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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-02-2007

Iglesia y Estado: relaciones promiscuas

Manuel F. Trillo
InSurGente


Mucha ha sido la polmica que se ha levantado con la decisin del Tribunal Constitucional sobre una cuestin de inconstitucionalidad presentada por el TSJ de Canarias sobre varios aspectos de la legislacin vigente que regula, en parte, la contratacin de profesores de religin en los centros pblicos. El TSJ de Canarias somete a consideracin del TC la Disposicin Adicional segunda de la LOGSE (segn ley de Acompaamiento de PGE de 1998), y apartados recogidos en los artculos 3, 6, 7 del Acuerdo sobre Enseanza y Asuntos Culturales de 1979 entre el Reino de Espaa y la Santa Sede. Y sobre esta cuestin es sobre la que se pronuncia el TC, en ningn momento  entra a valorar los hechos que rodean la decisin adoptada por el arzobispo de Canarias cuando comunic a Mara del Carmen Galayo Macas que no le formalizaba nuevo contrato como profesora de religin", dado que esa competencia corresponde al TSJ de Canarias a quien le toca decidir la reclamacin de la seora Galayo aplicando la Constitucin y los derechos fundamentales que reconoce, entre ellos, los de libertad religiosa y los fundamentales que como ciudadanos tienen los profesores de religin.

Como siempre las noticias que llegan a los ciudadanos son siempre interesadamente  parciales, infestadas de propaganda, y de ese modo no es extrao que se llegue a conclusiones extravagantes. En este caso se ataca al TC con calificativos absolutamente exagerados y por ende errneos, aunque ello no suponga una sumisin asnal a cuanto decidan los tribunales. Pero en este caso, la cuestin que se ventila no es que la citada profesora de religin catlica fue agredida en sus derechos fundamentales, en la medida en que el vicario, y luego el obispo, le negaran la inclusin en la lista que se enva desde el obispado a la Delegacin de Educacin para que sta le formalice el contrato laboral (1).

 Actan legalmente los obispos cuando envan esas listas a las Delegaciones de Educacin?. O es un puro capricho de los jerarcas del  catolicismo?. Actan legalmente los imanes y religiosos musulmanes cuando remiten a esas mismas instancias administrativas la lista de las personas que consideran idneas para impartir sus doctrinas?. Y qu decir de los judos, acaso alguna sinagoga permitira que el Talmud y la Tor fuera explicada por alguien que los rabinos no consideraran idneos?. Se quiera o no les ampara la legalidad. Los acuerdos realizados entre el Estado y las iglesias tienen su  amparo legal y constitucional. Y en ese sentido es en  el que se pronuncia el TC -pero no slo para el caso catlico ni para el de esta profesora de religin catlica- cuando afirma corresponde a las confesiones la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseanza de su respectivo credo".  El TC no se pronuncia sobre el hecho concreto de que el obispo -o el vicario- le espetara el arrglate como puedas, y que le hubiera preguntado sobre su vida privada. Porque lo cierto est en que no se ventila esta cuestin en el TC; en el TC se ventila algo muy diferente, la constitucionalidad de los Acuerdos con la Santa Sede (2).

De la lectura de su articulado  llegamos a la conclusin de que esos Acuerdos deben ser denunciados (por el procedimiento que corresponde a los tratados internacionales) y dejar sin poder legal alguno a las confesiones religiosas existentes en Espaa (catlicos, judos, musulmanes, evangelistas). a  Pongmosle el cascabel al gato!. Porque quizs nos encontraramos con la oposicin de esos 17.000 profesores de doctrina catlica que cobran del erario pblico como antao cobraban los que impartan Formacin del Espritu Nacional.

Gato por liebre


Es absolutamente indignante que un vicario o san dios se meta en la vida privada de una persona. Pero no haba recurso de amparo sobre la invasin de la privacidad, eso le tocar a la actora cuando presente el recurso; pero eso es lo que se ha transmitido a la sociedad meditica, y todos ahora creen que el TC no protege un derecho fundamental de esta catequista (persona que instruye sobre doctrina cristiana), sino que la abandona al pairo de la soledad. No es as. Ella no ha planteado recurso de amparo alguno, ha sido el TSJ quien plante lo que antes hemos sealado. Por tanto, ahora toca a este TSJ ventilar si el hecho de que  no se renovara el contrato se ajusta a Derecho o se ha procedido por analoga a un despido nulo o improcedente, pues segn la norma vigente "los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios docentes, impartan enseanzas de Religin en los centros pblicos en los que se desarrollan las enseanzas reguladas en la presente Ley, lo harn en rgimen de contratacin laboral, de duracin determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial".

Por no abundar ms en este asunto, en Espaa se hacen millones de contratos laborales de duracin determinada a tiempo completo o parcial. En este caso lo es por un curso escolar. Finalizado el curso, el contratador puede volver a contratar o no, es su libertad (en este caso quien firma el contrato -la Delegacin de Educacin- y el que confecciona la lista -equivalente al entrevistador en una empresa privada, el obispo u ordinario del lugar- son sujetos diferentes, pero con una misma finalidad: la imparticin de la doctrina catlica). Y ya veo a los obispos frotndose las manos con este planteamiento. Pues que se las metan en la sotana.

