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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-02-2007

Los grandes desafos

Antonio Peredo Leigue
Rebelin


El ao 2006 concluy con un balance positivo para Bolivia. Todos los indicadores econmicos mostraron avances de tal magnitud que, internacionalmente, se reconoci que el pas mostraba una imagen de consolidacin. Por supuesto, los voceros de la derecha, sin poder desconocer las cifras, adujeron que la bonanza no se deba a una poltica de gobierno, sino a las alzas que experimentaron las materias primas en los mercados transnacionales.

As se dio un paso trascendental, al sacar a Bolivia de la postracin en que se hallaba desde que, en 1985, se implement el modelo neoliberal. En un ao, el dficit fiscal desapareci y se obtuvo un supervit. Las reservas se duplicaron. La deuda externa disminuy sustancialmente. El comercio internacional logr cifras no imaginadas. La recuperacin de la propiedad sobre los hidrocarburos, la negociacin de mejores precios para el gas, el pago de mayores impuestos por este recurso, la transparencia en el manejo de la cosa pblica, la austeridad en el gasto fiscal, fueron factores decisivos para estos cambios.

Un panorama de estas caractersticas debiera entusiasmar a un empresariado que, durante todo el periodo neoliberal, fue vctima de una poltica favorable a las transnacionales que desahuciaba cualquier intento nacional de desarrollo. Estos factores debieron saludarse con satisfaccin por una clase media sistemticamente expulsada del pas por falta de oportunidades. Por una suerte de contrasentido, las perspectivas que ahora se presentan, son como un reproche a la resignacin que fue su caracterstica durante tanto tiempo; se niegan a reconocer la realidad.

Agentes de la frustracin

Los clasemedieros que paseaban su ocio obligado por la desocupacin, en el tiempo de los gobiernos neoliberales, son ahora defensores a rajatabla de la frustracin nacional que signific ese periodo. Protagonizaron, a fines del ao anterior, huelgas de hambre reclamando una democrtica imposicin de las minoras.

La prolongada discusin por la regla de los dos tercios en la aprobacin de cada artculo de la Constitucin a elaborar por la Asamblea Constituyente, ha sido el fuerte de su oposicin a los avances alcanzados durante el ao pasado. El gobierno ha debido aceptar, finalmente, una frmula que permita avanzar en esa redaccin.

Con ese lema han detenido, durante seis meses, la tarea encomendada por el pueblo a la Constituyente. Pero no se trataba de lograr ese resultado. La verdadera intencin es la desesperada bsqueda de un liderato que no tiene la oposicin. Por cierto, Jorge Tuto Quiroga, ha sido descartado por su demostrada incapacidad para encabezar una reaccin contra el gobierno de Evo Morales. En vez de aquel, intent asumir esa funcin el empresario Samuel Doria Medina, quien se encarg de organizar una poco creble huelga de hambre en varios distritos del pas, reclamando los mencionados dos tercios. Tampoco pudo lograrlo. Hasta se fijaron en un poco notorio escritor: Juan Claudio Lechn; su carta de presentacin es el apellido de su padre, quien fue un histrico dirigente de la Central Obrera Boliviana.

Ninguna de estas cartas ha sido capaz de aglutinar la oposicin que lucha por mantener un margen de oposicin que alcance un tercio de la poblacin. Pese a una intensa campaa meditica, nacional e internacional, las posibilidades de cualquiera de ellos se han reducido a cero. Por ahora, se busca un liderato en otras esferas.

Los intentos del caciquismo

Elegidos por primera vez, la mayora de los prefectos primera autoridad de los departamentos en que se divide el pas-, se ha constituido en un frente de resistencia al cambio. Pretenden obtener una especie de total mandato para definir polticas econmicas, sociales y territoriales que llevaran al pas a un desmembramiento que, muchos intereses internacionales esperan con gran inters.

No dudaron en alinearse al frente dela campaa por los dos tercios. Pero, adems, se pronuncian conjuntamente contra toda medida que disminuya las prebendas a que se acostumbraron los empresarios durante los gobiernos anteriores.

Sin embargo, la avidez personal de cada uno de ellos, ha hecho imposible que formen un frente comn. Es que, cuando uno de los prefectos reclama autoridad absoluta sobre recursos y servicios del departamento en cuestin, los otros no pueden apoyarlo, pues estaran mermando sus propias posibilidades.

