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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-02-2007

Ataques a radios comunitarias en Mxico

Diego Cevallos
IPS



Una de las 12 radioemisoras comunitarias que operan legalmente en Mxico soporta balazos, detenciones y amenazas de muerte, otra recibe advertencias por abordar temas relativos a movimientos sociales y una tercera permanece cerrada porque incomoda a autoridades.

Estos casos fueron denunciados ante la autoridad pblica. El primero de ellos, el de la estacin Calenda del sureo estado de Oaxaca, lleg el jueves a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos mediante denuncia interpuesta por la no gubernamental Asociacin Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Aleida Calleja, representante de Amarc en Mxico, dijo a IPS que las tres radioemisoras --cuyo carcter comunitario determina que no tengan gran alcance ni respondan a intereses comerciales--, requieren proteccin. "Aqu est en juego el derecho a la libertad de expresin", seal.

En enero, "el presidente municipal destituido (del municipio San Antonino Castillo de Velasco) dispar directo a un compaero, aunque fall, a otro casi le sacan un ojo de una pedrada y a m me detuvieron civiles y amenazaron de muerte y luego otros me obligaron a firmar un documento en el que me comprometo a no apoyar actos subversivos", relat a IPS Daro Campos, periodista voluntario de Calenda.

Esa estacin que se escucha en San Antonino, un municipio de 4.900 habitantes prximo a Oaxaca, capital del estado homnimo, sufre desde mediados del ao pasado la ira del destituido presidente municipal, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que gobierna el estado.

"Por cubrir el tema de la revuelta y darle cabida a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), que aqu en nuestra comunidad destituy al alcalde, nuestra radio y sus colaboradores (unas 10 personas) hemos sido atacados", relat Campos va telefnica desde San Antonino.

En la capital de Oaxaca y en algunos municipios colindantes como San Antonino, la APPO protagoniz el ao pasado una revuelta contra el gobernador Ulises Ruiz, del PRI, de quien peda la renuncia por acusaciones de corrupcin y represin.

Entre octubre y noviembre, el movimiento integrado por decenas de organizaciones sociales, fue desactivado con intervencin policial y masivas detenciones, en las que se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluida la muerte de una veintena de personas, segn denuncian grupos humanitarios.

"Nosotros slo cumplimos un trabajo de apoyo a la comunidad, que incluye darle informacin y apoyar los procesos de salud, organizacin y otros", expres Campos.

Por su trabajo, este estudiante de economa de 25 aos no recibe paga, al igual que la gran mayora de quienes colaboran en radioemisoras comunitarias.

En general, este tipo de radios reciben amplio apoyo local por el servicio que prestan a sus comunidades, al incluir en su programacin contenidos educativos, de derechos humanos, salud y alertas sobre peligros sobre desastres naturales, y tambin por hablar en sus propias lenguas, como es el caso de las emisoras indgenas.

Segn Amarc, Calenda enfrenta amenazas que tienen como fin "acallar su labor informativa".

La denuncia presentada ante la Comisin Interamericana de Derechos Humanos es para que "la instancia regional dicte las medidas necesarias al Estado Mexicano con el objeto de salvaguardar la vida e integridad fsica de los integrantes de la radio, as como garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresin".

Calleja, representante de Amarc, denunci que en Oaxaca tambin hay problemas con la radioemisora comunitaria indgena Nandia, que operaba en una comunidad mazateca y sufri represalias de seguidores del PRI en el contexto de la revuelta de la APPO.

Nandia fue cerrada a punta de pistola el ao pasado y as permanece hasta ahora a pesar de las denuncias que hemos interpuesto, indic Calleja.

Otra estacin comunitaria con dificultades es La Voladora, situada en Amecameca, zona montaosa del estado de Mxico, vecino a la capital. Los operadores de ese medio de comunicacin han sido amenazados de muerte y han recibido mensajes agresivos por informar sobre el atpico Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional y sobre otros movimientos sociales.

En Mxico operan ms de 130 estaciones de radio que se proclaman comunitarias, pero slo 12, las apoyadas por Amarc, tienen autorizacin oficial para trabajar. El resto, algunas de carcter religioso y otras administradas por sindicatos, actan bajo riesgo de clausura.

Aunque la empresarial Cmara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisin sostiene que las emisoras comunitarias fomentan la piratera y azuzan a grupos guerrilleros, entre 2004 y 2005 el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, que culmin su gestin de seis aos en diciembre, autoriz el funcionamiento de 12.

Tal resolucin, demandada por la filial nacional de Amarc desde los aos 90, se dio en un marco legal plagado de ambigedades, lo que otorga gran discrecionalidad al Estado en materia de estaciones comunitarias.

Amarc, con socios en todo el mundo, promueve el desarrollo de la radiofona comunitaria "como va para ejercer plenamente la libertad de expresin, el derecho a comunicar y el pluralismo de la sociedad civil, en el entendido de que es una herramienta eficaz para el desarrollo, la paz, la justicia y la solidaridad".


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