El empresario, en este caso por delegacin de las autoridades educativas, y en consonancia con esos Acuerdos de 1979, es el obispo (aunque firme y pague el Estado), ha cometido un craso error al anunciar el motivo por el que no se le renovara el contrato. Y ciertamente la causa que alega es discriminatoria e invasora de la privacidad de las personas, por lo que puede ser calificado como despido improcedente. Pondr un ejemplo para que se vea tal analoga: un trabajador puede ser despedido en el perodo de prueba sin motivacin alguna y el despido es procedente. Pero en un caso es improcedente, cuando el empresario en ese mismo perodo de prueba le despide atentando contra  los derechos de la persona. Entendido esto no hay duda que la no renovacin del contrato a la profesora citada puede ser equiparado a un despido improcedente, y con derecho a una indemnizacin de 45 das por ao trabajado (desde 1990 a 2002) y a los salarios  de tramitacin hasta el momento de la sentencia. Por cierto, los obispos no pagan ni una sola indemnizacin, ni salarios de tramitacin, por lo que 11.630.788,85 euros se dedican del Fondo de Contingencia para el pago de indemnizaciones por sentencias firmes.  A esta profesora le tendran que abonar con el dinero pblico, los obispos no pagan nunca, el equivalente  a 540 das por indemnizacin, y los salarios de tramitacin, que a la fecha suma la friolera de 5 aos (interpretacin extensiva).

Esto es lo que no puede tolerarse, y por ello lo ms procedente es acabar con la promiscuidad entre la espada y la cruz, entre el Estado y la Iglesia, y denunciar los tratados internacionales suscritos con el Estado Vaticano (Acuerdos de 1979 y siguientes modificaciones), y de ese modo nos ahorraramos la friolera de 3.000 millones de /ao, ms lo que se aporta a las oenegs camufladas por el catolicismo (las Hijas de Mara es una oeneg, p.e). No he visto que los profesores de religin catlica (los catequistas) hablen de este asunto, lo son por mor de los Acuerdos de 1979, tampoco veo que pidan la separacin de Iglesia Estado, la denuncia de los mismos, y que la doctrina se lleve a las parroquias. Si los Acuerdos no existieran, si los obispos no existieran, ellos no tendran trabajo ni sueldo que llevarse a casa. De aqu la hipocresa de quienes se amparan en derechos fundamentales cuando les interesa y su olvido cuando les es perjudicial.

La ultraderecha catlica -poltica y religiosa, que es lo mismo- est encantada con esta decisin del TC porque pueden pregonar que los Acuerdos son constitucionales, y con ello derivan mayores poderes a los obispos y a una concepcin de la vida catlica a machamartillo. Cuando Fdez de la Vega -vicepresidente del Gobierno- afirma que el TC no ha modificado nada de lo que est establecido, nos advierte de que este es un Estado y una sociedad reaccionaria.

Una cosa es el derecho que asiste a una persona individual -que no ha recurrido en amparo, slo ha recurrido una no renovacin del contrato- y otra que los ultraderechistas quieran usar esta disposicin para gritar que los catlicos somos invencibles. Aqu meto a mi vecino, Antonio Dorado, el ordinario de Mlaga, jefe de la comisin que controla a los catequistas en la enseanza pblica. Pero no hay victoria alguna. Slo hay un esperar hasta que un Gobierno laico y decente denuncie de una vez por todas ese tratado y  mande a las religiones al mbito de la privacidad. Ah los profesores de religin catlica tendrn contratos ms sustanciosos, no hay que dudarlo, si tenemos en cuenta la bondad de la que hacen gala los cristianos.

Notas:


(1).- A estas alturas habr quien me site al lado de la ultraderecha judicial y constitucional, pero es mi aficin preferida poner las cosas en su sitio, y en este caso el TC se ajusta a la legalidad constitucional, mal que me pese en tanto que ello supone que los obispos se benefician de tal decisin constitucional. Como dicen en esta tierra: lo que , . Y en este caso el TC no puede dejar pasar por alto que el Acuerdo de 1979 tiene rango de Tratado, y aunque algunos obispos algo ignorantes le atribuyen un rango supraconstitucional, no es menos cierto que su valor se sita entre la CE y una LO.
 
(2).- Los Acuerdos son entre Estados soberanos (Reino de Espaa y el Estado Vaticano). Los artculos que ahora tienen importancia son el 3, 6, y 7: Artculo III. En los niveles educativos a los que se refiere el artculo anterior, la enseanza religiosa ser impartida por las personas que, para cada ao escolar, sean designadas por la autoridad acadmica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseanza. Con antelacin suficiente, el Ordinario diocesano comunicar los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseanza.

En los Centros pblicos de Educacin Preescolar, de EGB y de Formacin Profesional de primer grado, la designacin, en la forma antes sealada, recaer con preferencia en los profesores de EGB que as lo soliciten. Nadie estar obligado a impartir enseanza religiosa. Artculo VI. A la jerarqua eclesistica corresponde sealar los contenidos de la enseanza y formacin religiosa catlica, as como proponer los libros de texto y material didctico relativos a dicha enseanza y formacin. La jerarqua eclesistica y los rganos del Estado, en el mbito de sus respectivas competencias, velarn por que esta enseanza y formacin sean  impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religin al rgimen general disciplinario de los Centros. Artculo VII. La situacin econmica de los Profesores de religin catlica, en los distintos niveles educativos que no pertenezcan a los Cuerpos docentes del Estado, se concertar entre la Administracin  Central y la Conferencia Episcopal Espaola, con objeto de que sea de aplicacin a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

La exposicin de los artculos 1 y 4:

Artculo I: A la luz del principio de libertad religiosa, la accin educativa respetar el derecho fundamental de los padres sobre la educacin moral y religiosa de sus hijos en el mbito escolar. En todo caso, la educacin que se imparta en los Centros docentes pblicos ser respetuosa con los valores de la tica cristiana.  Artculo IV: La enseanza de la doctrina catlica y su pedagoga en las Escuelas Universitarias de Formacin del Profesorado, en condiciones equiparables a las dems disciplinas fundamentales, tendr carcter voluntario para los alumnos. Los Profesores de las mismas sern designados por la autoridad acadmica en la misma forma que la establecida en el artculo III y formarn tambin parte de los respectivos Claustros.


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