Lo cierto es que, los prefectos, quieren convertirse en caciques de un territorio, pretendiendo negar cualquier fiscalizacin nacional y, menos an, una mecanismo de coordinacin. Seis, de los nueve prefectos, han practicado esta contradanza en la que, los pasos cruzados, los enfrentan con los sectores sociales de cada departamento.

Esto ha provocado movilizaciones que exigen la renuncia de varios de ellos. Se han producido enfrentamientos con vctimas fatales. Al no existir un mecanismo institucional que los obligue a retirarse, los movimientos sociales han debido retraerse. Empero, han logrado arrinconar a las autoridades departamentales, quienes han tenido que bajar el tono de su ofensiva poltica.

La complicidad de los desubicados

Las acciones contra el gobierno no se detienen ante ninguna consideracin. Han sido capaces de jugar con ingenuidades y perversiones de varios sectores. Una olvidada ciudad que fue emporio de la produccin petrolera hace cuarenta aos, Camiri, se ha declarado en paro y amenaza tomar medidas ms drsticas, si no se accede a instalar all la gerencia de explotacin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa que trata de reconstruir el gobierno. La reclamacin es vlida, a partir de la letra muerta de la actual Ley de Hidrocarburos. Una entidad cuyas gerencias se distribuyan en diversas poblaciones, no tendr efectividad. Para cumplir con la ley, se estudian alternativas que, al mismo tiempo de satisfacer las expectativas de las regiones, hagan que la institucin sea operativa.

Los apresuramientos, que la reaccin contra el gobierno incita, impedir la bsqueda de soluciones racionales. Por supuesto, esto alegrar grandemente a las empresas petroleras que han debido adecuarse a las nuevas condiciones establecidas por esa misma ley en beneficio del pas. Los exigentes bloqueadores, no se dan cuenta que, la empresa YPFB, desarticulada, complotar contra la explotacin racional y la industrializacin de los hidrocarburos. En corto tiempo, volveramos a la extraccin irracional con mseros beneficios.

Al mismo tiempo, los cooperativistas mineros vuelven a la carga. Despus de haber provocado un enfrentamiento en el centro minero de Huanuni, a principios de octubre, amenazan con repetir su ataque. Una perversin de la cooperativa, convirti a stas en sociedades en las que, los propietarios de acciones, contratan personal para realizar el trabajo de extraccin minera, con pagos miserables y sin seguridad social. El conflicto de octubre se solucion incorporando a los explotados servidores de los cooperativistas a la histrica empresa estatal, la Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL). Ese tipo de cooperativas, ha sido una de las causas de la destruccin de mejores posibilidades de explotacin de los abundantes minerales que existen en el pas. El gobierno est trabajando en un programa de asimilacin de esos grupos que depredan los recursos mineros.

Para concretar esa idea, es preciso reformular las condiciones de explotacin y los beneficios que debe recuperar el Estado, como propietario del subsuelo. Los empresarios de la minera mediana y pequea han incentivado a los cooperativistas, haciendo el clculo de un retroceso del gobierno, temeroso de enfrentar a un numeroso sector social. Hasta ahora, sin embargo, no es ese el rumbo que ha tomado el Ministro de Minera.

La distribucin de la riqueza

Los defensores del neoliberalismo buscan, por todos los medios, que el gobierno se enrede en esta lucha. Pretende que, ocupado en solucionar los diversos conflictos que aparecen, no tenga capacidad de llevar adelante el programa de cambio que se ha propuesto.

Es evidente que, en este ao, el gobierno de Evo Morales, debe cumplir una tarea gigantesca: la redistribucin de la riqueza.

Si, durante 2006, consolid una economa sana, no es menos cierto que el beneficio no se ha sentido en el bolsillo de la gente. La desocupacin apenas se ha aliviado. El xodo de bolivianas y bolivianos en busca de mejores perspectivas, no ha cesado. La deficiente alimentacin, la falta de vivienda y, en general, la carencia de servicios bsicos, son los problemas que deben encontrar solucin, al menos inicial, en el curso de este ao.

Un volumen de reservas que supera con creces los montos que se registraban en aos anteriores, permite asumir que se dispondr de una parte para generar empleo. La creciente exportacin de minerales har otro tanto. Los recursos frescos que estn recibiendo las prefecturas y alcaldas, deben completar el resto.

Por supuesto, esto requiere de una planificacin conjunta que slo este gobierno puede llevar adelante.



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