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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-11-2006

Vctima de la represin pero excluido de la Ley de Memoria Histrica
Fernndez Quesada: Caso Abierto

Daniel Millet / Octavio Hernndez
Rebelin

Este trabajo se public parcialmente en La Opinin de Tenerife y en La Provincia/Diario de Las Palmas el 12 de noviembre de 2006.



Javier Fernndez Quesada fue uno de los cientos de canarios que perdieron su vida luchando por la libertad. Cay durante aquella Transicin revuelta en la Universidad de La Laguna. 29 aos despus, su caso puede quedar fuera de la Ley de Memoria Histrica, porque la normativa recoge aquellos casos acaecidos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. No habr reparacin ni indemnizacin slo por 77 das. La versin oficial sigue causando autntica vergenza.
[] estamos de acuerdo con la tolerancia cero ante cualquier hecho que presuponga una conculcacin de derechos constitucionales, consagrados en el Ttulo I de la Constitucin espaola, o cualquier norma de reglamento de comportamiento con detenidos. Pero, seor ministro, tolerancia cero para todo el escalafn, para los de arriba, los de abajo y los de en medio, y usted me entiende, seor ministro. La tolerancia no es un valor discrecional que se puede aplicar a un determinado nivel de responsables en cualquier institucin que est sometida a unas normas de disciplina. Usted ha sealado tres niveles de responsabilidad. En primer lugar est el penal judicial, en el que no entramos, como bien ha dicho usted, y ms por su procedencia profesional de juez y magistrado; a eso estamos obligados todos por imperativo constitucional, y aqu estamos en sede parlamentaria. En segundo lugar estn los niveles administrativos disciplinarios; correctos en las medidas que usted ha impulsado. En tercer lugar estn las responsabilidades polticas en las que habra tambin tolerancia cero, y repito que para todo el escalafn. [] Por tanto, estamos de acuerdo en una tolerancia cero, pero a todos los niveles de exigencia, caiga quien caiga.

Luis Mardones Sevilla, en respuesta al Ministro del Interior. Comisin de Interior. Sesin Extraordinaria sobre los hechos ocurridos en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. 11 de agosto de 2005, DS/Congreso n 343
Si nos llevamos por la versin oficial, que quedar para la historia si nadie la cambia, el estudiante de Biologa Javier Fernndez Quesada muri el 12 de diciembre de 1977 al toparse mientras volaba con una bala disparada al aire por un guardia civil. Eran las conclusiones que empleaban las publicaciones crticas de la poca para interpretar cnicamente las versiones oficiales plagadas de eufemismos y falsedades de los cuerpos de seguridad, unas conclusiones que hoy causaran congoja pero que permanecern en la oficialidad como manchas que hacen del expediente de Fernndez Quesada una mentira. Pero lo peor no es que no haya habido proceso penal por el asesinato de Javier, que nadie haya sido acusado de nada, ni la determinacin final de la comisin de investigacin del Congreso de los Diputados.

Posiblemente, lo peor es que su caso, que ti de tristeza e indignacin aquellos das del posfranquismo en Canarias, quedara excluido de las medidas de reparacin si en las prximas semanas el Parlamento nacional aprueba, como est previsto, el proyecto de la llamada Ley de la Memoria Histrica. Javier quedara fuera tan slo por 77 das. Una de las concesiones a las que no tendr acceso la familia por esa ridcula distancia son los 135.000 euros de indemnizacin previstos por la disposicin adicional segunda, del artculo 25, del marco normativo denominado oficialmente Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucin o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, publicado en el BOC en septiembre pasado y preparado por el Gobierno socialista. La disposicin aclara que son indemnizaciones para las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, esta ltima fecha relacionada con la Amnista y no, como ha extraado a muchos de quienes han criticado la norma, con la de la aprobacin de la Constitucin y el inicio de la era democrtica, el 6 de diciembre de 1978.

