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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-11-2006

Carta abierta al pueblo y al gobierno de USA (y respuesta a las FARC)

James Petras
Rebelin

Traducido para Rebelin y Tlaxcala por Manuel Talens y Paloma Valverde y revisado por Juan Vivanco



El 9 de noviembre de 2006, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) enviaron una Carta abierta al pueblo de Estados Unidos". La dirigieron especficamente a algunos productores y actores de Hollywood (Michael Moore, Denzel Washington y Oliver Stone), as como a tres universitarios izquierdistas (James Petras, Noam Chomsky y Angela Davis) y a un poltico progresista (Jessie Jackson). Dicha carta abierta peda nuestro apoyo para facilitar un acuerdo entre los gobiernos de USA y Colombia y las FARC-EP para intercambiar 600 guerrilleros encarcelados (entre ellos 2 enjuiciados en USA) por 60 prisioneros que estn en manos de los rebeldes, entre ellos 3 expertos usamericanos en contrainsurgencia.

FARC-EP: Banda terrorista o movimiento de resistencia?

Contrariamente a la posicin del gobierno de USA, que tilda a las FARC-EP de organizacin terrorista, stas son hoy en da el movimiento guerrillero campesino ms importante y antiguo del mundo. Fundadas en 1964 por dos docenas de campesinos activistas con el fin de defender a las comunidades autnomas rurales de las violentas depredaciones de los militares y paramilitares colombianos, las FARC-EP se han convertido en un ejrcito guerrillero altamente organizado de unos 20.000 miembros con varios cientos de miles de milicias locales y partidarios y una enorme influencia en ms del 40% del pas. Hasta el 11 de septiembre de 2001, la mayora de los pases de la Unin Europea y Amrica Latina reconocan a las FARC-EP como un movimiento legtimo de resistencia y durante varios aos mantuvieron negociaciones de paz con el gobierno colombiano dirigido por el presidente Andrs Pastrana. Antes del 9/11, los lderes de las FARC se reunieron con jefes de Estado europeos para intercambiar ideas sobre el proceso de paz. Numerosos y destacados dirigentes econmicos de Wall Street, de la City londinense y de Bogot, as como personajes importantes como la reina Noor de Jordania, se reunieron con lderes de las FARC en la zona desmilitarizada durante las fallidas negociaciones de paz (1999 - 2002).

Bajo fuertes presiones de la Casa Blanca, en particular de sus portavoces ultraderechistas ms prominentes, como Otto Reich, Roger Noriega y John Bolton, el rgimen de Pastrana rompi repentinamente las negociaciones y en menos de 24 horas envi al ejrcito colombiano a la zona desmilitarizada, en un intento de capturar a los jefes de las FARC comprometidos en las negociaciones. El ataque por sorpresa fracas, pero sent las bases para la escalada del conflicto.

Papel de USA en el conflicto

Empezando por el gobierno de Clinton en 2000 y siguiendo con el de Bush, USA ha desembolsado cuatro mil millones de dlares en ayuda militar al rgimen colombiano con el fin de destruir el ejrcito guerrillero y su supuesta base social entre campesinos, sindicatos urbanos y profesionales (especialmente profesores, abogados, activistas de derechos humanos e intelectuales). Washington favorece enrgicamente una solucin militar subvirtiendo cualquier intento de negociaciones de paz, y para ello cuenta con un gran nmero de consejeros militares, mercenarios, agentes antidrogas, agentes de la CIA, comandos de Cuerpos Especiales y otros muchos funcionarios encubiertos. Desde principios de la dcada de los ochenta y finales de los noventa, Washington mantuvo la ficcin de que sus programas militares formaban parte de una campaa contra los narcticos, aunque sin explicar por qu concentraba la mayor parte de sus esfuerzos en las regiones bajo la influencia de las FARC y no en las extensas reas de cultivo de coca controladas por los militares y paramilitares colombianos. Con el inicio del Plan Colombia en 2000, Washington subray explcitamente la naturaleza contrainsurgente de su ayuda militar y su presencia. La Casa Blanca, extremadamente enojada por la aceptacin de las negociaciones de paz por parte del presidente Pastrana y los avances de los movimientos guerrilleros y sociales, apoy para presidente a lvaro Uribe, un poltico derechista vinculado a los escuadrones de la muerte del pas. Su victoria electoral inici una de las ms sangrientas campaas de exterminio de la violenta historia de Colombia.

