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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-02-2007

Referndum en Andaluca
Un Estatuto detestable: abstencin pasiva

Manuel F. Trillo
InSurGente



Abordar el Estatuto en su totalidad aprobado por las Cortes el 20 diciembre de 2006 -trigsimo segundo aniversario de la voladura de Carrero Blanco- requerira un espacio que sobrepasa el que corresponde a un artculo como ste (y la paciencia de los editores y lectores). Por ello me limitar a referir algunas cuestiones que considero esenciales para que los electores andaluces -entre los que me cuentan en el censo, aunque nunca ejerciera tal derecho subjetivo- decidan o bien votar No, o bien optar por la Abstencin pasiva (el s, como la abstencin activa, es un triunfo para el sistema establecido). No har consideraciones polticas, eso se lo dejo a los polticos a los activos y a los que han pasado a la reserva- aunque mucho me temo que cualquier observacin desde el mbito que me es propio se tome como poltico. No lo voy a discutir, pues, a la postre, referir argumentos que afectan a una posicin poltica el da 18 de febrero en el referndum.

El contexto


Hay una confusin generalizada respecto a los derechos y libertades pblicas recogidos en toda Constitucin, y por supuesto en la de 1978. Suele el comn creer que todos los derechos recogidos en un texto constitucional tienen el mismo rango. Su creencia se debe a que los polticos, todos en los ltimos 25 aos, sin excepcin -los honrados y los que lo son menos-, han hablado de ellos con el genrico nombre de derechos constitucionales. Su ignorancia o su mala fe ha hecho concebir a la poblacin que tena derechos inalienables y recurribles como si fueran derechos protegidos por los tribunales.

Curiosamente, esos derechos no existen. No hay un solo apartado donde se diga derechos constitucionales. En el Captulo Segundo hay tres Secciones, y slo la Primera, la que abarca desde el art. 14 al art 29 son derechos fundamentales, y por tanto pueden ser reclamados ante los tribunales y en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Los dems derechos de los ciudadanos son bonitos cantos de sirenas y literatura, pura poesa, sin posibilidad alguna de que una persona pueda reclamarlos (salvo que haya ley que lo habilite). Por eso, el derecho al trabajo (art. 35) o el derecho a una vivienda digna (art. 47), por citar algunos, son so: encantadora literatura. As tenemos tres grados: derechos fundamentales (susceptibles de recurso de amparo), derechos de los ciudadanos (desprotegidos si no hay ley habilitante) y principios rectores (puramente orientadores de la accin legislativa). Aclarado esto hay que ver al Estatuto de Andaluca que se somete a referndum bajo este prisma, pues la ley constitucional constrie la redaccin y propuestas realizadas de cualquier norma. Adems es preciso recordar que el Estado espaol est sujeto por el principio de supremaca normativa al Derecho comunitario (Reglamentos, Directivas, Decisiones...) como consecuencia de la entrada en la Unin Europea y los tratados subsiguientes. (Olvdense de la Constitucin europea, an no est en vigor.)

Qu grado de autonoma legislativa tienen entonces las regiones espaolas ante este panorama? Para decirlo muy brevemente: lo que la Constitucin y el Derecho comunitario consientan. Por eso cuando uno mira, artculo por artculo, el Estatuto que se somete a referndum, puede observar que no hay nada novedoso, que todo es un puro deseo, una ilusin, un proponer que se har y que se promover esto o lo de ms all. Ciertamente la Constitucin Espaola (CE) permite y establece en sus artculos 148 y siguientes lo que las Comunidades Autnomas (CCAA) pueden desarrollar legislativamente en su mbito de competencia. Y esos artculos son el cors que se le imponen a los Estatutos que llegan a las Cortes. Luego las CCAA tendrn aquellas competencias que les permitan la CE y las que el Gobierno central transfiera graciosamente. Y he aqu la madre del cordero: la relacin de fuerzas es favorable al Gobierno central, y siempre puede ejercer a travs de un recurso ante el TC las acciones que limiten la autonoma. Hay quienes consideran que este tipo de Estado descentralizado -administrativa y polticamente, claro- es lo ms cercano a un Estado Federal, pero siendo cercano hay que remarcar que no es un Estado Federal.

ste es el marco en que se redacta este Estatuto. Cmbiese el marco constitucional y oblguese si es que se puede- al Gobierno central a transferir las competencias -todas- factibles de ser transferidas, pues a travs de ley orgnica muy bien puede ceder las competencias de titularidad estatal. Por qu no lo ha hecho en estos 25 aos? Pues hay una respuesta clara: porque salvo Catalua y el Pas Vasco que s han reclamado mayores competencias, el resto, si lo ha hecho, ha sido ms como consecuencia de peleas polticas de corto alcance (vuelan como gallinas) que como un factor estratgico. Lo dicho no es objeto de debate, la realidad jurdico-poltica lo corrobora de la cruz a la raya.

Y an no he dicho nada del texto del Estatuto


No dir nada al respecto de la ingeniosa frmula de Clavero para evitar mencionar el trmino nacin que ninguna relevancia jurdica tiene. Pues el artculo 1 la define tal cual estaba en el de 1980: Nacionalidad histrica. Cmo se denomine es algo que es irrelevante, porque lo que realmente sirve es que se constituye en Comunidad Autnoma en el marco de la unidad de la nacin espaola y conforme al artculo 2 de la Constitucin. Vase si eso se dice en el Estatuto vigente en Catalua. Por eso cuando estos legisladores (PSOE-PP-IU) mencionan el artculo 139.1 de la CE en que se explicita que todos los espaoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todos los territorios del Estado se puede comprobar que no todos se definen del mismo modo. Y eso que ambos estn bajo el mismo marco normativo constitucional. La literatura del Prembulo es rotundamente ridcula, pues es la resultante de haber consentido que el Partido Popular metiera la ua. Y todos han quedado tan satisfechos.

