Portada :: Argentina :: 30 aos por la verdad y la justicia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-10-2006

La desaparicin de Lpez debe llevar a la crcel a todos los genocidas
El gobierno K no ha hecho nada para esclarecer el caso

Daniel Cadabn
Rebelin


Vivimos en medio de un a situacin repgnate. Tan repugnante como esclarecedora.

Los "viejos" represores vuelven a aparecer, todos los das, por los medios de comunicacin, como si se tratara  de un grupo ms, que tiene una serie de reivindicaciones para hacerle al estado. Los dueos de los chupaderos, los profanadores de la carne, los violadores en cmaras de tortura, los que secuestraron nios, los ladrones de bienes ajenos, presentan sus demandas como si se tratara de una minora oprimida, tienen un  reclamo que hacer y encuentran las puertas abiertas para expresarlo libremente en estos tiempos derechos y humanos.

No fueron suficientes las distintas prebendas de las que vinieron gozando durante dcadas. Quieren ms. Quieren que se les reconozca los servicios cumplidos por el "bien de la patria". Descabellado? De ninguna manera.
 
El golpe de estado de 1976 fue exigido, reivindicado y financiado por el conjunto de los sectores dominantes del pas. El peronismo en el poder desde el 73 no haba podido desactivar la creciente movilizacin obrera que desde el Cordobazo recorra a lo largo y ancho toda Argentina. Espantados frente a la crecientes perspectivas de la movilizacin popular, que alcanz un desarrollo extraordinario a partir de las jornadas huelgusticas de junio-julio del 75, las clases dominantes hicieron que la alarma sonara y una sola consigna los unific: "hay que parar esto, no importa como".

Los financistas internacionales y locales estaban alarmados, igual que  los empresarios nacionales y forneos. La iglesia y algunos intelectuales estaban alarmados; la prensa y sectores medios asustadizos; los terratenientes al unsono con los burcratas sindicales, apretados por la combatividad de sus bases. TODOS demandaron el golpe de la capucha y la picana, en ese gran frente unitario antiobrero y antipopular. Pedan pacificar el pas, y se lo pidieron a Videla, a Agosti y Masera; pero tambin se lo pidieron a Camp, Etchecolatz , al "tigre" Acosta , al "turco" Julin y a las bandas armadas peronistas  de la triple A. No hubo errores ni hubo excesos en la solucin final.

Una vez que los dirigentes polticos, tan locuaces en sus disertaciones, explicaron que no tenan respuesta para esta nueva situacin (Balbn, UCR), todo estuvo dispuesto para que radicales y peronistas acompaar la "gesta", no slo con decretos que avalaran el exterminio, sino con cuadros que continuaran integrados a la burocracia estatal golpista. 
La demanda, bajo promesa de colaboracin y bronce eterno, fue simple: "Seores de las  FFAA, brazo armado e insustituible del estado, concientes de su papel histrico frente a un pas que se halla al borde de la disolucin. Procedan".
 
Hacia 1982 el  agotamiento del rgimen militar se hacia visible en las calles, los dueos del terror haban perdido su maleficio, deban ser removidos para que las urnas hicieran su trabajo.

Cumplida su tarea con 30000 desapariciones forzadas, y despus del desastre de una guerra entregada cobardemente  al enemigo, los Capitanes de la industria y las finanzas decidieron reemplazar a los capitanes de las Fuerzas de represin; se necesitaba una nueva forma de dominacin, un gobierno fuerte que pudiera disciplinar al pueblo con consenso propio.
Lo nico permanente en el capitalismo es el proceso de dominacin y acumulacin de ganancias, todo lo dems es transitorio. "Gracias por los servicios prestados, sern recompensados". Y lo fueron.
 
Durante 23 aos, las relaciones de equilibrio entre los sectores vinculados a la represin y los partidos burgueses (vinculados a la represin) fueron un factor de negociacin permanente y una fuente de aprendizajes para ambos sectores (que si bien sufri algunas grietas, por ejemplo en la semana santa de Alfonsn) de conjunto la burguesa supo manejar, para dar la impresin de que la reprensin se haba mudado definitivamente de la poltica argentina y que, en todo caso, slo operan "mafias residuales de la dictadura", "nichos de represores"... que atentan contra la democracia. Pero la burguesa no puede seguir eternamente discutiendo en este frente, era necesario cerrar filas y poner al estado en la direccin de su recomposicin y la recomposicin del estado capitalista, inexorablemente, se inicia con la recomposicin de sus fuerzas de seguridad.

El juicio a las juntas basado en el enigmtico ttulo de "Nunca ms" impone definitivamente la teora de los dos demonios. Esta teora no es un aspecto menor, es el franco reconocimiento de que la dictadura fue necesaria, aunque se critiquen sus excesos. El "Nunca ms" fue el gran intento, transformado en literatura, de dar un final a la historia. No alcanz, la dictadura reclama bronce e impunidad.

Las leyes de Obediencia debida y Punto final, y los posteriores indultos, se orientaron en el mismo camino: recomponer el estado y a sus FFAA, brazo armado e insustituible del mismo.

Los dueos de los chupaderos y sus financistas, los burcratas buchones y la curia cmplice, los polticos y los jueces colaboradores, laboraron fuertemente para cerrar este ciclo. Pero la historia es caprichosa.

