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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-12-2006

La cuestin de la legitimidad del Derecho franquista

Manuel F. Trillo
Rebelin



Muri la bestia sanguinaria. Otra bestia sanguinaria ms. Antes, en 1975, muri en su cama sin juicio y rindindole honores de jefe de Estado otra bestia sanguinaria, responsable de delitos mucho ms atroces que los del chileno, y sin embargo se fue de rositas a su tumba. Ahora se pretende por el PSOE amnistiar a los criminales que le secundaron en sus horrendos crmenes. Repugna al Derecho, al Derecho internacional, a las organizaciones de Derechos humanos. No es aceptable que Alonso, Moratinos, y otros personajes del Gobierno -y sus adlteres- condenis la dictadura sanguinaria en Chile y con la otra mano redactis esa infamamte Ley de Memoria Histrica. A cada cual lo suyo, y a Franco el calificativo de bandido, pues no era otra su condicin. El estado bandido del franquismo no era un Estado de Derecho, sino un Estado criminal en su origen y mientras persisti.

El positivismo jurdico asienta que Estado y Derecho estn en perfecta consonancia, y desde este punto de vista, al margen del origen del mismo, el Derecho emanado del mismo es legtimo. De este modo se pretende legitimar el rgimen franquista. Pero tambin es cierto que as estara legitimado el rgimen nazi, el fascista italiano, el chileno pinochetista, el argentino videlista, el de Pol Pot en Camboya, etc. La cuestin radica en que todo acto violento que conlleve la toma del Poder por la fuerza, segn el planteamiento positivista, legitimara las dictaduras -pues ninguna ha accedido al Poder sin violencia.

La polmica est servida, pues no es cuestin pacfica. Depende de quines tomen el Poder por la fuerza, estaran legitimados o no. Pues en ese caso todas las revoluciones -desde la francesa de 1789, pasando por la Comuna de Pars, y la revolucin bolchevique, para llegar a 1959 en Cuba, por no mencionar Vietnam en 1975, o Rumana en 1989....- quedaran igualmente desligitimadas. Y est claro que repugna a la razn medir por el mismo rasero todo hecho violento, pues la legitimidad de la sublevacin de la poblacin contra los tiranos (Luis XVI, Luis Napolen, Batista, la dominacin USA, o la familia Ceaucescu... ) est incluso reconocido en textos tan poco revolucionarios y exaltados como los de los Santos Padres y San Agustn.

Con motivo de los festejos realizados en los 25 aos de paz el dictador explic con notable clarividencia de dnde parta la legitimidad del Estado de derecho franquista: Una nacin en pie de guerra es un referndum inapelable, un voto que no se puede comprar, una adhesin que se rubrica con la ofrenda de la propia vida. Por eso creo que jams hubo en Espaa un Estado ms legtimo, ms popular y ms representativo que el que empezamos a forjar hace casi un cuarto de siglo (no hay duda que a los belicistas y quienes ven en el uso de la fuerza un recurso tienen en las palabras del dictador todo un argumento a su favor). Algo no encaja, verdad?, pues es evidente que desde el punto de vista formal esta aseveracin es inapelable, y baste con ello ver que el sujeto fuera otro; que lo dijera Robespierre, Lenin, o Fidel Castro (por cierto todos ellos gobernantes como consecuencia de actos de fuerza contra el sistema existente).

Luego en qu callejn nos encontramos? son vlidos los mtodos violentos para acceder al Poder en todos los casos? en unos casos s y en otros no? El Estado de Derecho implantado despus de una revolucin es Estado de Derecho? No lo es si el movimiento triunfante es de derechas? La cuestin es peliaguda. Mirando los hechos histricos observamos la revolucin de 1934 y la implicacin en la misma de las fuerzas que sostenan la Constitucin republicana. Por ello, desde este punto de vista jurdico -no social, ni poltico, ni moral- la legitimidad de las leyes -en el supuesto de que la CEDA hubiera sido desalojada del Poder por la fuerza- emanadas de un Gobierno revolucionario tendra las mismas caractersticas que las de cualquier otro -por enemigo que fuera- que tuviera tal origen. Claro est que en octubre de 1934 lo que se pretenda por las organizaciones obreras era impedir que la Constitucin de 1931 fuera aniquilada de cuajo, y de hecho consiguieron parte de sus objetivos. Se discutiran las leyes y el Estado Derecho emanado de esa revolucin? Luego cul es la diferencia entre las leyes franquistas, su ilegitimidad, y las que emanan de un Estado revolucionario? Pues no puede servir que el discurso poltico de los franquistas era tranochado, reaccionario.. De ese modo saldramos del mbito del Derecho para entrar en el campo de las valoraciones, en el campo de la tica y si se me apura de la moral.