Nadie lo sabe


Ninguna de las personas consultadas por este peridico conoca este detalle, ni polticos, ni miembros de asociaciones sociales, ni testigos de aquel suceso; ni siquiera la propia familia del joven de Las Palmas, que sigue residiendo en la capital grancanaria. Uno de sus hermanos, Carlos, seal que habamos escuchado que se iba a someter a aprobacin una ley para los afectados por la dictadura de Franco, pero aclar que no tenemos ms noticias concretas sobre estas medidas. El caso de este joven asesinado en la puerta principal de la Universidad de La Laguna, cuando una bala le atraves el corazn en medio de una carga con fuego real de la Guardia Civil, sigue rodeado a pesar de los aos de un gran simbolismo y de un sinfn de casualidades, que le dan una atmsfera novelesca. Por ejemplo, uno de los miembros de la comisin nacional de investigacin del Congreso, el en aquel entonces diputado socialista por Santa Cruz de Tenerife Luis Fajardo, vio desde la ventana de su casa aquellos dramticos hechos, pues viva a un lado del campus. Asimismo, ese da Javier Fernndez Quesada acababa de terminar el servicio militar obligatorio y dos de sus hermanos lo vieron en aquella manifestacin, aunque se enteraran horas despus de que Javier haba cado. Romn Rodrguez, presidente de Nueva Canarias y aquel da estudiante de Medicina que atendi a Javier nada ms recibir el disparo, lleg a preguntar si haba tiempo para enmiendas. No. Hubo una ampliacin del plazo, pero finaliz el pasado 17 de octubre. Lo curioso es que Romn Rodrguez fue el ponente de CC en los debates sobre la Ley de la Memoria Histrica y vot a favor del proyecto socialista. Y, las vueltas del destino, Luis Mardones era gobernador civil y por lo tanto responsable de la seguridad de la provincia tinerfea durante los referidos sucesos y, casi 29 aos despus, votar precisamente en unas semanas por la aprobacin o no del Proyecto de Ley de la Memoria Histrica que en alguna medida afecta al expediente de Javier Fernndez. Recuerda Luis Mardones, hoy diputado nacional de Coalicin Canaria-Nueva Canarias, que fueron das muy delicados que no son gratos de recordar. Yo opino que se hizo bien pasando pgina y mirando al futuro para asegurar una buena Transicin. En todo caso, hay que revisar la historia desde la perspectiva de los historiadores, no desde el punto de vista poltico. No creo que sea bueno volver a cargar las escopetas con aquella concepcin de las dos espaas, matiza. Y qu votar usted sobre el Proyecto de Ley de la Memoria Histrica? Ser en breve, puede que incluso la prxima semana. Preferira abstenerme; dejar las aguas tranquilas, contest escuetamente. Despus de un largusimo proceso con mltiples retrasos, el Gobierno ultim el pasado verano el informe y la Ley de la Memoria Histrica. Con el tiempo y las crticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha ido suavizando el contenido de la ley para tratar de limitar la polmica y aplacar al PP, contrario a hacer cualquier tipo de iniciativa que remueva el pasado, segn un reportaje de El Pas. En el informe, el Gobierno plantea una descripcin del horror de la Guerra Civil y destaca que hubo desmanes en los dos bandos. Lo dijo el propio presidente, Jos Luis Rodrguez Zapatero: Espaa tuvo un drama histrico, una guerra incivil en la que todo el mundo fue vctima. Hubo vctimas de un lado y de otro. Para las asociaciones de las vctimas de la dictadura, el proyecto es endeble, pasa muy por encima del problema, deja huecos importantes y no incluye algunas de sus peticiones, como suspender los consejos de guerra y los procesos extrajudiciales, o reabrir los casos en los que hubiera sospechas de apropiacin indebida de patrimonio de los represaliados.

Ayuda moral y econmica


El cuerpo fundamental de la iniciativa aspira a un reconocimiento moral, desde la democracia, a quienes sufrieron, despus de la guerra, la represalia franquista. Pero habr tambin compensaciones econmicas para vctimas de los ltimos aos del franquismo y de la Transicin. La ley de vctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenz sus actividades, dej fuera a varias decenas de muertos a manos de la polica o extremistas en toda esa poca convulsa. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la polica en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). Esos mismos jeitos de violencia represiva que siguieron enquistados en la Transicin tambin estuvieron detrs de la muerte de Javier, aunque vayan a quedar fuera del amparo del nuevo reglamento. En nombre de su familia, Carlos Fernndez Quesada lamenta que vaya a ser as. Me gustara que hubiera un reconocimiento oficial de lo ocurrido, aunque por otro lado me dara un poco de miedo que se quisiera retomar con un cariz poltico. Mi indignacin se mantuvo con el paso de los aos y ms despus de saber que el caso se haba archivado, que se explic por un lado que fue un disparo al aire y, por otro, que incluso pudo tratarse de un francotirador. Ver aquella manipulacin descarada result muy triste. Algunas veces me rondaron deseos de venganza. En mi casa se produjeron muchas discusiones sobre lo que debamos hacer, relata, para aadir: Indemnizacin? Me parece lo justo ante un hecho de este tipo, aunque no nos va a consolar del todo. Lo sufrido sufrido est. Pero la mejor manera de zanjar el tema sera reconocer los acontecimientos, anular las manipulaciones y facilitar las indemnizaciones. Zenaido Hernndez ya era en 1977 periodista de Radio Club Tenerife. Actual responsable de la Asociacin de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, acudi la tarde de ese 12 de diciembre a La Laguna para relatar cmo estaba la situacin y se encontr con una ciudad prcticamente sitiada, llena de policas, de enfrentamientos callejeros y de mucha indignacin. Incluso, vi gente que tiraba macetas a los policas desde los balcones. Hay que tener en cuenta que eran unos aos en los que un amplio sector de la poblacin empezaba a exteriorizar las ansias de libertad y otro mantena los tics de la dictadura. El fallecimiento de Javier haba desatado la tensin, manifiesta, para aclarar que no saba que su expediente va a quedar fuera de plazo. La verdad es que lo lamento. Wladimiro Rodrguez, hoy consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife por Coalicin Canaria, ya era en aquel ao profesor de la Universidad de La Laguna. Militaba en el Partido Comunista y encabez una concentracin espontnea la misma tarde del 12 de diciembre para condenar el asesinato de Javier. Espero que se presente alguna enmienda o se haga algo para que su caso sea tambin reconocido, dijo, para precisar: No me parece bien que ahora se evite hablar abiertamente de aquellos tiempos oscuros y difciles. Cost mucho llegar a la democracia y homenajear a los que lucharon por ella se convierte en una obligacin. Javier Fernndez Quesada no era un activista; era un deportista, algo tmido, de 22 aos que estudiaba 2 de Biologa y que tampoco estaba de acuerdo con la dictadura y mucho menos poda abstraerse del clima reivindicativo de la Universidad de La Laguna, que en el ao 1977 haba cobrado adems un especial protagonismo con la crisis econmica y social que se viva en las Islas. El 12 de diciembre acudi con unos amigos a las concentraciones de los estudiantes en el campus central en solidaridad con los sindicatos de transporte, tabaco, fro, construccin y servicios, que haban convocado una huelga general y protestas en Santa Cruz y La Laguna. Los choques de los policas enviados desde la Pennsula contra los universitarios, grupos vinculados al sindicalismo y grupsculos del independentismo haban cesado despus de una maana caliente.

