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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-02-2007

75 Aniversario de la proclamacin de la II Repblica
Una Constitucin que renunciaba a la guerra como instrumento de poltica nacional

Salvador Lpez Arnal
Rebelin

Para Alejandro Andreassi, Joaqun Miras y Joan Tafalla, amigos republicanos


En este ao de conmemoraciones, en este ao en el que hemos celebrado el 75 aniversario de la proclamacin de II Repblica Espaola y hemos recordado el 70 aniversario del triunfo del Frente Popular, de la fundacin del PSUC o del inicio de la resistencia popular ante el golpe de Estado de Franco, Mola y Queipo, no parecera justo olvidar otra fecha imborrable: el 9 de diciembre de 1931, el da en el que las Cortes republicanas aprobaron la constitucin de la segunda Repblica Espaola, el nico rgimen poltico, en palabras de Antoni Domnech, que ha consentido a sus pueblos, ya fuera efmeramente, abrigar la esperanza de un pleno ejercicio de su soberana1.

El proceso fue rpido, casi vertiginoso. Las elecciones para las Constituyentes se celebraron el 28 de junio de 1931. De los 6.200.000 posibles votantes (todos varones, las mujeres pudieron votar por vez primera en Espaa en 1933), lo hicieron 4.300.000, casi el 70%2. Al igual que hicieran en las municipales de 12 de abril, obreros anarcosindicalistas tambin participaron en estas elecciones. De entre los casi 470 diputados de la Cmara, 114 eran del PSOE; el Partido Republicano Radical de Lerroux obtuvo 89 escaos; el Republicano Radical Socialista de M. Domingo, 55; Esquerra Republicana, 36; Accin Republicana, el partido de Azaa, 30; los republicanos gallegos del ORGA, 19; PNV y Liga, 19 diputados en total.

Y fue el 14 de julio, tres meses despus de ser proclamada la II Repblica, el da de la apertura solemne de las Cortes constituyentes republicanas3. El conservador y catlico ex monrquico Niceto Alcal Zamora -que ms tarde, durante el debate sobre la cuestin religiosa (9-14 de octubre) present su dimisin- fue nombrado primer ministro. Miguel Maura, tambin dimisionario, fue Ministro del Interior. Azaa asumi el ministerio de guerra hasta la crisis de octubre, momento en el que fue nombrado primer ministro de la Repblica. El PSOE obtuvo tres carteras; Lerroux estuvo en Exteriores; y miembros de Ezquerra, de los radical-socialistas y de ORGA tambin formaron parte del gobierno.

El papel de Luis Jimnez de Asa (Madrid, 1889; Buenos Aires, 1970), el gran jurista socialista, fue decisivo en la redaccin de la Constitucin. Presidente de la comisin Constitucional, en apenas 20 das, puso a disposicin de las Cortes un anteproyecto de Constitucin que l mismo present el 28 de agosto de 1931, con un magnfico discurso4 en el que sealaba:

No es posible, por tanto, argir que no es constitucional cualquiera de los preceptos que en nuestra Ley fundamental van a figurar, y no lo es porque el ansia popular lo est reclamando; y cuando nosotros llevamos la prohibicin de los castigos corporales y el establecimiento del divorcio, es para que un Parlamento veleidoso, el da de maana, no pueda, contra los principios y derechos que en el pueblo reclama, vulnerar todas esas ansias populares que estn latentes y la Cmara ha de recoger.

Tenemos, pues, demostrado que en nuestro proyecto no se extravasan las modernas normas constitucionales. Queremos hacer una Constitucin que arranque del propio pueblo. Hoy, esas ansias democrticas hacen que en los primeros artculos de las Constituciones de Alemania, de Austria, de Checoslovaquia y de Estonia se establezca que el Poder emana del pueblo. Otras constituciones, como las de Polonia y Grecia, hablan de nacin. Nosotros constantemente hemos querido emplear esta palabra ms clara y ms certera, de pueblo, y no la de nacin, que todava en cuanto a su definicin, est en el crisol. Decimos que el Poder emana del pueblo, en el Art. 1, y en los artculos 49 y 95 hacemos residir el Poder Legislativo en el pueblo y decimos que la justicia se administra en nombre del pueblo [las cursivas son mas]

Pues bien, tiene inters destacar algunos ejes centrales del texto constitucional5, una Constitucin de Espaa, sealaba Jimnez de Asa, y no traducida del francs o del alemn, aun cuando, como ya veremos, no ha de negarse el influjo que las constituciones de Mxico y Alemania ejercieron sobre nosotros:

El ttulo preliminar, disposiciones generales, establece los principios bsicos de la Constitucin. Se define Espaa como una Repblica democrtica de trabajadores de toda clase, que se organiza en rgimen de libertad y justicia, y en la que los poderes de todos su rganos emanan del pueblo; la bandera de la Repblica espaola era roja, amarilla y morada6.

