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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-09-2004

El ALCA est con nosotros
Los tratados bilaterales de Libre comercio (Parte III)

Alejandro Teitelbaum
Argenpress


VI. COMO SALIR DEL ATOLLADERO Y RECONQUISTAR LA AUTODETERMINACION NACIONAL.

De lo dicho precedentemente y de la realidad que surge de los hechos, fuerza es constatar que no es posible concretar actualmente una autntica integracin subregional sudamericana ni regional latinoamericana y caribea al servicio de los intereses nacionales y populares que haga realmente frente al gran capital transnacional y a sus personeros polticos, porque salvo, en un grado diferente y en cierta medida, las excepciones de Cuba y Venezuela, no existen en los gobiernos, ni en cada pas, ni regionalmente, la voluntad, los proyectos polticos, econmicos y sociales ni los instrumentos jurdicos necesarios para ello, como existieron hasta cierto punto hace un tercio de siglo.

Slo la organizacin y la movilizacin de los pueblos del continente puede cambiar este estado de cosas.

Sin embargo, es el deber de los juristas comprometidos con los intereses populares explicar la realidad de los hechos y las tendencias dominantes (que a veces se esconden tras iniciativas circunstanciales y limitadas o gesticulaciones histrinicas ) y dar algunas pistas en la esfera de su competencia para salir del atolladero, ayudando as a un proceso de adquisicin de conciencia de las grandes mayoras.

En ese plano, existen diversos recursos que se pueden utilizar a fin de cortar los lazos de subordinacin al poder econmico transnacional en que se hallan muchos Estados, creada por la red de tratados a los que nos hemos referido en los prrafos precedentes.

1. La denuncia del Tratado.

El recurso ms directo consiste en denunciar el tratado cuando se avecina la fecha en que concluye su vigencia.

Por ejemplo, el Tratado entre el Gobierno de la Repblica Argentina y los Estados Unidos de Amrica sobre Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones rige por diez aos desde la fecha de su entrada en vigor, el 20 de octubre de 1994, y continuar vigente a menos que una de las partes denuncie el mismo antes del 20 de octubre de 2004.

Se presenta pues la ocasin para Argentina de denunciar este Tratado antes del 20 de octubre de 2004.

Pero un tratado o su tcita reconduccin pueden ser recientes y en ese caso el momento en que se pueda denunciar estar todava muy lejano.

En ese caso es preferible apelar a otros recursos para desligarse de los tratados que son contrarios al inters nacional y a los derechos humanos.

2. Invocar la preeminencia de una norma jerrquicamente superior.

El principio general es que los Tratados deben ser cumplidos: pacta sunt servanda (art. 26 de la Convencin de Viena sobre el derecho de los Tratados) y que no se pueden invocar las disposiciones de derecho interno como justificacin para el incumplimiento de un Tratado (art. 27 de la misma Convencin).

Buena parte de la doctrina y la jurisprudencia sostienen ese principio y consideran que la inobservancia de un tratado constituye un acto ilcito internacional.

Dicho enfoque es correcto en principio, pero no tiene en cuenta una cuestin esencial en derecho internacional: situar a los tratados en el contexto de la jerarqua de las normas. Hay normas que prevalecen sobre otras y stas ltimas son inaplicables cuando contraran las primeras.

El artculo 53 de la Convencin de Viena sobre el derecho de los Tratados, dice lo siguiente: Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebracin, est en oposicin con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convencin, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que slo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carcter

La Declaracin Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Polticos y de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales y otros Tratados y Convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carcter de normas imperativas de derecho internacional general que no puede ser vulneradas por otros tratados o acuerdos internacionales, so pena de nulidad de estos ltimos.

En la Comisin de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en el resumen de uno de los debates sobre el tema de la responsabilidad de los Estados se dice: Ha preocupado el problema del conflicto de obligaciones que se planteara inmediatamente si todas las normas de derecho internacional se pusieran en el mismo nivel. Convendra entonces prever en el proyecto de artculos una disposicin instaurando una jerarqua de esas diferentes normas, incluyendo en el captulo V una disposicin mencionando las obligaciones erga omnes (de validez universal) o las obligaciones imperativas de derecho internacional .

