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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-12-2006

Veredicto del Tribunal Internacional contra la Impunidad: Casos de Ciudad Bolvar y Cazuc

Rebelin


1. Durante los dos das de sesin del Tribunal contra la impunidad, Nov. 24 y 25 de 2006 en el saln Elptico del Congreso de la Repblica de Colombia, los jueces han conocido la dramtica violacin de los derechos humanos ms fundamentales, los crmenes contra la humanidad que se han cometido y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.

Muchos habitantes de Ciudad Bolvar y Cazuc son victimas de esta prctica sistemtica y violenta del uso del terror y la intimidacin que privan a personas de su vida, su hogar, sus propiedades y su tierra.

Adems hay evidencia innegable de la prctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, abusos sexuales e intimidacin por parte del ejrcito, la polica y grupos paramilitares en esta zona. Hay que subrayar que especialmente los nios, nias y jvenes son blanco especfico de los abusos. La situacin representa una poltica y prctica intencional y una estrategia de los rganos del Estado, valindose de la represin contra la poblacin civil directamente o por medio de estructuras paramilitares, en su avanzada por consolidar un proyecto social econmico y militar.

Los crmenes contra la poblacin de Ciudad Bolvar y Cazuc no son actos aislados ni representan las consecuencias secundarias ni indirectas del conflicto armado. Van mas all de las realidades de violencia urbana que existen en muchas ciudades del mundo y por lo tanto, constituyen una modalidad de violencia especfica ligada a intereses econmicos, polticos y militares, nacionales e internacionales.

Los crmenes son entonces del orden de Lesa Humanidad; comprenden violaciones sistemticas de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad fsica y adems violacin a los derechos econmicos, sociales y culturales. Las violaciones son tan numerosas y engloban a tantas personas que no se puede exonerar la responsabilidad del Estado de Colombia que segn las leyes nacionales e internacionales tiene la obligacin absoluta de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

2. En consecuencia, el Tribunal Internacional contra la Impunidad declara que:
La responsabilidad del Estado colombiano est fundada en el desconocimiento grave e injustificado de su deber de garantizar los derechos fundamentales, dado que es obligacin del Estado proteger a sus ciudadanos, el no cumplir esta obligacin lo convierte en responsable del mas grave crimen que ha costado la vida de muchas personas y ha incrementado la pena y miseria de miles y miles de otras mas.

Igualmente, el Estado Colombiano es culpable de forma directa, por sus polticas socio-econmicas, militares y del accionar de su fuerza pblica y sus organismos de seguridad y de hacer uso excesivo de la fuerza. Esto se concreta en ocurrencia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado incluso intraurbano, torturas, abusos sexuales, intimidacin, privacin arbitraria de la libertad, limitacin de la libertad de movilizacin, de asociacin y de libre expresin, y de no atender las necesidades bsicas de la poblacin para gozar de una vida digna.

La complicidad del Estado en Crmenes de lesa Humanidad y violaciones graves a los derechos humanos fundamentales, representa, tanto las acciones directas de agentes estatales como la existencia de los grupos paramilitares, quienes son apoyados y legitimados por las autoridades y organismos de control. El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actan efectivamente como agentes activos y pasivos de la poltica del Estado y es culpable de la flagrante situacin de impunidad.

Fuera de la falta de proteccin a sus ciudadanos ms vulnerables y de la comisin de crmenes de Lesa Humanidad, el Estado falta a su obligacin de sancionar y corregir las situaciones y asegurar que los crmenes no se repitan. Es asombroso hasta el extremo el rgimen de total impunidad en lo que respecta a la situacin de violaciones de los derechos humanos y el infierno de terror que experimentan las comunidades de Ciudad Bolvar y Cazuc. Las victimas y sus voceros mayoritariamente no son escuchados; sus denuncias no son tomadas en cuenta y las investigaciones no se hacen o no dan resultados. Los autores no son procesados y mucho menos sancionados. Las victimas y sus familiares son sobornados, intimidados o silenciados, los crmenes son ocultados o justificados como si fueran producto de la delincuencia comn o como si fuera efecto del conflicto armado.

La impunidad es un grave crimen en si mismo. No se trata slo de una actitud pasiva frente a los crmenes de Lesa Humanidad. Es una institucionalizacin activa de la injusticia. La impunidad es justificada falsamente como un mal necesario para lograr la "pacificacin" pero la paz no es posible sin la justicia y la justicia no es posible sin la verdad. Al contrario se promueve un Estado de impunidad denegando los derechos de las victimas a la verdad, a la justicia, a la reparacin integral y la garanta de no repeticin.

3. El jurado toma en cuenta el contexto sociopoltico de Colombia incluyendo la existencia del conflicto armado interno. El Tribunal no ignora la existencia de insurgencia en el pas, a pesar de que no se comprob la participacin de la misma en los abusos de Ciudad Bolvar y Cazuc.

El gobierno considera que la insurgencia es la causa del fenmeno paramilitar, sin embargo, existen documentos que demuestran que la estrategia paramilitar fue adoptada antes de que existieran las guerrillas actuales. Por otra parte el argumento de la lucha contrainsurgente no tiene aplicacin en la comisin de abusos cometidos en las localidades de Ciudad Bolvar y Cazuc.

Sin justificar la prolongacin de la lucha armada, el Tribunal afirma que el conflicto armado es, en s mismo un sntoma de la estructura social y econmica caracterizada por la injusticia social. La existencia de grupos insurgentes ha correspondido en general a la pobreza generalizada, la falta de oportunidades y la desigualdad social; as como a la imposicin de un modelo econmico a favor de los intereses de empresas transnacionales y la inversin extranjera que beneficia a la clase ms poderosa. Es este el origen principal de las violaciones a los derechos fundamentales y de los crmenes hacia las comunidades.

4. Este Tribunal encuentra culpable no slo al Estado colombiano sino tambin a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales, quienes son cmplices por apoyar y financiar las polticas y practicas del Estado colombiano de guerra sucia.

Los Estados Unidos son culpables dado su apoyo poltico y financiero por va del Plan Colombia y del actual Plan Patriota, el cual bajo el pretexto de combatir el narcotrfico, impuso un modelo de explotacin econmico y social que ha generado el desplazamiento masivo de la poblacin rural de varias regiones del pas, muchos de los cuales son habitantes de Ciudad Bolvar y Cazuc.

Los Estados Unidos son culpables por financiar y asesorar a las fuerzas Militares de Colombia quienes son autores materiales de muchos de los crmenes que aqu se han denunciado, ms grave an, es que los Estados Unidos aprovechan econmicamente esta situacin para lograr contratos en diversas reas.
Los Estados Unidos son culpables de haber impedido una solucin negociada al conflicto armado, al imponer a los grupos insurgentes la categora de grupos terroristas y as descartar las soluciones no militares del conflicto.

La Unin Europea tambin es culpable de complicidad por su promocin y financiamiento de la Ley de Justicia y Paz y el sistema de reinsercin, puesto que ambos instrumentos permiten que el accionar impune de los paramilitares se perpetu continuando con el control social, militar y econmico que ejerce y seguir ejerciendo en el sector. Dejar a los autores sin sanciones reales es una clara institucionalizacin de la impunidad.

Otros pases tambin son responsables por la violacin de derechos humanos en Colombia, tal como Canad, puesto que apoya el proceso de desmovilizacin y legitima as el reino de la impunidad.

Empresas transnacionales de los Estados Unidos, Canad Blgica y Suiza, en Colombia son responsables de esta situacin, no solamente por la explotacin destructiva del medio ambiente aqu y en otras partes del mundo, sino tambin por ser cmplices del aparato paramilitar en el pas.

En esta situacin generalizada de violacin de derechos humanos se observan las secuelas de un proyecto econmico domstico impuesto violentamente, y al mismo tiempo las consecuencias de la poltica extranjera, especficamente en los resultados devastadores de la lgica neoliberal, en particular la imposicin del Plan Colombia y el Plan Patriota.

5. Por eso el Tribunal condena al Estado Colombiano, representado por el presidente, el seor lvaro Uribe Vlez por no cumplir su obligacin de proteger a los ciudadanos y no garantizar el goce de sus derechos fundamentales; por complicidad en violaciones de los derechos civiles y polticos, sociales, econmicos y culturales; por mantener un aparato de impunidad al no investigar, perseguir y castigar a los criminales; por no corregir el sistema de justicia y asegurar que los crmenes no se vuelvan a repetir, y por imponer un modelo econmico a costa de la vida digna de los pobres.

Condena a los grupos paramilitares de la zona, especficamente a los bloques Capital y Centauros y sus lderes por crmenes contra la humanidad y por imponer un estado de terror contra la poblacin civil.

Condena a los aparatos represivos del Estado de Colombia por crmenes de Lesa Humanidad y por no cumplir su deber de respetar la ley, especficamente el Ejercito, la Polica Nacional, el DAS y el ESMAD.
Condena a la Fiscala General de la Nacin por no cumplir con su obligacin de investigar denuncias y proteger a las victimas y a los testigos.
Al Ministerio del Interior por omitir su obligacin de proveer seguridad a la poblacin en situacin de desplazamiento forzado y por no proveer adecuada ayuda humanitaria.

Finalmente el Tribunal subraya tambin la responsabilidad poltica de las alcaldas de Soacha y de Bogot por no proveer a la poblacin la infraestructura necesaria para una vida digna acorde a sus derechos fundamentales.

A las empresas: Cemex de Mxico; Holcim de Suiza y Ladrillera Santa Fe por la destruccin del medio ambiente y por la complicidad en imponer un modelo econmico y colaborar con estructuras paramilitares que destruyen el tejido social y violan los derechos de los ciudadanos.
Otros pases de la comunidad internacional, condenados por su complicidad en apoyar al gobierno Colombiano en la imposicin de un modelo econmico y militar, por apoyarlo con su financiacin y por la legitimacin poltica y moral, especficamente pases europeos.

El Tribunal contra la impunidad hace directamente responsable al Estado colombiano en caso de que alguna de las personas que hicieron parte de este Tribunal sea hostigada, perseguida o vulnerada en su integridad, vida o seguridad personal.

Dado a los 25 das del mes de noviembre de 2006.

Padre Francois Houtart Blgica
Padre Javier Giraldo Colombia
Dr. Chistopher Ferguson Canad
Dra. Carmen Karagdag Filipinas
Dr. Orlando Fals Borda Colombia
Dra. Patricia Dahl Estados Unidos
Dr. Alexis Ponce Ecuador
Obispo James Decker Canad


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