Sabemos que el Derecho no se compadece en absoluto con moral alguna, pues arreglados estaramos si dejramos que las leyes fueran interpretadas segn la moral del juzgador (buena parte del descrdito de la judicatura radica en que los jueces juzgan condicionados por su moral e ideologa particular). Reclamamos de los juzgadores que cumplan y hagan cumplir las leyes que el legislador -y he aqu la madre del cordero, la legitimidad del legislador- ha promulgado. Todos sabemos distinguir cundo el legislador es el rey (un solo Poder) y cuando est encomendado al pueblo (Poder legislativo) que se manifiesta de diferentes modos, a travs de un sistema representantivo o participativo. Esa reclamacin procede de la sociedad , y adems es uno de los pilares del Derecho en tanto que evita la arbitrariedad jurdica. Y tenemos en las propias declaraciones de los sublevados la razn de la ilegalidad, pues ya en aquellos momentos afirmaban la naturaleza totalitaria del Nuevo Estado.

Cuando uno se mueve en los presupuestos propios del historiador, la legitimidad se establece sobre la base ideolgica, y ningn historiador carece de ella, y de ese modo encontramos a energmenos como La Cierva o Salas Larrazbal o cualesquiera de los actuales idelogos del neofranquismo (C. Vidal, P. Moa...). No hay quen despreciar tales interpretaciones, siempre que se ajusten a los hechos empricos y no sean producto de la imaginacin o de la superchera, pues indican cules son los intereses de las clases enfrentadas. As, el historiador tender a relatar, explicar e interpretar los hechos pretritos, y lo har siempre desde una posicin ideolgica concreta, que queda palmariamente en evidencia en lo que habla y en lo que calla (o desconoce) del evento en cuestin. Por ello el historiador, y cuanto ms influyente en la sociedad recordemos el papel tan brillante que jug Tun de Lara desde Pau en la juventud universitaria en dcadas pasadas, o del mismsimo Josep Fontana para crculos ms reducidos- ms claro es que su ideologa se trasmitir a las generaciones presentes y venideras. Su concepcin de lo justo o de lo injusto impregna sus pginas. Pero esto, que es as, y es conveniente que sea as -pues los referentes existen, se quiera o no se quiera-, no es bice para que la legitimidad de un rgimen poltico pueda verse desde otro ngulo.

Las contradicciones existen cuando se enfrenta la Historia con el Derecho, pero eso es as solamente cuando vemos el Derecho como una excrecencia al margen de la sociedad. Pero es la Historia misma, una parte del estado social concretamente determinado. Las Leyes de la II Repblica correspondan al momento histrico concreto, a aquella formacin social y econmica, y era en ese momento la legalidad imperante. No quiero yo decir que haya que someterse a la legalidad, pues difcilmente se podran acatar las normas en la Alemania nazi o en la Espaa franquista. Difcilmente se podra justificar la oposicin con riesgo de vida y libertad de los insumisos al servicio militar durante los aos 80 y 90. Difcilmente se hubieran cambiado las leyes en la Roma del siglo IV si no es porque los plebeyos de retiran al monte y abandonan Roma. Por tanto las leyes son la expresin de la sociedad de su tiempo, y desde el punto de vista de los principios jurdicos as se ve incluso reconocido en el Cdigo Civil.