Como resultado de esa preocupacin, el artculo 21 del Proyecto de la CDI del ao 2000 sobre responsabilidad de los Estados dice: La ilicitud de un hecho de un Estado quedar excluida si, en las circunstancias del caso, el hecho es exigido por una norma imperativa de derecho internacional general .

Por ejemplo, un tratado no puede llevar a permitir violar las normas internacionales en materia de proteccin del medio ambiente, pues dichas normas , como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia en la opinin consultiva sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares (1996) y en Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (1997) forman parte del derecho internacional obligatorio.

Puede citarse tambin el artculo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice: En caso de conflicto entre las obligaciones contraidas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contradas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecern las obligaciones impuestas por la presente Carta .

El Comit del Pacto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, destacando la cuestin de la jerarqua de las normas, emiti una declaracin en la que se dice: Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duracin limitados y susceptibles de transaccin, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresin de una reivindicacin fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regmenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan proteccin a los autores y creadores individuales - se centran cada vez ms en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales .

Por su parte, En su resolucin 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisin de derechos humanos de la ONU ha dicho:

Afirma que la proteccin de los intereses morales y materiales que resultan de toda produccin cientfica, literaria o artstica de que una persona es autora es, de conformidad con el prrafo 2 del artculo 27 de la DUDH y el inciso c) del prrafo 1 del artculo 15 del PIDESC, un derecho humano, en los lmites del inters general;

Declara, sin embargo, que dada que la aplicacin del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debera la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos cientficos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentacin y del derecho a la autodeterminacin, hay conflictos visibles entre el rgimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra;

Recuerda a todos los gobiernos la primaca de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las polticas y los acuerdos econmicos; (El subrayado es nuestro).

La Corte Interamericana de derechos Humanos, en su Opinin Consultiva OC/2/82, de 24 de septiembre de 1982 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convencin, se expres en estos trminos:

los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convencin Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en funcin de un intercambio recproco de derechos para el beneficio mutuo de 1os Estados contratantes. Su objeto y fin son la proteccin de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien comn, asumen varias obligaciones, no en relacin con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdiccin.

Tambin la Comisin Europea de Derechos Humanos, basndose en el Prembulo de la Convencin Europea expres en el caso 788/ Austria vs. Italia que:

el propsito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convencin no fue concederse derechos y obligaciones recprocas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa... y establecer un orden pblico comn de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia comn de tradiciones polticas, ideas y regmenes de derechos .

De todo esto se concluye - dice Bruni Celli - que mientras el Derecho Internacional Comn es un derecho dispositivo en cuanto est a disposicin de los Estados que lo crean, lo modifican o lo amplan; el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es por naturaleza un derecho imperativo que si ciertamente es creado por los Estados mediante la aprobacin y ratificacin, sin embargo los Estados no pueden descrearlo ya que esos tratados contienen estipulaciones a favor de terceros a quienes se les reconocen derechos derivados de su propia e intrnseca dignidad.

Es as pues como la suerte de los derechos reconocidos en esos tratados no puede depender ya de la voluntad de los Estados que los han ratificado, por la simple razn de que la suerte de ninguna relacin bilateral (que en este caso es la relacin Estado-ser humano) puede depender de la voluntad de una sola de las partes, en este caso del Estado.

De acuerdo a este razonamiento, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales sobre la materia vendran a tener, tal como lo apunta Edmundo Vargas Carreo, una naturaleza similar a aquella institucin del Derecho Civil de las 'estipulaciones a favor de terceros'.

En la medida en que los tratados de derechos humanos son instrumentos jurdicos creados, ratificados y reconocidos por los Estados y que estos otorgan derechos a sujetos que no concurren a su elaboracin, no pueden los Estados unilateralmente desvincularse de su obligacin de respetar los derechos de esos 'terceros' ' .

Dicho de otra manera, el principio pacta sunt servanda tiene un lmite esencial: los Tratados deben ser cumplidos siempre que su aplicacin no redunde en la violacin de los derechos humanos consagrados internacionalmente.

