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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-09-2004

El Alca est entre nosotros
Los Tratados Bilaterales de Libre Comercio (parte II)

Alejandro Teitelbaum
ARGENPRESS



II. Las leyes de inversiones extranjeras

Las leyes sobre inversiones extranjeras actualmente vigentes en el continente abren las puertas casi sin limitacin alguna a los inversores extranjeros, a quienes ofrecen el 'trato nacional' y slo dejan a salvo algunos pocos sectores de la economa, que varan de uno a otro pas. En general, no ponen obstculos ni limitaciones a la remisin de beneficios al exterior. No tratan de asegurar un aporte de tecnologa a la economa nacional, ni figuran los llamados 'requisitos de desempeo', como lo hacan algunas leyes del decenio de 1970.

Se puede consultar un estudio comparativo de las leyes de inversiones extranjeras vigentes en varios pases latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mxico, Per, Venezuela y Uruguay) .

De manera general, puede afirmarse que en los decenios del 80 y el 90 se produjo un enorme retroceso en las legislaciones nacionales de casi todos los pases del Continente, en lo que se refiere al control y la gestin de las inversiones extranjeras en funcin del inters nacional. Y que lo mismo ocurri en el plano subregional si se comparan las decisiones N 24 del 31 de diciembre de 1970 y N 291 del 21 de marzo de 1991 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena 'Sobre el rgimen comn de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalas'.

III. Los tratados bilaterales de libre comercio

Mientras se discute el ALCA, como continuacin del proceso iniciado por los TPPI y por las reformas 'neoliberales' de las leyes sobre inversiones extranjeras, varios pases, entre ellos Colombia, El Salvador, Ecuador y Per, estn negociando Tratados Bilaterales de Libre Comercio con Estados Unidos. 'Estn negociando' es una manera de decir. En realidad se trata de que firmen un contrato de adhesin al tratado tipo que ya tiene preparado y les presenta Estados Unidos, y la negociacin consiste en tratar de introducir algunos retoques formales al tratado tipo estadounidense.

Chile es, en nuestro conocimiento, el primer pas del continente cuyo Gobierno firm y su Parlamento aprob en octubre de 2003, un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, el que entr en vigor en enero de 2004.

Vale la pena analizarlo un poco en detalle, para tener una idea de lo que significan estos TLC.

Resumimos a continuacin el anlisis que ha hecho el economista chileno Julin Alcayaga, Presidente del Comit de Defensa y Recuperacin del Cobre de Chile, en un documento que present al Tribunal Constitucional chileno alegando la inconstitucionalidad del tratado.

Se puede considerar que el ncleo del Tratado es el captulo 10, que comporta 3 secciones. La Seccin A comprende los artculos 10.1 a 10.13 que se refieren a la inversin, la Seccin B, (artculos 10.14 a 10.26), se refiere a la solucin de controversias inversionista-Estado, y la Seccin C, cuyo nico artculo 10.27 contiene las Definiciones de algunos de los trminos de este captulo, el que termina con los anexos que van del 10-A a 10-H.

Respecto de Chile, el artculo 10.1 (a) se aplica a los inversionistas de EEUU, el artculo 10.1 (b) a las inversiones cubiertas, es decir las inversiones de EEUU que ya existen en Chile, y el artculo 10.1 (c), se aplica a las inversiones en Chile provenientes de cualquier pas del mundo pero slo con relacin a lo que estipulan los artculos 10.5 y 10.12. Este artculo 10.1 (c), es una violacin de la soberana chilena, pues se le impone a Chile obligaciones con inversores de otros Estados que no son partes en el Tratado y con los cuales Chile nada ha negociado.

En virtud del artculo 10.5.3, Chile puede imponer medidas administrativas, ambientales, sanitarias, de ubicacin de produccin, a una inversin de cualquier pas del mundo, pero siempre y cuando esas restricciones no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restriccin encubierta al comercio o inversin internacionales. Esto significa que un inversionista de cualquier pas, podra comprar un terreno u obtener en concesin una mina abandonada en el desierto chileno, para depositar en ellas residuos nucleares y Chile no podra impedirlo, porque podra ser demandado por restriccin encubierta al comercio o inversin internacional.

Ninguna autoridad chilena tendr poder de decisin en caso de conflicto con un inversionista extranjero, sobre alguna disposicin de este captulo. Slo tribunales arbitrales internacionales tendrn competencia para resolver estas controversias.