Oficiales militares usamericanos y sus homlogos colombianos financiaron una fuerza de escuadrones de la muerte de 31.000 miembros que devast el pas y asesin a miles de campesinos en las regiones donde las FARC tienen ms presencia. Cientos de sindicalistas fueron asesinados a la luz del da por sicarios en las ciudades y pueblos ocupados por el ejrcito. Activistas de derechos humanos, periodistas y universitarios que se atrevieron a denunciar la impunidad de los militares involucrados en las masacres fueron raptados, torturados y asesinados; no era infrecuente que apareciesen decapitados o destripados para aumentar el terror. Ms de dos millones de campesinos se vieron forzados a abandonar su regin para instalarse en barriadas urbanas miserables, mientras que conocidos jefes paramilitares o grandes terratenientes les embargaban las tierras. La limpieza de clase en el campo se llev a cabo de acuerdo con los manuales de contrainsurgencia del Pentgono, que instruyen a los militares colombianos sobre cmo destruir la infraestructura social de los movimientos guerrilleros, especialmente de las FARC, que poseen amplios y antiguos vnculos familiares, comunitarios y sociales con los campesinos.

El presidente Uribe encarna al clsico gobernante sudamericano: se lanza a degello contra los pobres y se pone de rodillas ante su patrn de Washington. Sus perpetuas campaas a gran escala diezmaron el campo, pero fracasaron a la hora de debilitar a las guerrillas o incluso de capturar a algn miembro del mando general de las FARC. Al cabo de seis aos de masivas y costosas campaas de exterminio, algunos oficiales militares usamericanos de alto grado y la mayora de sus colegas colombianos reconocieron que una victoria militar sobre el FARC era muy improbable. Segn los estrategas militares, a lo ms que se podra llegar sera al debilitamiento de las FARC, forzndolas a negociar un acuerdo de paz favorable al rgimen.

Breve historia de las negociaciones de paz

Durante la presidencia de Belisario Betancourt (a mediados de los ochenta), las FARC aceptaron un cese el fuego y muchos de sus miembros entraron en el proceso electoral. Miles de guerrilleros, sus simpatizantes y muchos izquierdistas independientes crearon un partido poltico, la Unin Patritica, y presentaron candidatos a todos los estamentos del gobierno. En menos cinco aos, el ejrcito y sus escuadrones de la muerte asesinaron a 5000 activistas, candidatos y cargos elegidos, entre ellos dos candidatos a la presidencia, algunos congresistas, diversos alcaldes, cientos de concejales y lderes locales del partido. Los supervivientes regresaron a la guerrilla, escaparon al exilio o pasaron a la clandestinidad. Contrariamente a lo que pretenda el gobierno, Colombia no era una democracia en el sentido habitual del trmino, sino una democracia de escuadrones de la muerte en la que las condiciones y normas polticas ms elementales para la participacin en una campaa electoral brillaban por su ausencia. Menos de dos dcadas despus, cuando las FARC haban extendido su influencia hasta una distancia de 65 kilmetros de Bogot, el gobierno de Andrs Pastrana accedi a otra ronda de negociaciones de paz en una amplia regin desmilitarizada bajo el control de las FARC.

Durante las negociaciones, cientos de visitantes de todos los sectores de la sociedad colombiana, as como importantes personalidades polticas y de negocios procedentes del extranjero, participaron en foros pblicos. Los debates abiertos organizados por las FARC abordaron asuntos sociales, econmicos y polticos fundamentales. Por primera vez en la memoria reciente, los temas de la reforma agraria, la inversin pblica en programas de creacin de empleo, la inversin extranjera y la propiedad pblica, las alternativas econmicas al cultivo de la coca, la educacin y la salud se debatieron sin miedo a las represalias de los escuadrones de la muerte. La imagen de las FARC como fuerza militarista narcoguerrillera qued en entredicho; muchos observadores previamente hostiles de Europa, Amrica Latina y Amrica del Norte, incluso si no estaban de acuerdo con algunas de las reformas propuestas por las FARC, partieron con la impresin de que se poda negociar y alcanzar acuerdos para terminar la guerra civil.

