Portada :: Espaa :: Inmigracin
(defendiendo el libre mercado)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-12-2006

Agujeros negros en el 'Estado de derecho'
Miles de inmigrantes se hacinan en los Centros de Internamiento para Extranjeros

Decio Machado
Diagonal


Desde 1985, miles de extranjeros han pasado hasta 40 das internados en estos cuestionados centros. Aunque actualmente hay diez permanentes, las autoridades han abierto un nmero indeterminado de centros temporales.

El pasado 1 de diciembre mora un inmigrante de 20 aos en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Hoya Fra, en Tenerife. La Delegacin del Gobierno en Canarias inform de que el fallecido, identificado como B.S., natural de Gambia, haba llegado el da anterior junto a un centenar de inmigrantes, a bordo de un cayuco a la isla de El Hierro, desde donde fue trasladado a Tenerife. Segn fuentes oficiales, cuando la ambulancia lleg al CIE, el inmigrante ya haba fallecido, probablemente debido a una lcera de estmago, segn indic el servicio mdico del centro. Sin embargo, la vctima no haba recibido atencin mdica el da anterior. Ante este nuevo hecho luctuoso en torno al funcionamiento de los CIE, las autoridades indicaron que procederan a realizar la autopsia del cadver.

Un espacio opaco

Los CIE son establecimientos de carcter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, a travs de la Direccin General de la Polica, en los que se lleva a cabo durante un mximo de 40 das la retencin cautelar y preventiva de extranjeros sometidos a expedientes de expulsin o de devolucin. Desde la promulgacin de la primera Ley de Extranjera en 1985, miles de extranjeros han sido internados en estos cuestionados centros. En 2003 los datos del Gobierno sitan en 19.595 las personas que fueron internadas en los diez CIE oficiales existentes en el Estado, que slo tenan capacidad para 2.105 extranjeros. En 2004, ltimo ao con estadsticas oficiales, esa cifra se elev a 24.490.

El continuo incremento, como consecuencia de la poltica de inmigracin gubernamental, del nmero de personas internadas, ha ido agravando las ya muy deficientes condiciones de los CIE. Al respecto, aunque el conjunto de centros de internamiento acumula, casi desde su creacin, una larga lista de denuncias e irregularidades, hay algunos de ellos que han descollado por los abusos cometidos.

En 1989 el Defensor del Pueblo denunci la gran discrecionalidad en la imposicin de sanciones en el CIE de La Verneda (Barcelona). En su informe seal que muchos extranjeros permanecan encerrados en celdas individuales 24 horas al da y en la oscuridad, y aada que incluso hacan sus necesidades en ellas. Tras una huelga de hambre de cerca de 60 retenidos, el Sndic de Greuges -el Defensor del Pueblo en Catalua- solicit en 2004 la clausura de este centro. Los huelguistas, que fueron rpidamente deportados, fueron golpeados en varias ocasiones por policas antidisturbios que entraron a reprimir la protesta, segn denunci un trabajador del propio centro. La demanda del Sndic fue apoyada por diversas organizaciones sociales, y por el propio Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalua. Otro CIE objeto de numerosas denuncias ha sido el de Moratalaz, en Madrid. En sus decrpitas instalaciones en 1991 se produjeron huelgas de hambre y mltiples denuncias por malos tratos. En febrero de 1995, diputados regionales de IU, PSOE y PP de la Comisin de Derechos Humanos de la Asamblea de Madrid calificaron de psimas las condiciones de este recinto, en el que los internos pasaban una media de 17 das en un stano sin luz natural. Su terica capacidad para 60 personas fue ampliamente superada en sucesivas ocasiones hasta su clausura en 2005. Pero la perla de la corona de este tipo de instalaciones es el CIE de Capuchinos, en Mlaga. Entr en funcionamiento en 1990, con capacidad para 80 personas, y ya en 1992 el Fiscal General del Estado denunci las malas condiciones de sus instalaciones. El pasado verano, el escndalo de los abusos contra internas oblig a los medios de comunicacin a destapar una larga lista de irregularidades acumuladas durante toda su historia y denunciadas por diversas organizaciones sociales en multitud de ocasiones: comidas en mal estado, hacinamiento, falta de asistencia sanitaria, medicacin suministrada por los policas ante la ausencia de personal sanitario, falta de intrpretes, gravsimos problemas de higiene y estado ruinoso de las instalaciones. Desde su apertura se han producido dos supuestos suicidios, cinco incendios (tres de ellos documentados) y, pese a su corta existencia, ha tenido que cerrar en dos ocasiones para la realizacin de reformas de acondicionamiento sin que las denuncias por las malas condiciones disminuyeran. Ya en 1994, 46 internos protagonizaban la primera de las huelgas de hambre, para denunciar las condiciones del centro. En 1995 una brasilea internada realizaba la primera de las numerosas denuncias por abusos sexuales. Ese mismo ao, desde el Hotel Capuchinos, como gustan en llamarlo algunos funcionarios, partieron 103 inmigrantes sedados previamente con haloperidol, y trasportados en cinco aviones militares hacia Mal, Senegal, Camern y Guinea Conakry. Aznar, que haba transgredido as todo tipo de normas internacionales, afirm: Tenamos un problema y lo hemos resuelto.

