El informe es una denuncia directa, y en toda regla, a los partidos gobernantes PSOE-IU y a los dos sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, responsables -directos o indirectos, da igual- de las privatizaciones en detrimento de los servicios sociales y de propiciar la escalada de la precariedad laboral. Las cpulas sindicales y polticas han firmado sin ningn consenso conocidos con los afectados todo tipo de acuerdos haciendo retroceder ventajas sociales y laborales. Su colaboracin ha sido imprescindible para que la OMC y su neoliberalismo hayan conseguido sus objetivos con tanta facilidad.

El informe destapa, con sobrados datos, la complicidad y responsabilidad poltica y sindical en este gran retroceso de las prestaciones sociales y de creciente precariedad en el empleo en todos los rdenes. El proceso judicial abierto a los dos dirigentes, no parece ser ajeno a la enorme actividad sindical que los encausados han desarrollado y desarrollan, lo que en s mismo ya es grave, cuando adems, su actividad reivindicativa por el empleo, era una denuncia y pona en evidencia el atropello poltico y sindical oficial. Las inexistentes muestras de solidaridad, tanto de los partidos y como de los sindicatos, brillan, pero por su ausencia, aunque en realidad, ms bien se suman al proceso. Es su lgica.

El Informe:

La privatizacion de los Servicios Publicos

Documento general. LA PRIVATIZACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS: UNA ESTRATEGIA GLOBAL CON GRAVES CONSECUENCIAS PARA OS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS DE ASTURIAS.

1. El proceso acelerado de privatizacin de los servicios pblicos que se viene produciendo en los ltimos aos en Asturias se inscribe dentro de una estrategia global del capitalismo neoliberal, que tiene como objetivo la progresiva mercantilizacin del sector pblico. Esta estrategia globalizadora ha sido diseada por la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), que es una agrupacin de pases creada en 1995 fuera del mbito de influencia de la ONU, con el objetivo de regir el comercio internacional. Entre los acuerdos de mayor relevancia de esta organizacin mundial se encuentra el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), adoptado en el mismo ao 1995, y que persigue la liberalizacin progresiva de todos los servicios para el comercio internacional.

De acuerdo con el calendario fijado por la OMC, desde finales de junio del ao 2002 hasta el mes de marzo de 2003 cada pas miembro presentara sus listas de servicios a "liberalizar" y a partir de esa fecha se pone en marcha el proceso efectivo de apropiacin empresarial, que debera culminar de acuerdo con dicho calendario en el ao 2005. Este fenmeno de apropiacin incide de modo sustancial sobre los servicios pblicos prestados por el sector pblico: sanidad, pensiones, educacin, cultura, transportes, gestin de tributos, telecomunicaciones, suministro de energa, agua, gestin de residuos, saneamiento, turismo etc., con independencia del mbito territorial de la Administracin Pblica que los vena prestando, es decir, se produce a escala estatal, autonmica y local. La mal llamada Constitucin europea, sometida a referndum en el Estado espaol tras una brutal campaa oficial de desinformacin, da cobertura al proceso de privatizacin al mximo nivel normativo sustituyendo en su texto el concepto de "servicios pblicos" por el puramente mercantilista de "servicios de inters econmico general": En esta lnea, la Unin Europea debate en estos momentos la aprobacin de la llamada Directiva Bolkestein, proyecto sobre la liberalizacin del mercado de servicios que legaliza el dumping social al permitir la importacin de mano de obra barata sometida a las condiciones laborales de su pas de origen.

La estrategia global de privatizacin de los servicios pblicos se sustenta sobre un primer proceso de manipulacin ideolgica de la opinin pblica que se ha ido desarrollando de modo sistemtico, constante e implacable durante los ltimos aos, con el siguiente objetivo: afirmar, sin posibilidad de rplica, que se debe reducir el tamao del sector pblico, que el sector pblico asume indebidamente la provisin de bienes y servicios que debera prestar el mercado; que la empresa privada es ms eficiente por las bondades del mercado, frente a la ineficiencia y despilfarro de lo pblico; que se debe reconsiderar la necesidad del propio Estado del Bienestar y la funcin del Estado como redistribuidor de la renta y suministrador de los servicios pblicos, con el objetivo final de privatizar la red de servicios pblicos.

