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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-01-2007

Ponencia presentada en el Seminario "Proyecto de Declaracin Universal del 'Derecho Humano a la Paz"
Persecucin por vulneracin de derechos economicos y sociales y estatuto de refugiado

Enrique Santiago
Rebelin


La Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre del mismo ao, recoge el catalogo esencial de derechos humanos fundamentales que han de ser objeto de proteccin por la comunidad internacional, teniendo dicho tratado consideracin de ius cogens, derecho internacional imperativo de obligado cumplimiento, as como un efecto jurdico erga omnes, es decir, frente a todos.

La Declaracin Universal de DDHH establece cinco categoras diferentes de derechos humanos fundamentales, situando a todas ellas en el mismo nivel terico de proteccin y reconociendo el mismo nivel de preponderancia de las citadas categoras de derechos: polticos, civiles, econmicos, sociales y culturales. Son por tanto derechos de configuracin legal en el sistema internacional de proteccin de los derechos humanos a cuyo cumplimiento y respeto se deben todos los pases miembros del sistema de las Naciones Unidas, lo que se ha dado en llamar la sociedad internacional, que abarca en la actualidad a la practica totalidad de los pases del planeta. La pertenencia al sistema de las Naciones Unidas obliga a todos los pases a suscribir esta Declaracin Universal de Derechos Humanos, a respetar sus contenidos y a introducirla en su legislacin interna.

Los derechos econmicos y sociales aparecen definidos en la Declaracin Universal en los artculos 22 (derecho a la seguridad Social y a la satisfaccin de los derechos econmicos, sociales y culturales), 23 (Derecho al trabajo y a una remuneracin justa), 24 (derecho al descanso, al ocio y a las vacaciones laborales), 25 (derecho a un nivel de vida adecuado y a disfrutar de un estado de bienestar social), 26 (derecho a la educacin), 27 (derecho a la participacin cultural y a gozar del arte y del progreso cientfico) y 28 (derecho a disfrutar de un orden social internacional en el que se hagan efectivos los derechos proclamados en la Declaracin).

As mismo, las Naciones Unidas se dotaron del denominado Pacto Internacional de derechos Econmicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por la practica totalidad de pases del planeta y en vigor desde 1976, que desarrolla los derechos econmicos, sociales y culturales proclamados en la Declaracin Universal de DDHH de 1948, dotando a estos derechos de una configuracin legal internacional de mxima proteccin. El artculo 1 del Pacto establece el derecho de los pueblos al desarrollo econmico, social y cultural as como su derecho a disponer libremente de su riqueza y recursos naturales. El artculo 2 establece el compromiso de los estados en adoptar medidas para garantizar la plena efectividad de estos derechos y su libre ejercicio. El artculo 4 establece que los estados solo pondrn someter estos derechos a limitaciones por ley, de forma compatible con el derecho y con el nico objetivo de promover el bienestar general de las sociedades democrticas. El artculo 6 establece el derecho a trabajar como forma de ganarse dignamente la vida. El artculo 7 regula las condiciones de trabajo. El artculo 9 establece el derecho universal a la Seguridad Social y a la proteccin social de la persona. El artculo 10 establece la proteccin de la familia, la maternidad, los nios y los adolescentes contra la explotacin econmica y social. El articulo 11 estable el derecho a un nivel de vida adecuado para toda persona y su familia: derecho a la alimentacin, a la vivienda, al vestido y a mejorar las condiciones de la existencia humana. Formula incluso, como derecho fundamental, la proteccin frente al hambre, asegurando la distribucin equitativa de los alimentos. El artculo 12 establece el derecho a un nivel alto de salud para todas las personas. El artculo 13 establece el derecho fundamental a la educacin. Y finalmente, el artculo 23 establece la obligatoriedad de medidas de orden internacional para asegurar el respeto a los derechos contemplados en el Pacto.

