Portada :: Argentina :: 30 aos por la verdad y la justicia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-01-2007

Muchos procesos, pocos juicios y menos condenas a genocidas
Un balance contradictorio en Derechos Humanos

Emilio Marn
La Arena


Sobre el final del ao algunas novedades implicaron ms procesamientos para ex oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que reforz la idea de que hubo avances en derechos humanos. Eso s, por ahora militares condenados no hay ninguno.

Antes que la feria judicial de enero sosiegue las actividades de los juzgados federales que anidan en avenida Comodoro Py 2002, hubo noticias frescas en la causa de la Escuela Mecnica de la Armada (Esma). Este fue uno de los casi 500 centros clandestinos de detencin, torturas y muerte que funcionaron durante la dictadura militar.

El juez Sergio Torres dict el procesamiento con prisin preventiva de 33 oficiales que actuaron en ese antro, de los cuales 8 son nuevos imputados en la megacausa. El resto, encabezado por los viejos conocidos del expediente, Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Radice, Antonio Pernas, Juan Carlos Roln, etc, ya estaba detenido. La fuerza naval haba sufrido otra baja el mes anterior, cuando el juez federal de Mar Plata orden la detencin del contraalmirante retirado Juan Carlos Malugani, ex jefe de la base naval de Mar del Plata, que tambin hizo las veces de centro clandestino.

Con esos procedimientos se engros la estadstica que meses atrs haba presentado el subsecretario de derechos humanos de la Nacin, Rodolfo Matarollo, ante un comit de la ONU. Segn ese estudio, en el pas haba abiertas mil causas contra responsables de violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura. Unos 230 represores estaban presos. La abrumadora mayora de stos, comenzando por el ex genocida Jorge R. Videla, est en sus respectivos domicilios, gozando de la exencin de prisin alegando tener ms de 70 aos de edad. Una minora est en establecimientos carcelarios por haber violado las condiciones de arresto domiciliario, entre ellos el ex general Carlos G. Surez Mason, que muri estando alojado en Marcos Paz.

Completando un panorama de cambios en cuanto a la Esma, el predio de la misma -que fuera destinado a museo de la Memoria en marzo de 2004- ya fue desocupado por todas las escuelas de la Armada, que en estos dos aos hicieron todo el lobby posible para no irse. Los padres de los alumnos, el obispo castrense Antonio Baseotto y el abogado Florencio Varela, defensor de varios responsables de la represin, hicieron numerosos actos en la puerta, sobre avenida Libertador, para clamar en contra del traslado.

Esa resistencia caverncola fue intil. El ltimo mes el gobierno inaugur varias secciones del Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos. Este puede visitarse en el lugar que antes fue la capital regional de la muerte, cuando la fuerza naval estaba capitaneada por el almirante Emilio E. Massera, quien deca combatir por la vida.

Mejor que en Chile

Las diligencias del juez Torres y las de su colega Daniel Rafecas en lo tocante al Primer Cuerpo de Ejrcito, ms las que llevan adelante jueces federales del resto del pas, infunden ms nimo en los familiares de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Contradictoriamente, cada una de esas medidas desata la furia de los detenidos y sus familiares, ms la de sectores caverncolas alojados en las propias Fuerzas Armadas, en actividad pero sobre todo en retiro, parte del clero, del empresariado y el mundillo poltico, etc.

Una expresin de descontento con aquellos procesamientos, que pueden anticipar futuras condenas a esos mismos personajes, fue dada por los actos de mayo y octubre ltimo realizados por ese espectro de ultraderecha en la Plaza San Martn. "Argentinos por la Memoria Completa" y "Vctimas del Terrorismo en Argentina" fueron los convocantes de superficie de esas manifestaciones que reclamaron la impunidad va una amnista completa para todos los militares procesados y los primeros condenados, caso del comisario Miguel Etchecolatz.

Frente a ese coro que clama por una "solucin poltica" al problema de los juicios -un revival de la consigna de los militares "carapintadas" en la Semana Santa de 1987-, desde el campo de la democracia se defiende lo actuado por la justicia, aunque esta defensa debera estar ms matizada, como se ver ms adelante.