A estas alturas, se puede decir que este adoctrinamiento ideolgico planificado por el "capital globalizador" se ha consumado de forma abrumadora, de tal manera que estas ideas son asumidas hoy con un dogma de fe por la sociedad. Y ello, fundamentalmente porque el proceso se ha desarrollado en el escenario de los medios de comunicacin (prensa, televisin) y con las tcnicas de propaganda del espectculo de masas, las nicas fuentes de informacin que consiente la economa mercantilizada, los cuales se limitan a trasmitir las rdenes y los programas de sus dueos y para los que cualquier posicin disidente simplemente no existe, o de tener algn eco, rpidamente se banaliza en las secciones de lo pintoresco o se desactiva bajo el calificativo de "utopa" de grupos ms o menos marginales. En ese marco, los economistas gurs y los polticos a sueldo del capital repiten una y otra vez las virtudes del mercado global y de la liberalizacin, enlazando conceptos sesgados como si se tratara de verdades teolgicas (eficiencia ptima, economas de escala, costes marginales, competitividad...), manipulando cifras y ocultando datos con la habilidad de los trileros.

A quien nunca critican estos charlatanes teledirigidos es a quien les paga, porque saben que siempre son intercambiables por otros polticos o expertos al menos igual de dciles que ellos. Se justifican las privatizaciones por razones de eficiencia econmica, pero cuando hablan de eficiencia no se refieren a sistemas que respondan a principios de equidad y justicia social. Frente a una concepcin mercantilista de la sociedad, que considera ptimo el reparto de recursos que mejora la posicin de unos pocos sin perjudicar la de todos, nosotros defendemos un modelo de reparto de la riqueza que maximice la renta de los que menos tienen. Este sistema distributivo basado en la justicia social requiere como condicin imprescindible un Estado de Bienestar que preste a todos los ciudadanos y ciudadanas unos servicios pblicos universales y no discriminatorios por razn de renta.

2. Contra la falsa opinin dominante hay que declarar con contundencia que no existe estudio emprico alguno que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios pblicos supongan una mayor eficiencia y calidad de la gestin privada, ni tan siquiera un aumento de la competencia en los distintos sectores privatizados. Antes al contrario, la realidad resultante de los procesos de privatizacin diseados a escalas globales y aplicadas en todos los mbitos de organizacin poltica territorial -estatal, autonmica y local-,muestra de forma clara e inequvoca, al menos, las siguientes consecuencias:

La prdida del control democrtico de los servicios pblicos: se sustituyen las garantas legales propias de la gestin sometida al Derecho pblico por la gestin empresarial privada, supeditada exclusivamente a la maximizacin del beneficio econmico para la empresa, con la consiguiente inefectividad de las reclamaciones individuales y de las garantas jurdicas. El ciudadano se transforma en un cliente reducido a votar cada cuatro aos, un simple espectador alimentado por la publicidad incesante que le incita al consumir con la mayor libertad, liberndole de la ardua tarea de participar en la toma de decisiones sobre su propia vida y su futuro colectivo.

La prdida de calidad en la prestacin del servicio y el aumento de los precios para los usuarios: las polticas indiscriminadas de disminucin de costes en capital fsico y humano, consecuencia de la tendencia a la consecucin del lucro, hace que la mayora de las empresas privadas proveedoras de servicios pblicos bajen notablemente la calidad de las prestaciones y, paralelamente, suban el importe de las tarifas.

La reduccin, cuando no eliminacin, de la proteccin medioambiental: la lgica de obtener el mximo beneficio econmico para la empresa se opone a la imprescindible preservacin de los valores naturales y ambientales. El proceso de produccin capitalista responde siempre a la misma regla: a mayor contaminacin ms beneficio.