El artculo 10.12, que tambin concierne a los inversionistas de todo el mundo, establece que una Parte, es decir Chile o EEUU, podr mantener o hacer cumplir cualquiera medida que sea compatible con este captulo, para garantizar que las actividades de inversin en su territorio se efecten tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental. Se habla de tomar en cuenta inquietudes, pero no se dice que Chile pueda denegar una inversin que afecte la preservacin del medio ambiente. Al no poder el Estado chileno impedir una inversin que no respete el medio ambiente, se est violando el inciso 8 del artculo 19 de la Constitucin chilena que establece: 'El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacin. Es deber del Estado velar para que ese derecho no sea afectado y tutelar la preservacin de la naturaleza'. Lo curioso es que el Gobierno chileno ha renunciado a su obligacin constitucional de preservar el medio ambiente no slo frente a los inversores del Estado cocontratante, los Estados Unidos, sino a los inversores de Estados indeterminados, que no son parte en el Tratado.

Los dems artculos de este captulo, conciernen solamente a los inversionistas de EEUU. El artculo 10.9 llamado Expropiacin e indemnizacin, establece que Chile no 'Expropiar ni nacionalizar una inversin cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiacin o nacionalizacin', salvo que sea por utilidad pblica, de una manera no discriminatoria, y mediante el pago de una indemnizacin al valor de mercado. Inversin cubierta se refiere a las inversiones de EEUU ya existentes en Chile, que no podrn ser alcanzadas por medidas de Chile que puedan ser consideradas equivalentes a la expropiacin. Por su parte el art. 23.3.6, del captulo 23 (Excepciones), establece que: 'Los artculos 10.9 (Expropiacin e indemnizacin) y 10.15 (Sometimiento de una reclamacin a arbitraje), se aplicarn a una medida tributaria que se alega como expropiatoria o como una violacin de un acuerdo de inversin o una autorizacin de inversin'.

Esto quiere decir que Chile estara imposibilitado de efectuar modificaciones tributarias que afecten a inversionistas de EEUU, so pena de ser demandado ante un tribunal arbitral internacional, por establecer medidas que pueden ser consideradas expropiatorias.

Estas disposiciones, que restringen las facultades de las autoridades chilenas en materia tributaria, son manifiestamente violatorias de la soberana chilena e inconstitucionales.

Segn el art. 10.9, el aumento de las regalas tambin puede ser considerado como una medida equivalente a la expropiacin.

Adems, el art. 10.9 sobre Expropiacin e indemnizacin, al establecer que la indemnizacin debe basarse en el valor de mercado y no debe excluir los derechos sobre yacimientos mineros, viola la disposicin decimosptima transitoria de la Constitucin de 1925, que en el inciso quinto de la letra a) establece: 'En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del N 10 del artculo 10 no habr lugar a indemnizacin alguna por los derechos sobre yacimientos mineros', disposicin que est vigente por mandato de la disposicin tercera transitoria de la Constitucin de 1980 que establece: 'La gran minera del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposicin 17 transitoria de la Constitucin Poltica de 1925, continuarn rigindose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgacin de esta Constitucin'. La no indemnizacin por la nacionalizacin o expropiacin de concesiones mineras es absolutamente lgica y concordante con el inciso sexto del N 24 del art. 19 de la Constitucin que establece: 'El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas'. Es doblemente inconstitucional entonces, que el Estado tenga que indemnizar por recuperar mediante expropiacin, lo que le pertenece y que slo haba entregado en concesin.

Con relacin a la solucin de controversias, en la seccin B del captulo 10, en el artculo 10.15 establece que el demandante podr someter a arbitraje una reclamacin, si el demandado ha violado una autorizacin o un acuerdo de inversin. Se desprende de este artculo que el Estado chileno solo puede ser demandado, pero nunca podr ser demandante, aunque considere que un inversionista no respeta las disposiciones de este tratado. Ms explcito respecto de esta unilateralidad ante la ley, es el artculo 10.27 llamado Definiciones, que define precisamente que demandado es la Parte que es parte en una controversia, y Parte slo se les llama a los Estados firmantes de un tratado.