Todo pareca tranquilo


Lo peor pareca haber pasado cuando a eso de las dos y media de la tarde se retiraron los antidisturbios en los jeeps militares que los trajeron. Hubo una coincidencia unnime entre las decenas de testigos que dieron voluntariamente su versin a la comisin de investigacin parlamentaria y a los medios de comunicacin, entre ellos Antonio de Bethencourt, en aquel entonces rector de la Universidad de La Laguna: unos ocho guardias civiles accedieron de repente al interior del recinto universitario por la entrada que da a las instalaciones deportivas, disparando con metralletas y pistolas, en un operativo desproporcionado. Tan sorprendido como todos los dems, Javier hua hacia el interior del edificio principal para refugiarse de los disparos, sin saber bien si eran de verdad o de fogueo, cuando fue alcanzado a bocajarro. Segn la autopsia, le dispararon a corta distancia (haba restos de plvora en el esternn) y muri en el acto por una bala de metralleta que le atraves el cuerpo. Al da siguiente, la nota del Gobierno Civil deca: (...) Pasadas las 15 horas, un grupo considerable de individuos se dirigi agresivamente hacia la zona en la que estaba la Guardia Civil, que al ser agredida y para disuadir a los atacantes efectu disparos al aire. Esa es la versin oficial que se mantiene hoy. La Guardia Civil nunca reconoci que se le fue la mano y nunca depur responsabilidades, como tampoco la comisin de investigacin del Congreso, que se centr en las actuaciones polticas, lleg a desplazarse a Tenerife y estuvo dirigida por los diputados Acebedo Villaseor y Tellado (Unin de Centro Democrtico, UCD), Luis Fajardo Spnola (PSOE) y Martnez Emperador (Alianza Popular, AP). La comisin realiz un informe de 59 folios que dio origen a las conclusiones, aprobadas el 29 de junio de 1978 por la Comisin de Interior en una sesin que se celebr a puerta cerrada. El Diario de Sesiones, al que ha tenido acceso este diario y en el que quedaron recogidas todas las intervenciones, fue retirado por orden de la presidencia del Congreso y la edicin ntegra, de 2.000 a 4.000 ejemplares, almacenada bajo llave. Los socialistas pidieron que se incluyera este prrafo: Ha quedado probado que la Guardia Civil abri fuego real con sus armas reglamentarias en el recinto universitario, bajo las rdenes de su responsable y sin que mediara agresin previa que justificara su empleo, segn declaracin de los testigos presenciales. No ha quedado probado, en cambio, que alguien ms tuviera o hiciera uso de armas de fuego. Segn haba quedado probado, las fuerzas de la Guardia Civil estaban comandadas por un coronel que reconoci haber dado la orden de abrir fuego. La iniciativa fue rechazada. Para el representante de AP, la bala fue disparada desde las escaleras del colegio universitario o, incluso, desde su interior; es decir, desde un lugar donde no haba agentes del orden. UCD defendi que hostigados, el coronel dio orden de que se dispararan botes de humo y balas de goma, unas doscientas; y como la multitud no cejaba en su actitud, dio orden de que se efectuaran disparos al aire, diez concretamente. Pese a todo, el grupo de estudiantes reincidi, por lo que se volvi a dar orden de disparar al aire, momento en que cay mortalmente herido Fernndez Quesada. Luis Fajardo recuerda que fue la segunda comisin de este tipo tras la muerte de Franco. No se sac nada, pero por lo menos el Parlamento investig y debati, que ya era un paso importante. Pedimos una investigacin penal, pero la Guardia Civil estaba fuera del rgimen jurdico general y creo que no hubo ninguna, matiz el hoy miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Ahora se ha abierto una oportunidad de eliminar aquel trgico error. Pero ni la Ley de la Memoria Histrica servir para que quede bien claro que Javier no vol aquel da.