La disminucin de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulacin laboral y galopante precarizacin del empleo: la privatizacin y la Contra Corriente gestin indirecta de servicios pblicos estn "despublificando" el rgimen jurdico del empleo pblico, que se inserta en la nueva dinmica de flexibilizacin de las relaciones laborales, bien como consecuencia de su integracin en las empresas privadas que se hacen cargo de la gestin de los servicios pblicos privatizados, o bien por la traslacin al modelo pblico de relaciones laborales de tcnicas y mecanismo propios del sector privado. Esta dinmica se traduce en: tendencia a la inestabilidad laboral, recurso masivo a la contratacin basura, disminucin de las garantas adquiridas a travs de la negociacin colectiva y aumento de la vulnerabilidad laboral, movilidad geogrfica indiscriminada, congelaciones salariales etc. En paralelo a este proceso, surge una nueva lite de burcratas fuertemente identificada con el sistema de valores privatizador, que ve incrementado su poder y sus retribuciones, ocupando los puestos de decisin en la jerarqua de las Administraciones Pblicas.

El crecimiento de la desigualdad y la exclusin social: la involucin de las polticas sociales y la desregulacin provocan un efecto redistributivo negativo que sufren especialmente los colectivos ms desprotegidos, porque afecta al ncleo esencial de los principios de igualdad de acceso al servicio pblico, universalidad y no discriminacin.

Incremento de la corrupcin y del clientelismo: los extraordinarios beneficios econmicos que se ponen en juego en los procesos privatizadores mediante concesiones, contratos de suministros etc., son un caldo de cultivo idneo para el trfico de influencias, la informacin privilegiada, las extorsiones y sobornos, cobro de comisiones, financiacin ilcita de partidos polticos etc. Los estudios realizados por algunos Organismos independientes sobre esta materia fundamentalmente, los publicados por Transparencia Internacional- apuntan a que la corrupcin, en sus diferentes variantes, acompaa como una sombra a los procesos de privatizacin. Procesos de concentracin monopolstica que impiden una competencia real: las concesiones de gestin de servicios pblicos a largo plazo 50 aos o ms-, son un ejemplo de monopolio que impide la competencia en la prestacin del servicio.

3. La "privatizacin" supone la transferencia de una empresa o actividad pblica al sector privado, con independencia de la forma jurdica que tenga la entidad que asume la transferencia: empresa privada local, estatal o trasnacional-,asociacin, fundacin, organizacin no gubernamental, sindicato o asociacin de empresarios. Este proceso presenta mltiples vas o mecanismos de materializacin, que describiremos sin pretensin de exhaustividad:

A) La transferencia de actividades pblicas al sector privado: la Administracin Pblica transfiere la gestin del servicio pero conserva la titularidad del mismo.

a. 1 Externalizacin de actividades y servicios de la Administracin Pblica a una empresa privada para la prestacin o gestin por parte de sta, mediante contratos de gestin, consultoras y asistencias tcnicas y contratos deservicios: limpieza, alimentacin, servicios informticos, asistencia sanitaria, custodia y seguridad de edificios pblicos etc.

a. 2 La concesin, mecanismo contractual especfico por el cual las empresas privadas se hacen cargo de la gestin de servicios pblicos esenciales a largo plazo hasta 75 aos y en rgimen de monopolio: agua, transporte etc.

a. 3 El concierto, por el cual la Administracin Pblica conviene con empresas queya vienen prestando los servicios de los que se trate para que stas se hagan cargo de una parte de los que la Administracin est obligada a prestar: conciertos con clnicas privadas en materia sanitaria o con colegios privados en materia educativa.

a. 4 Los Convenios de colaboracin con entidades privadas sin nimo de lucro (ONGS, fundaciones, asociaciones), especialmente frecuentes en el campo de los servicios sociales, con la finalidad de sustituir la prestacin directa de dichos servicios por las Administraciones Pblicas. Estas entidades privadas sin nimo de lucro funcionan en la prctica como verdaderas empresas, con todas las lacras de la actividad empresarial especulativa: contratacin basura, falta de transparencia, lites dirigentes con elevadas retribuciones, trabajadores explotados en condiciones laborales degradantes, clientelismo poltico (la prctica totalidad de estos convenios de colaboracin se conciertan sin publicidad y las asociaciones se eligen en procesos opacos sin libre concurrencia)

B) La utilizacin de formas de organizacin privada en el sector pblico: existe una tendencia imparable a la creacin de las llamadas "empresas pblicas" como mecanismo de prestacin de servicios pblicos. Con este nombre tramposo se designa una realidad distinta a la que parece sealarse en apariencia, a saber, a las empresas de propiedad pblica que funcionan realmente como empresas privadas: su finalidad es exclusivamente utilizar las tcnicas y frmulas de gestin privada, eludindolos mecanismos de control, publicidad y transparencia y las garantas jurdicas del Derecho Pblico.