Por toda controversia que se produzca con relacin a este Tratado, los tribunales chilenos no tendrn competencia: slo la tendrn tribunales arbitrales internacionales, compuestos de 3 rbitros, uno de Chile, otro de la otra Parte, y otro de una nacionalidad distinta. El derecho que se aplica en estos juicios es el derecho internacional consuetudinario y no las leyes chilenas, lo que deroga en forma tcita el artculo 16 del Cdigo Civil chileno que establece: 'Los bienes situados en Chile estn sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueos sean extranjeros y no residan en Chile'. En este caso los bienes situados en Chile que corresponden a inversiones de EEUU, y las inversiones de cualquier pas del mundo de acuerdo con los artculos 10.5 y 10.12, no se regirn por leyes chilenas, pese a lo que dice el artculo 16 del Cdigo Civil.

El Tribunal Constitucional chileno ya ha fallado sobre la delegacin de facultades jurisdiccionales a tribunales internacionales. El ltimo dictamen sobre esta materia fue el Rol N 312 del 3 de octubre 2000, que con relacin a las facultades jurisdiccionales que los requirentes atribuan a la Comisin Administradora del Tratado Minero con Argentina, el Tribunal Constitucional dictamin: 'La Presidente subrogante Ministro seora Luz Bulnes Aldunate, concurre al fallo en el entendido que los artculos 5, 18, 19 y 20 del Tratado no crean un tribunal con facultades jurisdiccionales. Queda en claro que la Comisin Administradora es slo un mediador y las 'otras funciones' que se le pueden otorgar por el artculo 18 tendrn ese mismo carcter. Si as no fuera, se tratara de un tribunal internacional al que se le habra delegado soberana y sus resoluciones obligaran al Estado de Chile. Para ello sera menester que se reformaran los artculos 5, 73 y 79 de la Constitucin Poltica. Teniendo presente estas consideraciones, la seora Ministro concurre a la sentencia de autos'.

Adems, el Tribunal Constitucional, dijo que 'si un tratado contiene normas propias de la ley orgnica constitucional, debe someterse a control preventivo y obligatorio de constitucionalidad por este Tribunal, al igual que los proyectos de ley orgnica constitucional'.

Como se ve, el Tratado bilateral de comercio celebrado por Chile con Estados Unidos plantea numerosos problemas constitucionales. Y la Constitucin de Chile en el artculo 82, inciso 2 establece que corresponde al Tribunal Constitucional resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitacin de los tratados sometidos a la aprobacin del Congreso. Es decir, establece una especie de control preventivo de los Tratados, antes de que sea ratificado por el Congreso.

Sin embargo, la mayora de los parlamentarios chilenos no tuvieron inconveniente en votar la ratificacin del tratado sin consultar al Tribunal Constitucional.

Hasta el momento de escribir estas lneas, el Tribunal Constitucional chileno no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del tratado celebrado por Chile con Estados Unidos, alegada por el economista Alcayaga y por otras personas e instituciones.

IV. Los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual

El Acuerdo de la Organizacin Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, TRIPS en ingls) es muy criticado y con razn. Pero hay una serie de tratados bilaterales sobre la misma cuestin que los pases ricos celebran con los pases pobres en inters de las sociedades transnacionales, que agravan las disposiciones del ADPIC. Por eso se los llama 'TRIPS-plus'.

Por ejemplo el Acuerdo ADPIC admite la posibilidad de excluir del sistema de patentes a los seres vivos, aunque en el artculo 27, 3, b) del mismo dice: 'Sin embargo, los Miembros prevern la proteccin de variedades vegetales por brevets, mediante un sistema sui generis eficaz o por una combinacin de ambos'. No especifica qu quiere decir un 'sistema sui generis eficaz'. As, en el ADPIC, de todas maneras queda la puerta abierta al patentamiento de variedades vegetales.

Pero la mayora de los tratados bilaterales obligan a los signatarios a adherir a la UPOV (Unin Internacional para la Proteccin de Nuevas Variedades de Plantas), que no es mencionada en el ADPIC.

El UPOV es un tratado celebrado en 1961 del que eran miembros hasta 1994 slo pases del Norte y Sudfrica. Pero desde esta ltima fecha comenzaron a adherir al mismo pases del Sur. El tratado otorga amplia latitud para patentar plantas y expone a los agricultores, para poder seguir sembrando y cultivando, a tener que pagar cada vez ms derechos a las grandes sociedades transnacionales especializadas en ingeniera gentica y en 'piratera gentica'.