La represin de los crespones negros


Corran tiempos difciles. La huelga general, la crisis econmica, los ltimos atentados del independentismo radical del Mpaiac, las cenizas de lo que haba sido una dictadura especialmente represiva en Canarias, el recuerdo en carne viva del franquismo y de las ms de 3.000 vctimas en las Islas... El asesinato de Javier Fernndez Quesada y las justificaciones posteriores haban sido el colmo. Esto contaba tres das despus del suceso Juan Cruz para El Pas: Durante todas las horas del da y de la noche las fuerzas antidisturbios continan patrullando las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que permanecen bajo un ambiente de tensin en el que no faltan duros choques de manifestantes y fuerza pblica. Ante el grave deterioro de la situacin despus de la muerte del estudiante Javier Fernndez Quesada, el rector de la Universidad de La Laguna ha decretado el cierre de la misma hasta el mes de enero. El hecho ms grave registrado ayer fue el tiroteo de dos policas armados, que prestaban servicio ante un establecimiento de Galeras Preciados, y que resultaron heridos por los impactos de los perdigones, uno gravemente y el otro de carcter leve. Este atentado ha sido condenado por los partidos ms importantes canarios. Peridicos y revistas, sobre todo nacionales, ya podan hacerse eco abiertamente de que decenas de testigos hablaban de asesinato y de carga desproporcionada de la Guardia Civil. Incluso, la Polica Nacional pareca desmarcarse, o por lo menos eso se interpret cuando en el peridico El Da apareci una esquela en honor de Javier firmada por el cuerpo. Los altos cargos aclararan inmediatamente despus no estar detrs de esa esquela, que les haba causado un profundo malestar y que se trataba de la iniciativa de un grupo de agentes no identificados. Sobre las numerosas cargas policiales durante los das siguientes a la muerte del estudiante de Biologa, que se extendieron a Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas, y que se ensaaron incluso con aquellos que osaron lucir simplemente un crespn negro, explic el delegado de Seguridad en Canarias de entonces, Claudio Ramos: Los grupos antidisturbios pudieron haber causado molestias en la poblacin al llevar a cabo su misin de reprimir de inmediato cualquier violacin del orden. Las sicologas son diversas y la de la gente antidisturbio asume que cuando hay un crespn negro en un automvil, desde ese automvil puede venirle un ataque. Por eso se muestra ms duro con tal objetivo.

Mi hermano no llega


Carlos Fernndez Quesada estuvo en la concentracin en la que muri su hermano Javier. Era un estudiante de Psicologa en la Universidad de La Laguna de 19 aos. Hoy tiene 48, reside en Las Palmas y trabaja para el Servicio Canario de Empleo. De dos horas de entrevista con l surge esta crnica en la que Carlos reconstruye en primera persona aquel drama que le toc tan de lleno. Yo estudiaba Psicologa en la Universidad de La Laguna. Aquel ao casualmente mi hermano Javier haba empezado a vivir conmigo en un piso de la calle Viana. Tena 19 aos y l me llevaba tres. Me levant como cualquier otro da. Fui a la Recova y luego, junto a un compaero, al campus. All nos encontramos con la manifestacin. El ambiente se fue caldeando con la aparicin de los policas. Los agentes se retiraban y volvan. Hubo varios enfrentamientos con los antidisturbios, pero que eran normales en aquellos tiempos. Nos extra ver que en un momento dado aparecieron jeeps de la Guardia Civil. Los policas parecan retirarse definitivamente. Eran casi las tres de la tarde. Cuando muchos de los manifestantes empezbamos a marcharnos, lleg de repente la carga de la Guardia Civil.

Nadie se lo esperaba. Entraron por la puerta que da a las instalaciones deportivas y lo hicieron incomprensiblemente disparando a todos lados. No recuerdo cuntos seran, pero no ms de diez. Lo normal era que cargara la Polica con material antidisturbios. Y si haba lo. Pero haba calma y era la Guardia Civil. En un primer momento pens, como tanta gente, que eran balas de fogueo. Sin embargo, cuando vimos los impactos en la pared de la entrada principal de la Universidad supimos que eran balas de verdad. Salimos por patas. Sal al exterior del campus y me fui a casa a refugiarme. Mi hermano no llegaba, pero tampoco me preocup en ese momento. Cuando a eso de las cuatro de la tarde volv al hall del edificio central me encontr con que haba una asamblea y mucha indignacin. Se comentaba que haba cado un estudiante. All me encontr con otro hermano (ramos tres estudiando en La Laguna). Ricardo estaba entre Javier y yo en edad y tambin haba vivido la carga y las concentraciones. Cuando vi a Ricardo empec a sentir malas vibraciones. No s. Nos preguntamos dnde poda estar Javier. Lo habamos visto esa misma maana en la manifestacin. Poco despus nos comentaron en el mismo hall que se hablaba de que le haban dado a un tal Javier, que se lo haban llevado los guardias civiles. Primero nos dijeron que se lo haban llevado a un hospital, despus que estaba en el cementerio de La Laguna...

