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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-11-2006

La paz, las vctimas y la negociacin con ETA

Marcos Roitman
La Jornada


No conozco proceso de negociacin donde actores extra-polticos decidan sus tiempos. Menos an que condicionen los sujetos del dilogo para lograr acuerdos fundantes de un pacto dentro de un Estado. Para darnos cuenta de la dimensin de lo afirmado, tomemos ejemplo e imaginemos si las vctimas del terrorismo de Estado durante las tiranas, reconocidas en los informes sobre torturas en Chile, Argentina y Uruguay, definieron o participaron como actores principales de la transicin. Ninguna de ellas estuvo presente en las mesas de concertacin. Tampoco lo hicieron como asociaciones de vctimas. Incluso en algunos casos ni tuvieron voz. En tanto, asociaciones de derechos humanos cumplieron con denunciar leyes de amnista que arbitrariamente dejaban en libertad a los responsables de crmenes de lesa humanidad, pero como parte de la sociedad civil se constituyeron en acusaciones populares en juicios o denuncias populares ante tribunales. Sin embargo, fueron los partidos polticos los que realizaron acuerdos, pactaron y decidieron los lmites de la democracia con las fuerzas armadas. Siempre ha sido as. Para el que tenga dudas, ofrezco otro ejemplo: la paz de posguerra. Tras las guerras mundiales, la de Vietnam, o la de Irak, no son las vctimas civiles, los soldados, ni los afectados colaterales, lo queramos o no, quienes construyen o deciden las agendas. En el tribunal de Nuremberg tampoco lo hicieron. Las vctimas participan como testigos, dan testimonios, loables, emotivos pero nunca determinan la direccin poltica, incluso tampoco una decisin judicial. Para muestra sirva slo el caso Augisto Pinochet como el ms reciente. Los jueces conocen la doctrina del arbitrio poltico y actan en consecuencia. La divisin de poderes en democracia representativa responde a un modelo tcnico administrativo con subordinacin a la razn de Estado. Cualquier otra frmula es bastarda y eso debe decirse sin tapujos. Si hablamos de las vctimas de la violencia poltica o terrorismo, es el conjunto de la ciudadana la que sufre sus efectos, ms all del grado con que se quiera medir su intensidad. Reducir su significado poltico a los sentimientos afectivos de familiares directos y encuadrarlos a un determinado signo ideolgico es una visin simplista, amn de falsa cuando se trata de negociar una paz poltica. De otra manera no se puede entender ni interpretar el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ni el 11 de marzo en Madrid. La sociedad sufri las repercusiones y se sinti directamente aludida. Todos en mayor o menor medida sufrieron las consecuencias. Negarlo es desconocer el ABC de la violencia en su dimensin poltica. No de otra manera se entiende la recriminacin de la presidenta de la Asociacin de Afectados por el 11 de Marzo Pilar Manjn, vctimas del atentado de Atocha, en su comparecencia ante la Comisin Parlamentaria al recriminar al Partido Popular sus risas, sus pataleos y su poca vergenza cuando seguan responsabilizando a ETA en pos de su argumento a costa del sufrimiento de las vctimas.

Es la dimensin poltica del terrorismo o la lucha armada, segn unos u otros, lo que permite comprender la propuesta de dialogo planteada por el gobierno socialista de Jos Luis Rodrguez Zapatero, y avalada por el conjunto de los partidos del arco parlamentario, excepto los populares. Se trata de buscar una aproximacin ms all de la demagogia de vctimas y asesinos. El problema pasa de ser un dilema penal a convertirse en propuesta poltica. Al abrir esta dimensin se articula un espacio de dilogo que permite hablar de variados temas en una mesa, hasta ahora imposible por la falta de canales institucionales de reconocimiento poltico. Este reconocido de sujetos, Batasuna, Partido Socialista de Euskadi, entre otros, allana el camino. Ahora no se trata de contar muertos, ni presos, sino mirar hacia el futuro. Hay que negociar una propuesta poltica sin ms lmites que el reconocimiento de los negociadores y el fin de la lucha armada para establecer una sociedad sin muertes estriles.

Reconocer lenguajes y realidades brinda la posibilidad de romper crculos donde las vctimas deben saber que no constituyen el eje del proceso poltico. Si desean serlo, deben convertirse en partido poltico o pasar a militar en los ya existentes. Lamentablemente en Espaa una parte de ellos han sido instrumentalizados por el Partido Popular y la nueva extrema derecha, a la que hay que sumar algunos miembros del Partido Socialista Obrero Espaol, y otros tantos medios de comunicacin cuyo discurso es: ojo por ojo y diente por diente, como si se tratase de una guerra de destruccin del enemigo interno. Sus razones para justificar el no a cualquier negociacin es el sufrimiento, el dolor, la muerte y el llanto de las vctimas. Pero ninguna de estas causas forman parte de un dilogo poltico, con perdn. No lo han sido en la historia de las relaciones internacionales, ni en la configuracin de los procesos de paz desde el siglo XVI, por no ir ms lejos en el tiempo.

Que se hable de autodeterminacin, de alianzas y nacionalismo no est fuera de lugar. Igualmente es recomendable pensar en la legalizacin de la izquierda abertzale. Todo ello se puede hacer sin alterar el normal funcionamiento de la justicia. Las interpretaciones de la ley se hacen en funcin de los vacos legales que favorecen dictar sentencias y administrar la justicia dentro de una articulacin de poderes perfectamente sintonizados. Negar al Estado la legitimidad para actuar en su gubernamentalidad con el fin de reconocer a ETA como interlocutor es, al menos, un acto de felona poltica. Y lamentablemente el Partido Popular junto con las vctimas de su entorno hoy son un lastre para la democracia entendida como un principio de igualdad, justicia y dignidad dentro de un marco constitucional de Estado social y democrtico de derecho.

Podemos no compartir el discurso del gobierno. Se puede criticar el proceso y sus plazos, ser conservadores en su evaluacin, pero nunca cerrar la puerta en nombre de las vctimas. Por el contrario, debemos ser generosos con el futuro y abrir la historia. Todo lo dems supone contar muertos para arrimar el ascua a su sardina, y en este caso los perjudicados somos todos. Nadie se puede arrogar la representacin de Espaa, ni de ser vctimas privilegiadas para abortar un camino en pos de un proceso poltico de dilogo entre el Estado y ETA para lograr una paz duradera. En favor de ello, que se negocie entre quienes se deba. Los que no lo desean slo piensan en la muerte. La historia no los absolver.



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