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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-03-2007

Breve gua prctica para entender todo el escndalo de la "para-poltica"

lber Gutirrez Roa
Revista Semana


El escndalo que vive Colombia ha tenido un desarrollo tan acelerado en las ltimas semanas, que pocas personas comprenden qu es lo que en realidad est pasando. Semana.com le ofrece todas las pistas para que usted resuelva sus inquietudes.

La crisis poltica desatada tras el proceso por la vinculacin de congresistas y miembros del gobierno con grupos de autodefensas se comenz a gestar hace ms de un ao, gracias a la aparicin de nuevos testigos y pruebas que comprometan a altos funcionarios con paramilitares de la Costa Atlntica. Aunque el tema no era nuevo para la justicia, slo entonces comenz a funcionar el aparato estatal encargado de las averiguaciones, pese a que algunos entes como la Fiscala tenan la mayora de las pruebas represadas desde haca ms de cinco aos.

El primer hecho concreto que les dio impulso a las investigaciones fue la denuncia presentada por la ex candidata a la alcalda de Bogot Clara Lpez, integrante del Polo Democrtico. Lpez decidi pedirle a la Corte que investigara a los congresistas para establecer si eran ciertas las afirmaciones que aos atrs hizo Salvatore Mancuso, segn las cuales las autodefensas tenan el control del 35 por ciento del Congreso. Aunque la cuestionada frase haba sido rechazada por legisladores de todos los partidos y algunos la incluyeron en sonados debates de control poltico, fue Lpez la primera en pedirle a la justicia que investigara el caso.

La prensa tambin jug un papel importante con su labor de denuncia y seguimiento permanente al caso. Semana revel con detalles cmo fue que los tentculos del comandante del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, hoy desmovilizado, penetraron el DAS, y de qu manera se fragu el fraude electoral de 2002 y 2006. Dichas investigaciones, que en principio fueron desmentidas por el presidente lvaro Uribe, fueron comprobadas poco a poco por la justicia. El Tiempo, Cambio y algunas investigaciones de Claudia Lpez (tambin publicadas por Semana.com) pusieron el dedo en la llaga sobre la forma como los paramilitares se repartieron los votos de la Costa atlntica para lograr que sus amigos llegaran al Congreso.

Todas estas iniciativas se sumaron a los valientes esfuerzos de control poltico que desde el Congreso hicieron legisladores como Gustavo Petro (el hombre que destap la penetracin paramilitar en Sucre, Crdoba, Cesar, Magdalena), la Fiscala y otros rganos del Estado, y la senadora Piedad Crdoba, quien en ms de cinco debates habl sobre la penetracin en el DAS y la imposicin armada de candidatos para las Alcaldas, las Gobernaciones, la Cmara y el Senado.

Como si fuera poco, las autoridades decomisaron al paramilitar Edgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de Don Antonio, un computador con informacin detallada sobre los contactos de Jorge 40 con los polticos; cinco congresistas fueron purgados de las listas uribistas por orden presidencial debido a nexos con los paramilitares, pero luego se reencaucharon en otros partidos, tambin uribistas; un paramilitar desertor conocido como alias Pitirry (hoy asilado en Canad) dio nuevos detalles sobre las masacres cometidas en Sucre; algunos senadores, llevados por el desespero, reconocieron sus contactos con las autodefensas; y, recientemente, Salvatore Mancuso divulg un documento que compromete a 28 lderes de la Costa en un pacto con las autodefensas para refundar la Patria.

Con todas estas pruebas, ms los testimonios de varios desmovilizados y familiares de vctimas annimas, la justicia comenz a armar el proceso. Estas son las piezas claves.

Los detenidos

Por cuenta de estas investigaciones ya estn tras las rejas 10 pesos pesados de la poltica colombiana.

Los tres primeros fueron los senadores congresistas lvaro Garca y Jairo Merlano y el representante Erick Morris, todos del departamento de Sucre y miembros de la bancada uribista en el Congreso. La Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas, les abri investigacin el 18 de octubre de 2006; una semana despus, los llam a indagatoria, y finalmente les dict orden de captura por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas. Garca est acusado de participar en el complot para ordenar algunas de las masacres de campesinos cometidas entre 2000 y 2002. Pero el caso ms grave es el de Merlano, al que se le investiga como jefe de un grupo de autodefensas. Cuatro diputados de los grupos polticos de estos congresistas haban sido capturados meses atrs por la Fiscala.
El 15 de febrero de este ao, tras dos meses de zozobra sobre lo que ocurrira, la Corte orden la captura de seis congresistas ms, esta vez por las denuncias sobre infiltracin paramilitar en Cesar y Magdalena. Se trataba de lvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo y Jorge Caballero, todos uribistas sealados de tener vnculos con Jorge 40 y beneficiarse de la reparticin electoral decretada por los paras y revelada por la analista Claudia Lpez. Aunque los cinco primeros fueron capturados esa misma noche, el ltimo sigue prfugo. Maloof, Caballero y Vives haban sido expulsados del uribismo a comienzos de 2006, por vnculos con autodefensas, pero luego volvieron al redil con la bendicin presidencial.

