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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-10-2006

Mapuches exigen se investigue a forestales por atentados

Pedro Cayuqueo
www.azkintuwe.org





En los ltimos aos, muchas denuncias de montajes y complots contra dirigentes y comunidades han sido puestos en conocimiento de tribunales por parte de abogados de derechos humanos y parlamentarios, sin resultado alguno. A juicio de las organizaciones, todos estos antecedentes seran razn suficiente para "cuestionar" los procesos judiciales en curso en la zona sur del pas.



 

 

 


 - Protesta en frontis de La Moneda. Foto de Waikiman.

 

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Organizaciones mapuches exigieron al gobierno investigar a las empresas forestales, vinculadas en sabotajes a sus propias instalaciones.


"Sobre esto, existen numerosos antecedentes que no han sido investigados y que han quedado en la ms absoluta impunidad", sealaron.


Una veintena de organizaciones mapuches de Chile y el extranjero, sealaron en Temuko a travs de una declaracin pblica que comuneros y dirigentes mapuches, acusados de atentados incendiarios a empresas forestales y que estn encarcelados en el sur de Chile, podran ser inocentes. "Desde hace varios aos existen antecedentes que podran demostrar que se trataran de montajes perpetuados a lo menos, por entidades de seguridad vinculadas a las empresas forestales, hechos que requieren ser investigados a la brevedad", indicaron.

A juicio de las organizaciones, existiran en la zona mapuche personas condenadas incluso a penas que superan los 10 aos de crcel, "de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categora de "terrorismo", en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados".

"Sobre esto, existen numerosos antecedentes que no han sido investigados y que han quedado en la ms absoluta impunidad", indicaron la Corporacin de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo, Meli Wixan Mapu, Equipo CITEM, Asociacin ambientalista Koyam Newen, Asociacin ankuchew, Federacin Williche de Chilo,  Gvbam Logko Pikunwijimapu, Corporacin Mapuche Xeg Xeg, Wajontu Coj Coj Mapu, Consejera Indgena Urbana y Agenda Regional de La Araucana, entre otras organizaciones.

Forestal Bosques Arauco

Recuerdan los firmantes en su declaracin el caso de la familia del ex guardia forestal Leonardo Espinoza Fonseca, quienes -con posterioridad al suicidio de ste en Santiago- reconocieron a la prensa a principios del ao 2000 que el guardia se haba involucrado en auto-atentados por rdenes de sus superiores, "que incluiran causas donde se aplic posteriormente la Ley de seguridad del estado y una fuerte represin y militarizacin". Tales hechos habran sido confirmados por el propio hermano del guardia, quien tambin prestaba servicios para una empresa forestal en la VIII Regin, propiedad del magnate italo-chileno, Anacleto Angelini.

El caso citado por las organizaciones involucraba directamente a Forestal Bosques Arauco, quin el segundo semestre del ao 1999 fue acusada pblicamente por comunidades de planificar atentados y montajes al interior del Fundo Cuyinco, comuna de Los lamos, predio de 1.650 hectreas y reivindicado desde haca ms de 18 aos por miembros de la familia Fren, quienes conforman la comunidad Pablo Quintriqueo. En aquella ocasin, varios ex guardias molestos con la forestal, declararon pblicamente haber recibido instrucciones de atacar a personas mapuche y cometer auto atentados en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de la comunidad. Uno de ellos habra sido Leonardo Espinoza Fonseca.

Todos ellos pertenecan a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y fundada a fines de los aos ochenta por el coronel de Ejrcito Alfredo Rodrguez, ex miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI, polica secreta de Pinochet) y qu ms tarde huira del pas perseguido por causas de violaciones de derechos humanos. En su relato, entregado a Radio Bio-Bio y ratificado ms tarde en conferencia de prensa por el diputado Eugenio Tuma (PPD), los ex sicarios de la empresa forestal confesaron entre otras cosas su participacin en incendios de campamentos forestales, ataque a vehculos policiales, cortes de caminos e incluso quema de bosques de la propia maderera.

Entre los muchos hechos en que reconocieron su participaron los ex guardias, destac la golpiza propinada al profesor del Liceo Politcnico de Lebu, Bernardo Ramos, una fra noche de octubre de 1999. "Regresaba yo a mi casa por la noche cuando recib por detrs un fuerte golpe en la cabeza. Inmediatamente se me tiraron encima como cuatro tipos encapuchados, golpendome por todos lados mientras me decan, esto es por ayudar a los mapuche!. En minutos perd el conocimiento y los doctores dijeron que debieron pegarme con un laque o algo as", relat ms tarde desde el hospital. Al otro da de la golpiza, el malogrado profesor deba presentarse ante la justicia como testigo en favor del dirigente de la CAM, Jos Huenchunao, quien se encontraba encarcelado en Lebu acusado de cometer un atentado contra la forestal en el Fundo Cuyinco.

