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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-02-2007

Carta abierta a Xabier Br de Sala
La seguridad y la propiedad

Antn Corpas
Rebelin


Sr. Bru de Sala

Si no me equivoco al resumir su artculo del pasado 29 de enero titulado Jueces y violencia (La Vanguardia), existe para usted un grave problema que las administraciones deberan abordar urgentemente: la seguridad. En este sentido, ETA, los okupas y los robos en urbanizaciones, seran diferentes frutos y manifestaciones de un exceso de tolerancia judicial. El chiste recuerda a la manera en que se cocinan y se interpretan las noticias en medios como la COPE o La Razn, con la diferencia de que aqu el autor es un catalanista ilustrado que, en este caso, no sufre por aproximarse al mtodo y la escudella tradicional del cocidito madrileo.

As, no se conforma con elaborar un problema a partir de tres retales de tan distinta naturaleza, sino que da un paso mas y dice lo siguiente: es pasmosa la permisividad de las instancias judiciales con los delincuentes peligrosos. Por un lado, el movimiento okupa y el conglomerado extremista al que pertenece, que ms bien parece contar con la proteccin que con la severidad judicial, y continua mas adelante tambin en los asaltos a domicilios, parte de la culpa es de los polticos, que responsabilizan a la prensa de airear los casos, mientras se abstienen de un endurecimiento legal. Acotar en el mismo concepto de delincuentes peligrosos a la okupacin y a los asaltantes a domicilios es mas que superfluo pero le sirve para justificar y yo dira que incluso incitar a un delito: un nmero indeterminado de afectados exasperados se deciden por el peligroso camino de tomar la justicia por su cuenta y expulsar a los okupas mediante brigadas a sueldo.

Sr. Br de Sala, la prctica del acoso inmobiliario, un recurso habitual y sistemtico de un buen nmero de propietarios particulares y de inmobiliarias, es una forma de violencia que ataca directa y mayoritariamente a inquilinos bajo contrato de alquiler y que, no por casualidad, se produce all donde existe un proceso o una operacin urbanstica de envergadura. El propio Conseller d'Habitatge, Francesc Baltasar, declar hace menos de un ao y nada mas jurar su cargo en el anterior Govern, que aproximadamente 10.000 personas pueden estar sufriendo mobbing en toda Catalunya. Los mtodos mafiosos se utilizan contra las okupaciones por la misma razn que contra los arrendatarios: saltarse un proceso judicial con las debidas garantas y mantener e incrementar las expectativas de negocio proyectadas sobre el inmueble.

Los sabotajes, las amenazas, la instalacin de vecinos hostiles, el abandono de la finca etc. son los hechos que precisamente se han beneficiado de una absoluta pasividad judicial rozando a veces lo escalofriante, como en esta resolucin de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de julio de 2004: no cualquier actuacin de un arrendador encaminada a dificultar al arrendatario el disfrute del bien arrendado puede incardinarse en un ilcito penal... an cuando la Sra. Estefania tenga avanzada edad y la situacin le genere preocupaciones y desasosiego no por ello se la puede calificar de intimidatoria. No son mejores otras sentencias formalmente condenatorias pero que establecen multas ridculas como 15 das multas a razn de 18 euros en el caso de la Calle Verdi 28 de Barcelona u otra del Juzgado de lo Penal 2 de Reus aplicando 6 meses de multa a 6 euros diarios.

De hecho, buena parte del clima que durante las ltimas semanas ha intentado dibujar una determinada imagen, la del propietario indefenso frente a los okupas, est utilizando a estos como mueco de trapo y coartada que justificara las prcticas violentas y agresivas, al punto que a algn peridico barcelons le ha faltado encartar con la edicin del domingo la tarjeta de cualquiera de esas brigadas que no son otra cosa que individuos o equipos de macarras que cobran a cambio intimidar y coaccionar a los inquilinos.

En un sentido mas amplo, ese goteo meditico de brocha gorda, no est haciendo otra cosa que ocultar y desplazar del debate social y pblico la crisis total del derecho a la vivienda, que se ha perfilado como uno de los problemas mas graves para la mayora de la poblacin y que ha puesto en tela de juicio el comportamiento tanto de las administraciones como de los promotores. Los lobbys de propietarios han comenzado a hacer poltica sin mediaciones, intentando escribir un relato de la realidad del que desaparece la relacin entre el desarrollismo urbanstico, la planificacin municipal y la presin que ejerce hoy el mercado inmobiliario sobre la mayora de la poblacin de Barcelona.