Quiero deshacer los argumentos que los defensores de la legalidad franquista pudieran oponer apelando a otras realidades legales establecidas como consecuencia de actos revolucionarios. Y hete aqu que no es lo mismo un acto violento promovido en defensa de los intereses generales, que en defensa de los intereses particulares de las castas econmicamente dominantes. (Aqu podramos jurdicamente referir la defensa represiva de los derechos de la sociedad, al igual que ocurre con los de la persona, y mencionar el estado de necesidad y la legtima defensa). Las diferencias con los procesos revolucionarios se manifiesta en la consecucin de los objetivos de la mayora de la poblacin desposeda de derechos y de bienes.

En el rgimen franquista hubo, por parte de algunos, interesados en incardinarlo en el concierto internacional, en dotarlo de una mnima expresin de legalidad, pues a fuer de que fueran fascistas no eran demasiado estpidos (caso de Fraga Iribarne), y de ah surgi la necesidad de superar la legalidad constitucional de la Repblica- que les pesaba como una losa- y por todos los medios pretendieron dotar de esa constitucionalidad al rgimen. Hablaron de la constitucin permanente, pero ni los hechos, ni los textos, ni los juristas y constitucionalistas reconocieron jams constitucionalidad alguna al rgimen franquista (desde Karl Loewenstein o el pronazi Carl Schmitt, o juristas como Toms y Valiente...).

Este dficit constitucional en el rgimen, incapaz de remediarlo durante 40 aos de terror y mando en plaza, es una de las bases que colocan las leyes franquistas fuera de la legalidad. La muestra ms palpable de esa ilegalidad es la devolucin del patrimonio sindical a la UGT y a la CNT. Quienes niegan la posibilidad de revisar las leyes franquistas estn obviando este mandato constitucional y legal que anula las decisiones tomadas en aplicacin de aquella monstruosidad jurdica que llamaron Ley de Responsabilidades Polticas en 1939 y las sucesivas de 1944 y 1948, adems de las que instauraron tribunales especiales de represin.

La legalidad republicana vena dada por las elecciones de 1931 (el legislador era democrtico), la votacin de una Constitucin en ese mismo ao, y las elecciones de febrero de 1936. La sublevacin militar no puede equipararse a un poder legtimo, equiparable al Legislador, pues si as se considerara por quienes defienden el franquismo quedaran sin argumentos ante la organizacin armada vasca ETA, pues no se puede ni se debe negar a los dems aquello que aceptamos para nosotros mismos. Esto va dirigido especialmente a esa caterva de juristas, gobernantes y jueces que en la actualidad hablan de inseguridad jurdica ante el reproche y negacin de toda legalidad de aquellas que pretendan ser leyes.

Desde mi punto de vista no se trata de anular sentencias, pues considerarlas como tales es un insulto grave y una afrenta sin lmites a las sentencias que se producen en un Estado de Derecho (aunque algunas, vlgame dios!, parecen redactadas por Eymar y sus secuaces), por lo que corresponde reponer en su derecho a los ciudadanos que les han arrebatado bienes, libertad, y la misma vida, a travs de un procedimiento absolutamente jurisdiccional, sin ambages y con condenas si fuere pertinente contra los delincuentes que asesinaron, robaron y secuestraron (pues no de otro modo debe considerarse la prisin en campos de concentracin y crceles franquistas, las matanzas, y la apropiacin de bienes ajenos). No entro en un anlisis pormenorizado de cada una de esas supuestas leyes que redactadas y publicadas en un autocreado ah docBoletn Oficial permitieron que aquellos delincuentes -a la vista del Derecho actual y del Derecho vigente en aquel momento- se apropiaran por la va de la incautacin de los bienes de las vctimas, de su libertad -convirtindolos en esclavos- y de su vida.

En el mundo del Derecho se tiene muy en cuenta la jerarqua normativa, pues es uno de los elementos esenciales de la seguridad jurdica, por tanto nunca un bando de un alcalde o de aquella partida de bandidos reunidos en Junta de Defensa Nacional puede nada contra una norma superior, y en ese momento la norma por excelencia era la Contitucin de 1931, y a mayores el Cdigo de Justicia Militar de 1890 y, a mayores an, cuanto determinaba el Gobierno de la Repblica. Tengo que decir que la organizacin armada vasca ETA al lado de estos bandidos del 18 de julio son unos aprendices.