Un ao antes, el 13 de octubre de 1998, guardias de OSEPAR haban quemado las casas que los comuneros haban levantado en Cuyinco. Como resultado la agresin hubo al menos siete heridos graves. Carlos Domnguez sufri una fractura de crneo y Mara del Carmen Fren, una fractura de clavcula. El mismo da, emboscaron a la lamngen Mara Ercilia Vsquez, cuando intentaba recuperar vacas que deambulaban atemorizadas por los continuos enfrentamientos. Trece guardias le propinaron una golpiza a palos que la mantuvo varios das en cama y con el rostro hinchado de golpes. Los enfrentamientos siguieron al da siguiente, producindose ms lesionados, como Fernando Fren, quien sufri contusiones mltiples y heridas en la cabeza, debiendo ser llevado de urgencia al Hospital de Concepcin.

Si bien las confesiones de los guardias forestales causaron un gran revuelo e incluso llevaron a parlamentarios oficialistas a solicitar en enero del 2000 tanto a la Corte de Apelaciones de Temuco como al gobierno a travs del entonces ministro del interior, Ral Troncoso- la aplicacin de la Ley Antiterrorista en contra de la empresa de seguridad implicada en los hechos, ninguna investigacin se formaliz al respecto. Hasta la fecha, ninguna investigacin judicial se ha formalizado en la Octava regin a raz de estos graves hechos, denunciados hoy nuevamente desde Temuko.

Forestal Mininco

Tambin detallan las organizaciones el caso del obrero Pedro Cifuentes, quien seal haber sido presionado por un funcionario de Forestal Mininco en la zona de Collipulli, para incriminar a la comunidad Choin Lafkenche, residencia del dirigente Vctor Ancalaf, en delitos tales como robo de madera y quema de bosques. "La forestal Mininco me presion, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa... me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenan era un montaje de fotos. Es decir, me inculparan. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y ms 10 mil pesos semanales", denunciara ms tarde Cifuentes al diario Austral de Temuco.

En su relato, Cifuentes involucr directamente al administrador de la Forestal Mininco en Collipulli, Alex Deruitz, quien cay en contradicciones ante el ministro en visita Julio Csar Grandn cuando fue careado con el trabajador forestal. Das previos, Julio Csar Grandn haba ordenado el arresto de los dirigentes mapuches de la comunidad, en base a la denuncia realizada por la maderera. Sin embargo y ante la confesin del obrero, el magistrado no tendra ms remedio que dejar en libertad a los dirigentes. "Ante el ministro declar que lo hice bajo presin y amenaza. Tuve un fuerte careo con Deruitz donde l neg que me pag, pero s reconoci que me haba amenazado con una foto y que me haba grabado la conversacin", relatara ms tarde Cifuentes.

Muchas de estas denuncias de montajes y complots contra dirigentes y comunidades, seran puestas en conocimiento de tribunales por parte de abogados de derechos humanos y parlamentarios de la zona, sin obtener a la fecha resultado alguno. A juicio de las organizaciones, todos estos antecedentes seran razn suficiente para "cuestionar" los procesos y acciones ejecutadas por las autoridades y agentes del estado en perjuicio de dirigentes mapuches, principalmente en el marco de la denominada "Operacin Paciencia" impulsada por el ex subsecretario del interior Jorge Correa Sutil, haciendo uso de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar. Todo ello durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

"Consideramos que es absolutamente irracional y fuera de toda lgica pensar que personas mapuche vinculadas a comunidades rurales en sus justas reivindicaciones territoriales se hayan expuesto a acusaciones de atentados incendiarios en contra de plantaciones o maquinarias, cuando estas no significaban un mayor perjuicio a las compaas por cuanto mantienen una amplia cobertura de seguros y lo nico que se aseguraba era la militarizacin, persecucin y represin de amplias zonas rurales", subrayan las organizaciones.

Hasta la fecha, ms de un centenar de ciudadanos mapuches han sido o estn siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalas Militares por su participacin en movilizaciones. A esa cifra, se suman rdenes de detencin y presos entre las VIII y X regiones. Ms de diez ministros especiales y cinco Fiscalas Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 sobre Conductas Terroristas o, en los ltimos aos, bajo las disposiciones del nuevo Sistema Procesal Penal.

Ante este escenario, las organizaciones exigen al gobierno de Bachelet el cese de la persecucin contra personas en el marco de la protesta social en contra de las empresas forestales, la urgente designacin de un Ministro en Visita, -"para investigar a fondo, con resultados concretos, sobre la base de las acusaciones de auto-atentados que involucran a empresas forestales", precisan-, la revisin y nulidad de todas las causas judiciales que involucra acusaciones contra dirigentes en supuestos atentados, el fin a los subsidios, privilegios y proteccionismos que el Estado ha venido sosteniendo en favor de estas cuestionadas compaas, as como el retiro de las dotaciones policiales y de la Armada de guerra para el cuidado de estas las empresas y sus bienes.



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