Bajo la excusa de la supuesta necesidad de flexibilizar los procedimientos pblicos para ganar en agilidad y eficiencia, se esconden procesos de clientelismo poltico, sindical y patronal en la seleccin del personal de estos organismos (el nepotismo en la contratacin de personal recientemente denunciado en la empresa municipal de transportes de Gijn, EMTUSA, es un ejemplo de ello), contrataciones en la sombra y un difusa e ineficaz fiscalizacin contable, que genera enormes espacios de impunidad. En ltimo trmino, la constitucin de empresas pblicas se concibe como un paso intermedio para su posterior venta al capital privado.

C) La venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente pblicas: las de suministro de agua, gas, energa, transportes, telecomunicaciones; en la lnea de lo acontecido con otras empresas pblicas en sectores estratgicos como la siderurgia, la fabricacin de armas o el sector naval. El supuesto objetivo de estas operaciones es devolver al mercado actividades que se considera deben prestarse en rgimen de libre competencia por razones de eficiencia econmica, si bien lo que realmente se esconde bajo estos procesos de expolio del patrimonio pblico es una apropiacin de los sectores econmicos rentables que estaban en manos de la Administracin Pblica. Al mismo tiempo, estas operaciones permitieron al Estado espaol obtener los ingresos suficientes para reducir el dficit pblico y alcanzar los objetivos del Programa de Convergencia marcado por la Comunidad Europea.

Los procesos de liberalizacin y privatizacin que se han descrito se caracterizan por llevarse a cabo de espaldas a los ciudadanos, con el ms absoluto secretismo y vulnerando los ms elementales principios democrticos de informacin y participacin en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil .Los principales beneficiarios son las grandes empresas trasnacionales proveedoras de servicios, que a travs de sus lobbies (nombre eufemstico de los ncleos duros dedicados al trfico de influencias y a la simple y pura corrupcin),dictan el orden del da de la OMC y determinan el ritmo de aplicacin del AGCS; pero tambin las redes clientelares en las que se integran pequeas empresas, ONGS, fundaciones, asociaciones y otros entramados estrechamente vinculados a la partitocracia mercantilizada que nominalmente nos gobierna.

4. En Asturias, el proceso de privatizacin de los servicios pblicos se expande inexorablemente al ritmo marcado a nivel global, con la colaboracin de gobiernos tteres que actan de simples gestores del poder econmico que se ha apoderado de la poltica (entre otras elementales razones, porque todos los partidos con una significativa presencia social subsisten gracias a los prstamos amigables de la gran banca en las condiciones ms favorables).

Examinaremos algunos casos significativos de privatizaciones en las diferentes administraciones pblicas asturianas autonmica, local-siguiendo el criterio de clasificacin de las tcnicas privatizadoras expuesto en el apartado anterior:

A) Transferencia de actividades pblicas a sector privado:

a. 1 Casos de externalizacin de actividades de la Administracin Pblica mediante contratos de gestin de servicios pblicos con empresas privadas:

* E l Principado de Asturias acaba de adjudicar a la multinacional americana Accenture la gestin del llamado Centro de Gestin de Servicios Informticos de la Administracin del Principado de Asturias, sus organismos y entes pblicos, por un importe de 31 millones de euros (5.300 millones de pesetas) y por un perodo de cuatro aos. Su objeto es la prestacin de diferentes servicios relacionados con las tecnologas de la informacin, que se sustraen a la gestin directa de la Administracin y se ofrecen como suculento negocio al capital privado trasnacional. Accenture es uno de los gigantes de la informtica a escala mundial, con una facturacin anual de 12 mil millones de euros, que ha contado para esta adjudicacin con el seuelo de la alianza con la empresa asturiana Seresco. La multinacional anuncia que la prestacin exigir una plantilla de unas 140 personas, con la vaga promesa de que habr creacin de nuevos empleos, sin que se sepa cuntos y con qu caractersticas. EI mismo Principado de Asturias ha adjudicado el servicio de telecomunicaciones de la Administracin autonmica, sus organismos, empresas y entes pblicos, licitado por el mdico precio de 47 millones de euros durante cuatro aos, a varias empresas multinacionales: el grueso de la operacin, los servicios de telefona fija y datos, a Telefnica por un montante global de 42,44 millones de euros; la telefona mvil a Auna y los servicios de acceso a Internet, el chocolate del loro, a Telecable, operador presentado mediticamente como "empresa regional", pero en cuya oferta participan las multinacionales British Telecom y Auna.

La vigilancia y custodia de los edificios pblicos del Principado de Asturias se encuentra contratada en su integridad a empresas de seguridad privada.

Las recientes contrataciones anunciadas por la Consejera de Vivienda y Bienestar Social de la gestin de los servicios de centro de da para personas mayores dependientes y de transporte para los usuarios en los Centros Sociales de Personas Mayores de Covadonga, en Oviedo, de Luanco y de Moreda, con un presupuesto total de 2.100.730 euros La ayuda a domicilio, servicio pblico de atencin a personas y familias con miembros dependientes, se encuentra privatizado desde el ao 1989, gestionndose en la actualidad fundamentalmente por empresas privadas financiadas por el Principado de Asturias y los diferentes Ayuntamientos. Como ejemplo de esta poltica, el Ayuntamiento de Gijn tiene suscrito un contrato con la empresa Quavitae S.A. (en cuyo capital se integran potentes grupos empresariales como Mafpre, Alba o Morgan), con un volumen de negocios en el ao 2003 en el conjunto del Estado de 30 millones de euros, y unas condiciones de trabajo degradantes (nfimos salarios , sistema de formacin ineficiente y en manos de las centrales sindicales mayoritarias , patronal y ONGS, y un elevado ndice de enfermedades profesionales). Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo acaba de anunciar el concurso para la contratacin del servicio por un importe de 160.000 euros.

El Ayuntamiento de Oviedo ha adjudicado la gestin de los ingresos municipales a la Unin Temporal de Empresas "Asturagua Aquagest" utilizando para ello el subterfugio de que se tratara simplemente de una colaboracin con la gestin municipal. La realidad es bien distinta: dicha empresa suplanta la actuacin del servicio de tributos del Ayuntamiento, en una gestin plagada de irregularidades, como ha tenido ocasin de constatar la propia Abogaca Consistorial.

a. 2 Ejemplos de concesin de servicios pblicos

El Ayuntamiento de Oviedo ha concedido la gestin del servicio pblico de limpieza y recogida de basuras a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por un perodo de 75 aos. El mismo grupo empresarial, a travs de su empresa Seragua, tiene adjudicada la concesin del servicio pblico de agua por un plazo de 50 aos, as como la concesin del servicio de aparcamientos vigilados en zona azul.

Nos encontramos ante un ejemplo prctico de la gran mentira que se esconde detrs de los "procesos de privatizacin": en lugar de libre competencia, concentracin monopolstica empresarial a perpetuidad; en vez de eficiencia en la gestin, aumento de las tarifas y precios a pagar por los ciudadanos. La obtencin del mximo beneficio por una empresa explotadora del contrato de concesin del servicio pblico de agua slo puede conseguirse mediante un aumento del consumo (manipulacin de los contadores) o a travs de un incremento de las tarifas.

a. 3 Ejemplos de privatizacin por concierto:

- Mercantilizacin de la enseanza: la Consejera de Educacin planifica el cierre de 39 ciclos de Formacin Profesional en centros pblicos, a la vez que aumenta la oferta econmica para realizar conciertos educativos con centros privados, en gran parte vinculados a la iglesia catlica, que se sita en torno a los289 millones de euros (48.000 millones de pesetas)- Mercantilizacin de la sanidad: el Principado de Asturias ha concertado con la mutua Ibermutuamur la gestin de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de sus trabajadores y trabajadoras. Se trata de una agrupacin empresarial privada sin nimo de lucro que obtuvo en el ao 2003 un excedente de50 millones de euros, basada segn su propia publicidad en una gestin eficiente de las prestaciones econmicas y de los gastos de funcionamiento.

a. 4 Ejemplos de privatizacin de la gestin de servicios pblicos a travs de Convenios de colaboracin con entidades privadas sin nimo de lucro (ONGS, fundaciones, asociaciones).

La poltica del gobierno socialdemcrata del Principado de Asturias en los ltimos aos en materia de servicios sociales responde a la estrategia capitalista del "doble lenguaje" y de los "sistemas tapadera": por un lado, se promulga a bombo y platillo una Ley de Servicios Sociales en el ao 2003, que se publicita como la ms progresista del Estado espaol. Pero, al mismo tiempo, se consolida y extiende un sistema de prestacin de dichos servicios basado en la gestin privada mediante contratos de gestin con empresas del sector y en la utilizacin de entidades privadas fundamentalmente, de las llamadas sin nimo de lucro como sustitutivo de la gestin pblica directa. Ya hemos sealado ms arriba ejemplos de contratos de gestin privada de servicios pblicos (centros de da para personas mayores, ayuda a domicilio), pero adems de la privatizacin de la gestin a travs de contratos administrativos, se utiliza de forma masiva como frmula de gestin privada los llamados convenios de colaboracin con entidades sin nimo de lucro, particularmente frecuentes en el mbito de los servicios de:

proteccin a la infancia: centros de da para menores, centros de alojamiento de menores justicia juvenil: ejecucin de medidas judiciales impuestas a menores mediacin familiar prevencin y tratamiento de drogodependencias recursos para personas mayores

La mayor parte de estos convenios no salen a luz pblica porque se conciertan sin publicidad ni libre concurrencia y, cuando espordicamente se conocen, revelan una eleccin arbitraria y sospechosa de los recursos privados.

Un ejemplo paradigmtico de este modo de proceder lo encontramos en el convenio de colaboracin suscrito entre la Consejera de Salud y Servicios Sanitarios, el Consejo General del Poder Judicial y la asociacin privada llamada Servicio Interdisciplinar de Atencin a las Drogodependencias, publicado en el Boletn del Principado del da 28 de abril del ao 2004. El convenio seala que el Plan de Drogas para Asturias 2001 2003 recoge la puesta en marcha de un servicio de atencin a las drogodependencias en los Juzgados para colaborar con la Administracin de Justicia. Curiosamente, existe una asociacin privada sin nimo de lucro que se dedica a ese fin y sin mayores justificaciones y con absoluta discrecionalidad, se le atribuye la prestacin de este servicio pblico, financindola con 102.503 euros ( ms de 17 millones de pesetas al ao) con cargo al presupuesto del Principado de Asturias del 2004, y se pone a su disposicin dos despachos en las sedes de la Audiencia Provincial en Oviedo y Gijn. A cambio, la asociacin privada aporta cuatro trabajadores (uno a tiempo parcial), una fotocopiadora, dos ordenadores y un fax. El negocio redondo, sin concurso previo que posibilite, al menos, la libre concurrencia, no tiene plazo de caducidad, pues se prev su renovacin anual. No sabemos si este modo de gestionar los servicios pblicos en el mbito judicial cuenta con el asentimiento del nuevo gobierno de ZP, del actual Fiscal General del Estado y de la llamada minora progresista del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, les invitamos a dar explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias.

B) La utilizacin de formas de organizacin privada en el sector pblico.