Sin embargo, en la prctica, el nivel de proteccin de los derechos econmicos, sociales y culturales es sustancialmente inferior al de los derechos civiles y polticos. Y ello por dos motivos esencialmente:

1.- En el sistema del derecho internacional convencional, nicamente la vulneracin de derechos civiles y/o polticos puede llevar aparejados mecanismos coercitivos o de reaccin represiva penal, como pueda ser el caso de la comisin de delitos internacionales recogidos en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Estos delitos internacionales hacen referencia bsicamente a vulneraciones de derechos civiles y polticos: crmenes de lesa humanidad, crmenes de guerra, crmenes de agresin, genocidioIgualmente y siguiendo en el plano estricto del delito internacional- la vulneracin de determinados derechos civiles y polticos pueden dar lugar a la aplicacin de otras convenciones internacionales que a pesar de no contar con mecanismos coercitivos propios, pueden ser cumplidas por los estados nacionales mediante la aplicacin de los principios de jurisdiccin universal en materia penal vigentes en el derecho interno de algunos pases democrticos: nos referimos fundamentalmente a vulneraciones de la Convencin para la Prevencin y Sancin del Delito de Genocidio (1948) y de la Convencin contra la torturan y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984).

2.- El segundo de los motivos que provocan en la practica desproteccin frente a las vulneraciones de los derechos econmicos, sociales o culturales es la ausencia de mecanismos legales de exigibilidad de los contenidos de estos derechos tanto en el derecho internacional- mas all de las declaraciones de determinados grupos de trabajo de Naciones Unidas, sin ningn mecanismo coercitivo aparejado- como en las constituciones polticas de los denominados Estados de Derecho. La practica habitual en estos sistemas polticos nos estamos refiriendo a los conocidos coloquialmente como democracias occidentales- es la configuracin constitucional de estos derechos como meramente subjetivos, no existiendo mecanismos legales de exigibilidad de los anteriores ante los tribunales nacionales o internacionales, derechos a los que habitualmente les estn vetados los mecanismos de proteccin constitucional preferente y sumaria, va recurso de amparo o mecanismos similares en los distintos ordenamientos nacionales, frente a la configuracin de los derechos civiles y polticos, cuyo cumplimiento y respeto por el estado o los particulares si es exigible, por aquel que se ha visto privado de ellos, al estado del pas donde se produzca la vulneracin, habitualmente mediante exigencia ante los tribunales de justicia y cuya vulneracin deja expedita en muchos casos la va para accionar de forma urgente a travs de recursos de amparo constitucional o mecanismos procesales sumarios similares.

La proteccin a refugiados est establecida en el derecho internacional en la Convencin sobre el estatuto de los refugiados hecha en Ginebra en 1951 (la Convencin de Ginebra) as como en el Protocolo Adicional a la Convencin hecho en Nueva York en 1967. La citada Convencin de Ginebra define al refugiado en su articulo 1 como aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religin, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones polticas, se encuentre fuera del pas de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la proteccin de tal pas.

Una primera valoracin de la Convencin de Ginebra siempre a juicio de esta parte- pone de manifiesto su carcter euro cntrico. Estos es, a pesar de tratarse de una norma establecida por el Legislador Internacional y con vocacin de brindar proteccin a los refugiados provocados por la II Guerra Mundial, su primera redaccin solo otorga el estatuto de refugiado y por tanto la proteccin inherente al mismo, a las personas que sufrieran dicha situacin como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa, olvidando que la II Guerra Mundial fue padecida por la humanidad no solo en el continente europeo, sino que dicho conflicto ocasion millones de refugiados y desplazados, adems de en Europa, en Extremo Oriente, en frica, en el Pacifico, en el sur de Asia, etc. De esta forma, el Legislador Internacional olvid a los refugiados no europeos, omitiendo otorgarles proteccin alguna, hasta 1967, fecha de aprobacin del Protocolo Adicional de la Convencin de Ginebra hecho en Nueva York. Este Protocolo modific el articulo 1 de la Convencin de Ginebra al establecer en su articulo 1.3 que El presente protocolo ser aplicado por los Estados Partes en el mismo sin ninguna limitacin geogrfica ().