El pasado junio, la Comisara Provincial de Mlaga no pudo esconder por ms tiempo el descubrimiento de hechos que ellos mismos definieron como de considerable gravedad, consistentes en fiestas nocturnas en la que participaban internas y que podran haber llegado a mantener relaciones sexuales con los funcionarios. Seis mujeres internadas manifestaron haber sido vctimas de abusos sexuales. Siete funcionarios del Cuerpo Nacional de Polica fueron detenidos, y seis de ellos pasaron a disposicin judicial (tres acusados de agresin sexual y otros tres de omisin del deber de perseguir el delito). Segn un auto judicial, las inmigrantes que no acudan a los encuentros eran insultadas y amenazadas. Iban a beber, cenar y follar, relat una de las vctimas. El jefe de seguridad del CIE fue cesado, as como el director del centro, Luis Enrique Lpez Moreno, que permanece en libertad con cargos.

Dos meses despus se produca un nuevo incidente: una inmigrante testigo de esos abusos sexuales sufri un aborto en el interior del CIE. La mujer, de origen brasileo, no fue atendida hasta ms de una hora despus de que los agentes fueran avisados por otras internas, segn relat la nica inmigrante que presenci los hechos y que no fue deportada aquella misma madrugada. Por su parte, la vctima del aborto ya no podr estar presente cuando se celebre el juicio por los abusos ya que fue deportada con posterioridad, al igual que el resto de las mujeres testigos de las agresiones sexuales. Su abogado acusa a los agentes de cometer un delito de omisin del deber de socorro.

A finales del pasado noviembre, colectivos malagueos contactados por mvil desde el interior del CIE denunciaban una nueva huelga de hambre, protagonizada por unos cincuenta inmigrantes.

Desesperacin y fugas


La desesperacin de los internos y las duras condiciones a las que estn sometidos han hecho que los intentos de fugas, en su mayora sin xito, se conviertan en algo habitual. Destaca entre ellos, por su temeridad y osada, el protagonizado por cinco rumanos y un serbio en el CIE de Sangonera la Verde (Murcia), en marzo del ao pasado. Los fugados arrancaron el marco y serraron los barrotes de una de las ventanas de las habitaciones para poder acceder al exterior por el angosto agujero producido delante de las mismas narices de sus vigilantes. El ltimo incidente de estas caractersticas se produjo el pasado mes de noviembre, cuando un centenar de inmigrantes interceptados en las costas almerienses protagonizaron un motn en el puerto de Almera, despus de que varios agentes de la Polica Nacional frustrasen un intento de fuga de un improvisado y clandestino centro de internamiento ubicado en las instalaciones de un antiguo cocedero de marisco del puerto. Tras el motn, estos inmigrantes fueron trasladados a CIE oficiales de otras provincias.

Durante el mes de septiembre lleg a haber ms de 14.000 inmigrantes en CIE de Canarias: cerca de 4.000 en La Gomera, unos 1.500 en El Hierro, 1.800 en la Comisara de Tenerife Sur, 3.000 en Las Races, 1.400 en Hoya Fra y unos 1.600 en El Matorral. Ante las innumerables denuncias sobre sus condiciones de reclusin, el Fiscal General del Estado, Conde Pumpido, se vio obligado a ordenar que se realizasen visitas de inspeccin en todos los centros de Canarias con el fin de evaluar las condiciones de vida y velar por los derechos de los inmigrantes. Un mes antes Amnista Internacional haba hecho pblico un informe en el que indicaba que los derechos de los inmigrantes llegados a Canarias estaban siendo vulnerados. Con anterioridad, en abril, un grupo de congresistas europeos ya haba advertido de que la situacin de los inmigrantes en las islas requera un mayor compromiso gubernamental.

