Sosteniendo la falacia chilena de que el
Silala es “un río de cause internacional” y no un manantial que nace en
Potosí, El Mercurio de Santiago hace un seguimiento a la construcción
de un puesto militar boliviano a orillas de aquella veta acuífera que
dota de agua potable al norte chileno desde hace 98 años, en detrimento
de la economía boliviana.
La primera plana del periódico chileno
El Mercurio en su edición de
este viernes 13 de octubre, destacó el posicionamiento de un puesto
militar boliviano en la zona fronteriza del Silala, en el departamento
de Potosí, donde nacen manantiales de agua dulce desviados a Chile hace
98 años.
Reporteros de El Mercurio que se desplazaron a esa zona fronteriza
observaron que el Ejército boliviano comienza a sentar soberanía en el
Silala, anotando que mientras se construye un nuevo cuartel a orillas
del manantial, “los soldados bolivianos deben dormir en carpas, las que
están coronadas con una bandera de su país”.
El Mercurio recordó que el pasado mes de septiembre el presidente Evo
Morales anunció la instalación de puestos militares para resguardar la
frontera nacional y precautelar los recursos naturales de la zona, en
alusión al conflicto por la utilización de las aguas del Silala que
mantiene con Chile.
El puesto militar en construcción, según describe el periódico chileno,
es una edificación sólida, de unos 200 metros cuadrados, aún no
terminada, pues las fotos muestran el recinto carente de techos. Por
esta razón, algunos soldados deben dormir en carpas dispuestas en
inmediaciones de la construcción, “las que lucen banderas de Bolivia”.
Pisar fuerte en el Silala
El nuevo cuartel está emplazado sobre una colina, “que les otorga a sus
ocupantes una visión privilegiada”, a cinco mil metros sobre el nivel
del mar, y se encuentra a 85 kilómetros del poblado chileno de
Chiu-Chiu, en la Segunda Región del país vecino. Los efectivos son
soldados jóvenes, “que visten uniformes gastados y fusiles marca SIG”.
Según admitieron los soldados bolivianos ante los periodistas chilenos,
las patrullas están sometidos a turnos de 20 días y “tienen orden de
disparar a todo lo que se mueva”.
Por el lado chileno, a unos 30 kilómetros del límite fronterizo,
describe El Mercurio, se ubica el retén de Carabineros de Inacaliri.
“Sus efectivos deben patrullar la frontera y cuidar los pasos
fronterizos no habilitados para abortar operaciones de traslado de
drogas. Este año han detectado 120 kilos de droga, que burreros a pie
intentaba ingresar ilegalmente al país”.
El suboficial chileno Marcelino Varas es el jefe del destacamento, que
se localiza a 4.050 metros sobre el nivel del mar. Asegura que no
existe ningún tipo de contacto con los funcionarios fronterizos
bolivianos.
Hacia el lado de Bolivia el pueblo más cercano es Alota, un caserío que
se ubica a unos setenta kilómetros del nuevo recinto militar boliviano.
Agua dulce en disputa
Siguiendo la argumentación oficial por la cual el Estado de Chile se
apropia indebidamente de las aguas desviadas del manantial boliviano,
la crónica de El Mercurio informa que “el río Silala nace en territorio
boliviano y cruza al sector chileno, donde es captado por una aducción”.
Al sostener que el Silala es un río, y no un manantial, la estrategia
chilena radica en atribuir a ese cause un curso internacional, con lo
se desconocen de facto la soberanía y los derechos de Bolivia sobre
aquella veta acuífera.
Pero Bolivia tiene de su lado la verdad histórica y es la siguiente:
Hacen 98 años, el 23 de septiembre de 1908, y en el marco del Tratado
de 1904, la Prefectura de Potosí otorgó la "concesión y consiguiente
adjudicación del uso de las aguas que forman unas vertientes
denominadas Siloli (Silala) existentes en la comprensión del Vicecantón
Quetena de la provincia Sud Lipez de este departamento".
Silala es un nombre inventado por los chilenos para apropiarse de las
aguas de los manatiales de Quetena. Con ese nombre se conoce el canal
artificial construido en las épocas de la Bolivian Railway y que la
diplomacia chilena pretende asignar la categoría de "río
internacional".
La concesión del flujo de los manantiales fue otorgada a la empresa
chilena "The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway" para
abastecimiento de las locomotoras a vapor del ferrocarril. En dicha
concesión se olvidó el detalle de especificar el monto que la empresa
concesionaria debería pagar por su uso del agua, y si el pago debería
ser mensual o anual. Así que hasta ahora los concesionarios no pagan ni
un centavo por el uso de esta aguas. A partir de los años cuarenta del
pasado siglo XX, las locomotoras a vapor del ferrocarril chileno fueron
sustituidas por máquinas a diesel, las cuales no requerían agua para
funcionar. "Por tanto", explica Cástulo Martínez, "la concesión
terminaba en ese mismo momento; pero la empresa Railway, que ya no
tenía derecho a seguir usando dichas aguas, las usó para venderla a
consumidores chilenos de las ciudades aledañas, dando así un uso
distinto al previsto en la concesión original". Las poblaciones
chilenas que se benefician con la aducción de los manantiales de
Quetena son principalmente Calama, Chuquicamata y Antofagasta.
Los empresarios del agua
"Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway" cambió de razón social y
actualmente es conocida como "Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
(FCAB)" y pertenece al grupo económico chileno Luksic.
Andrónico Luksic, uno de los más grandes potentados chilenos ligado a
capitales norteamericanos y asiáticos, posee intereses agroindustriales
en el oriente de Bolivia y no ha ocultado su ambición de controlar el
negocio del gas boliviano en puertos chilenos. Luksic se niega a pagar
al Estado boliviano una deuda aproximada, según la Comisión de Política
Internacional de la Cámara de Diputados, de 900 millones de dólares
acumulados desde 1908 por el uso ilegal de las aguas del Silala,
arguyendo que dicha fuente es un río internacional y no un manantial.
En 1997, la prefectura de Potosí decidió revertir esas aguas a dominio
fiscal, en un proceso que culminó con la rescisión de un contrato con
la empresa boliviana Ductec, que presionaba para cobrar en su favor la
deuda chilena ($us 7 millones a partir de la concesión Ductec), en un
conflicto binacional que podría ser resuelto arbitralmente en el
Tribunal de La Haya, si es que antes no surge algo más violento.
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