Han organizado una campaa con la presencia de individuos relevantes mediticamente, pues de algunos dudo que tengan capacidad para entender tan siquiera el artculo 1, entre los que se encuentran Sabina, Garca Montero, Miguel Ros, Estrella Morente, Pilar Bardem, Ana Rossetti, Juan Diego, Bentez Reyes, Ruth Gabriel o Elena Medel, entre otros. Que sea as no dice nada a favor ni en contra del Estatuto, pues su valor hay que determinarlo por su articulado. stos lo alaban; yo, sencillamente, lo detesto. Pero reconzcase que es un dato significativo.

De 75 artculos que tena el de 1980, han pasado a redactar uno con 250. Las leyes esenciales no necesitan un gran articulado, y cuando no es as es porque los legisladores quieren esconder la debilidad de la propuesta legislativa. Lamento tanta extensin porque los opositores en los aos prximos tendrn que memorizar un 333 % ms de texto vacuo y triste.

El artculo 10 es una muestra de ese gran despropsito: con cuatro apartados y, ojo, 24 objetivos bsicos. En s mismo se acabara ah. Pero no, continan hasta el 250. Todo el Estatuto se asienta sobre principios rectores, y no establecen ni un solo derecho que no est reconocido en la Constitucin. Ninguno de los derechos del Ttulo I puede ser reclamado ante los tribunales ms all de lo que lo estn los derechos fundamentales de la CE (Arts. 15 a 29). Y para que se entienda lo que estoy diciendo sobre la gran mentira, veamos cmo est redactado el artculo en que se reconoce el derecho al trabajo. Art. 26: En el ejercicio del derecho constitucional al trabajo... No hay derechos constitucionales, sa es una forma retrica, y ningn tribunal aceptara un recurso de amparo sobre tal formulacin. Veamos el art. 23: todos tienen derecho a una renta bsica que garantice unas condiciones de vida digna... Mi pregunta, puede un ciudadano andaluz acudir a un tribunal para reclamar tal derecho en el supuesto de que su renta bsica -que por cierto no establece parmetro alguno para determinarla- no le asegure una vida digna a l y a los suyos? Ya lo digo yo para que no se moleste nadie en averiguarlo: no. El tribunal, o juez, no aceptara a trmite tal reclamacin. Y como se puede comprender, yo soy de esos que defienden que los derechos existen en tanto que se pueden reclamar con toda la fuerza de la ley. Ms ejemplos: Art. 29. Acceso a la justicia: En el mbito de sus competencias, la CA garantiza la calidad de los servicios...., por supuesto, faltara ms que adems estuvieran impresentables. Otro ms, y acabo por que me estoy cansando: la vivienda. Art 25: Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna, los poderes pblicos estn obligados a la promocin pblica de la vivienda. La ley regular el acceso a la misma.... Dgame alguien qu es lo que se garantiza aqu a quien no tenga una vivienda digna. De nuevo se vuelve con la falacia del derecho constitucional (inexistente en la Constitucin espaola) y a rengln seguido lo difiere a una ley futura. Pero eso ya lo garantizaban el Estatuto de 1980 y las normas constitucionales! Por qu no lo han hecho? Y as podramos ir uno tras otro hasta el 250. Yo me los he ledo (masoquista o curioso, no s), pero no pienso exponerlos aqu porque sera posiblemente lo ltimo que escribiera.

Es un Estatuto insuficiente. Es un Estatuto que no va dirigido a la poblacin andaluza, sino que va destinado a las capas polticas actuantes y a esa clase poltica que visita Sevilla y se aloja en Sevilla. Nada le dice este Estatuto al agricultor, al marinero, al estudiante, al funcionario, al camarero, a los millones de andaluces y andaluzas que no lo leern jams, y a quienes yo recomiendo desde aqu que lo lean para ver qu calaa tienen los polticos que se sientan en Parlamento andaluz. La derecha caciquil y seoritil de Andaluca est muy a gusto con este texto porque no dice nada, y adems coloca a Andaluca en el futuro inmediato muy atrs de las realidades nacionales -en palabras de Clavero Arvalo- que se configurarn no tardando mucho. Es un texto precipitado, un borrador, uno NO VOTA un borrador. Pues para Estatuto ya tengo el Estatuto de 1980. Ahrrense la campaa electoral, pues desde aqu pido la abstencin pasiva, que vayan a las urnas solamente los que lo han redactado. Me temo que irn muchos ms, pero sa no es mi responsabilidad.

Con este Estatuto Andaluca vamos hacia atrs. Jurdicamente no tiene ms valor que el de 1980, y polticamente ya sabemos qu hacen los gobernantes con los principios rectores. Andaluca por s el 18 de febrero se hace si la abstencin es mayoritaria y se obliga al Poder a tener que modificar los presupuestos desde los que han redactado este pastiche intolerable para los andaluces. El valor que tiene la abstencin pasiva sobre el NO que propugna el andalucismo, es que demostrara incluso a estos que los andaluces no juegan ese juego en el sistema en el que tan cmodamente se han establecido. El rechazo con la abstencin pasiva sera tan evidente que nadie podra proclamar una victoria, pues las victorias prricas pasan factura con el paso del tiempo. Y cualquier resultado que fuera inferior al dado en 1980 sera una derrota de los sujetos que lo avalan.



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