Como el derecho tradicional de patentamiento requiere que el objeto de la patente sea un invento, con lo que quedan excluidos los organismos vivos que existen en la naturaleza, con el UPOV se consagraron los llamados 'derechos del obtentor' que se refieren a las variedades vivas obtenidas con manipulaciones genticas.

As es como con los tratados bilaterales que obligan a adherir al UPOV desaparece la posibilidad que tienen los Estados miembros del ADPIC de excluir de sus leyes de patentes a las plantas y a los animales.

Aparte de los abusos que se cometen con el patentamiento de seres vivos, pues se patentan genes y otros materiales vivos existentes en la naturaleza , con las reformas introducidas al UPOV en 1991 se restringi enormemente el derecho fundamental del agricultor a guardar o intercambiar con otros agricultores para la siembra siguiente semillas que tengan 'derechos de obtentor' registrados .

Esta es la situacin en que ya se hallan muchos pases del Sur y que se generalizar en Amrica Latina y el Caribe si Estados Unidos logra imponer el ALCA .

En su informe presentado a la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2003 (E/CN.4/2003/58) sobre El derecho de toda persona al disfrute del ms alto nivel posible de salud fsica y mental el Relator Especial, Sr. Paul Hunt, seal los riesgos que representa para el derecho a la salud de los sectores de la poblacin de bajos recursos la apertura del sector servicios de salud a las inversiones extranjeras. Y en su visita a Per en junio de 2004 advirti que la difusin de los medicamentos genricos puede resentirse gravemente si entran en vigor algunas disposiciones del Tratado de libre comercio que est negociando dicho pas con Estados Unidos.

En efecto, si en los tratados bilaterales se introducen disposiciones relativas a la propiedad intelectual, el resultado va a ser que se restrinjan severamente el acceso a medicamentos esenciales. Esos acuerdos retrasaran e incluso bloquearan la difusin de genricos.

Las sociedades transnacionales farmacuticas pueden bloquear las difusin de los medicamentos genricos extendiendo la vigencia de las patentes ms all de los 20 aos mediante la inclusin del criterio de 'nuevos usos' de las patentes. Esto quiere decir que un medicamento que actualmente se utiliza para tratar una enfermedad podra beneficiarse con un nuevo monopolio de 20 aos si se demostrara que es eficaz para tratar otra enfermedad.

Adems, en los tratados bilaterales que est negociando Estados Unidos con muchos pases puede quedar suprimido el mecanismo de las 'licencias obligatorias' -una de las salvaguardas ms importantes de las reglas de propiedad intelectual previstas por la OMC- que permite a los Estados saltar las barreras de las patentes y fabricar o comprar frmacos genricos en caso de emergencia pblica.

El derecho de las 'licencias obligatorias' est reconocido en los Acuerdos de Propiedad Intelectual de Comercio (ADPIC) de la OMC, que fueron reforzados con una declaracin en la IV reunin ministerial de la OMC en Doha (Qatar) en noviembre de 2001. La Declaracin de Doha antepuso la proteccin de la salud pblica a la proteccin de los intereses privados comerciales y reforz el derecho de los pases a limitar los efectos del monopolio establecido por las patentes cuando se trata de proteger la salud pblica y de fomentar el acceso a los medicamentos. Estados Unidos se opuso a esta salvaguarda de la salud pblica y pretende reducirla a una lista mnima de enfermedades

En la Conferencia sobre el sida, celebrada en Bangkok en julio 2004, fue denunciada la grave restriccin a la difusin de los medicamentos genricos como resultado de los tratados bilaterales.

V. Los tribunales arbitrales

Este derecho corporativo o neofeudal al servicio de las sociedades transnacionales se completa, como hemos sealado ms arriba, con jurisdicciones especficas.

Actualmente se destaca el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en ingls), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, ex officio, el Presidente del mismo Banco Mundial, como establece el Reglamento del CIADI. . El CIADI, con la falta de objetividad y de imparcialidad que es inherente al Banco Mundial, ayuda a constituir tribunales arbitrales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (136 de stos forman parte del CIADI), que aceptan someterse a ese procedimiento. Los Estados, al aceptar esta jurisdiccin para dirimir conflictos de igual a igual con empresas privadas, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberana como es la jurisdiccin territorial de sus tribunales.

