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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-01-2007

Exige al Gobierno la derogacin del principal apoyo de la impunidad al resolver sobre el asesinato de un maestro comunista en 1973
La Corte Interamericana de Derechos Humanos repudia la ley de amnista de Pinochet

Hernn Soto
Punto Final



La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone la reapertura del proceso por el asesinato en Chile del profesor Luis Almonacid Arellano marcar la actual etapa de lucha contra la impunidad y las secuelas de la dictadura en materia de derechos humanos.

La reapertura del proceso, cerrado mediante sobreseimiento definitivo por aplicacin del Decreto Ley 2.191, no es el nico efecto. La sentencia obliga tambin al Estado a hacer lo necesario para que la amnista no siga representando un obstculo para la investigacin, juzgamiento y sancin de casos similares. Establece la obligacin de ajustar la ley interna al derecho internacional, lo que significa la anulacin de las normas que establecen la impunidad.

Para muchos, fue sorpresivo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, sostuvo que la sentencia no era vinculante, lo que constituye un grueso error. La presidenta de la Repblica, Michelle Bachelet, manifest la voluntad del gobierno de acatar la resolucin de la Corte Interamericana y estudiar los cambios legislativos para que no se apliquen la amnista ni otros sistemas de impunidad.

El proceso por el asesinato del profesor Luis Almonacid comenz en democracia. En 1996, el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua someti a proceso a los carabineros Hernn Neveu Corts como autor de homicidio, y a Manuel Segundo Castro, como cmplice. La justicia militar reclam competencia, que fue asignada por la Corte Suprema al Segundo Juzgado Militar de Santiago en enero de 1997. Siete meses despus, ese tribunal sobresey definitivamente el proceso, sin mayor investigacin, por aplicacin del Decreto Ley 2.191. La Corte Marcial confirm esa resolucin y el 11 de noviembre de 1998, la Corte Suprema declar inadmisible un recurso de casacin. Despus, no haba nada ms que hacer en Chile. Entonces Elvira Gmez, viuda del profesor asesinado, recurri a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos que, luego de estudiar el caso, lo remiti a la Corte Interamericana.

HISTORIA ANTIGUA

El Decreto Ley 2.191 se dict en 1978. Fue una maniobra de la junta militar y de Pinochet para asegurar la impunidad de quienes haban actuado en el perodo 11 de septiembre de 1973-10 de marzo de 1978, el ms duro de la represin. Aseguraban -tambin- su propia impunidad y la de los altos mandos. Al mismo tiempo, era una seal. Pinochet sufra la presin norteamericana por el asesinato de Orlando Letelier, enfrentaba la resistencia del general Gustavo Leigh, y se aprestaba a imponer el modelo que le proponan los Chicago Boys. Organiz entonces el primer gabinete encabezado por un civil. El abogado Sergio Fernndez, como ministro del Interior, encarg la redaccin del Decreto Ley a Mnica Madariaga, prima de Pinochet.

Fue un golpe de audacia. Un autoperdn para los criminales que se compensaba con una amnista para los condenados por tribunales en tiempo de guerra. Finalizado el exterminio inicial, los opositores beneficiados pasaban a ser casi inofensivos y, seguramente, marcharan al exilio, como casi siempre ocurri.

La amnista ha durado permitiendo la impunidad. Benefici por ejemplo a los carabineros que mataron a los campesinos de Lonqun, e incluso al Comando Conjunto y al alto mando de la Fach, que encabezaba Leigh. Sigui usndose hasta 1998. Entonces, virtualmente, se dej de aplicar, tal vez por impresentable. Pero sirvi para otras cosas, por ejemplo para crear la figura de la amnista impropia, una impunidad encubierta imaginada por la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski. Y se ha explorado la posibilidad de utilizarla para casos de detenidos desaparecidos. Desafiando la doctrina y la jurisprudencia que califica al secuestro como un delito permanente, se ha pensado en acreditar de manera indirecta el homicidio, para recalificar el delito -de secuestro a homicidio- y aplicar as la amnista.
Se convirti incluso en pieza fundamental de los consensos negociados con los militares. En 1991, el entonces presidente de RN, Andrs Allamand, declar: Defendemos en todas sus partes -y nos parece un elemento clave en la estabilidad poltica y la transicin-, mantener la ley de amnista de 1978. Y el presidente del Senado, Gabriel Valds, figura patriarcal de la DC, imagin el mismo ao la posibilidad de una amnista general que sirviera de complemento a la primera amnista de 1978.

CAMINO COMPLEJO

La derecha, los militares y algunos personeros de la Concertacin no quieren anular la amnista. Disfrazan su decisin con el escepticismo. Derogarla no tendra mayores efectos prcticos. Dan razones jurdicas y de otro tipo. Y se aprestan a dar una batalla jurdica.