3. Efectuar el control de constitucionalidad.

De lo dicho en el prrafo precedente deriva una consecuencia indiscutible: los Tratados internacionales que Bruni Celli llama de Derecho Internacional Comn deben ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los Tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogmtica de la Constitucin en lo que se refiere a los derechos y garantas contenidos en ella y ms particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarqua de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional).

Este aspecto no ofrece dudas en los casos en que las Constituciones nacionales han incorporado expresamente las principales normas internacionales de derechos humanos, como es el caso de Argentina.

El artculo 75, inciso 22 de la Constitucin Argentina ha conferido jerarqua constitucional a las Declaraciones Americana y Universal de derechos humanos, a la Convencin Americana y a los principales Pactos y Convenciones de derechos humanos. Otros tratados y convenciones sobre derechos humanos que ratifique Argentina tambin tendrn jerarqua constitucional si as lo deciden ambas Cmaras del Congreso por el voto de los dos tercios, por lo menos, de la totalidad de sus miembros.

El mismo inciso 22 del artculo 75 reconoce a los otros tratados y concordatos una jerarqua superior a las leyes. Superior a las leyes pero jerrquicamente inferiores a la parte dogmtica de la Constitucin, incluidas las normas internacionales de derechos humanos . Estas disposiciones dan precisin, estableciendo una jerarqua de las normas, al prrafo del artculo 31 de la misma Constitucin que dice: 'Esta Constitucin, las leyes de la Nacin que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nacin'

La Constitucin de Chile no contiene una disposicin sobre la jerarqua de los tratados internacionales. En el artculo 82, inciso 2 establece que corresponde al Tribunal Constitucional resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitacin de los tratados sometidos a la aprobacin del Congreso. Es decir, establece una especie de control preventivo de los Tratados, antes de que sea ratificado por el Congreso.

Pero se sostiene, a nuestro juicio con acierto, que despus de ratificado un Tratado, la Corte Suprema puede ejercer el control de constitucionalidad en un caso particular. 'Porque si sus disposiciones lesionaran derechos que la Constitucin asegura a todas las personas - dice el profesor Pfeffer Urquiaga- , no se visualiza racionalmente motivo que impida que los sujetos afectados puedan demandar la inaplicabilidad de sus normas si ellas vulneran dichos ordenamientos fundamentales' .

Las Constituciones de Bolivia (art. 120, inciso 9), Colombia (art. 241, inciso 10) y Per (art. 200, inciso 4) establecen el control de constitucionalidad de los Tratados internacionales y la de Ecuador art. 276, inciso 5) el control de constitucionalidad antes de su aprobacin por el Congreso.

Aunque muchas constituciones guardan silencio respecto del control de constitucionalidad de los Tratados internacionales, pensamos que es de aplicacin general la interpretacin que hace el profesor Pfeffer Urquiaga para el caso chileno: un tratado internacional puede ser declarado inaplicable por los tribunales nacionales si viola las garantas fundamentales de la Constitucin. Y tambin si viola las normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos.

4. Recuperar la indeclinable competencia territorial de los tribunales nacionales.

En muchos tratados bilaterales de comercio y de inversiones, en el TLCAN y en el proyectado ALCA se incluye una clusula de renuncia a la jurisdiccin nacional en favor de tribunales arbitrales para dirimir conflictos entre un particular inversor y el Estado receptor de la inversin. Varios Estados latinoamericanos, al aceptar tal clusula y aceptar la competencia del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) han renunciado a una prerrogativa fundamental de su soberana.

En el mbito latinoamericano, esta renuncia implica el abandono de un largo combate iniciado en el siglo XIX por Carlos Calvo, plasmado en su Derecho Internacional Terico y Prctico . La llamada 'doctrina Calvo ' se basa en los principios de la soberana nacional, de la igualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros y de la jurisdiccin territorial. Segn Calvo los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados y los extranjeros tiene los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrn la obligacin de agotar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la proteccin e intervencin diplomtica de su pas de origen.