La radicalizacin del rgimen de Bush tras el 11 de septiembre de 2001 sirvi de pretexto para forzar una ruptura en las negociaciones de paz. Ms tarde, con la eleccin de lvaro Uribe, las FARC fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas. La Unin Europea, que se haba reunido y haba consultado pblicamente con los mismos jefes de las FARC, sigui el camino dictado por USA. Poco despus se detuvo a negociadores de las FARC y representantes internacionales en Bolivia, Brasil, Venezuela y Ecuador. Los dos ltimos pases entregaron a representantes de las FARC a la brutal polica poltica colombiana (la DAS). Con la excusa de la guerra contra el terrorismo de Washington, el presidente Uribe se dedic a reprimir sin piedad huelgas generales sindicales y grandes manifestaciones rurales de las principales organizaciones agrcolas que protestaban contra el acuerdo de libre comercio firmado con USA.

En medio de la carnicera patrocinada por el gobierno, las FARC siguieron una estrategia de retirada tctica a sus refugios en la selva y en las montaas y anunciaron propuestas de liberacin mutua de prisioneros como primer paso en el establecimiento de confianza para las futuras negociaciones de paz.

Las FARC tienen prisioneros a ms de 60 polticos colombianos y oficiales del ejrcito, entre ellos a Ingrid Betancourt, una ex candidata a la presidencia, y tres contratistas militares -as los describe USA- implicados en servicios de inteligencia. El gobierno colombiano tiene prisioneros a ms de 600 guerrilleros. USA tiene prisioneros a dos miembros de las FARC. stas propusieron una reunin para organizar un intercambio de prisioneros en una zona desmilitarizada. Naturalmente, las familias de los prisioneros de las FARC estaban unnimemente a favor de la propuesta, como tambin lo estaban las organizaciones de la sociedad civil y los grupos humanitarios, religiosos y de defensa de los derechos humanos. USA se ha opuesto a cualquier intercambio y Uribe se hizo eco de su amo, por lo menos durante su primer perodo presidencial. El eslogan utilizado era que liberaran a los prisioneros por medios militares. Durante los ltimos cinco aos no se ha liberado a ningn prisionero. Muy al contrario, en una reciente incursin militar fallida murieron diez presos, entre ellos un ex ministro de Defensa, un gobernador y ocho oficiales del ejrcito. Bajo la enorme presin de la sociedad civil colombiana, de la Unin Europea y de la mayora de los gobiernos latinoamericanos, el presidente Uribe declar tras su reeleccin que estaba dispuesto a iniciar negociaciones para un intercambio. Sin embargo, al cabo de un mes falt a su palabra usando como pretexto una bomba que estall en una instalacin militar, que l atribuy a las FARC a pesar de que stas negaron su autora. Los expertos sospechan que fue una operacin encubierta de los servicios secretos de Colombia para socavar cualquier avance hacia un intercambio de presos.

Perspectivas de las negociaciones de paz

Fuera de Washington y del entorno inmediato del presidente Uribe, todo el mundo est de acuerdo con que cualquier proceso de paz debe comenzar con la adopcin de medidas que inspiren confianza, especialmente el intercambio de prisioneros.

Esas negociaciones se complicaron de forma inmediata; el 31 de diciembre de 2004 USA extradit a dos presos de las FARC retenidos por el gobierno colombiano y los mantuvo en celdas de aislamiento, atados durante 23 horas al da. El 16 de octubre de 2006, se juzg por trfico de drogas y terrorismo, as como por secuestro, a uno de los presos polticos de las FARC, Ricardo Palmera, ms conocido por su nombre de guerra, Simn Trinidad. Se trata de un clsico juicio poltico espectculo, en el cual se ha organizado una detencin ilegal, se han fabricado pruebas y procedimientos judiciales lesivos para asegurar una sentencia condenatoria.