Los defensores de lo actuado aqu ponen en la balanza, en contraste, lo sucedido en Chile. Cuando falleci el ex dictador Augusto Pinochet, los organismos de derechos humanos trasandinos deploraron que la muerte del tirano no hubiera estado precedida de una condena judicial y recordaron que en Chile hay slo diez militares detenidos por las atrocidades cometidas entre 1973 y 1990.

En ese sentido hay a favor de nuestro pas no slo una cuestin cuantitativa de procesados y detenidos. Fundamentalmente la diferencia a favor se cuenta en trminos polticos: aqu no es previsible que la muerte de Videla sea honrada en el Colegio Militar con una ceremonia y honores propia de un ex comandante en jefe.

Pero de all a las exageraciones suele haber slo un paso. En el mejor momento del alfonsinismo, algunos de sus partidarios llegaron a decir que su juicio a las ex Juntas Militares haba sido superior al juicio de Nuremberg. Nada que ver. En Alemania, luego de la finalizacin de la Segunda Guerra, hubo un proceso a los jerarcas nazis capturados que termin con 12 condenas a la horca, 7 condenas a prisin perpetua y 3 absoluciones. Nuremberg sera el equivalente a lo que se ha cantado en numerosas marchas de derechos humanos en Argentina: "Paredn, paredn, a todos los milicos que vendieron la Nacin". Y obviamente nada de eso ha sucedido.

Todo lo que falta

La enumeracin de lo hecho sirve tambin, visto desde otro ngulo, para saber cunto falta en derechos humanos.

Es para reflexionar que el nico ex militar condenado fue el capitn Adolfo Scilingo, que recibi 670 aos de prisin por parte de la justicia espaola que lo juzg por su participacin en los vuelos de la muerte.

Pero los tribunales nuestros no han condenado a ningn militar. Etchecolatz es un polica retirado y el "Turco Julin", tambin procede de esas filas. En ese aspecto suena vergonzoso que a treinta aos de sus crmenes, personajes como Videla, Massera y el general Luciano B. Menndez, por citar slo a tres, an no hayan ido a juicio (los dos primeros s fueron en 1985, pero luego resultaron indultados, valga la aclaracin). Cundo sern sentados ante un tribunal para que se haga justicia? Acaso el gobierno y los jueces desconocen que justicia lenta no es justicia? Salvo que estn esperando que se mueran y que la seora naturaleza les diga a esos seores que los busca la parca, y se eviten as el tener que leerles los cargos y arriesgarse a votar las condenas.

Esos casos de parlisis son emblemticos. Menndez afronta cuatrocientas causas sustanciadas en Crdoba, Tucumn, Salta, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Catamarca y dems provincias que son asiento del Tercer Cuerpo de Ejrcito. Pero nunca fue enjuiciado ni condenado. Lo ser alguna vez o saldr del paso arguyendo, como Pinochet, una demencia senil u otra excusa?

Segn los ltimos relevamientos, en la dictadura funcionaron 488 Centros Clandestinos de Detencin. Como hasta el informe Matarollo existan 230 represores detenidos, el presidente Nstor Kirchner urgi a la justicia a avanzar hacia los juicios. Lo hizo con una irona ajustada a la realidad, marcando la diferencia entre la cantidad de CCD y represores presos, al preguntarse si los detenidos no tenan vigilancia.

Once das atrs, al entregar los premios "Azucena Villaflor", el jefe del Ejecutivo volvi a reclamar la aceleracin de las causas. "No puede ser que las expedientes estn parados meses y aos en Casacin y otros lugares", se quej.

Todo el mundo sabe que en Casacin estn magistrados como Alfredo Bisordi y fiscales como Juan M. Romero Victorica, que han cajoneado aos las causas por derechos humanos. Kirchner lo sabe muy bien. Por qu no toma medidas para cambiar sus integrantes como hizo al comenzar su gobierno con la mismsima Corte Suprema de Justicia de la Nacin?

Es de esperar que en 2007 llegue por fin el da de los juicios y las condenas ejemplares por genocidio. Y que, como parte del mismo problema, aparezca con vida el testigo Julio Lpez, hoy secuestrado por el bando genocida, en el que se quiso escarmentar y aterrorizar a todos los testigos de estos juicios.



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