La doctrina Calvo, que sigue teniendo rigurosa actualidad, respondi desde su formulacin a la necesidad de enfrentar la poltica agresiva y dominante de los Estados Unidos, expresadas en la ' doctrina Monroe ' y en el ' corolario Rossevelt ', y de las grandes potencias europeas frente a las jvenes repblicas al sur del Ro Bravo. A veces bajo la denominacin de 'proteccin diplomtica ' de sus nacionales y otras en forma de intervenciones armadas directas, como fue el caso del bombardeo de puertos venezolanos en 1902 por parte de fuerzas navales de Alemania, Gran Bretaa e Italia para obligar a Venezuela a pagar deudas a nacionales de dichos pases. Este episodio dio lugar a la 'doctrina Drago ' que rechaza el empleo de la fuerza o la ocupacin territorial como medio para obligar a un Estado a pagar sus deudas.

No es necesario, por demasiado conocida, hacer la historia de las intervenciones armadas estadounidenses en Amrica Latina y el Caribe en los ltimos 150 aos.

Las ideas de Calvo se cristalizaron por un lado en la 'clusula Calvo ' consistente en la introduccin en los convenios con ciudadanos extranjeros de una disposicin por la que stos aceptan la jurisdiccin territorial y renuncian a la proteccin diplomtica de su propio pas y por el otro en la 'doctrina Calvo' que es el reconocimiento institucional de ese principio, con suerte diversa, pues siempre Estados Unidos se opuso a ella.

La Novena Conferencia Panamericana (Bogot 1948) consagr la doctrina Calvo en el mbito regional con la Carta de la Organizacin de los Estados Americanos, cuyo artculo 15 dice: ' La jurisdiccin de los Estados en los lmites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros '. En la misma Conferencia se aprob el Pacto de Bogot, en cuyo artculo 7 se lee: ' Las Partes se obligan a no intentar reclamacin diplomtica para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdiccin internacional cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales nacionales competentes del Estado respectivo '.

La doctrina Calvo inspir la actitud de los pases latinoamericanos que en 1964 rechazaron colectivamente el mecanismo de arbitraje internacional propuesto por el Banco Mundial, como recordamos ms arriba .

La doctrina. Calvo figura en varias constituciones latinoamericanas.

El artculo 116 de la Constitucin argentina dice: 'Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nacin el conocimiento y decisin de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitucin y por las leyes de la Naciny por los tratados con naciones extranjeras' . La Constitucin boliviana en el art. 24 dice: 'Las empresas y sbditos extranjeros estn sometidos a las leyes bolivianas sin que en ningn caso puedan invocar situacin excepcional ni apelar a reclamaciones diplomticas'. La de Guatemala, art. 29: 'Los extranjeros nicamente podrn acudir a la va diplomtica en caso de denegacin de justicia'. La Constitucin salvadorea, art. 98, dice: 'Ni los salvadoreos ni los extranjeros podrn reclamar al gobierno indemnizacin alguna por daos o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaran facciones. Slo podrn hacerlo contra los funcionarios o particulares culpable', y en el art. 99: 'Los extranjeros no podrn ocurrir a la va diplomtica sino en los casos de la denegacin de justicia y despus de agotados los recursos legales que tengan expedidos'. La Constitucin de Ecuador, art. 14: 'Los contratos celebrados por las instituciones del Estado con personas naturales o jurdicas extranjeras llevarn implcita la renuncia a toda reclamacin diplomtica. Si tales contratos fueran celebrados en el territorio del Ecuador, no se podr convenir la sujecin a una jurisdiccin extraa, salvo el caso de convenios internacionales'. La Constitucin peruana, art. 63, 2 c): 'En todo contrato del Estado y de las personas de derecho pblico con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de stos a las leyes u rganos jurisdiccionales de la Repblica y se renuncia a toda reclamacin diplomtica. Pueden ser exceptuados en la jurisdiccin nacional los contratos de carcter financiero', La Constitucin venezolana, art. 151: 'En los contratos de inters pblico, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerar incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una clusula segn la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, sern decididas por los tribunales competentes de la Repblica, en conformidad con sus leyes, sin que por ningn motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras'.