El aspecto ms sospechoso de esta farsa poltica es la caracterizacin del papel de Trinidad en las FARC. Haba sido su principal negociador de paz, como result evidente cuando fue reconocido como el principal interlocutor de las FARC con el presidente colombiano Andrs Pastrana durante las negociaciones de paz de 1999-2002. Hay numerosas fotografas, noticias, informaciones y entrevistas de la poca en los medios de comunicacin colombianos y europeos que claramente identifican a Trinidad como un negociador clave para la paz. No menos importante es que Trinidad fue el principal intermediario de las FARC para las relaciones con el representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, James Lemoyne, nombrado por el gobierno de USA y asimismo antiguo periodista corresponsal del New York Times en Amrica Latina.

Reconociendo que la posicin de Trinidad como negociador de paz de las FARC con misiones fundamentalmente diplomticas comprometa gravemente las alegaciones de Washington, el fiscal federal modific la acusacin de que estuviese directamente implicado en el secuestro de tres oficiales contrainsurgentes usamericanos retenidos como prisioneros de guerra por las FARC por otra de asociacin con los secuestradores y conspiracin para cometer el delito de secuestro de rehenes. El fiscal federal se ha beneficiado del lenguaje de la nueva legislacin antiterrorista, aprobada por los presidentes Clinton y Bush, para acusar a Trinidad. Todas las organizaciones usamericanas importantes de libertades civiles y la Asociacin de Abogados de USA [American Bar Association] han denunciado este marco legal por violar la constitucin del pas.

La acusacin de asociacin est fundamentada en las insostenibles alegaciones de que Trinidad se reuni con los tres oficiales usamericanos contrainsurgentes tras su captura, una acusacin que carece de prueba concreta alguna: la acusacin no tiene testigos ni documentos de tal encuentro, ni especifica el momento, la fecha o el lugar para el supuesto encuentro. De hecho, en ese momento Trinidad estaba en otra provincia dirigiendo un programa educativo de las FARC. La acusacin de conspiracin est fundada en la pertenencia de Trinidad a las FARC, que fue tachada de organizacin terrorista por el presidente Clinton en 1997, una catalogacin rechazada por la Unin Europea, que poco despus recibi a un grupo de dirigentes de las FARC y de negociadores de paz en gira [por Europa]. Por otra parte, el presidente colombiano Pastrana, que estuvo implicado en las negociaciones de paz con las FARC entre 1999 y 2002, rechaz la calificacin de terrorista por considerar que Trinidad era un interlocutor legtimo.

La larga historia poltica de las FARC, sus vnculos histricos con un amplio segmento del campesinado colombiano, su programa poltico de reformas sociales, la uso de la fuerza en el conflicto exclusivamente contra el ejrcito del Estado colombiano, su bsqueda constante de las negociaciones de paz fundamentadas en la reforma social y del ejrcito estn en clara contradiccin con todas y cada una de las definiciones de organizacin terrorista.

La mera idea de secuestrar a tres oficiales militares o de inteligencia de USA implicados en una operacin militar de vigilancia contra la insurgencia en una zona de combate es absurda. Como combatientes capturados son, de acuerdo con los Convenios de Ginebra, prisioneros de guerra y, como tales, estn sujetos a posibles intercambios de prisioneros si las partes en conflicto lo acuerdan. El fiscal federal adujo que Trinidad estuvo implicado en el intercambio de prisioneros cuando fue ilegalmente detenido en Ecuador y trasladado a Colombia y, posteriormente, extraditado a USA. En el juicio, Trinidad rechaz tal alegacin demostrando que estuvo en Ecuador para organizar un encuentro entre Lemoyne y un importante dirigente guerrillero. La acusacin no present pruebas escritas o grabadas que relacionasen a Trinidad con ningn intercambio de prisioneros.

La captura ilegal y la detencin de Simn Trinidad

Cualquier proceso jurdico que merezca tal nombre debera desestimar la acusacin basndose en el carcter ilegal de la detencin. A finales de diciembre de 2003, Trinidad viaj a Quito (Ecuador) para contactar con James Lemoyne sobre posibles negociaciones de paz con el gobierno colombiano, empezando por la creacin de un clima de confianza y medidas humanitarias relacionadas con prisioneros y cautivos. Durante negociaciones anteriores de paz, Lemoyne fue un mediador honrado que rechaz las presiones del embajador de USA para hacer fracasar los encuentros. Debido a la tremenda escalada militar llevada a cabo por el presidente Uribe, Trinidad no tuvo la oportunidad de reunirse en Colombia con Lemoyne. Las FARC supieron que Lemoyne estaba dispuesto a entablar conversaciones en Quito.

Bajo la direccin de la CIA, un escuadrn ilegal conjunto colombiano-ecuatoriano apres a Trinidad. La operacin viol en su totalidad la soberana ecuatoriana, los procedimientos judiciales y los derechos de recurso poltico. La detencin extraterritorial de los dirigentes de la oposicin y su traslado a los tribunales imperiales se parecen a las prcticas del Imperio Romano y no a la legislacin internacional contempornea.

Mientras estuvo cautivo, a Trinidad se le neg el acceso a traducciones, documentos y material escrito. Estuvo esposado en una celda de aislamiento 23 horas al da durante 21 meses sin abogado defensor. El juez federal, Thomas Hogan, y el fiscal federal actuaron para predisponer el juicio incluso antes de que empezara. Alrededor de 30 policas armados en una caravana de vehculos escoltados por helicpteros llevaron a Trinidad esposado ante el tribunal. Se le neg la eleccin de abogado y se le asign un equipo de letrados nombrados por el tribunal. Cuando sus abogados intentaron aportar un contexto histrico pertinente, que inclua los intentos de las FARC de participar en los procesos polticos electorales y la subsiguiente masacre de 5.000 militantes y candidatos entre ellos dos candidatos presidenciales-, la fiscala protest. La fiscala tambin protest por la descripcin que hizo la defensa del generalizado y continuo estado de violencia en Colombia y del papel de las fuerzas de contrainsurgencia de USA en alianza con los grupos paramilitares.

En esta pesadilla kafkaiana de una sala de juicio, el fiscal pidi al juez que ocultara los nombres del jurado para protegerlos de la venganza de la organizacin terrorista de Trinidad (en lo ms profundo de la selva colombiana), con lo que predispuso an ms a un jurado ya atemorizado y a un juez tendencioso.

El grupo de letrados de la defensa nombrados por el tribunal no consigui contrarrestar la ms elemental de las afirmaciones perjudiciales realizadas por el testigo clave de la acusacin, un coronel del ejrcito colombiano, que se refiri a Trinidad como terrorista a pesar del hecho evidente de que todava no haba sido acusado [de terrorista]. El juez Hogan se neg a permitir a los miembros del jurado que se llevasen sus cuadernos con las notas tomadas durante el juicio y les neg el acceso a las transcripciones, impidindoles una evaluacin racional de las pruebas.

La refutacin de Trinidad del testigo colombiano de la acusacin y la escandalosa naturaleza de este juicio poltico espectculo resultaron evidentes desde el primer da en que el jurado se dirigi al juez. El jurado declar que sus miembros estaban profundamente divididos en todas las acusaciones y pidieron al tribunal que declarase la nulidad del juicio por falta de consenso. Tras 18 das de sesiones muy tensas, demaggicos e inflamados discursos polticos, los jurados apenas deliberaron durante siete horas antes de anunciar que estaban en un punto muerto. Una nota de uno de los jurados al juez del distrito, Thomas Hogan, afirmaba: [] Creemos que nuestras diferencias, fundamentadas en profundas reflexiones, son irresolubles. El juez Hogan deneg la peticin de Trinidad de un juicio nulo, orden al jurado que siguiese deliberando y afirm que declarara la nulidad si los jurados repetan su declaracin de estar en un punto muerto por segunda vez.

Conclusin

El juicio poltico espectculo de Simn Trinidad es un flagrante ejemplo de las amenazas a las libertades constitucionales, a las cuales nosotros y los ciudadanos del mundo nos enfrentamos ante el poder sin lmite del presidente de USA para gobernar por encima de todos los derechos de los estados soberanos y de sus ciudadanos, de la legislacin internacional y de las libertades constitucionales.