El artculo 2 consagra la igualdad, y en el 3 se proclama el laicismo estatal: El Estado espaol no tiene religin oficial. En el artculo 48 se afirma igualmente que la enseanza ser laica, har del trabajo el eje de su actividad metodolgica y se inspirar en ideales de solidaridad humana. La Constitucin republicana reconoce a las Iglesias el derecho -sujeto a inspeccin del Estado- de ensear sus respectivas doctrinas pero, estrictamente, en sus propios establecimientos (sic).

En el artculo 6, se declara el pacifismo de Espaa que renuncia a la guerra como instrumento de poltica nacional. En el 7, se acepta el valor de las normas internacionales7.

El Ttulo I est dedicado a la organizacin nacional. Inspirado en la doctrinas de Hugo Preuss, ese gran talento que vio cerradas todas las vas oficiales por la incomprensin de Gierke y Jellinek, la Repblica se define como un Estado integral, que despus del frreo, del intil Estado unitario espaol, cree una situacin en la que sean compatibles Espaa y las regiones, un Estado en el que cada una de las regiones reciba la autonoma que merece por su grado de cultura y de progreso, aadiendo Jimnez de Asa en su presentacin:

Yo quisiera ahora, y perdonadme, hacer un ligero inciso, fijar la posicin de nosotros, socialistas. El socialismo tiende a grandes sntesis, el socialismo quisiera hacer del mundo entero un Estado de proporciones maysculas; la federacin de Europa y aun del mundo sera su aspiracin ms legtima. Somos nosotros, los socialistas, no un partido poltico, sino una civilizacin y precisamente eso es lo que nos ha hecho pensar en el Estado integral y no en el Estado federal; y por lo mismo que somos una civilizacin, no podemos desconocer que las regiones tienen su derecho a vivir autnomas cuando as lo quieran. No encontrar jams una regin espaola, que tenga su civilizacin y su cultura propias, sus perfiles y sus caractersticas definidos, un obstculo en el partido socialista. El ve los hechos reales y comprende precisamente esas disidencias, las respeta y las acepta.

El Ttulo III est consagrado a los derechos y deberes de los ciudadanos. En su justificacin, Jimnez de Asa seala que lo que se pretende aqu es que no sean declamaciones, sino verdaderas declaraciones, y por ello no basta con ensanchar los derechos, sino que les damos garantas seguras; de una parte, la regulacin concreta y normativa; de otra, los recursos de amparo y las jurisdicciones propias para poderlos hacer eficaces. Es necesario, aade, dar garantas a los ciudadanos contra ataques del poder ejecutivo, y esas garantas se hallan en la Constitucin republicana.

En este ttulo III, en el artculo 25, se afirma que no podrn ser fundamento de privilegio jurdico: la naturaleza, la filiacin, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas polticas, ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y ttulos nobiliarios, y en el artculo siguiente se sostiene que Todas las asociaciones religiosas sern consideradas como Asociaciones sometidas una ley especial y que el Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrn, favorecern, auxiliarn econmicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Adems, una ley especial debera regular, en un plazo mximo de dos aos, la total extincin del presupuesto del Clero.

En la Constitucin se establece, adems, la disolucin de aquellas rdenes religiosas que estatuariamente impusieran, adems de los tres votos cannicos de pobreza, castidad y obediencia, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legtima del estado. Los bienes de estas rdenes seran nacionalizados y dedicados a fines benficos y docentes.

En el artculo 36 se da paso al voto de la mujer: Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de 23 aos, tendrn los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

Los artculos 44 50 son claro indicio del carcter democrtico-radical de la Constitucin. En el 44 se afirma que toda la riqueza del pas, sea quien fuere su dueo, est subordinada a los intereses de la economa nacional y afecta al sostenimiento de las cargas pblicas, y que la la propiedad de toda clase de bienes podr ser objeto de expropiacin forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnizacin, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayora absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos, se aade, la propiedad podr ser socializada (sic) y los servicios pblicos y las explotaciones que afecten al inters comn pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social as lo exija. Por si fuera poco, el Estado poda intervenir por ley la explotacin y coordinacin de industrias y empresas cuando as lo exigieran la racionalizacin de la produccin y los intereses de la economa nacional.