Finalmente, este 22 de febrero fue capturado el ex director del DAS Jorge Noguera, el ms cercano al presidente lvaro Uribe en el listado de involucrados. Noguera fue acusado por Rafael Garca, ex director de informtica del DAS nombrado por l, de permitir que la tenaza paramilitar cooptara la entidad. Segn Garca, hoy preso por borrar antecedentes de narcos pedidos en extradicin, el propio Noguera permiti la infiltracin y les suministr a los paras bases de datos para alterar los resultados electorales, e informacin sobre lderes sindicales que luego fueron asesinados. El escndalo le cost a Noguera el consulado en Miln. Sin embargo, Uribe insisti en su inocencia argumentando que cuando Noguera era el director de su campaa en Magdalena, me qued en su casa.

Los prfugos

Por el mismo escndalo estn prfugos de la justicia el ex gobernador de Sucre Salvador Arana y el representante Jorge Luis Caballero.

Arana, muy amigo del presidente Uribe, fue nombrado como diplomtico en Chile, pese a que la Fiscala lo investigaba desde hace cinco aos por nexos con paras. Desde el Congreso, el senador Petro denunci en 2004 que Arana era responsable por los homicidios cometidos por el grupo de alias Diego Vecino, hoy desmovilizado, y el temible Rodrigo Mercado Peluffo, Cadena, misteriosamente desaparecido en Santa Fe Ralito. Otra prueba en su contra es el testimonio del ex alcalde del Roble (Sucre) Tito Daz, quien en pleno consejo comunal denunci ante el presidente lvaro Uribe que Salvador Arana quera matarlo por su actitud de rechazo a los paras. Lamentablemente, la justicia no actu a tiempo, y Daz, tal y como lo anunci por televisin, fue asesinado a manos de las autodefensas, pese a que implor ayuda presidencial. Interpol tiene una orden de captura en contra de Arana.

El caso de Caballero es distinto. La inusitada votacin obtenida para las elecciones de Congreso, que en algunos municipios super el 93 por ciento, llam la atencin de la Corte, que no qued satisfecha con sus respuestas sobre su cercana con alias Chepe Barrera, jefe paramilitar del sur de Magdalena. Caballero tiene, adems, un grave antecedente. Ya haba sido expulsado de las listas del uribismo por sus nexos con autodefensas. Hay una versin en el sentido de que est en Alemania o en Espaa. No ha manifestado intencin de volver al pas.

Quines siguen?

El proceso comenz en la Costa atlntica y la mayora de implicados pertenecen a esa regin. Sin embargo, en las ltimas semanas la Corte y la Fiscala tambin adelantan pesquisas contra congresistas de departamentos como Boyac, Casanare y Antioquia.

En Crdoba hay un grupo grande de dirigentes salpicados por participar en el acuerdo de Ralito. Entre ellos figuran los senadores Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y Juan Manuel Lpez, as como un ex gobernador, el ex director del Inco, Luis Carlos Ordosgoitia, y la ex senadora Eleonora Pineda. Se espera que en los prximos das la Corte decida sobre su situacin.

De Cesar es investigado el gobernador Hernando Molina, primo del senador Arajo y de la ex canciller Mara Consuelo Arajo. Se le sindica de beneficiarse de un pacto con Jorge 40. Trino Luna, gobernador de Magdalena, tambin est vinculado, tras los sealamientos de la congresista Piedad Crdoba de que fue impuesto como candidato nico por las autodefensas.

Ahora el fiscal general, Mario Iguarn, envi a la Corte pruebas que, segn l, comprometen al representante scar Wilches con las autodefensas de Martn Llanos. En ese mismo departamento seis alcaldes son investigados por los mismos hechos. Y en Boyac, Ciro Ramrez, famoso por sus reiterados intentos de prrroga del mandato del presidente Uribe, ya est en la mira de la justicia por unas grabaciones en las que aparece en comprometedoras conversaciones con los narcos.

Aunque ninguno de ellos est preso y quienes lo estn an no han sido condenados, el ambiente favorable a la investigacin ha permitido que la Corte en el caso de los congresistas y la Fiscala acumulen cada vez mayor cantidad de pruebas sobre el grado de compromiso de los funcionarios con los grupos ilegales.