Igualmente importante es la actual realidad de las detenciones ilegales extraterritoriales, los secuestros y los procedimientos arbitrarios al servicio de las sangrientas polticas imperiales y de los gobernantes clientelistas, cuyos actos estn devastando la sociedad colombiana. El salvaje programa contrainsurgente llamado Plan Colombia ha desplazado a ms de dos millones y medio de campesinos y pobladores de las chabolas [1] de las ciudades; el nmero de personas desplazadas se sita slo detrs del de Afganistn. Los programas de contrainsurgencia, denominados de formas variadas (Plan Colombia, Plan Patritica y Seguridad Democrtica) estn financiados por USA y promovidos por su cliente el presidente lvaro Uribe. El sindicato usamericano AFLCIO [1] documenta ms de 4.000 sindicalistas asesinados entre 1986 y 2002; el gobierno colombiano slo ha investigado 376 casos, de los cuales slo cinco han terminado con la condena del asesino. Segn los grupos colombianos de derechos humanos, entre los aos 2003 y 2006 el ejrcito de Uribe y sus aliados paramilitares han asesinado a casi mil sindicalistas ms. Durante los ltimos cinco aos, 30.000 campesinos, maestros rurales y lderes indgenas y campesinos han sido asesinados con impunidad. El estado de represin ([Plan] Seguridad Democrtica) se ha centrado en la debilitacin de los sindicatos en contra del Acuerdo de Libre Comercio usamericano-colombiano, no en la debilitacin de las guerrillas armadas. Con alrededor de un 68 por ciento de la poblacin colombiana que vive por debajo del umbral de la pobreza de dos dlares al da, y con las expropiaciones de tierra a manos de los dirigentes paramilitares, con los magnates del ganado y los mandos militares que concentran la propiedad de la tierra a una escala sin precedentes, no es de extraar que la resistencia guerrillera est reclutando voluntarios y se enfrente con xito a las campaas militares apoyadas por el gobierno, cada una de las cuales lleva un ttulo triunfalista y todas terminan en un estrepitoso fracaso. Sin unas profundas reformas sociales y polticas y a falta de un modelo econmico que integre a los millones de desplazados, aterrorizados y excluidos, no hay estratega o estrategia militar -por muy financiada y bien dirigida que est- que pueda acabar con este conflicto civil.

El primer paso para la resolucin de este conflicto de medio siglo es el reconocimiento de que Colombia est sumida de una guerra civil, no en una guerra contra el terrorismo. El segundo es la puesta en libertad de los protagonistas del proceso de paz, Simn Trinidad y su compaera Sonia, como un paso concreto hacia un intercambio humanitario de prisioneros y la instauracin de medidas en las que confiar, que abran la va de unas negociaciones de paz a gran escala.

Paradjicamente, el final del derramamiento de sangre colombiano podra empezar en Washington, en un tribunal federal, o posiblemente en el Congreso de USA, con el reconocimiento de que USA es una parte armada en la guerra civil de Colombia, de que sus combatientes son prisioneros de guerra y de que su puesta en libertad final depende del reconocimiento de los lmites del poder militar usamericano (y de su cliente colombiano) y de que un acuerdo diplomtico negociado es la nica alternativa real.

Espero reunirme con artistas e intelectuales como Denzel Washington, Oliver Stone, Michael Moore, Noam Chomsky y Angela Davis, mencionados en el llamamiento de las FARC, en un esfuerzo comn para presionar al gobierno de USA con el fin de llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros (tanto en USA como en Colombia), lo que incluye a los combatientes usamericanos.

Notas de los traductores:

[1] Chabolas en Espaa, favelas en Brasil, ranchitos o villamiserias en otras zonas de Amrica Latina.

[2] American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations.

James Petras es socilogo y escritor usamericano, autor de numerosos textos sobre Amrica Latina.

Paloma Valverde es miembro de IraqSolidaridad y Rebelin. Manuel Talens y Juan Vivanco son miembros de Rebelin y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingstica. Esta pgina se puede reproducir con fines no comerciales, a condicin de respetar su integridad y de mencionar a los autores y la fuente.

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