En septiembre, el diario La Provincia informaba de un motn en el CIE El Matorral de Fuerteventura. Varios inmigrantes resultaron heridos a consecuencia de la intervencin policial. All tambin, un mes ms tarde, los internados protagonizaron un nuevo motn, segn fuentes policiales, para no ser identificados por policas senegaleses y as evitar la deportacin. Segn informaron diversos medios locales, fue necesaria la intervencin de agentes destinados en el municipio de Puerto del Rosario para ayudar a los del CIE en el control de la situacin. Tambin en septiembre, unos 150 inmigrantes se evadieron del campamento militar de Las Races (Tenerife). La Polica logr detener a algunos de ellos registrando los contenedores de basura en la ciudad vecina de Tacoronte. Estas fugas se han repetido en Las Races y en el centro de La Isleta.

Las deficiencias sanitarias, la mala alimentacin, la falta de traductores, la vulneracin de derechos del detenido, el hacinamiento y la incomunicacin han formado parte de las denuncias sobre la situacin de los CIE en Canarias, segn indican organizaciones como SOS RacismoComisin Espaola de Ayuda al Refugiado, Amnista Internacional, Mdicos sin Fronteras, ATIME o Cruz Roja.

Un pilar de las deportaciones


Los CIE, junto con otros campos de detencin e internamiento de extranjeros en los aeropuertos, puertos y ciudades europeas y los construidos con fondos europeos en pases africanos, como Libia y Mauritania, son uno de los pilares de la poltica de repatriacin de la Europa-fortaleza. Es por ello por lo que que los gobiernos dedican cada vez mayores recursos a estos centros.

En el Estado espaol, un buen ejemplo de ello es la enorme inversin que ha significando el nuevo CIE de Zona Franca (Barcelona), inaugurado en agosto pasado, en sustitucin de La Verneda, y que ampla, respecto ste, el nmero de plazas. Las reiteradas denuncias contra el CIE de La Verneda han permitido que la apertura del nuevo centro sea presentada por la Administracin como una mejora en las condiciones de internamiento de los inmigrantes. Cuando estaba a punto de terminar su construccin, un grupo de activistas de la Caravana Europea por la libertad de Movimiento realiz en esas instalaciones una accin de denuncia el pasado mes de junio, que se sald con la detencin de 59 personas [Ver Diagonal n 34].

Otro ejemplo es el nuevo CIE de Madrid, ubicado en los terrenos de la antigua y tristemente famosa crcel de Carabanchel. All fue inaugurado en junio del ao pasado un complejo policial que alberga la Brigada Provincial de Extranjera y Documentacin; el CIE de Madrid con 210 plazas (que sustituye al clausurado de Moratalaz); la Comisara del distrito de Latina, y la oficina del DNI de esa zona. Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, indicaba en su inauguracin que un Estado moderno no puede ignorar el derecho a la dignidad de ningn ciudadano. Sin embargo, y a pesar de la opacidad sobre lo que ocurre dentro, el CIE de Madrid ya ha dado de qu hablar: en sus primeros 17 meses de vida, se han producido cuatro fugas en las que 17 personas consiguieron huir. Segn los sindicatos policiales y CC OO, el personal destinado en estas dependencias es claramente insuficiente.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CRITICAN SU EXISTENCIA