Pese a estas claras disposiciones constitucionales, a la Carta de la OEA y al Pacto de Bogot y a toda la tradicin jurdica latinoamericana y pese a que el artculo 68 del mismo Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 , que cre el CIADI dice: 'Este Convenio ser ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales', una quincena de Estados latinoamericanos, la mayora en el decenio de 1990, adhirieron al Convenio aceptando as la competencia del CIADI.

En el mbito internacional tambin ha quedado consagrada la doctrina Calvo.

El 17 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob la Resolucin 3171 Soberana permanente sobre los recursos naturales, en cuyo punto 3 se dice: ' Afirma que la aplicacin del principio de la nacionalizacin por los Estados, como expresin de su soberana para salvaguardar sus recursos naturales, implica que cada Estado tienen derecho a determinar el monto de la posible indemnizacin y las modalidades de pago, y que toda controversia que pueda surgir deber resolverse de conformidad con la legislacin nacional de cada uno de los Estados que apliquen tales medidas; ' (El subrayado es nuestro).

El 12 de diciembre de 1974 la Asamblea General de la ONU aprob la Carta de derechos y deberes econmicos de los Estados, cuyo artculo 2. 2 c) establece el derecho de los Estados a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros pagando una compensacin adecuada 'teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes '. Sigue diciendo que si la compensacin es motivo de controversia, la cuestin 'ser resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con la libre eleccin de los medios' '. (El subrayado es nuestro).

La ltima parte de la frase se refiere a un acuerdo entre los Estados en un caso particular y no a una renuncia general del Estado a su derecho soberano a la jurisdiccin en el mbito de su territorio, como se establece actualmente muchos tratados comerciales bilaterales.

5. Existencia de vicios insanables en la celebracin y aprobacin de un Tratado que acarrean su nulidad.

En la aprobacin de un Tratado pueden haber vicios de procedimiento que acarreen su nulidad. Por ejemplo cuando est previsto en la ley o en la Constitucin nacional el control constitucional previo y ste no se efecta.

Otra causa de nulidad de un Tratado son los vicios de fondo.

A ellos se refiere la Seccin 2 (artculos 46 a 53) que lleva el ttulo Nulidad de los tratados de la Convencin de Viena sobre el derecho de los tratados. Ya nos hemos referido al art. 53 de la Convencin, que dice: : ' Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebracin, est en oposicin con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convencin, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que slo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carcter '

Segn el art. 46 puede ser causa de nulidad de un Tratado si ha sido celebrado en violacin manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno de una de las partes que celebr el Tratado.

Combinando los artculos 46 y 53 sera, pues, causa de nulidad de un Tratado su celebracin en violacin de los derechos y garantas fundamentales consagrados en la Constitucin del Estado y en las principales normas del derecho internacional de los derechos humanos, como los derechos a la salud, a la alimentacin, a una vivienda adecuada, a la educacin, etc.

Tambin sera causa de nulidad la renuncia al ejercicio de algn otro precepto interno fundamental, como el examen por los tribunales nacionales de la conformidad de una ley o tratado con la Constitucin. Esto puede ocurrir si el Tratado en cuestin confiere a tribunales arbitrales la solucin de controversias entre las partes, pues en tales controversias pueden estar implicadas clusulas constitucionales. Y el control de constitucionalidad es - por razones elementales de soberana del Estado - de competencia exclusiva de los tribunales nacionales. Ya nos hemos referido ms arriba a la doctrina Calvo y a su consagracin en las normas nacionales e internacionales.

El artculo 50 de la Convencin de Viena contempla como vicio del consentimiento susceptible de acarrear la nulidad de un Tratado, la corrupcin del representante del Estado, efectuada directamente o indirectamente por otro Estado negociador.

Cabe examinar entonces, en el caso de un Tratado que contiene disposiciones manifiestamente violatorias de la soberana del Estado y contrarias a los derechos fundamentales de la poblacin, si las autoridades que lo suscribieron no han sido corrompidas para consentirlas.