Pero aunque la prensa quiera cambiar el decorado la tierra sigue girando sobre su propio eje. Le puedo hablar, por ejemplo, de Estefana, 90 aos, mas de 70 viviendo en la misma casa y que en los ltimos meses, ante el temor de un futurible proceso judicial por desahucio, ha renunciado a los derechos de su contrato indefinido de renta antigua, recibiendo a cambio un piso de realojo de tan pequeas dimensiones que no le permite tener un acompaante subvencionado, y al que finalmente ha renunciado para vivir con su hijo. Mara es una de diez vecinos, seis como ella que ceden sus derechos por miedo y presin, y otros cuatro a los que la LAU no les confiere derecho alguno tras casi 20 aos de pago del alquiler y reformas financiadas de su bolsillo. La responsable y la beneficiaria de este proceso es Starline Management, una de las diez sociedades a nombre de Alicia Ferrin Prez, y cuyo plan, tras derribar un conjunto de seis viviendas perfectamente conservadas, es la edificacin de 11 adosados con un valor superior a los 600.000 euros.

Estos diez vecinos, no conforman un hecho aislado sino que le dan relieve a los 10 desahucios que se producen a diario en Barcelona segn la Plataforma per l'Habitatge Digne. Una cifra que por s misma da que pensar pero que no se acerca ni de lejos a la dimensin real del problema, teniendo en cuenta que no incluye procesos de expulsin como este, con apariencia legal, pero donde el factor decisivo es la presin inmobiliaria, la desproteccin legal y material de los inquilinos y la libertad total de la propiedad.

Le contar otra realidad. Los casos de acoso inmobiliario que desde hace mas o menos cinco aos son el pan de cada da en el centro de Barcelona, fueron abriendo la puerta a nuevos vecinos, ms jvenes y a los que su poder adquisitivo an les permita pagar un sobreprecio vedado a la poblacin histrica de Ciutat Vella. Pues bien, ya hoy, en calles como Nou de la Rambla, Banys Vells o en determinadas zonas de la Barceloneta, se detectan casos en que la finalizacin de los cinco aos de contrato que establece la LAU se traducen en incrementos del alquiler de una meda de 300 euros, lo que supone una expulsin de facto de sus habitantes, transformados de privilegiados en deficitarios en lo que pasa un lustro.

Podra seguir contndole, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes zonas y a partir tanto de cifras como de casos concretos, la verdad de un derecho social en vas de extincin y cuyos beneficiarios tienen nombres, apellidos y direccin social. Podemos dejar que hablen ellos mismos, por ejemplo, la Associaci de Promotors de Barcelona (APCE), que ofrece esta receta para resolver la cuestin de la vivienda: En tanto que mercanca, la vivienda es una cosa que se produce no para ser utilizada, sino para ser transmitida, para ser vendida, y, desde este punto de vista, no tiene nada que ver con las necesidades que pueda tener parte de la poblacin (La vivienda: producto, mercanca o inversin, El Periodico, 30/01/2007). No lo digo yo sino Enric Reyna, que supongo que sabe usted bien a que se dedica y cuales son sus intereses, y que con idntico desparpajo afirma lo siguiente: A todas las administraciones estatal, autonmica y local les corresponde la difcil tarea de suavizar este serio y complejo problema del acceso a la vivienda. El sector inmobiliario continuar creciendo, aunque a menor ritmo del que lo ha hecho en los ltimos aos, tanto en volumen como en precios. Imposible ser ms claro.

Sr. Bru de Sala, la consonancia entre su opinin y la lnea editorial de su peridico y de casi la mayora de los medios catalanes, creo que responde, a priori, a algo evidente: han cantado firmes! y usted ha sido el primero en apretar el mentn. Pero tambin a algo ms profundo y que corresponde a las etapas por las que habitualmente pasa el pndulo del catalanismo progresista institucional, en el que incluyo desde ciertos sectores del PSC e IC-V hasta ERC. Ya en los aos 20-30 la Esquerra Republicana de entonces bastante ms potable que la actual pas de un discurso netamente social y casi izquierdista a convertir, durante la repblica, cualquier conflicto en un problema policial, judicial o de orden pblico. Hoy, despus de haber representado el contrapunto a la Espaa aznarista y ciertamente cabizbajo tras el humillante proceso estatutario, el catalanismo sociolgico y progresista carga haca dentro y se dedica a convertir los conflictos que afectan a derechos sociales bsicos, en problemas de seguridad.

Sr. Bru de Sala es significativo que haya que cruzar una lnea tan fina para que usted comparta palabras y trminos con Esperanza Aguirre

* Antn Corpas es miembro del Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanstica y co-redactor de Masala y www.insurgente.org



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