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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-03-2007

Multinacionales, paramilitarismo y Estado

Hugo Paternina Espinosa
Rebelin


Desde hace mucho tiempo diversas organizaciones sociales en Colombia, lase sindicatos, comunidades indgenas y afrodescendientes, entre otras, han venido denunciando y con gran insistencia el papel activo que han estado jugando las multinacionales en la violacin a los derechos humanos en el pas y tambin en cuanto hace referencia a la profundizacin del conflicto armado en el mismo.

Y mientras la Colombia humilde y empobrecida se desangra, o deambula de semforo en semforo como de modo fiel e irrefutable lo ejemplifican los ms de dos millones y medio de persona desplazadas que hoy mal viven entre barrancones en las principales capitales, o en improvisados albergues, semimuertas como es de esperarse por la inasistencia oficial, estigmatizadas por una sociedad indolente y devoradas por la falta de esperanzas, las multinacionales del petrleo, del carbn, de los recursos hdricos, del sector financiero y las telecomunicaciones, como no, con la complicidad de la mal nacida oligarqua colombiana nutren sus arcas y para ello apelan a la conjugacin de todas las formas de proteccin del capital: jurdicas, polticas y militares.

2. La Coca-Cola y sus criminales pasos.

La participacin de importantes multinacionales en sonados crmenes de sindicalistas en Colombia no es un asunto nuevo y compromete a singulares y muy reconocidas empresas. La multinacional Coca-Cola, por ejemplo, desde principio de la dcada de los noventa viene siendo sealada por el Sindicato Nacional de la Industria de la Alimentacin (SINALTRAINAL) [1] como responsable de cegar la vida a por lo menos 14 miembros de su agremiacin, entre ellos 7 miembros del sindicato de la Coca-Cola y, de igual modo, propiciar el desplazamiento forzado de varias decenas de sus miembros, lo que incluye, por supuesto, el exilio de un par de trabajadores sindicalizados. Varios de los sindicalistas asesinados fueron ultimados mientras se estaban negociando pliegos de peticiones y diversas voces no han dejado de sealar como responsables de dichos crmenes al paramilitarismo en complicidad con los organismos del Estado.

Entre los sindicalistas asesinados desde 1992 hasta ac se encuentran: Jos Gabriel Castro (1992), Jos Manco David (1994), Luis Enrique Gmez (1995), Isidro Segundo Gil (1996), Jos Libardo Osorio (1996), Alcira Herrera Prez, esposa de Isidro Gil (2000) y Oscar Daro Soto, en Montera, Crdoba (2001). Y ello para no mencionar el allanamiento de sedes sindicales y tambin las reiteradas amenazas contra familiares y miembros del sindicato. Todo ello, efectivamente, con la complicidad de los distintos gobiernos quienes han actuado por accin o por omisin como perfectos cmplices frente a toda esta tropela. Por todos estos crmenes, hasta ahora no se conoce ningn responsable y constituye todo ello la punta del iceberg de una estrategia orientada en la direccin de eliminar a todo opositor que quiera ponerle bices a la gula de las multinacionales en Colombia.

Esta denuncia ha traspasado la frontera y ha convocado la solidaridad de trabajadores de distintos pases, incluida la del sindicato metalrgico estaudinense United Steelworkers of America (Uswa), quien junto a otras agremiaciones sindicales procedieron en el ao 2001 a instaurar una demanda ante un Juez Federal contra la compaa y, adems, contra dos de sus embotelladoras por considerarlas responsables de crmenes y persecucin contra los sindicalistas colombianos. Como era de esperarse, el Juez desestim la denuncia en marzo del 2003 contra la Coca-Cola, pero el boicot y la solidaridad ante este criminal proceder por parte de esta multinacional no ha dejado de sentirse, hasta el punto que varios campus universitarios en los EEUU y en Europa han hecho recientemente un llamado para que los productos que expende la Coca-Cola a su interior sean retirados hasta tanto no se clarifique cul es y ha sido su responsabilidad ante los hechos que se le imputan.