La definicin de refugiado contenida en la Convencin, basada en un claro elemento subjetivo como es el fundado temor de persecucin, sin duda resulta adecuada toda vez que la acreditacin efectiva de la persecucin no puede ser elemento exigible para acceder al estatuto de refugiado u otro estatuto de proteccin internacional. Y ello porque la persecucin, en la mayora de los casos, es prcticamente imposible de acreditar desde un tercer pas seguro- de forma efectiva e individualizada. Si tal fuera la exigencia probatoria para acceder al estatuto de proteccin, en la practica seria imprescindible para obtener el reconocimiento como refugiado bien que la persona ya hubiera sido victima de la persecucin ello significa victima de la tortura, de la represin, de privacin de libertad o incluso haber resultado muerta a consecuencia de dicha persecucin- con lo cual el estatuto de proteccin contenido en la Convencin de Ginebra perdera su razn de ser preventiva. Otro problema en este contexto seria la acreditacin efectiva de la persecucin. Cmo ha de hacer la victima de una persecucin para acreditar la misma de forma objetiva? Ser entonces el estado, el agente no estatal o la organizacin criminal responsable de la persecucin quien deba otorgar la certificacin sobre la persecucin padecida por el ser humano victima de la vulneracin de sus derechos humanos, para que este pueda probar ante el tercer pas seguro la existencia efectiva de tal persecucin?. De aplicarse estos criterios haber padecido ya la persecucin o acreditacin objetiva del agente perseguidor- la proteccin contenida en la Convencin de Ginebra perdera su efectividad por dejar de ser preventiva adems de resultar una exigencia la prueba de la persecucin individualizada y efectiva- de imposible cumplimiento por ser necesario para la acreditacin la realizacin de una actividad probatoria calificada en derecho como prueba diablica, de imposible realizacin.

De esta manera, en trminos generales los contenidos de la Convencin de Ginebra y su aplicacin sobre el terreno funcionaron correctamente al menos en el mundo conocido como occidental- hasta la desaparicin de los denominados bloques militares del Este y del Oeste, es decir, hasta la desaparicin del muro de Berln. Hasta ese momento, 1989, los estados de derecho occidentales concedan el estatuto de refugiado a aquellas personas que alegaran el fundado temor de persecucin frente al rgimen poltico imperante en el pas de su nacionalidad, siempre que este no fuera una democracia occidental homologada, lo que conocemos como Estado de Derecho. La mayora de los refugiados latinoamericanos en especial provenientes del Cono Sur sudamericano, que, como se sabe entre 1970 y 1990 padecieron sanguinarias dictaduras: Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia- obtuvieron estatutos de proteccin internacional y de refugiado por el mero hecho de alegar un fundado temor de persecucin a consecuencia y coherentemente con sus posicionamientos sociales, polticos o en la estructura del estado de sus pases de origen, privados brutalmente de democracia y del mnimo respeto a los derechos humanos. Los ciudadanos nacionales de pases del este de Europa o en general de pases del denominado bloque comunista, por el mero hecho de llegar a territorio de pases occidentales y alegar el fundado temor de persecucin inherente a su disidencia poltica respecto al rgimen imperante en el pas de su nacionalidad, accedan al estatuto de refugiado sin necesidad de acreditar la persecucin efectiva sufrida, al margen de que en uno u otro de los casos mencionados, en ocasiones pudiera acreditarse objetivamente, adems, haber sufrido persecucin efectiva e individualizada y no solo padecer el fundado temor de padecer esta.

A partir de la dcada de los aos 90 del siglo pasado el panorama jurdico al igual que el mundo en el que vivimos- se volvi ms complejo. La desaparicin de los bloques militares Este-Oeste, el surgimiento del proceso de Globalizacin, facilitado por la generalizacin de las comunicaciones planetarias y el acceso a los medios de comunicacin masivos, el mas fcil acceso y abaratamiento de los medios de transporte, as como la practica desaparicin de fronteras para los capitales, los servicios, las mercancas y las patentes no para las personas- nos situ ante una nueva coyuntura internacional donde dej de presuponerse por los estados de derecho la existencia del fundado temor de persecucin atendiendo nicamente a la naturaleza del rgimen poltico del pas de origen del solicitante de asilo o proteccin internacional o a la existencia de un conflicto armado en dicho pas de origen. En la practica, comienzan a introducirse en las legislaciones nacionales, sin previa modificacin de la Convencin de Ginebra, norma internacional que sigue siendo de obligado cumplimiento para los estados partes adems de ocupar un puesto preeminente de supremaca legal al igual que cualquier tratado internacional- en la jerarqua normativa interna de estos, filtros o impedimentos al reconocimiento de la condicin de refugiado en los casos en que se alega por el solicitante de refugio, nica o fundamentalmente, el fundado temor de persecucin como causa para acceder a la proteccin internacional.