Segn la Caravana Europea por la Libertad de Movimiento, red de personas y organizaciones sociales que ms se ha significado en la denuncia de estos centros: Los CIE son crceles encubiertas en las que se detiene a personas cuyo nico delito es haber inmigrado y no tener todava un permiso de residencia. Su detencin de hasta 40 das es el resultado de una falta administrativa que al resto de ciudadanos nos costara, como mucho, una simple multa. Para muchos juristas, privar de libertad y expoliar a una persona nicamente por ser un indocumentado quiebra el fundamental principio inocente-culpable. Estas mismas leyes generan excluidos, como les pasa a aquellos inmigrantes que tras ser internados no pueden ser expulsados. stos se convierten en alegales, ya que por voluntad del legislador quedan excluidos del mbito de actuacin ordinaria de la Administracin. Segn denuncia la Federacin Estatal de Asociaciones de Inmigrantes (FERINE): La mayora de los inmigrantes que salen de los CIE lo hacen con rdenes de expulsin, las cuales en su mayora no se ejecutan, pero que dejan a estos inmigrantes en una situacin de indefensin, sin posibilidad de acceder a un permiso de residencia y trabajo, abocados a la clandestinidad, a la economa sumergida y con dificultades para acceder a una vivienda.

El rgimen interno

La diferencia entre CIE y centros penitenciarios consiste en que los ltimos cuentan con una normativa reguladora precisa y detallada por una Ley Orgnica y un Reglamento, que determinan su rgimen interior. La creacin de los CIE fue realizada mediante una simple Orden Ministerial de 1985, orden que no requiri ni acuerdo del Consejo de Ministros ni su publicacin en el BOE. Pero su rgimen interno no fue definido hasta 14 aos ms tarde, mediante una nueva Orden Ministerial dictada en 1999, que regula materias que afectan a los derechos fundamentales. La ausencia de normativa de algo tan elemental como las infracciones y sanciones de los internos ha propiciado una absoluta discrecionalidad, pues habilita al director del centro para imponer medidas correctivas a los internos que no respeten las normas, sin haberse especificado previamente cules son stas. Aunque en 2003, tras una sentencia del Tribunal Supremo, fueron elevados de rango los aspectos ms relevantes de los CIE, incluyndolos en la Ley Orgnica de Extranjera, sigue siendo la Orden Ministerial la que regula todo lo concerniente al funcionamiento y rgimen interior. Dicho rgimen prev el empleo de la fuerza fsica con el fin de restaurar la normalidad y, salvo que se trate de una infraccin penal, no existe obligacin de notificarlo al juez.

Inseguridad jurdica

En noviembre del ao pasado, a travs del informe La Asistencia Jurdica a los extranjeros en Espaa, el Defensor del Pueblo denunciaba irregularidades en la asistencia jurdica a los inmigrantes y criticaba que las persona sometidas a procedimientos de extranjera sean tratados como delincuentes. El informe critica que sean los juzgados de Instruccin (penales), y no los de lo Contencioso-Administrativo, los que decidan sobre el ingreso en los CIE. Dicho informe lamenta la escasa supervisin judicial en la expulsin o devolucin de inmigrantes, ya que el mismo juez de instruccin decide sobre cientos de inmigrantes internados por todo el pas, sin conocer las circunstancias de cada uno, y tambin que la mayora de veces el abogado no puede dirigirse al juez y el fiscal no suele estar presente, por lo que hay muy pocas posibilidades de poder aportar pruebas y testimonios. Ya en septiembre de 2005, el Tribunal Supremo anul determinadas restricciones en los CIE, fundamentalmente las impuestas sobre visitas de familiares y abogados, los controles de la correspondencia y el decomiso de las pertenencias personales de los internados.

Los CIE clandestinos

A primeros de noviembre, el sindicato conservador Confederacin Espaola de Polica (CEP) denunciaba que el Gobierno estaba creando centros de internamiento clandestinos. Segn la CEP, a la isla de las Palomas en Tarifa (Cdiz) fueron trasladados centenares de inmigrantes a unas instalaciones militares en desuso y ruinosas. Algunos medios locales indicaron que el acuartelamiento est funcionando como una extensin del CIE de Algeciras. Fuentes gubernamentales se vieron obligadas a reconocer los hechos, aunque en su descargo indicaron que el antiguo cuartel se usa de manera puntual y los inmigrantes permanecen poco tiempo all. Diversas organizaciones sociales gaditanas indicaron a DIAGONAL que nadie entra o sale de las Palomas a no ser que est autorizado por el presidente de la junta rectora del Parque del Estrecho, la Comisara Provincial de Polica o la Guardia Civil, que se encarga de la vigilancia perimetral del recinto. Las autoridades han utilizado como CIE desde un antiguo cocedero de mariscos (Almera) a almacenes portuarios (Canarias).




Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter