De Juana Chaos ha pasado los últimos veinte años en la prisión. Reducida por los beneficios penitenciarios que preveía la legislación anterior, se había computado y establecido una condena de dieciocho años por los crímenes que cometió. Aún así, continúa en prisión preventiva, pendiente de la resolución definitiva del procedimiento abierto por el contenido de dos artículos publicados en el diario Gara.
 
La Audiencia Nacional española considera que, con estos artículos de opinión, De Juana Chaos ha cometido delitos de amenazas terroristas y le ha condenado a doce años y medio más de prisión. Como protesta por esta decisión, De Juana Chaos ha optado por hacer huelga de hambre hasta las últimas consecuencias.
 
Los estados de derecho (como tantas veces nos repiten como si fuera una campaña publicitaria) no prevén la pena de muerte ni la cadena perpetua. Del mismo modo continúa prohibiendo la eutanasia. Me guiaré por la buena fe y supondré que el estado de derecho no ha dejado de confiar en sus leyes y continúa no queriendo aplicar la cadena perpetua o la pena de muerte Guiado por la misma buena fe, consideraré que los motivos políticos no hacen que la eutanasia sea legal.
 
Supondré, también movido por la buena fe, que el contenido de los artículos que ha publicado De Juana Chaos es lo suficiente explícito y claro para mantener en la prisión una persona en riesgo de morir. Me gustaría pensar que en un estado de derecho hay libertad de expresión y que, en este caso, así como el de Egunkaria o el del actor Pepe Rubianes por mencionar algunos, hay indicios suficientes para procesar a los responsables (de lo contrario, todo el mundo ya habría levantado el grito al cielo, como es costumbre, cuando hay episodios de falta de libertad de expresión lejos de estas comarcas, ponemos por caso en Marruecos, en Cuba o en Turquía).
 
La buena fe me impulsa a pensar que en el estado de derecho la justicia es igual para todo el mundo, que no influyen las presiones políticas y que realmente hay independencia judicial; que las declaraciones del ministro de Justicia, López Aguilar, en qué afirmaba: 'el Gobierno construirá nuevas imputaciones para evitar dichas excarcelaciones', refiriéndose al caso de De Juana Chaos, no han influido en la sentencia judicial.
 
Alguien decía: Hechos, no palabras. Pues David Fernàndez, en su libro 'Crónicas del 6 y otros retalls de la cloaca policial', nos informa de los hechos siguientes: el ex-general de la guardia civil y miembro destacado de los horrores de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado a setenta y cinco años de prisión por el asesinato de Lasa y Zabala y tan sólo cumplió poco más de cuatro porque alegaba problemas de salud. Julen Elorriaga también fue excarcelado por motivos de salud; condenado a casi ochenta años de prisión por los mismos hechos sólo ha cumplido un 3% de la condena. De la Rosa, después de estafar toda España, gracias a una depresión puede disfrutar de un generoso régimen de tercer grado. Rafael Vera, tras ser condenado a diez años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL, sólo pasó ocho meses recluido por aquella causa...
 
David, en su libro, habla básicamente de torturas y torturadores de como la justicia muestra diferentes grados de severidad según el acusado, de como funciona la maquinaria informativa por criminalizar determinadas disidencias, de como la policía crea las pruebas necesarias para imputar alguien cuando interesa políticamente, como el gobierno no quiere escuchar los informes del Relator Especial por la Cuestión de la Tortura de las Naciones Unidas o de organismos como Amnistía Internacional, que aseguran que en este estado de derecho se tortura.
 
Pero también resulta, ahora, que la fiscalía de la Audiencia Nacional pide el archivo del caso Egunkaria: no hay pruebas. Resulta que el noviembre del 2004 el Tribunal de Estrasburgo condena al estado español por 'no haber investigado' las torturas denunciadas, doce años antes, por diecisiete independentistas catalanes; hacía falta acallar las voces discordantes durante los Juegos Olímpicos. Resulta también que, el noviembre del 2005, Zapatero indulta cuatro policías locales de Vigo, inhabilitados y condenados en firme a dos y cuatro años de prisión por haber apaleado, insultado y vejado al ciudadano senegalés Mamadou Kane. Y resulta que Aznar había hecho igual el diciembre del 2000: catorce agentes condenados por torturas (uno de estos reincidente), indultados.
 
Y resulta que... estoy hecho un lío. Demasiado a menudo este estado de derecho tiene partes oscuras que me hacen dudar. Todo esto apesta a hipocresía. Y tanta hipocresía hace que se te agote la buena fe.