Sus razones, legalistas y tradicionales (cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, prescripcin, etc.) son ms efectistas que reales. Ignoran dos hechos centrales: los delitos de lesa humanidad son de tal gravedad que han determinado el establecimiento de un estatuto especial destinado a eliminar toda posibilidad de impunidad. El hecho capital es que la amnista de Pinochet es absolutamente nula. Por haberla establecido una dictadura y por tener caractersticas que la convierten en un instrumento de autoperdn en favor de los que la dictaron. Ni siquiera frente a esa situacin vale la institucin de la cosa juzgada. En este caso se trata de una cosa juzgada fraudulenta, falsa, destinada a burlar la justicia.

La anulacin de la amnista no resuelve todos los problemas, pero tiene gran importancia poltica y simblica. El Estado elimina un instrumento clave de la impunidad y abre paso a la justicia. No importa que ahora se aplique poco, porque siempre es posible que cambie la jurisprudencia, siempre es posible un vuelco de la Corte Suprema y un juez puede decidir aplicarla libremente.

Sin embargo, hay que considerar otros elementos. La prescripcin parece ser el camino hacia la impunidad y sera necesario cerrarlo. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en la doctrina universal, y Chile no puede ser la excepcin.

Se buscan soluciones. Una es un proyecto complementario a la anulacin, presentado por los diputados Juan Bustos (acadmico de derecho penal) y Antonio Leal. Interpreta no la amnista, sino el artculo 93 del Cdigo Penal. Establece que el Estado debe cumplir con sus compromisos internacionales y castigar los crmenes de guerra y lesa humanidad, que son imprescriptibles, no susceptibles de amnista ni de la alegacin de obediencia debida. Al ser una ley interpretativa, debe entenderse que esa interpretacin se ha incorporado a la ley interpretada desde su promulgacin.

Otra posibilidad complementaria plantea el abogado Alfonso Insunza, quien propone la creacin de un recurso especial de revisin que permita la reapertura de casos cerrados por aplicacin de la amnista. Ese recurso especial debera ser conocido y fallado por la Corte Suprema.

Se trata de problemas tcnicos reales. No deben, sin embargo, oscurecer lo sustancial. La amnista es ilegtima y nula en sentido estricto. Debe dejarse sin efecto y abrirse, finalmente, todos los procesos que corresponda por los asesinatos y torturas cometidos entre 1973 y 1978. Es una obligacin moral y jurdica.

DECISION Y APOYO

La anulacin de la amnista y las medidas que la complementan constituye un tema que va ms all del gobierno. Interesa a todos. El incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene justificacin tica ni base jurdica. Tendra, adems, consecuencias negativas de todo tipo, en trminos de credibilidad para Chile. La presidenta de la Repblica tiene, segn lo ha expresado, la firme decisin de derogar la amnista. Debe asegurar, primero, la estricta cohesin de la Concertacin y al mismo tiempo, prever que tendr la oposicin de la derecha y el rechazo ms o menos encubierto de sectores militares.

Como el tema es complejo, posiblemente se producirn situaciones que confundirn las perspectivas y oscurecern lo fundamental: la posibilidad real de abrir paso a la verdad y la justicia.

Nadie, todava, se opone abiertamente. Para la Concertacin sera cumplir una promesa que hizo durante la campaa presidencial de Patricio Aylwin, hace diecisiete aos. Para la Izquierda, sera un logro importante, que merece esfuerzos para sumar y avanzar

Quin fue Almonacid

Luis Alfredo Almonacid Arellano, 42 aos, era un profesor normalista perteneciente a una familia evanglica. Adhera al Partido Comunista. Estudi en la Escuela Normal de Victoria, donde se distingui como alumno. En los aos 60 se radic en Rancagua. Al momento del golpe era secretario provincial de la CUT y dirigente del magisterio. Fue candidato a regidor y estaba casado con Elvira Gmez. Tenan tres hijos.

En Rancagua el jefe militar, en 1973, era el coronel Cristin Ackernet, conocido por sus tendencias fascistoides. Durante su gestin los regimientos se llenaron de prisioneros y en la represin los carabineros jugaron un papel principal. El 16 de septiembre, varios carabineros fueron hasta el domicilio de Luis Almonacid para detenerlo. En el corto trayecto de su casa al furgn policial fue ametrallado, en presencia de su familia. Herido de gravedad fue llevado al hospital. Muri al da siguiente a consecuencias de las heridas. Carabineros inform que Almonacid se haba resistido e intentaba fugarse. Su familia debi salir al exilio

 



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