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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-01-2007

Portugal celebrar el prximo 11 de febrero el referndum sobre el aborto
Las cuentas viciadas del aborto

Boaventura de Sousa Santos
Rebelin

Traducido del portugus para Rebelin y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingstica (www.tlaxcala.es), por lex Tarradellas.


En el centro del referndum sobre la despenalizacin del aborto deben estar los derechos y la dignidad de las mujeres y el valor de una maternidad responsable, y no consideraciones de orden financiera. No es aceptable que se reduzca una importante cuestin de salud pblica y de derechos a una cifra, y mucho menos que clculos tan tendenciosos como equivocados acaben por ser usados como argumento. La verdad es que, incapaces de convencer a los portugueses por el mrito de su causa, los partidarios del NO han decidido recorrer al clculo financiero para aterrorizar a sus conciudadanos con amenazas en un dominio para estos mucho ms sensible: el servicio nacional de salud. Aprovechando el economicismo miserabilista  del actual gobierno, han salido a la palestra para afirmar que la despenalizacin acarrear un coste de cerca de 20 a 30 millones de euros, dinero que sera retirado de fines mdicos ms meritorios. El Ministro de Salud corrigi este coste, bajndolo a un tercio, lo que, por s mismo, revela la relativa arbitrariedad de los clculos.

 

Incluso desde el punto de vista economicista, que todos estaremos de acuerdo en que no puede estar en causa una decisin de stas, los costes de la despenalizacin del aborto slo pueden tener significado en la medida en que sean comparados con los costes de la  manutencin  de la situacin actual. Veamos los costes derivados del aborto clandestino en el servicio nacional de salud y en el sistema judicial. Segn la Asociacin para la Planificacin Familiar, el 20% de las mujeres que recurren al aborto clandestino tienen problemas de salud, con un 27% exigiendo internamiento. Muchas se quedan con problemas crnicos de salud que tambin se traducen en costes. En lo que respeta a la criminalizacin actual, si la prohibicin fuera cumplir lo que slo por hipocresa sistemtica no ocurrir- la investigacin, acusacin y juzgamiento de los autores del crimen contra la vida intrauterina implica tres fases con costes muy elevados para el sistema judicial. Hagamos el ejercicio. En la fase de investigacin tenemos los siguientes actos: participacin criminal, desplazamiento de agentes policiales, inquisicin de testigos (en regla, de 6 a 8 personas: mdicos, comadronas, compaero, familiares, etc.) y de la mujer condenada, exmenes periciales, informe policial, acusacin por parte del Ministerio Pblico. Esta fase envuelve agentes policiales (estimativa de 3 a 4 das), magistrado del MP (1 da), funcionarios del MP y un perito mdico (1 da). La fase de la instruccin (no obligatoria pero habitual en estos casos) implica audicin de testigos, interrogatorio de la acusada, nuevo examen pericial, debate instructivo y despacho de pronuncia. La estimativa es de 3 das para el juez de instruccin, 2 das para el magistrado del MP y de 2 a 3 das para el funcionario judicial y perito mdico. Finalmente, la fase del juicio envuelve la audiencia del juicio, sentencia y lectura de la sentencia, cerca de 3 das de trabajo de 3 jueces (tribunal colectivo), del magistrado del MP y de los funcionarios.

 

Si contabilizamos apenas el trabajo de los magistrados y apenas en la primera instancia, la estimativa es de 15 das de trabajo por proceso, lo que, al coste de 100 euros por da salario medio de los magistrados que acompaan estos casos- costar al estado 1500 euros. O sea, basta considerar una fraccin de los costes de criminalizacin del aborto para concluirse que, incluso slo siendo incriminada una parcela de las criminosas, los costes de la penalizacin son superiores a los de la despenalizacin. Esto sin contar con los costes para el pas derivados del tiempo que las policas, para dedicarse a la investigacin del aborto, dejan de dedicar a la investigacin de la corrupcin y de la evasin fiscal. Este ejercicio muestra que, si el buen sentido imperara, el argumento moralmente repugnante de los costes dejara de ser utilizado en los debates sobre el referndum.

 

 

*Boaventura de Sousa Santos es socilogo y profesor catedrtico de la Facultad de Economa de la Universidad de Coimbra (Portugal).

 

lex Tarradellas y Juan Vivanco son miembros de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingstica. Esta traduccin se puede reproducir libremente, a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.

 



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