El artculo 52 de la Convencin de Viena dice: 'Es nulo todo Tratado cuya celebracin se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violacin de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas '

La amenaza o el uso de la fuerza debe interpretarse a la luz del artculo 2 inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohibe la amenaza o el uso de la fuerza, sin distinguir entre fuerza armada u otra, y de diversas resoluciones de la Asamblea General que han condenado el empleo de la coercin econmica. Adems, la coercin econmica es contraria a los propsitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, enunciados en los artculos 1 inciso 3 y 55, a diversas Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea General propiciando las relaciones amistosas y la cooperacin econmica internacional.

Algunos internacionalistas sostienen que la prohibicin del artculo 2 inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas se refiere nicamente a la fuerza armada.

Nosotros no compartimos dicha interpretacin del artculo 2, inciso 4.

El inciso 4 del artculo 2 dice 'fuerza', sin distinguir entre fuerza armada y no armada. Cuando la Carta se quiere referir a la fuerza armada, lo hace expresamente (artculos 41 y 46). El principio de interpretacin dogmtica donde la ley no distingue no debemos distinguir no autoriza entonces a excluir de la prohibicin del inciso 4 a la fuerza no armada.

En la Conferencia de San Francisco donde se aprob la Carta de la ONU, varios pases sudamericanos propusieron que se mencionara expresamente en el inciso 4 la prohibicin de la coercin econmica y poltica. El rechazo de la propuesta sudamericana es interpretado a favor de su tesis por los partidarios de la interpretacin restrictiva, es decir que la prohibicin se refiere solo a la fuerza armada, pero se puede argumentar igualmente que la voluntad de quienes aprobaron la Carta fue no diferenciar entre fuerza armada y no armada y por eso no aceptaron la propuesta sudamericana pero tampoco agregaron el calificativo 'armada' a la palabra 'fuerza'.

De todas maneras, a esta altura del desarrollo progresivo del derecho internacional, parece 'inoportuno e innecesario tratar de reabrir el debate sobre el significado del trmino 'fuerza' [en el inciso 4 del artculo 2 de la Carta], o especular sobre las razones por las que la propuesta latinoamericana sobre ese punto haba sido rechazada en la Conferencia de San Francisco', como se dijo en 1992 en el debate de la Comisin de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los Estados .

Lo que interesa sobre todo es el estado actual del derecho internacional, en sus aspectos normativo, jurisprudencial y doctrinario, en materia de utilizacin de la coercin econmica en las relaciones internacionales.

La Declaracin de la Asamblea General de la ONU, de 26 de octubre de 1970, (AG 2625 (XXV)), relativa a los principios de derecho internacional sobre las relaciones de amistad y la cooperacin entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el noveno prrafo del prembulo y el tercer principio, as como la Declaracin de la Asamblea General del 18 de noviembre de 1987 (Resolucin 42/22) sobre el fortalecimiento de la eficacia del principio de la abstencin del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, particularmente varios prrafos del prembulo y los artculos 7, 8 y 17, ambas Declaraciones adoptadas por consenso, recuerdan la prohibicin de emplear entre los Estados medidas de coercin econmicas, polticas o de otra naturaleza.

En 1989, la Asamblea General, adopt, por 118 votos a favor, ninguno en contra y algunas abstenciones, la Resolucin 44/215, condenando las medidas econmicas utilizadas para ejercer una presin poltica y econmica sobre los pases en desarrollo. Y en 1991, la Asamblea General aprob por consenso la Resolucin 46/43 sobre la proteccin y seguridad de los pequeos Estados, en la que reconoca la vulnerabilidad de los pequeos Estados a las amenazas exteriores y a las injerencias en sus asuntos internos y sealaba la importancia vital para todos los Estados del respeto incondicional de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los referidos a la igualdad soberana, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos interiores y el arreglo pacfico de las controversias.

Tambin forma parte de la normativa internacional (jus cogens) la Declaracin y Programa de Accin de Viena (25 de junio de 1993), que en la primera parte del artculo 31 de la Seccin primera dice: 'La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a los Estados que se abstengan de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas que creen obstculos a las relaciones comerciales entre los Estados...'.