El impacto en el Congreso

La investigacin tiene con los nervios de punta a los congresistas desde finales del ao pasado. Y no es para menos. La vinculacin de congresistas influyentes en los crculos sociales bogotanos hace pensar que en esta oportunidad la Corte est decidida a darse la pela en la difcil tarea de esclarecer lo ocurrido.

Es por esta razn que las sesiones del Congreso son cada vez menos concurridas. Ni siquiera el llamado presidencial a sesiones extraordinarias para discutir el TLC con Estados Unidos y el Plan de Desarrollo han logrado que los legisladores se concentren en esa misin. Los desolados pasillos dan testimonio sobre la situacin. Para colmo de males, Uribe se queja de la falta de apoyo de su bancada cada vez que tiene que salir a defenderse de una embestida de la oposicin. Parece como si le tuvieran miedo a la oposicin, dijo Uribe en entrevista con una cadena radial.

En la comisin cuarta de la Cmara no saben qu hacer porque el presidente y el vicepresidente estn presos y en esas condiciones muchos creen que las decisiones que se tomen (sobre temas tan importantes como el Plan de Desarrollo) pueden quedar viciadas. En la comisin quinta del Senado tampoco hay presidente desde el da en que Arajo fue capturado por agentes del DAS en uno de los centros comerciales ms lujosos de Bogot.

Al enrarecido ambiente se suma la expectativa por el anunciado debate del senador Petro contra la familia del presidente Uribe, a la que acusa de promover el paramilitarismo en Antioquia. Hay paranoia y nervios alterados. Los chistes negros son cada vez ms frecuentes y hay quienes, por ejemplo, aseguran que a este paso, ser ms fcil lograr qurum en la crcel de La Picota.

El impacto en el gobierno

Pese a que el presidente lvaro Uribe se la jug a fondo desde el primer da para evitar que el escndalo salpicara su administracin, la realidad es que cada vez resulta ms tocado. Primero fueron las denuncias contra Noguera, quien era ni ms ni menos que el jefe de la Polica Secreta que depende directamente del presidente.

Luego apareci el documento de Ralito, que comprometa a Ordosgoitia, su ex director de concesiones. Y finalmente, la Canciller, a la que tuvo que aceptarle renuncia a comienzos de esta semana ante la inmensa presin poltica nacional e internacional. Aunque Uribe insisti en que no la sacrificara, los hechos terminaron imponindose: una persona, por muy capacitada que sea, no puede manejar la imagen internacional del pas si su hermano senador est preso por paramilitarismo su padre est procesado por secuestro y homicidio de lderes indgenas, y su primo est sindicado de ganar la gobernacin de Cesar gracias a un pacto con las autodefensas de Jorge 40.

Cada una de esas tres bajas en el gobierno tiene un valor muy especial para Uribe. Todos eran amigos suyos. A todos los defendi hasta ltimo momento. Noguera, el ms gravemente cuestionado, es de su ntima confianza y hasta dirigi su campaa en Magdalena, uno de los sitios en donde se investiga si hubo fraude en las recientes elecciones. A la hora de los balances, el gobierno sale muy mal librado por el escndalo, aun cuando el Presidente insista en que lo destapado hasta ahora sea consecuencia de su poltica de seguridad democrtica. A decir verdad, el gobierno fue el primero en poner en duda las informaciones sobre el fraude electoral, la paramilitarizacin del DAS y algunos de los hallazgos del computador de Jorge 40.

En la encrucijada

Captulo aparte viven funcionarios como el procurador Edgardo Maya Villazn y la ministra de comunicaciones, Mara del Rosario Guerra de la Espriella. El primero tiene el reto de demostrar independencia en el proceso como jefe del Ministerio Pblico y familiar de varios de los implicados. Es padrastro del cuestionado gobernador de Cesar, y to del senador Arajo.

La ministra, por su parte, hace parte de una de las castas ms influyentes de Sucre, el departamento baado en sangre por las masacres paramilitares. Su gran dilema est en que el escndalo ya toc a su familia, pues en las ltimas horas se conoci que el gobierno destituy a su primo Vctor Guerra de la Espriella del cargo de delegado en la Corporacin Autnoma de Sucre, por hacer parte de los firmantes del acuerdo de Ralito. Aunque la ministra dice que su caso es muy distinto del de la ex canciller Arajo y se escuda en que su familia es muy numerosa (tengo 53 primos por el lado materno y 25 por el paterno), la oposicin comenz a pedir su renuncia.



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