Son fundamentalmente dos los mecanismos restrictivos del reconocimiento del estatuto de refugiado -en caso de alegacin del fundado temor de persecucin previsto en la Convencin de Ginebra- por los estados de derecho del denominado primer mundo:

1.- la introduccin en las legislaciones nacionales internas en materia de asilo y refugio del denominado procedimiento de inadmisin a trmite de la solicitud de asilo: En Espaa este procedimiento se introdujo en la Ley de Asilo 5/1984 de 26 de marzo mediante la modificacin a la misma efectuada por la ley 9/1994 de 19 de mayo. Estos procedimientos constituyen un filtro previo mediante el cual tcnica indita en el derecho administrativo espaol- la administracin se arroga la competencia de valorar si una solicitud de asilo merece ser estudiada o por el contrario es claramente infundada y ello en un primer momento procesal sin dar ocasin a que el solicitante de proteccin recin llegado a pas seguro, pueda reunir las pruebas necesarias para acreditar su persecucin, pruebas que por otra parte y en caso de estar disponibles, resultara absolutamente temerario que el perseguido las portara al abandonar el pas en el que ha sufrido la persecucin, por el evidente riesgo para su seguridad y libertad que entraara transitar por frontera de salida del pas perseguidor portando tales acreditaciones. En la practica, al menos en Espaa, este procedimiento previo ha dado como resultado la inadmisin a trmite de entre un 35% (el ao en que menos) y un 48% de las solicitudes de asilo presentadas en nuestro pas.

2.- la inversin de la carga de la prueba: en claro perjuicio del solicitante da silo o refugio y sin contar con fundamento alguno conforme a la literalidad de la Convencin de Ginebra, las legislaciones nacionales exigen al solicitante de asilo o refugio la acreditacin objetiva de la persecucin alegada, no bastando pertenecer a un colectivo perseguido o en riesgo de tal, sino que se trasciende a la exigencia de acreditar que el solicitante como miembro individualmente considerado de su colectivo- ha sido ya victima de la persecucin, olvidando la obligatoriedad de reconocimiento del estatuto de proteccin por la mera existencia de riesgo de persecucin (fundado temor de ser perseguido).

A que se han debido estos trascendentales cambios operados de facto en las legislaciones nacionales de asilo y refugio de los estados de derecho del primer mundo?. A juicio de esta parte se debe a varios motivos: a la relativa facilidad de desplazamiento que en un mundo globalizado pueden encontrar los refugiados o perseguidos; al surgimiento de nuevos tipos de conflictos y nuevos tipos de persecucin no encuadrables en el sencillo esquema de la confrontacin entre los bloques militares del Este y el Oeste; al afianzamiento de la contradiccin Norte-Sur en el mundo globalizado, con las consecuencias de subdesarrollo y miseria aparejadas para la mayora de la poblacin mundial; a la proliferacin de flujos migratorios fundamentalmente procedentes del Sur y con destino al Norte desarrollado de los Estados del Bienestar; y finalmente, al pnico de los pases ricos ante la coyuntura de tener que reconocer lo evidente: la existencia de una persecucin sistemtica sufrida por un porcentaje demasiado elevado de la poblacin mundial a la que sistemticamente se le niega acceso a los derechos econmicos y sociales bsicos, ocasionndose como resultado de estas vulneraciones de derechos, -derechos reconocidos claramente en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales-, desnutricin, hambrunas, enfermedades, desertizacin, desplazamientos masivos de poblacin y en demasiadas ocasionesla muerte.

Llegados a este punto, debemos analizar el alcance del concepto pertenencia a grupo social, recogido en al Convencin de Ginebra como causa de persecucin. Conforme a lo establecido en el Manual de procedimientos y criterios para determinar la condicin de refugiado publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 1992:

77. Un determinado grupo social suele comprender personas de antecedentes, costumbres o condicin social similares. ()

78. La pertenencia a ese determinado grupo social puede ser la causa fundamental de la persecucin porque () se considera () los antecedentes o la actividad econmica de su miembros, o la existencia misma del grupo social como tal, son un obstculo a la poltica gubernamental.