Nosotros nos presentamos en la comisara de Polica de La Laguna y dijimos que ramos los hermanos de Javier Fernndez Quesada. Lo primero que nos preguntaron fue que a quin nos referamos. Les explicamos lo que haba pasado y nos hicieron entrar. El ambiente era tremendo. Se palpaba la tensin, ms cuando la noticia ya haba corrido por toda La Laguna. Estaban sobreexcitados, como si todos mascaran chicle. Un comisario nos hizo pasar a su despacho y nos dijo que a la Guardia Civil se le haba ido la mano, que ellos se haban retirado y que haba un fallecido, un tal Javier, al que debamos reconocer. Nos llevaron en un jeep antidisturbios al cementerio de La Laguna acompaados por varios agentes. Era increble. Ya se haba congregado gente en los alrededores del cementerio. Nos hicieron pasar al cuarto mortuorio y apenas empezaron a destapar el cadver ya supimos que era l. Conservo con gran indignacin lo que sucedi despus: la presin policial, las burlas de los agentes, los inconvenientes... Ya en el mismo aeropuerto de Los Rodeos, cuando fuimos a buscar a otro hermano pequeo y a mis padres se produjo una carga policial. Haba decenas de manifestantes, pero apenas portaban unas cuantas pancartas. Se presentaron para apoyarnos. Mis padres saliendo y los agentes cargando. Era una locura. Mi madre gritaba que no le mataran a ms hijos, nosotros fuera de s, ella sujetando a mi padre porque se iba a por quien fuera... La cosa se termin calmando, pero los nervios permanecen. Nos volvimos todos con el cuerpo de Javier. Recuerdo aquel horroroso viaje: el da nublado, el fokker movindose todo el rato, nosotros sin saber qu decir...

Compaeros de mi hermano que desde un primer momento nos apoyaron, tuvieron que soportar las burlas de algunos agentes que se presentaron all durante el velatorio. Mis padres eran presa de una doble sensacin: la impotencia y la contradiccin. Mi padre, que falleci hace ya aos, era una persona con poco nivel cultural. Era un empleado y mi madre llevaba una de las zapateras de la familia en Gran Canaria, Calzados Quesada. No estaban en ningn movimiento antifranquista ni nada por el estilo; eran normales, las tpicas personas criadas en la moral franquista. Estaban destrozados y encima recibieron llamadas amenazantes. Recuerden que les quedan cuatro hijos, les dijeron. No entendan nada, sobre todo los hechos posteriores: la represin indiscriminada contra todas las movilizaciones. Atacaban hasta a los que llevaban un simple crespn negro. Guardo casquillos de bala de aquel da y testifiqu voluntariamente ante la comisin de investigacin. Luego me dijeron que en verdad a Javier le dispararon a quemarropa. Incluso, que el agente era muy joven y que fue enviado a Lanzarote. Da igual. Los rencores los he superado, aunque no haya habido ayudas, ni proceso judicial, ni verdad. Y es que lo que ms me doli fue cmo se manipul esta historia.

Los asesinatos de Antonio Gonzlez y Bartolom Garca


El terrorismo de Estado y los excesos de los cuerpos de seguridad que haban imperado en la dictadura sobrevivieron a la Transicin. Y Canarias lo sabe perfectamente. Javier Fernndez Quesada de hecho no fue el nico asesinado. Los otros dos casos significativos de la poca, los de Antonio Gonzlez Ramos y Bartolom Garca Lorenzo, s seran susceptibles, a diferencia del del estudiante de Biologa, de quedar bajo el amparo de la Ley de la Memoria Histrica, que se someter a aprobacin en unas semanas, y por tanto las familias podran solicitar las reparaciones previstas. S hay una circunstancia que los une: las responsabilidades de los autores no fueron nunca depuradas. Militante del PUCC (Partido de Unificacin Comunista de Canarias), Antonio Gonzlez fue detenido en su casa de La Laguna la noche del 30 al 31 de octubre de 1975 por agentes al mando del comisario Jos Matute Fernndez, de tan nefasto recuerdo. Fue golpeado salvajemente en comisara durante el interrogatorio y, segn la autopsia, sufri mltiples fracturas, daos en rganos vitales y derrames internos que le provocaron la muerte. Para dar credibilidad a la versin oficial de que se haba suicidado tirndose del coche policial, se subi su cadver a un jeep y se arroj a la carretera. Bartolom Garca fue confundido por el conocido delincuente, ya fallecido, ngel Cabrera el Rubio cuando el 22 de septiembre de 1976 ametrallaron la puerta del piso en el que viva, en un bloque de Somosierra. Su muerte provoc una gran manifestacin de condena, seguida de una huelga que se sald con 27 detenidos. Ninguno de los agentes cumpli condena.