El sitio web del Banco Mundial presenta al CIADI as:

Presentacin: El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue establecido como resultado del Convenio sobre Solucin de Controversias entre Estados y ciudadanos de otros Estados que entr en vigencia el 14 de octubre de 1966, como una institucin especialmente designada para facilitar la solucin de controversias entre gobiernos e inversionistas extranjeros.

Funcin: El CIADI proporciona facilidades para la solucin de controversias por medio de conciliacin y arbitraje entre Estados miembros e inversionistas que puedan ser considerados como nacionales de otros Estados miembros. El acceso a las facilidades que proporciona el CIADI en relacin con la conciliacin y el arbitraje son completamente voluntarios. Sin embargo, una vez que se accede a los mecanismos del CIADI no se puede desistir de ellos unilateralmente. Adems todas las partes contratantes de la Convencin del CIADI estn obligadas de reconocer y ejecutar las decisiones arbitrales del CIADI. Junto con las facilidades de conciliacin y arbitraje otorgadas por el Convenio CIADI, el Centro, desde 1978, ha definido un conjunto de Reglas Adicionales de Facilitacin que autorizan al Secretariado del CIADI a administrar cierto tipo de procedimientos entre Estados y nacionales de otros pases por fuera del campo de aplicacin del Convenio. Tambin se encuentran disponibles facilidades adicionales sobre conciliacin y arbitraje en casos en que la controversia no est relacionada con inversiones, siempre y cuando se relacione con una inversin 'cuyas caractersticas lo diferencien de una transaccin comercial ordinaria'. Una tercera actividad del CIADI en el campo de la solucin de controversias consiste en la actividad del Secretario General del CIADI como autoridad nominadora de rbitros para que acten en procedimientos arbitrales ad-hoc. (http://www.worldbank.org./icsid)

Caben sealar las enormes atribuciones, subrayadas en el prrafo precedente, que tiene el Secretario General del CIADI, cargo que desempea actualmente el peruano Roberto Daino, cuya biografa sucinta puede leerse en la nota 13, donde se puede apreciar que dicho seor no constituye precisamente una garanta de imparcialidad y de sensibilidad por los derechos de los pueblos.

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que cre el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusin del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa poca a la Doctrina Calvo (vase la Seccin VI. 4 de este trabajo), se opusieron unnimemente a la creacin de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros .

Despus soplaron otros vientos ' neoliberales ' y hoy forman parte del CIADI una quincena de Estados latinoamericanos, la mayora de los cuales adhirieron en el decenio de 1990. Tambin muchos Estados latinoamericanos han adherido a la Agencia Multilateral de Garanta de Inversiones (MIGA) .

Son partes del CIADI y de la MIGA los siguientes pases latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela.. Bolivia, Brasil y Hait slo son partes de la MIGA.

Otros tribunales arbitrales internacionales. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en La Haya, fue establecida por la Convencin para la resolucin pacfica de controversias de 1899 y originalmente se ocup de la solucin de conflictos entre Estados. Pero en los aos sesenta adopt reglamentos de arbitraje de conflictos entre Estados y particulares y en 1993 adopt el Reglamento Facultativo de la CPA para el arbitraje de controversias entre dos partes de las que slo una es un Estado.

La Cmara de Comercio Internacional, fundada en 1919 y que rene a las ms importantes empresas del planeta, tiene una Corte Internacional de Arbitraje que se ocupa de organizar tribunales arbitrales para resolver conflictos entre empresas.

Otra jurisdiccin arbitral es el rgano de Solucin de Controversias de la Organizacin Mundial del Comercio, que est creando por va de jurisprudencia una normatividad internacional que escapa totalmente al control de los Estados e ignora -como el CIADI - las normas bsicas del derecho internacional de los derechos humanos.

El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN o NAFTA), celebrado entre Canad, Estados Unidos y Mxico, establece tres mecanismos para la solucin de controversias: entre Estados, en el captulo XX, entre inversionistas y Estados, en la seccin B del Captulo XI y entre particulares.

Los tribunales arbitrales han sufrido una evolucin paralela al proceso de mundializacin capitalista: concebidos inicialmente para dirimir conflictos entre Estados o de derecho privado, nacional e internacional, entre particulares, fueron ampliando su jurisdiccin a los conflictos entre Estados y particulares. En este ltimo caso primero solo se ocuparon de los diferendos surgidos en la interpretacin y aplicacin de contratos y luego se extendieron a la responsabilidad extracontractual de derecho privado hasta alcanzar la esfera del derecho pblico.