Reproduzco aqu parte del texto del Bando de 28 de Julio de 1936 (de los bandidos, claro est), para que se aprecie que hoy en da -como entonces- si unos cuantos militares se les ocurriera tal cosa todos sabramos que seran juzgados de acuerdo al Cdigo de Justicia Militar: las circunstancias por las que atraviesa Espaa exigen a todo ciudadano espaol el cumplimiento estricto de las Leyes, y por si alguno, cegado por un sectarismo incomprensible, cometiera actos u omisiones que causaren perjuicio a los fines que persigue este movimiento redentor de nuestra Patria, esta Junta de Defensa Nacional, celosa en cuanto constituyen sus deberes en momentos tan solemnes, ha decidido ratificar la declaracin del Estado de Guerra, y, en consecuencia, en cumplimiento de los dispuesto en este Decreto de esta fecha (...) el Estado de Guerra declarado ya en determinadas provincias, se hace extensivo a todo el territorio nacional (...) todos los insultos y agresiones a todo militar, funcionario pblico o individuo perteneciente a las milicias que han tomado las armas (...) sern perseguidos en juicio sumarsimo (...).

El texto de los bandidos del 18 de Julio es suficientemente expresivo y si bien merecera algunas aclaraciones, no es el momento ni hay espacio suficiente, por ello, y para que se vea que ellos mismos no crean una legalidad nueva en el momento de organizarse y de cometer sus delitos (sublevacin militar y asesinato, entre otros), recurren al mismo Cdigo de Justicia Militar por el que ellos mismos seran enjuiciados (y por el que en su momento Sanjurjo fue condenado a pena de muerte por la sublevacin de 1932, conmutada por prisin) lo aplican en lo que llaman D. de 20 de diciembre de 1936 (todas las milicias y fuerzas auxiliares movilizadas, quedan sujetas al Cdigo de Justicia Militar en todas sus partes).

Para el actual Gobierno del PSOE, que pretende una ley de punto final con ese Proyecto de Ley sobre Memoria Histrica, debieran de recordar -quienes hayan estudiado Derecho, y en todo caso se lo pueden preguntar al portavoz en el Congreso, Diego Lpez Garrido- que su actitud es absolutamente ilegal, y que en tiempos venideros, esta miserable Ley de la Memoria ser un baldn insuperable. No se puede ser valiente condenando la dictadura sanguinaria de Pinochet, y ser cobardes con el franquismo.

Hay quien habla de que las leyes no son retroactivas, hay quien seala que ya es cosa juzgada, en ambos casos esa es una falacia que queda al descubierto en cuanto miramos cmo sentencias de hace decenios han sido revisadas por el Tribunal Supremo y, adems, negamos la mayor, nunca hubo un juicio, dado que no exista Estado de Derecho -slo hubo acciones delictivas con personajes vestidos de militares y disfrazados de jueces-, la cosa no ha sido juzgada nunca (acaso un juicio de un Tejero o de un Armada o de un Milans se tomara como tal?); y por lo que respecta a la irretroactividad de las leyes hay que decir que lo es slo para el caso de las leyes sancionadoras, por lo que muy bien se les puede aplicar el Cdigo Penal actual, de este modo se vern libres de ser ejecutados en el patbulo.

El Gobierno se ha metido con este Proyecto de ley en el callejn no slo de la indignidad, sino de la ilegalidad manifiesta, pues vulnera los tratados internacionales que se han ratificado por Espaa, y desde ese mbito jurdico se le pedirn cuentas para anular tal monstruosa ley y llenarlos de vergenza ante las generaciones venideras. El jefe de los bandidos (Francisco Franco Bahamonde) en los Principios del Movimiento Nacional, en un alarde de desfachatez estableci para quienes no lo supieran que asuma todos los poderes y que respondera ante Dios y ante la Historia.

Ante Dios, como si se columpia, pues nunca fui aficionado a temas escatolgicos, pero le toca ahora responder ante la Historia, y este es el momento histrico, por el cual propongo que se aplique el Decreto de Julio de 1936 en que pierde grado y empleo junto a otros militares, adems de cuantas disposiciones fueron tomadas por el Gobierno de la Repblica. All su dios se lo demande, aqu responder de sus crmenes.



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