La proliferacin de las denominadas "empresas pblicas" es una constante en la poltica neoliberal de los sucesivos gobiernos de Asturias. Mediante este proceso de privatizacin se sustituye la prestacin directa de un servicio pblico mediante las tcnicas y garantas del Derecho pblico por una gestin privada de naturaleza empresarial, en la que:

La contratacin del personal se realiza al margen de los principios de igualdad, mrito y capacidad, constituyendo camarillas de afines al partido gobernante, a sindicatos o a grupos o familias de poder (todo un ejemplo de poltica de izquierdas)

La contratacin de obras, suministros de bienes y gestin de servicios se lleva acabo al margen de la legislacin pblica en materia de contratos, propiciando el trfico de influencias y los tratos de favor hacia empresarios de la cuerda

Se escabulle la fiscalizacin pblica, dulcificando los controles de intervencin El presupuesto de las empresas pblicas dependientes del Principado de Asturias para el ao 2005 se sita en 166.396.294 euros, cifra superior al presupuesto de las Consejeras de la Presidencia, de Economa y Administracin Pblica, de Justicia, de Cultura y de Industria y Empleo y prximo al que dispone la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para realizar las principales polticas de servicios pblicos, con e\ siguiente reparto:

Sociedad Regional de Recaudacin del Principado de Asturias S.A.; 7.005.640 euros Sociedad Asturiana de Estudios Econmicos e Industriales S.A. (SADEI): 1.408.000 euros Hostelera Asturiana S.A. (HOASA): 7.542.270 euros Inspeccin Tcnica de Vehculos de Asturias S.A. (ITVASA): 7.328.549 euros Sociedad Regional de Promocin del Principado de Asturias S.A. (SRP): 24.101.803 euros Sociedad Regional de Turismo S.A.: 7.497.977 euros Productora de Programas del Principado de Asturias S.A.: 2.000.187 euros Sedes S.A.: 58.912.248 (aqu topamos con el sector del ladrillo y bien que se nota) Viviendas del Principado de Asturias S.A. (VIPASA): 13.825.341 euros Empresa Pblica Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A.: 5.620.500 euros Ciudad Industrial Valle del Naln S.A. (VALNALON): 4.374.762 euros Parque de la Prehistoria: 1.401.017 euros Gestin de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.: 25.378.000 euros

C) La venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente pblicas.

La gestin privada de servicios pblicos a travs de la constitucin de "empresas pblicas" constituye un paso intermedio para una posterior venta de la propiedad al sector privado de aquellas que resulten rentables. Asturias ha sido y es un escenario particularmente afectado por esta estrategia de amortizacin del sector pblico a favor del gran capital en sectores productivos estratgicos.

El caso ms significativo es el de la empresa pblica siderrgica ENSIDESA, sometida a un intenso proceso de reconversin en los aos 80 con prdida de miles de puestos de trabajo y multimillonarias inversiones de dinero pblico para modernizar tecnolgicamente los procesos productivos, para transferirla a continuacin a una multinacional del acero en condiciones de competitividad (segn las cifras oficiales, entre 1984 y 1990 el Estado espaol invirti en las factoras de Avils y Gijn un total de 180.000 millones de pesetas). Pocos aos despus de la venta, la multinacional Aceralia, bajo el chantaje de la deslocalizacin, acaba de imponer un plan laboral que incluye reducciones de plantilla (2.000 trabajadores afectados) y desregulaciones en las relaciones laborales: movilidad, flexibilidad, cambios en la estructura salarial y profesional.

Por idntico proceso pas la empresa pblica de armamento Santa Brbara, adquirida por la multinacional americana General Dynamics, y estn pasando los astilleros pblicos de IZAR, que acabarn en manos de una empresa privada. Hemos puesto de manifiesto la realidad del proceso de privatizacin progresiva de los servicios pblicos en Asturias, la coartada ideolgica y la mentira sistemtica sobre la que se apoya. Conocemos la estrategia seguida y sabemos a quien sirve: no a los ciudadanos y ciudadanas, que piden servicios pblicos de calidad, universales y asequibles, sino al nimo de lucro voraz de un capital cada vez ms concentrado. Toca ahora pedir cuentas a la clase poltica que nos gobierna: a qu intereses sirven quienes promueven, por accin u omisin, la privatizacin de los servicios pblicos?



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