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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-09-2006

Desaparicin de Jorge Julio Lpez
Todos los caminos conducen al secuestro

Fernando M. Lpez
APM


Hace ms de diez das que no hay rastros del testigo clave contra el genocida Miguel Etchecolatz. Mientras tanto, crecen las amenazas a la Justicia, querellantes y organismos de derechos humanos.

La bsqueda del albail Jorge Julio Lpez, que mantiene en vilo a toda Argentina, contina en diversos puntos perifricos de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, an sin resultados satisfactorios. Las investigaciones en torno a su desaparicin no descartan la posibilidad de que Lpez se haya extraviado a raz de un estrs psicolgico luego de su declaracin ante el tribunal que conden al represor Miguel Etchecolatz por crmenes de lesa humanidad, en el marco del genocidio.

Sin embargo, a medida que pasan los das, la hiptesis del secuestro va ganando fuerza. Nilda Eloy, ex detenida-desaparecida, querellante y testigo junto con el albail de 77 aos, fue contundente en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo que encabez el mircoles pasado para exigir al gobierno nacional la aparicin con vida ya de su compaero.

La mayora de los indicios apuntan a que Lpez fue secuestrado por la patota de la Polica Bonaerenese de la derecha fascista, dijo Eloy al leer un documento que fue suscripto por decenas de organismos de derechos humanos, partidos polticos, ONG y movimientos sociales.

Segn las argumentaciones de ese mismo documento, el primer indicio es que Julio fue uno de los testigos claves para que Etchecolatz fuera condenado a reclusin perpetua en una crcel comn.

Lpez estuvo detenido-desparecido en el centro clandestino conocido como el Pozo de Arana y en la comisara 5 de La Plata. En el juicio identific a Miguel Etchecolatz -que en ese entonces era la mano derecha de jefe de la Polica Bonaerense, Ramn Camps- como su torturador. El testimonio del albail tambin fue clave para desentraar el fusilamiento de Patricia DellOrto y Ambrosio De Marco, un matrimonio asesinado por orden directa de Etchecolatz.

Adems, en la marcha se record el secuestro que sufri en el 2004 el fiscal del juicio, Carlos Dulau Dumm, y las amenazas para que ste se apartara de la causa; as como las intimidaciones que sufrieron los querellantes, testigos y abogados antes, durante y despus del proceso contra el represor. El aparato represivo intent amedrentarnos: annimos, amenazas telefnicas, aprietes fueron usados contra aquellos que ponan en riesgo la impunidad de la que gozaron durante 30 aos, asegur Eloy.

En este sentido, tambin debe tenerse en cuenta la carta recibida en las ltimas horas por el presidente del tribunal que juzg a Etchecolatz. Segn la versin que difundi el diario Pgina/12, el texto sostiene: Sabemos que usted, directa o indirectamente, est recibiendo presiones del Gobierno para actuar en funcin de los intereses que agredieron a la Nacin y que hoy desde los cargos de poder, NO buscan Justicia sino venganza.

La carta, que lleg por correo al despacho del juez Carlos Rozanski, sigue con una serie de largas recomendaciones para luego concluir en una clara amenaza: Le SUGERIMOS VEHEMENTEMENTE QUE NO ceda ante estas presiones. De lo contrario, RENUNCIE!!! y sepa que esta farsa tendr su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo debern rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial.

Pero Rozanski no fue el nico magistrado que recibi la intimidacin. El mismo texto, en sobre cerrado, con igual remitente (III Congreso Internacional de Vctimas del Terrorismo-Barcelona-Espaa), lleg a manos de otros jueces y fiscales del interior del pas que tambin investigan causas por violaciones de los derechos humanos durante la ltima dictadura militar.

Para las organizaciones que encabezaron la marcha del mircoles, sta y otras amenazas, as como la desaparicin de Jorge Julio Lpez, tienen una motivacin evidente: los genocidas saben que con esta sentencia (por la de Etchecolatz) peligra la impunidad de la que gozan, saben que esa es la puerta para que condenados sean todos. Por tal motivo, no admitimos que se nos diga que (Lpez) puede estar perdido debajo de un puente. Tantos puentes hay en la zona de La Plata que las fuerzas de seguridad an no pudieron encontrarlo?, se preguntaron.

De la misma forma, Nilda Eloy seal en dilogo con APM que la idea de una desaparicin accidental es insostenible para cualquiera que conozca a Lpez, porque mostr una actitud inquebrantable y una gran disposicin para dar su testimonio ante la Justicia desde 1999, cuando declar por primera vez.

Incluso, el propio presidente Nstor Kirchner parece ms inclinado hacia la hiptesis del secuestro. En un acto oficial, ofreci a los tribunales que juzgan delitos de lesa humanidad toda la estructura del Estado para solicitar proteccin a testigos. Asimismo, advirti que, independientemente de como se resuelva el Caso Lpez, los hechos demuestran que el pasado no est ni derrotado ni vencido; al contrario, cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que est presente.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Len Arslanin, orden hace una semana atrs una nueva purga en la Polica Bonaernse para separar de la fuerza a 60 efectivos que se desempearon en diferentes centros clandestinos de detencin durante la ltima dictadura. Lo que cabe preguntarse, e investigar, ahora es cuntos represores actan todava en las Fuerzas Armadas, en las diferentes fuerzas de seguridad, como la Polica Federal, Gendarmera y Prefectura, y sobre todo en la SIDE.

Una de las lneas de investigacin que trascendi recientemente indica que la desaparicin de Jorge Julio Lpez podra estar relacionada a una clula de ex policas bonaerenses vinculados a agencias de seguridad privada. Si bien este dato an no pudo confirmarse, se trata de una pista para nada desdeable si se tiene en cuenta la participacin de estos elementos con la seguridad privada y de sta como espacios de contencin para los agentes del terrorismo de Estado desplazados de sus cargos en las ltimas dos dcadas.

En estas agencias los represores de antao no slo pueden seguir trabajando, sino que cuentan adems con un aparato organizado para actuar segn sus intereses, evadiendo cualquier tipo de control bajo la sombra de la impunidad.

El fenmeno no es exclusivo de la Argentina. Durante la dcada de 1990, las compaas de seguridad proliferaron como hongos en toda Amrica Latina, al punto tal que en algunos pases, como El Salvador y Honduras, los efectivos privados de seguridad superan en cantidad a los cuadros policiales del Estado. El armamento y la tecnologa que utilizan estas agencias, en su mayor parte de origen transnacional, tambin estn en creciente desarrollo, a veces superando los propios recursos pblicos.

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