79. Generalmente, el mero hecho de pertenecer a determinado grupo social no ser suficiente para justificar la reclamacin de la condicin de refugiado. Sin embargo, en ciertas circunstancias especiales, la mera pertenencia puede ser causa bastante para temer la persecucin.

Para establecer la posibilidad jurdica de acceder a un estatuto de proteccin internacional a consecuencia de sufrir una persecucin basada en vulneracin sistemtica de derechos econmicos y sociales, previamente habremos de retener la definicin de pertenencia a grupo social contenida en el antes citado Manual del ACNUR, atendiendo a la condicin social similar de los miembros del grupo. Conforme a esta definicin del ACNUR, la mera pertenencia al grupo constituido por aquellos de condicin social similar, puede ser causa bastante para temer la persecucin.

Este seria el caso de los colectivos de personas de condicin social similar por ejemplo, campesinos pobres de regiones agrcolas que padecen hambrunas persistentes y estructurales en pases donde no existen estructuras del estado propiamente dichas mas all de las militares o policiales, o habitantes de grandes bidn villes, villas miserias, favelas o concentraciones urbanas degradadas, como quiera que se denominen, en pases en vas de desarrollo que carecen de la atencin social, educativa, sanitaria, etc, de las estructurales estatales de dicho pas- que a consecuencia de dicha condicin social padecen sistemticamente vulneraciones graves de sus derechos econmicos y sociales enunciados ut supra en este articulo- que pueden tener como consecuencia y de hecho la tienen en la mayora de los casos- la degradacin de su condicin humana, la enfermedad o la muerte por enfermedades que en los pases ricos se curan con un mnimo coste social y econmico para el Estado o el particular que las padece.

Sin duda alguna, la negacin sistemtica por parte del estado del pas de origen, - y de la comunidad internacional por extensin- de la mnima proteccin necesaria para garantizar el disfrute de derechos econmicos y sociales consustanciales a unas condiciones de vida dignas -simplemente dignas, no hablamos del disfrute de las condiciones de vida consustanciales al denominado estado del bienestar- suponen una grave persecucin en la medida que las anteriores vulneraciones de derechos fundamentales traen como consecuencia la perdida de la condicin y dignidad humana y en demasiados casos, adems, la muerte.

Pero a nadie se le escapa la trascendencia y consecuencias que en el derecho Internacional de refugiados tendra el reconocimiento de la persecucin por vulneracin sistemtica de derechos econmicos y sociales de determinados grupos sociales que pueden llegar a ser demasiado numerosos, de hecho constituidos por millones de personas. La obligacin de proteccin de estos colectivos, que conforme a la Convencin de Ginebra recaera sobre la Comunidad Internacional y en concreto sobre el primer pas seguro que alcanzaran cualquiera de los integrantes de esto grupos sociales perseguidos, supondra la dedicacin de innumerables recursos de los pises desarrollados algo que estos no estn dispuestos a hacer- adems de desdibujar la muy delgada lnea roja trazada por los pases desarrollados entre inmigrantes econmicos y refugiados. Provocara de hecho que la condicin de inmigrante econmico quedar reservada exclusivamente para aquel que se desplaza de forma voluntaria para intentar mejorar sus condiciones de vida o su posicin en la escala social, es decir, para aquel que realmente elige de una forma libre y sin presiones externas, iniciar su xodo migratorio, y que por tanto sigue conservando la opcin de no iniciarlo sin que ello le aboque a la desaparicin o a la perdida de la dignidad inherente al ser humano. Pero no podra alegarse por los estados del primer mundo dicha condicin de inmigrante econmico en los casos en que el desplazamiento fuera obligado por los acontecimientos y como nico medio de sobrevivir lejos de un medio que condena irremediablemente a la miseria a la persona que vive en el mismo, miseria que precede a las privaciones generalizadas y finalmente provoca la muerte prematura para esta persona y sus familiares. En este caso el desplazado debera ser considerado refugiado y no inmigrante econmico, ya que el desplazamiento es la nica forma de sobrevivir y de acceder al disfrute de derechos econmicos y sociales imprescindibles para sobrevivir en condiciones dignas.