Esta ltima etapa comporta la renuncia a la facultad soberana de los Estados de adoptar decisiones de poltica nacional relacionadas con el inters general sin interferencias extraas. Por ejemplo decidir no aceptar una inversin extranjera o cancelarla para proteger el medio ambiente. O adoptar medidas econmicas, financieras o tributarias que los inversores extranjeros consideren que afectan sus beneficios actuales o esperados.

Esta evolucin de la competencia de los tribunales arbitrales se refleja en los tratados internacionales como el TLCAN (Captulo XI), el MERCOSUR (Captulo V del Protocolo de Brasilia) etc. y en numerosos tratados bilaterales de comercio e inversin. Y figura en el proyecto de ALCA.

Un especialista en la materia ha escrito: 'El principio de la intangibilidad del acto administrativo y la del juez natural para definir la ilegalidad ha venido perdiendo terreno de la misma manera que el principio de la soberana estatal ha sido socavado por las relaciones internacionales. Los tratados que regulan los aspectos ms importantes del comercio consagran la instancia arbitral para definir controversias entre Estados y entre gobierno y particulares, de manera similar a las cortes internacionales permanentesadquieren tal connotacin que llegan a proferir fallos que podramos calificar de supranacionales, los cuales de manera directa o implcita contienen rdenes para los Estados, encaminadas a sacar del mundo jurdico normas, leyes, decretos y actos administrativos de carcter general o individual, que han sido calificados por los rbitros como contrarios al respectivo tratado, sin que la doctrina y jurisprudencia de hoy duden de la eficacia y validez de dichos laudos, pese a que exista una marcada injerencia en la soberana estatal' .

Vase, por ejemplo, el caso Bechtel contra Bolivia.

Bechtel, es una gigantesca empresa transnacional basada en los Estados Unidos y en posicin privilegiada para 'reconstruir' Irak, es decir para participar en el despojo del patrimonio nacional iraqu. Con Ronald Reagan en la Casa Blanca, gente de Bechtel entr en el gabinete. El entonces presidente de Bechtel, George Shultz, fue secretario de Estado; el consejero general de Bechtel, Caspar Weinberger, fue secretario de Defensa y W. Kenneth Davis, vicepresidente de Bechtel para desarrollo nuclear, ocup el cargo de vicesecretario de Energa.

Bechtel present un reclamo ante el CIADI contra Bolivia por 25 millones de dlares porque su subsidiaria Aguas del Tunari fue expulsada de Cochabamba.

El 3 de septiembre de 1999 se otorg la concesin de Semapa al consorcio Aguas del Tunari, conformado por Bechtel, International Waters, Abengoa de Servicios Urbanos y socios bolivianos minoritarios.

En menos de un ao, el 9 de abril de 2000, una masiva movilizacin - denominada la 'guerra del agua ' - provoc la salida de Aguas del Tunari de Bolivia.

Aguas del Tunari interpuso la demanda amparada en el Tratado Bilateral sobre inversiones entre Bolivia y Holanda, suscrito en 1992. Pese a que el socio mayoritario de Aguas del Tunari es International Waters, conformado por Bechtel, de Estados Unidos, y Edison, de Italia.

Aguas del Tunari transfiri su domicilio a Holanda slo para poder iniciar el proceso contra Bolivia invocando el tratado entre Bolivia y Holanda. Aguas del Tunari solo tiene una casilla postal en Amsterdam, luego de una cuestionable y posiblemente ilegal transferencia de domicilio de las islas Caimn a Holanda a finales de noviembre de 1999 .

Esa es una de las maneras en que los tratados bilaterales pueden ser invocados por sociedades transnacionales que no tienen su sede en ninguno de los Estados partes del tratado. La otra manera consiste en que una empresa con sede en un pas A invoque contra un pas B un tratado que este ltimo ha celebrado con un pas C que la favorece ms que el tratado celebrado entre A y B, por aplicacin del principio de 'la nacin ms favorecida'.


* Alejandro Teitelbaum es Abogado, UBA. Diplomado en Rel. Econ. Internacionales en el Inst. de Est. del Desarrollo Econmico y Social de la Univ. de Paris I. Representante de la Asociacin Americana de Juristas ante los organismos de ONU en Ginebra.


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