3. La coca-cola mata, el Estado igual: boicot en el corazn del imperio.

Desde finales del ao 2005 y principio del 2006, varias campaas contra la Coca-Cola se han puesto en movimiento en varios campus universitarios. As, la Universidad de Mchigan [2] y la de Nueva York han retirado los productos Coca-Cola y otro tanto han hecho varios centro educativos en Inglaterra, Irlanda e Italia, entre otros. El lema que los ha hermanado es: Porque amo la vida no tomo Coca-Cola. Esta campaa se suma a otras que ya en otros momentos fueron impulsadas en el ao 2003 por otros actores. Esta situacin para los directivos de la multinacional les ha resultado incmoda y como nunca antes han tenido que salir a dar las explicaciones de rigor frente a las punzantes denuncias que se les hace.

En este sentido Edgar E Potter, director de Relaciones Laborales Globales de Coca-Cola sali a decir en una carta a Terry Collingsworth, director ejecutivo del Fondo Internacional para los Derechos Laborales, organizacin con sede en Washington y quien representa legalmente a los sindicalistas que: The Coca-Cola Company y sus embotelladoras han entrevistado a testigos de los asuntos en cuestin y confan en la suficiencia de esas investigaciones. Estas no encontraron evidencia de que los administradores de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia conspiraran con paramilitares para amenazar o intimidar sindicalistas, ni evidencia de que administradores de plantas embotelladoras de Coca-Cola tengan algn papel en la muerte [de sindicalista] [3]

4. El carbn mueve las industrias y mata a trabajadores.

Y si este es el criminal actuar de la Coca-Cola, el de la Drummond, mayor explotador del carbn en Colombia no es nada distinto. Hoy se sabe lo que ya muchos sindicalistas haban denunciado en su debido tiempo, slo que quien deba en nombre del Estado garantizar la defensa de los derechos humanos de los trabajadores colombianos y castigar a la Drummond no lo hizo como era su responsabilidad. El gobierno de lvaro Uribe Vlez y la justicia en Colombia saban, antes tambin el Presidente Andrs Pastrana Arango, que la multinacional del carbn estaba seriamente comprometida en el crimen de varios sindicalistas (Valmore Locarno, Victor Hugo Orcasista y Gustavo Soler), hechos acaecidos en el ao 20001, pues Rafael Garca, el exinformtico del DAS y quien prendiera el ventilador de la parapoltica y ahora confidente de la Fiscala, denunci en mayo de 2006 que Augusto Jimnez, Presidente de la Drummon en Colombia haba dado a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, la friolera de 200.000 euros con el objeto de que procedieran contra los mencionados sindicalistas. Pese al proceder de la Drummond y a lo contado por Rafael Garca, la corrupta justicia colombiana expresada en el juez instructor del caso archiv el mismo por la razn que ya todos conocemos: falta de evidencia.

Cmo es posible, me pregunto, que la justicia colombiana archivara este caso y ahora Karon Bowdre, as sea por burla, juez federal en los EEUU considere que hay indicios para iniciar un juicio contra la multinacional Drummon? El juez en mencin ha considerado oportuno escuchar el testimonio de Rafael Garca, sin embargo, todo parece indicar que el juez norteamericano es de la consideracin que lo ms conveniente es que la Drummond y los abogados de los directivos sindicales asesinados y del sindicato mismo (SINTRAMIENERGIA) muan un acuerdo y as evitar la instancia del juicio. Cabe sealar en cuanto hace referencia al juez colombiano que ste autoriz realizar un juicio, s, pero, al parecer, relacionado slo con los daos derivados de la muerte de los sindicalistas.