A nadie se le escapa que la tendencia internacional no es precisamente la de ampliar el concepto de refugiado y paralelamente acotar o reducir el concepto de inmigrante econmico, sino todo lo contrario, la tendencia viene siendo lo que se ha dado en llamar la inmigratizacin del derecho de asilo, la intencin de incluir cada vez a mayor nmero de refugiados, de facto, en la categora o estatuto jurdico de inmigrantes econmicos, categora jurdica que tiene seriamente limitada el pleno reconocimiento de derechos civiles, laborales y polticos en los pases del primer mundo.

Sin embargo, cada da es mas pacficamente asumido por la doctrina internacional, la existencia de nuevas formas de persecucin no expresamente previstas en la Convencin de Ginebra, formas de persecucin que han sido asumidas como tales por las sociedades democrticas contemporneas y que da a da la practica forense administrativa de los pases del primer mundo va reconociendo de forma natural- su inclusin en las formas de persecucin previstas en la Convencin de Ginebra, en especial en la persecucin definida en la Convencin por pertenencia a determinado grupo social. As, cada vez mas gobiernos otorgan proteccin internacional a personas que padecen persecucin en sus pases de origen por motivos de gnero (por ejemplo: matrimonios obligados, ablacin genital femenina, pases cuyas legislaciones reducen a servidumbre de las mujeres, etc), de orientacin sexual (persecucin a colectivos LGTB, practica habitual en mas de 70 pases del mundo), o persecucin por agentes no estatales.

El profesor suizo Jean Ziegler, relator especial del derecho a la alimentacin de las Naciones Unidas, ha formulado hasta tres nuevas categoras de persecucin relacionadas con el derecho a la alimentacin: los refugiados y/o desplazados a consecuencia de catstrofes ecolgicas, los refugiados mediombientales motivados por la destruccin de la tierra por motivos climticos y, los desplazados por hambrunas.

Hoy da es una realidad no cuestionada que la degradacin del medio ambiente est obligando a desplazarse de su entorno natural a millones de personas. La previsin de Naciones Unidas habla de 50 millones de refugiados medioambientales en el mundo para el ao 2011 y mas de 100 millones para el ao 2100 en caso de no invertir las situaciones que provocan este desastroso fenmeno. Desplazamientos que traen consecuencias aun ms trgicas en el caso de afectar a los denominados pueblos originarios, cuya existencia como tales est tremendamente vinculada al entorno natural en el que han habitado durante siglos. Sin duda alguna, hoy da existe una percepcin social generalizada de este problema y un reconocimiento de esta situacin en especial por la opinin publica de las sociedades democrticas mas desarrolladas- como causa efectiva de persecucin que amenaza la vida de millones de personas.

Lamentablemente, no existe esa misma percepcin social, ni voluntad poltica de abordar el problema, respecto a esa cruenta forma de persecucin que significa la negacin y vulneracin sistemtica de derechos econmicos y sociales padecidas por millones de personas en el planeta, vulneraciones que eliminan la dignidad de la persona, reducindola a un mero objeto y que convierte en papel mojado los tratados y convenciones internacionales que regulan el acceso y disfrute de estos derechos para la totalidad de la poblacin mundial. Si existiera esa percepcin social y esa voluntad poltica, la aplicacin de los mecanismos de proteccin internacional previstos en al Convencin de Ginebra y en otras normas internacionales de proteccin, no encontraran obstculo tcnico alguno. Es decir, quienes padecen dicha persecucin por su condicin de pertenencia a un grupo social al que se vulneran sistemticamente sus derechos sociales y econmicos, hipotecando as la supervivencia del grupo o de sus integrantes, podran disfrutar de proteccin internacional sin necesidad de reformarse tratado internacional o ley nacional alguna. O es que acaso el principio jurdico internacional de no discriminacin en materia de aplicacin del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es aplicable a situaciones de extrema pobreza derivados de la interdiccin de los derechos econmicos y sociales?.

* Enrique Santiago Romero. Abogado. Especialista en Derechos Humanos.




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