Mlaga y Tenerife, Caparrs y Quesada


El asesinato de Javier Fernndez Quesada ha quedado histricamente unido a la muerte por disparos de la Polica Armada de un joven malagueo de 19 aos, Manuel Jos Garca Caparrs, el 4 de diciembre de 1977, durante una masiva manifestacin para solicitar la Autonoma en el Da de Andaluca. Javier Fernndez Quesada debi conocer este suceso, as como las movilizaciones de protesta, duramente reprimidas, pocos das antes de que a l mismo le dispararan en el hall de la universidad lagunera. Caparrs, afiliado al PCE y a Comisiones Obreras, trabajador de la industria cervecera malaguea, fue abatido durante un tiroteo tras una carga policial que intentaba impedir que los manifestantes izaran la bandera andaluza en la Diputacin de Mlaga. En medio de una gran confusin de pnico, la Polica Armada continu persiguiendo y disparando a los heridos e incluso acribill la fachada del hospital donde ingresaron. En los das siguientes se desat una impresionante protesta, a la vez que se declaraba el luto oficial. Tras el entierro los enfrentamientos con la polica motivaron el envo de refuerzos de las Brigadas Especiales Antidisturbios, que crearon un autntico estado de excepcin, violencia y terror en las calles malagueas, reprimiendo a quienes portaban banderas andaluzas o crespones negros. Como siguiendo un siniestro manual, la represin en Tenerife sigui con milimtrica exactitud el mismo esquema, sin que pueda atribuirse a la casualidad la coincidencia en los mtodos contra la poblacin en su conjunto. Seguan la misma pauta. Haba rdenes. En ambos casos, alguien lo orden. Y la autoridad competente lo sancion. El gobernador civil de Mlaga, Enrique Riverola, homlogo de Luis Mardones, afirm: Se llegar en la investigacin hasta las ltimas consecuencias, sin componendas de ningn tipo ni ocultar ninguna verdad. En el Congreso, el 15 de diciembre, Enrique Mgica Herzog, actual Defensor del Pueblo y entonces portavoz de Interior del PSOE, menciona unidos para la historia a Caparrs y Quesada cuando toma la palabra para manifestar nuestra preocupacin y nuestra condena por las muertes ocurridas en Mlaga y en La Laguna. El 23 de diciembre se debate la Creacin de una Comisin de Encuesta sobre los acontecimientos producidos en Mlaga y Tenerife, solicitada por varios Grupos Parlamentarios. La investigacin encargada por Rodolfo Martn Villa al subdirector General de Seguridad y veterano torturador franquista Jos Sinz concluy sin imputados. Los trabajos de la Comisin parlamentaria tampoco acabaron con la sensacin de impunidad. Los partidos polticos llevaron a cabo un pacto de silencio y sacrificaron el esclarecimiento de los hechos en pro de la concordia, seala la periodista Kety Castillo a Alfredo Grimaldos en el libro La sombra de Franco en la Transicin.

Castillo investig el caso malagueo en un reportaje titulado 4D: La verdadera historia, por el que recibi el premio 28 de Febrero al mejor programa de radio emitido en 2002, concedido por el Consejo Asesor de RTVE en Andaluca. La periodista descubri que el sumario ha desaparecido de la Audiencia Provincial de Mlaga. El asesinato ha prescrito y ha quedado impune al no aclararse judicialmente quin dispar. La muerte de Garca Caparrs, la respuesta popular y la represin violenta, y el blindaje de la impunidad como resultado escandaloso de las pesquisas posteriores, guarda un sorprendente parecido con lo vivido en Tenerife tras el fallecimiento de Javier Fernndez Quesada. El Ayuntamiento de Mlaga aprob el 29 de noviembre de 2002 nombrar a Garca Caparrs Hijo Predilecto de Mlaga. El Parlamento andaluz acord el 6 de diciembre siguiente, con la abstencin del Partido Popular, instar al Gobierno a que Garca Caparrs fuera reconocido como vctima del terrorismo. Una comisin de abogados auspiciada por el PCE y presidida por Pedro Moreno Brenes, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Mlaga, plante reabrir la va judicial, basndose en el antecedente de la reapertura a finales de los aos 90 del caso de un estudiante de derecho que muri en 1969, al precipitarse por la ventana de su piso mientras la polica registraba su vivienda. Finalmente, el 4 de diciembre de 2004, Manuel Jos Garca Caparrs fue nombrado Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad de Mlaga a ttulo pstumo, coincidiendo con el 27 aniversario de su asesinato. Es probablemente el nico rasgo que distingue un caso de otro: el ensordecedor silenciamiento institucional y la ausencia del debido reconocimiento al joven de Gldar muerto en La Laguna, que al ser acribillado ocup para la historia involuntariamente el lugar de todo un pueblo. Javier Fernndez Quesada ha sido dramticamente olvidado por dos diputados del grupo Coalicin Canaria-Nueva Canarias en el Congreso.

Romn Rodrguez, compaero universitario que lo atendi el da que lo asesinaron, ha sido el ponente de CC en los debates sobre la Ley de Memoria Histrica y vot a favor de la enmienda socialista que impedir que pueda ser reconocido legalmente como una vctima del franquismo. Luis Mardones, compaero de grupo de Romn Rodrguez, gobernador civil bajo cuya autoridad ocurri el asesinato y que nunca ha asumido ninguna responsabilidad, ha vivido para poder votar en el Congreso la Ley que dar continuidad a la impunidad y el silencio que han rodeado la muerte del estudiante. Han pasado 29 aos. No son los nicos olvidos. Ni el Claustro de la Universidad de La Laguna, ningn sindicato de estudiantes, ni el ayuntamiento lagunero, ni el Parlamento, ningn partido poltico, ningn colectivo social, se han ocupado de reclamar que el caso fuera revisado y reconocido durante los trabajos de acompaamiento a la redaccin de la Ley. Al tiempo que esto ocurra, la Fundacin Empresa-Universidad de la Universidad de La Laguna donde el universitario cay mortalmente herido- se enorgulleca de su colaboracin con el ayuntamiento de Santa Cruz en la restauracin de la estatua de Franco en el Monumento a la victoria que preside la Avenida de Anaga en la capital.

Excluido por haber sido asesinado demasiado tarde


En noviembre de 2002, una Comisin Constitucional adopt un acuerdo unnime sobre la reparacin a las vctimas del franquismo y la transicin, con carcter declarativo pendiente de desarrollo. Cuando entre abril y junio de 2004 se presentaron y debatieron las PNL sobre reconocimiento, reparacin moral y ayudas a las vctimas del franquismo y de la transicin, este lmite temporal se mantuvo por consenso a propuesta del PSOE. En el debate particip Romn Rodrguez, entonces diputado en el Congreso por Coalicin Canaria. En su punto 3, la propuesta aprobada detallaba:
"[...] El Proyecto establecer ayudas econmicas que se percibirn de una sola vez y para acceder a las mismas el hecho causante deber haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977."
El hecho es que, de aceptarse este perodo entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, como hizo de hecho Romn Rodrguez, Javier Fernndez Quesada no ser reconocido plenamente como una vctima de la transicin, ni a los efectos de reparacin moral ni a los efectos de compensacin econmica a sus familiares.

Hasta la legislatura 2000-2004, las peticiones de los grupos parlamentarios se haban concentrado en demandas de contenido econmico para los afectados por la Guerra Civil y la dictadura, pero a partir de sta cobra relevancia el reconocimiento de la dignidad y el honor, la reparacin moral, el desagravio pblico y la recuperacin de la memoria histrica. En el ao 2001 el pleno del Congreso de los Diputados rechaz una Proposicin no de Ley que condenaba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo la mayora del Popular, que se opuso. Dos iniciativas propusieron convertir el Valle de los Cados en un centro de homenaje a las vctimas. Otras dos, la anulacin de los juicios sumarios y la revisin de las sentencias de los fusilados durante la dictadura por motivos polticos y de conciencia. A partir del ao 2000, hasta catorce iniciativas parlamentarias propusieron incrementar las cuantas percibidas por los distintos afectados, ampliar los supuestos que daban derecho a la percepcin de pensiones o eliminar su tributacin en el IRPF. Ninguna de ellas fue aprobada por el PP. Finalmente, una Proposicin no de Ley del 20 de noviembre de 2002, proclam el reconocimiento moral hacia todos los hombres y mujeres que fueron vctimas de la Guerra Civil espaola y de cuantos padecieron ms tarde la represin de la dictadura. Retomando esta propuesta, el 1 de junio de 2004 el pleno del Congreso de los Diputados aprob una nueva Proposicin no de Ley sobre el reconocimiento de las vctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que contaba con hasta tres iniciativas distintas, que fueron agrupadas en una sola enmienda de sustitucin del PSOE, presentada por Diego Lpez Garrido y defendida por Ramn Juregui, donde ya se explicita un arco de fechas para el reconocimiento de las ayudas econmicas.

La propuesta socialista aprobada instaba al Gobierno a llevar a cabo un estudio sobre los daos y perjuicios ocasionados por la contienda y la represin posterior efectuada por la dictadura. Igualmente, instaba a que se estudiasen los derechos que les hubiesen sido reconocidos hasta el momento por la legislacin estatal y autonmica, as como las propuestas de reparacin moral, social y econmica que pudieran contribuir a mejorar la situacin existente. La Proposicin no de Ley instaba tambin al Gobierno a remitir al Congreso un Proyecto de Ley de solidaridad con aquellas personas que sufrieron daos personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades pblicas prohibidos por el rgimen franquista y reconocidos posteriormente por la Constitucin, para rendirles un tributo de reconocimiento y justicia y establecer ayudas econmicas. En tercer lugar, la Proposicin instaba expresamente a que en el Proyecto se estableciese una indemnizacin econmica para los fallecidos de forma violenta en la poca de la transicin a la democracia, a percibir de una sola vez, cuando el hecho causante se hubiera producido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Por ltimo, se instaba igualmente al Gobierno a que llevase a cabo un estudio sobre la situacin de los archivos pblicos y privados con el fin de organizarlos, potenciarlos y abrirlos a los particulares para que stos pudiesen acceder a las ayudas existentes o las nuevas compensaciones que se creasen. La Proposicin no de Ley se refiere expresamente a las personas que sufrieron daos personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades pblicas prohibidos por el rgimen franquista... y recoge que esta ley deber establecer ayudas econmicas, que se recibirn de una sola vez y para acceder a las cuales el hecho causante deber haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.

El diputado Juregui defendi la propuesta porque es un clamor unnime en la opinin pblica espaola y lo era en esta Cmara, excepto para el Partido Popular, la necesidad de regular, puesto que la Ley de Vctimas del Terrorismo estableci una indemnizacin para las personas que sufrieron dao o muerte por el terrorismo, que por circunstancias semejantes tambin compensramos a las vctimas de la dictadura en la transicin que haban sufrido dao en el ejercicio de derechos que despus nuestra Constitucin reconoci. [] porque hay una deuda de justicia para con ellos, por su contribucin a la lucha contra la libertad, reclaman una compensacin de la democracia espaola, y la vamos a hacer. El Partido Socialista se compromete a que el Gobierno elabore una ley en ese sentido. La ley de vctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenz sus actividades, dej fuera a varias decenas de muertos a manos de la polica o extremistas. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la polica en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). La propuesta, para la que Coalicin Canaria defendi a travs de Romn Rodrguez la unanimidad favorable de la Cmara, planteaba el desarrollo de una Ley junto a otras medidas. Con el fin de dar cumplimiento al mandato expresado el 1 de junio de 2004, el Consejo de Ministros, por Acuerdo de 23 de julio de ese mismo ao, encomend a la Vicepresidenta Mara Teresa Fernndez de la Vega la creacin de una Comisin que llevase a cabo un estudio en profundidad sobre lo realizado hasta la actualidad, informase sobre la situacin de los archivos y elaborara un anteproyecto de Ley. As, mediante el Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, se cre la Comisin Interministerial para el estudio de la situacin de las vctimas de la Guerra Civil y del franquismo, presidida por Mara Teresa Fernndez de la Vega. La Comisin Interministerial celebr su primera reunin el 18 de octubre de 2004. El 20 de octubre se solicit la colaboracin de las Comunidades Autnomas mediante la peticin de un informe sobre las actividades, programas y actuaciones, y normativa en esta materia. Lo mismo se hizo con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias. A partir del 26 de noviembre de 2004, la Comisin recibi a treinta y seis asociaciones y organizaciones y se han recibido alrededor de 14.000 cartas o escritos de particulares. El pleno del Congreso del 2 de abril de 2005, el Grupo parlamentario de Convergencia i Uni present una Proposicin de Ley de Solidaridad con las vctimas de la lucha por las libertades y la transicin a la democracia, debatida y finalmente retirada con el compromiso de consensuar una iniciativa legislativa al respecto sobre la base de las propuestas de esta Comisin. Las ltimas resoluciones parlamentarias aprobadas son las votadas con motivo del debate sobre el estado de la Nacin el 6 de junio de 2006, a instancia de la Diputada Uxue Barkos de Nafarroa Bai y de Izquierda Verde. En ellas se inst al Gobierno a presentar, antes del prximo perodo de sesiones, el Proyecto de Ley de reconocimiento. Finalmente, el 28 de junio de 2006 concluy la tramitacin parlamentaria de la Proposicin de Ley presentada por el grupo Izquierda Verde, dando lugar a la Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaracin del ao 2006 como Ao de la Memoria Histrica. Un mes despus, la Comisin Interministerial para el Estudio de la situacin de las vctimas de la Guerra Civil y del Franquismo present su Informe General, estableciendo que han de ser objeto de tratamiento diferenciado las vctimas habidas durante el perodo de la transicin a la democracia, en el que se produjeron actos de represin y abusos, con el resultado de personas fallecidas que tampoco deben ser olvidadas. En las Recomendaciones, el Informe contempla el Reconocimiento de indemnizaciones a favor de los fallecidos en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre los aos 1968 y 1977:
Existe constancia de que algunas personas perdieron su vida en defensa de la democracia y la libertad durante el perodo de la transicin, y de forma particular entre los aos 1968 y 1977, sin que se haya procedido a ningn reconocimiento expreso de su contribucin ni, en algunos casos, sin que se haya concedido reparacin econmica alguna en favor de sus causahabientes. Por ello, la Comisin aconseja que se establezca un procedimiento legal que permita conceder esas compensaciones econmicas y el reconocimiento moral por su sacrificio en favor de la consolidacin del Estado constitucional.
Sobre la base del Informe y las Recomendaciones, el Consejo de Gobierno aprob el Proyecto de Ley, publicado en el Boletn Oficial de las Cortes Generales del 8 de septiembre de 2006 con el ttulo Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplan derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecucin o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Se inici un perodo de enmiendas, que ha sido ampliado luego hasta el 17 de octubre por la Mesa de la Cmara. La Disposicin adicional segunda del proyecto legislativo contempla el Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el perodo comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977:
En atencin a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnizacin, por una cuanta de 135.000 , a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el perodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicacin de las libertades y derechos democrticos.
En las prximas semanas deber votarse finalmente esta Ley, no exenta de polmica con quienes acusan al Gobierno de haber accedido a las presiones del Partido Popular rebajando su contenido. La aplicacin de las previsiones de la normativa se calcula que tendr un coste de entre 51,3 y 60,8 millones y ms de 31.000 beneficiarios directos, segn estima el informe econmico remitido por el Gobierno al Congreso. En el captulo de las indemnizaciones, el proyecto de ley reconoce el derecho de los familiares de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante la Transicin, entre el 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977, a percibir un pago nico de 135.000 euros. Ni el proyecto ni la memoria econmica citan ningn caso concreto, pero esta ltima estima que la disposicin podra beneficiar a unas 25 personas, por lo que su coste total ascendera a 3,3 millones de euros. Entre estas vctimas no se encontrar Javier Fernndez Quesada, por haber fallecido el 12 de diciembre de 1977, dos meses despus de la Amnista. Tampoco entran el malagueo Manuel Jos Garca Caparrs, ni muchas otras personas fallecidas por la represin durante esos meses previos a la aprobacin, el 6 de diciembre de 1978, de la Constitucin.



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