5. Por los recursos energticos todo vale.

Est claro que tanto para la justicia colombiana como para la justicia de los EEUU no interesa condenar a la Drummond, a toda costa se le blindar, lo cual nos dice que se le tolerar el que haya matado, como lo ha hecho, y hasta el que haya financiado a grupos paramilitares como as ha sucedido, contraviniendo incluso directivas del Departamento de Estado de los EEUU y la misma Patriot Act, la cual prohbe expresamente cualquier trato con organizaciones consideradas terroristas. En todo caso, la Drummon segn la lgica norteamericana no ha hecho otra cosa que garantizar un importante flujo de recursos energticos [4] de carcter estratgico para los EEUU, vido como sabemos de importantes recursos energticos en estos cruciales momentos. Todo este oprobio es susceptible de ser perdonado en EEUU y tambinen Colombia, all se bendice a quienes torturan en Guantnamo, Abu Graihb, a quienes lanzan bombas de fsforo en Irak y cometen all crmenes de guerra y lesa humanidad; tambin all perdonan a quienes mintieron por lo de las armas de destruccin masiva que no le encontraron a Sadam Hussein; y ac se perdona a Mancuso, Jorge 40, Don Berna y dems asesinos y mafiosos de profesin y, sobre todo, teniendo como base una ley (Justicia y Paz) que slo Uribe y una parte de su Congreso revestido de nexos con el narcoparamilitarismo les podra brindar.

Esta es la seguridad democrtica que Uribe le vende en empaque al vaco a la famosa comunidad internacional, quien le premia y santifica los crmenes de hoy y de ayer, sin equvoco alguno, siempre y cuando y con servilismo inconfundible permita que los recursos energticos de carcter estratgico que requieren tanto el amo del norte como otras potencias para enfrentar sus crisis energticas fluyan hacia sus centros de poder. Ante todo ello me pregunto Qu hay de la tan anunciada lucha contra el terrorismo patrio y el terrorismo ecumnico y sus financiadores propios y extraos? No saba acaso el Presidente Uribe toda esta situacin? Qu hubiera sido de un industrial colombiano o una multinacional que hubiera pagado a las FARC o al ELN una cantidad semejante y ello hubiera sido de pblico conocimiento? Por qu las redadas tan vehementes contra indefensos campesinos y desarmados sindicalistas, y ni siquiera una encendida diatriba presidencial contra la Drummond? Qu pasa seor Presidente, est reservndose para atacar a Gustavo Petro o (para-para, perdn la sorna) atacar a Robledo, a Piedad Crdoba, a su Profesor Carlos Gaviria, o a cualquiera que usted considere que es un terrorista vestido de civil?

Lstima que el Presidente Uribe tenga tan frgil memoria y se acuerde slo de atacar a los miembros del Polo Democrtico Alternativo, a quienes considera terroristas vestidos con sacos de leva o sin l, pero se le olvida que los ms seeros terroristas son las multinacionales que ahora desangran al pas y que con gran candor en su viajes por Europa y los EEUU les ofrece toda suerte de gabelas, incluidas que hagan lo que hacen y como lo hacen, y no pase nada. El presidente Uribe me temo, que frente a este y otros casos parecidos da notorias e inconfundibles seas de ser ms hincha de un tipo de terrorismo que de otro. Si no es as, seor Uribe, empiece por demostrarlo. Frente a todo lo anterior la Drummond niega su participacin en lo crmenes cometidos contra tres sindicalistas y seguro que las leyes norteamericanas slo impondr una sancin, si es que la hayan responsable, por apoyo a grupos terrorista y no por asesinar o promover el crimen de indefensos sindicalistas, cuyo nico delito, sin duda, fue defender sus derechos como trabajadores y el denunciar la voracidad y la explotacin de los recursos con los que cuenta el pas, ante lo cual calla la servil y violenta oligarqua colombiana, y de quien el presidente Uribe es uno de sus mximos exponentes.

6. Colombia, un parque temtico del horror en manos de la Chinita Brands.

No cabe la menor duda que Colombia de la mano de la oligarqua colombiana y de las multinacionales que la saquean y humillan se ha convertido en todo un parque temtico del horror y en un museo vivo del sufrimiento acumulado. Todava estamos lejos de conocer cul es el verdadero proceder criminal de muchas de las multinacionales que operan en Colombia y no esperemos que este gobierno ni ninguno de los anteriores corra el velo para conocer en todo su esplendor la alevosa de cmo operan estas corporaciones con el apoyo del Estado, el paraestado y sectores muy minsculos pero poderosos de la oligarqua en Colombia.