En el artculo 46 se afirma que el trabajo, en sus diversas formas, es una obligacin social, y gozar de la proteccin de las leyes, y que la Repblica asegurar a todo trabajador -este es el trmino que se utiliza- las condiciones necesarias de una existencia digna.

El artculo 48 seala que el servicio de la cultura es atribucin esencial del Estado, y lo prestar mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada. La enseanza primaria ser gratuita y obligatoria y la Repblica deber legislar en el sentido de facilitar a los espaoles econmicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseanza, a fin de que no se halle condicionado ms que por la aptitud y la vocacin.

El ttulo IV est consagrado a las cortes. Jimnez de Asa seala en su presentacin que existe, por una parte, una decadencia evidente del sistema bicameral y, por otra, que nosotros hemos observado que cuando los pueblos realizaron grandes llamamientos populares, no hicieron ms que una sola Cmara. As, ocurri en Francia en 1791 y en 1848, as ocurri en Espaa durante las Cortes de Cdiz.

La constitucin establece, pues, una sola Cmara en el artculo 51: La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los diputados. El sistema bicameral es nocivo no slo porque obstaculiza las leyes progresivas, sino porque, a veces, reyertas entre las dos Cmaras sirven de obstculo a la buena marcha legislativa, y la debilidad de las mismas puede hacer pasto de un Poder ejecutivo acometedor. Mantener el viejo Senado sera incompatible con el sistema democrtico porque si hoy quisiramos resucitar con el Senado el lugar en donde las excelencias de edad, de cultura o de riqueza estuviesen representadas, estableceramos un concepto diverso, antigualitario, incompatible con el sistema democrtico8.

Por otra parte, dentro de este ttulo, en el artculo 65, se seala que Todos los Convenios internacionales ratificados por Espaa e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carcter de ley internacional, se considerarn parte constitutiva de la legislacin espaola, que habr de acomodarse a lo que en aqullos se disponga () No podr dictarse ley alguna en contradiccin con dichos Convenios, si no hubieran sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.

Los ttulos V y VI versan sobre el Poder ejecutivo, la Presidencia de la Repblica y el Gobierno.

Jimnez de Asa recuerda que en las constituciones postblicas no se ha establecido el sistema presidencial; se acude, pues, al sistema parlamentario. En el presidencialismo pueden seguirse dos grandes caminos: o el Presidente fuerte, a la alemana, o el dbil, a la francesa. El presidente fuerte es elegido por el pueblo, tiene el poder de legislar por decreto, puede en ciertos casos disolver la Cmara; el de tipo dbil, elegido por la Asamblea, prcticamente no tiene facultades para disolver las Cmaras. Nosotros tratamos de establecer una sntesis entre el Presidente fuerte y el Presidente dbil. Al igual que en Alemania, es elegido por el pueblo, puede legislar por decreto, pero no puede disolver la Cmara, porque en ltimo extremo tiene que ir a pedir el referndum, el parecer popular, jugndose el cargo en la empresa.

El artculo 71 seala que el mandato del Presidente de la Repblica durar seis aos y que el Presidente de la Repblica no podr ser reelegido hasta transcurridos seis aos del trmino de su anterior mandato. Tampoco el presidente, por el artculo 77, podr firmar declaracin alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y slo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carcter blico y los procedimientos judiciales o de conciliacin y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de que Espaa fuere parte.

El artculo 85 establece que el presidente de la Repblica es criminalmente responsable de la infraccin delictiva de sus obligaciones constitucionales, y que el Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidir si procede acusar al Presidente de la Repblica ante el Tribunal de Garantas Constitucionales. Una ley de carcter constitucional deber determinar el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente de la Repblica9.

En cuanto al gobierno, apunta igualmente Jimnez de Asa, tratamos tambin de hacerle fuerte contra posibles votos de censura eventuales y caprichosos, exigiendo un voto calificado. El Poder legislativo podr solicitar que el Presidente sea destituido: pero, como en el caso del presidente de la Repblica, jugndose el Parlamento su existencia porque en ltimo trmino puede ser disuelto. Es as, como hemos querido estabilizar el juego de estos Poderes; porque obsrvese que la separacin del Poder ejecutivo y del legislativo, que arranca de la doctrina de Montesquieu, est hoy en franca crisis. Hoy el Poder reside en el pueblo, encarna en el Estado y se ejerce por sus rganos; no hay necesidad de hacer esa divisin, sino de afirmar ms bien la seguridad y la permanencia de la labor de cada uno.