Toda esta poltica de recomposicin del estado sufri duros reveses durante todos estos aos, pero esto no implica que  la burguesa la abandone, ni la abandonar, porque es una cuestin estratgica que se le impone.

Demandar al estado su propia depuracin considerndolo independiente de los crmenes terroristas, es considerar errneamente que el proceso de recuperacin democrtica fue una revolucin triunfante. No lo fue. La "democracia" consolid las estructuras econmico-laborales provenientes de la dictadura y no slo eso, la democratizacin tiene un funcionamiento sostenido en normativas legales que, en un 50 por ciento, si no ms, tienen su gnesis en el proceso de reorganizacin nacional.

Kirchner, a partir  de su asuncin al gobierno, no tiene otro propsito que continuar con la obra de sus antecesores. El argentinazo fue el nuevo llamado de alerta. Es urgente la recomposicin del estado, porque de lo que se trata es de la continuidad del "proceso de dominacin y acumulacin de ganancias", ningn otro objetivo es ms prioritario.

La llamada derecha, que se moviliza en estas horas con el apoyo de la iglesia y de la prensa, ha hecho urgentes llamados a que el gobierno K deje de juguetear demaggicamente con el discurso sobre el pasado. Nuevamente la cuestin de la pacificacin se impone.

El acto en Plaza San Martn, saludado por el obispo Bergoglio, se inscribe en esta orientacin; no se trata de confrontar a fondo con el gobierno, ya ni siquiera se solicita la reivindicacin en bronce de los actos terroristas, simplemente de que reflexione y aproveche su consenso social y electoral, para ponerle un punto final, una amnista, al conjunto de los actos genocidas. No se aceptan ms juicios ni a los represores de ayer ni a los de hoy.

Que la iglesia haya apoyado este acto demuestra que no se trata de dinosaurios, como le gusta publicar a Pagina 12 , ni de sectores marginales, "residuos de la dictadura" como sostiene el gobernador Sol. Se trata de un enfrentamiento entre las camarillas del propio estado; donde unas recurrieron a la provocacin de una crisis poltica, desapareciendo al compaero Jorge Lpez, para demostrar hasta donde estn dispuestas a llegar.
 
En la movilizacin del viernes 6 en la Plaza de Mayo, los organismos no slo cambiaron un pronunciamiento programtico, de repudio a esta desaparicin y de acusacin al encubrimiento, por una poesa. Fueron taxativos "nada de justicia popular en contra de los secuestradores. "Justicia legal", esto es estatal.

Los organismos de DD.HH., coptados en su mayora por el actual discurso kirchnerista, terminan derechizando sus posturas en el limite de su propia impotencia programtica: la demanda de que el estado acte.

La movilizacin de los intendentes de la patota y de los borocotizados "nacionales y populares", no tiene como nico propsito el de diferenciar a Kirchner y Sol del costo poltico por el secuestro del compaero Jorge; se trata sobre todo, de que la reivindicacin de justicia no se desmadre y sea tomada por los luchadores, que ya han convocado a multitudinarias marchas donde la figura del presidente no sali muy bien parada.
 
La provocacin est lanzada. Jorge Lpez est desaparecido desde hace 20 das y no ha habido hasta el momento ninguna accin de parte del gobierno destinada al esclarecimiento del caso.

El kirchnerismo moviliza su tropa; pero no abre los archivos policiales, de la SIDE o de las dems fuerzas represivas. El kirchnerismo posa de fuerza de oposicin llamando a concurrir a la Plaza de Mayo, pero no tiene un solo detenido, ni da nombres de sospechados. Ya sabemos que Kirchner en pleno secuestro instruy a Anbal Fernndez para que le sacara dramatismo al "caso Lpez", diciendo que ste estaba en la casa de una ta. Ms tarde instruyo a Bonafini para que sostenga la hiptesis de que el compaero era un colaborador de la cana. Pero, en medio de su gritera histrica en contra de la derecha, pocos se percataron de que el presidente tuvo tiempo de viajar a Neuquen y compartir tribuna con Sosbich (representante de la derecha por antonomasia) con el pretexto de una reivindicacin a la gesta de Malvinas. Pura apariencia o comienzo de una negociacin?.
 
Estamos en medio de una gran pulseada, que plantea la urgencia de la aparicin con vida de Jorge, la depuracin y el desmantelamiento del aparato represivo y la crcel definitiva a todos los genocidas. El gobierno K. cumple bien con el dicho "dime de que presumes y te dir de que padeces". La lucha por la aparicin con vida de Jorge no es una cuestin de estado, es una causa nacional!!.

Los gremios que en cada uno de sus actos reivindicaban a los "30000 compaeros desaparecidos, presentes" deben convocar a un paro nacional hasta que Jorge aparezca.

Es necesario la formacin de comisiones de investigacin independientes que agrupen a familiares, ex detenidos-desaparecidos, gremios, comisiones internas y sectores democrticos, para exigir la apertura de archivos, los nombres del 95 por ciento de represores en libertad, de los integrantes de las fuerzas represivas que continan en actividad y la lista de aquellos que financiaron sus actividades. El gobierno si quiere mostrarse democratizando "las instituciones replublicanas" debe romper con la iglesia que apoya actos donde se regodean los torturadores.

Jorge Lpez compaero, tu testimonio no slo debe servir para encarcelar al asesino Etchecolatz , debe sobre todo servir para extirpar definitivamente a los genocidas y sus cmplices de la Argentina.
 



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