En el mbito regional, el artculo 19 de la Carta de la Organizacin de Estados Americanos dice: 'Ningn Estado podr aplicar o estimular medidas coercitivas de carcter econmico y poltico para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de ste ventajas de cualquier naturaleza'. Y el artculo 18 prohibe la injerencia ?armada o no armada? de un Estado o grupo de Estados en los asuntos internos o externos de cualquier otro.

De modo que el ejercicio de presiones econmicas para obligar a un Estado a celebrar un Tratado, corresponde a la amenaza o el uso de la fuerza a que se refiere el artculo 52 de la Convencin de Viena y es, por lo tanto, una causa de nulidad del Tratado.

6. Nulidad de un Tratado celebrado por autoridades de un Estado que, al hacerlo, han excedido su mandato.

Las autoridades de un Estado que han firmado y ratificado un Tratado con clusulas que vulneran la soberana de dicho Estado y los derechos fundamentales de la poblacin, adems de cometer graves delitos que podran incluir el de traicin, han ultrapasado su mandato, que consiste en desempear sus funciones en el marco de la Constitucin, de las leyes y de las normas internacionales fundamentales, obligatorias para todos los Estados. El Tratado ser nulo por haber excedido una de las partes los lmites de su mandato y la otra parte no podr alegar la ignorancia de ese hecho para sostener la validez del Tratado, cuando la violacin del mandato fuere manifiesta.

7. En resumen. En los seis puntos precedentes se han examinado diferentes recursos destinados dejar sin efecto la vigencia de una serie de tratados bilaterales que han creado vnculos de subordinacin de muchos pases perifricos con el poder econmico transnacional y las grandes potencias, que equivalen a una prdida casi total de la soberana nacional y a la supresin de aspectos esenciales del sistema democrtico de gobierno.

Segn las circunstancias concretas, esos recursos pueden invocarse y emplearse de manera separada o conjuntamente, todos o algunos de ellos.

Por cierto que no creemos que la sola invocacin del derecho pueda producir el milagro de revertir una situacin por dems difcil.

Pero puede servir para ayudar a crear conciencia en los pueblos de que han sido despojados de sus derechos ms elementales, tanto civiles y polticos como econmicos, sociales, ambientales y culturales y de que slo con su propia accin lograrn recuperarlos.

CONCLUSION

La lucha contra el proyecto de Area de Libre Comercio de las Amricas (ALCA) es de fundamental importancia en s misma pero al mismo tiempo debe servir como revelador de un estado de cosas ya existente, del que es parte importante la red de tratados bilaterales que estn en vigor o en trmite de celebracin.

Por eso decimos que 'el ALCA est entre nosotros ' (parafraseando el ttulo del film 'los asesinos estn entre nosotros '), para significar que los centros del poder mundial no se proponen someternos sino que ya nos han sometido con la complicidad de gobiernos claudicantes, serviles y corruptos y que de lo que se trata es de emprender y desarrollar una verdadera lucha por la democracia participativa, poltica y econmica, la autodeterminacin nacional y el progreso social.

Algunos autores - ' politlogos ', economistas, socilogos, etc. - teorizan acerca de que el actual estado de cosas es el resultado normal de una economa mundializada. Es una manera de decir que la democracia representativa y participativa, la justicia distributiva y el bienestar general son conceptos superados por la realidad de los hechos. Y que hay que aceptar que una minora que nadie eligi, duea del poder econmico, que controla el poder poltico, los medios de comunicacin social y todos los dems bienes y servicios por naturaleza sociales, decida sobre quines tienen acceso - o no - a los bienes y productos materiales y culturales que ellos mismos controlen o fabriquen e inciten a consumir.

Pero tambin la realidad de los hechos demuestra que cada vez ms gente est actuando para (re)construir una sociedad democrtica y participativa y para recobrar el poder de decisin sobre sus propias vidas y destinos.

PORQUE ESA GENTE PIENSA QUE OTRO MUNDO NO SOLO ES POSIBLE, SINO NECESARIO.

* Alejandro Teitelbaum es Abogado, UBA. Diplomado en Rel. Econ. Internacionales en el Inst. de Est. del Desarrollo Econmico y Social de la Univ. de Paris I. Representante de la Asociacin Americana de Juristas ante los organismos de ONU en Ginebra.




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