El ttulo VIII est dedicado a la Justicia. Comenta Jimnez de Asa que a pesar del trmino Poder, el supuesto poder judicial no era ms que una administracin de Justicia sometida al Poder ejecutivo. Por eso, en el artculo 96 se afirma que el presidente del Tribunal Supremo ser designado por el Jefe de Estado a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley. De esta manera, hemos hecho un Poder fuerte, un Poder que pueda servir de garanta al Estado de Derecho espaol.

El artculo 94 afirma que la Justicia se administra en nombre del Estado y que la Repblica asegurar a los litigantes econmicamente necesitados la gratuidad de la Justicia. El artculo 103 garantiza que el pueblo participe en la Administracin de Justicia mediante la institucin del Jurado, cuya organizacin y funcionamiento sern objeto de una ley especial.

El ttulo IX trata de la Hacienda pblica. Su finalidad: la garanta de que no se haga lo que se hizo durante la Dictadura de Primo de Rivera: dilapidar los caudales de la nacin.

El ltimo ttulo, Garantas y reforma de la Constitucin crea un Tribunal de Garantas Constitucionales que es una sntesis del Tribunal Constitucional de Norteamrica, del de Juicio de Amparo de Mxico y del de Conflictos de Francia. No se llega a considerar a este Tribunal como capaz de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero podr denunciarse por el Tribunal al Presidente, la inconstitucionalidad de una ley, y ste traerla a la Cmara para ceirse a lo que ella determine o acudir al referndum. Jimnez de Asa seala que estamos constantemente apelando al pueblo, en este caso y, sobre todo, en el otro; para resolver el conflicto entre el Presidente y la Cmara popular, porque si los dos son de eleccin del pueblo, slo el pueblo puede ser juez en sus conflictos.

El gran jurista madrileo finalizaba su presentacin del texto constitucional sealando que sin enmascarar nuestro pensamiento, era sta una Constitucin avanzada, aunque no socialista, pero s de izquierda, de gran contenido social, que va directa al alma popular. Los que quisieran, con el sabido y sobado pretexto del orden, transformar a Espaa en una Monarqua sin rey, encontrarn siempre en esta Comisin la lucha ms decidida y la ms absoluta negacin a ceder. Y era, adems, una obra explcitamente conservadora, conservadora de la Repblica admita Luis Jimnez de Asa.

PS: En recuerdo de Luis Jimnez de Asa no estar de ms recordar estos informes de fuentes muy significativas (Mi fuente: Luis Enrique Otero Carvajal (dir),Mirta Nez Daz-Balart, Gutmaro Gmez Bravo, Jos Mara Lpez Snchez, Rafael Simn Arce, La destruccin de la ciencia en Espaa. Depuracin universitaria en el franquismo. UCM-Editorial Complutense, Madrid, 2006, prlogo de Carlos Berzosa, pp. 246-247).

La direccin general de Seguridad, la GESTAPO espaola, informaba sobre l el 12 de junio de 1940 en los trminos siguientes: Ha tenido actuaciones destacadsimas como favorecedor de la FUE y perseguidor de los estudiantes de derechas y ha tomado parte en infinidad de conferencias y mtines salido de Madrid a los pocos das del asesinato de Excmo. Sr. D Jos Cavo Sotelo, siendo destinado a Praga, haciendo en esta ciudad cuanta propaganda pudo a favor de la causa roja, y parece ser que en la actualidad se encuentra en la Argentina.

La Parroquia de la Concepcin, otra agencia informante, aada cinco das ms tarde: Segn referencias es persona de ideas de extrema izquierda, afiliado al partido Socialista por el que fue diputado, corruptor y envenenador de las ideas de la juventud universitaria y uno de los principales responsables de la desdichas y desgracias que ha padecido Espaa.

Un mes despus, el 17 de julio de 1940, el profesional Colegio de Abogados sealaba: Ardiente defensor de la causa marxista; colaborador constante de los gobiernos del frente Popular con los que ha desempeado altos cargos pblicos; enemigo del GMN al que atac duramente; defensor de todo lo que significara desorden y alteracin de los obreros rojos y socialistas. Huy a Valencia, se le supone en el extranjero. Ha sido expulsado de esta Corporacin por su evidente desafeccin a la misma.

Ese misma 17 de julio Falange sealaba: Form parte de la diputacin Permanente de las Cortes tomando parte en los debates contra las derechas. Se signific en la discusin contra las congregaciones religiosas y haberes del clero.


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