Sobre la historia de dolor y sangre que las multinacionales han ido construyendo en el pas es muy fragmentaria la informacin que se tiene. En no pocos casos es el Estado y los distintos gobiernos quienes ms se han encargado de invisibilizar el proceder violento de este tipo de corporaciones, vinculadas como sabemos a los intereses ms conservadores y dispuestas a acometer cualquier tipo de poltica siempre que ello beneficie su dominante posicin. Paradjicamente hoy se sabe ms por fuera del pas sobre este tipo de empresas que al interior del pas mismo, lo cual nos pone a pensar en la existencia de una poltica deliberada orientada para que la opinin pblica no conozca qu es lo que realmente acontece con dichas organizaciones en cuanto tiene que ver con la violacin a los derechos humanos y en lo que atae al financiamiento de la guerra que ellas propician en el pas y de lo que sacan enormes ganancias.

En correspondencia con lo anterior, hace pocos das ha trascendido que la multinacional Chiquita Brands ha tenido que pagarle al gobierno de los EEUU [5] una suma de 25 millones de dlares por haber financiado esta multinacional del banano a grupos paramilitares en Colombia, los cuales estn considerados por el Departamento de Estado de los EEUU desde el 10 de septiembre de 2001 como grupos terroristas. El contencioso entre el Gobierno de los EEUU y la Chiquita Brands resuelto a instancia del Juez Federal de la Corte del Distrito de Washington, Royce Lambret, hace apenas unos pocos das, termin resolvindose del siguiente modo: La Chiquita Brands reconoci que sus principales cuadros directivos en EEUU entregaron a los paramilitares colombianos entre 1997 y el ao 2004 a travs de su filial Banadex unos 1.7 millones de dlares a cambio de que stos protegeran los distintos procesos relacionados con el negocio del banano, lo que inclua, por supuesto, atacar a todo aquel que fuera una amenaza para dicha actividad. Durante esta poca los asesinatos y los desplazamientos en Urab fueron constantes.

El mencionado recurso, reconoce la misma multinacional, fue recibido por parte de los paramilitares a modo de cuotas, 100 en total, y fueron recepcionadas de modo inicial por la Convivir Papagayo, una de esos tantos engendros criminales que dej instaladas el Presidente Uribe en su nefasto paso por la gobernacin de Antioquia, la cual cambiara en el ao 2003 su fachada y se hara llamar desde entonces Servicio Especiales de vigilancia y seguridad privada. Se sabe que la renovacin de la licencia de esta fachada del paramilitarismo est pendiente en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo por dems nada pulcro en este tipo de manejos. No hay duda que con este dinero los paramilitares de Carlos Castao y los militares de la XVII Brigada del ejrcito impusieron un rgimen de terror en la zona de Urab y de modo simultneo en el Departamento Magdalena, zonas por excelencia del cultivo del banano, lo cual se hizo extensivo a otras zonas del pas.

7. Mate y pague: Colombia el corazn de las tinieblas.

Dentro de esta perversa lgica, la cual slo entiende Uribe y los suyos, la Chiquita Brands se compromete a pagar los cinco primero millones de dlares una vez se dicte la sentencia y cuatro pago ms con sus respectivos intereses hasta completar los 25 millones que implica la multa por haber apoyado a los grupos paramilitares. Dentro de los compromisos de esta multinacional tambin est el asumir un programa de tica empresarial y contribuir en el esclarecimiento de todos los hechos asociados a la financiacin de los paramilitares, incluido la entrega de 3400 fusiles AK que dichos grupos recibieron con su respectiva municin y que fueron introducidos al pas en el barco Otterloo de su filial Banadex, en noviembre del ao 2001, y en cuya operacin participaron, se cree, pases como Nicaragua, Panam y la misma Colombia. Dnde estaban las autoridades colombiana cuando esto? A cambio, el Departamento de Justicia de los EEUU da por bueno el acuerdo y manifiesta que no interpondr ninguna accin de tipo criminal contra la Chiquita Brands, amn de dar por cosa juzgada el acuerdo.

De este acuerdo se derivan algunos elementos que es preciso anotar. En primera instancia, que el gobierno de los EEUU entiende como simple amonestacin econmica un hecho que para cualquier colombiano/a con un poco de dignidad y sentido comn considerara un criminal proceder. Para los EEUU las vctimas colombianas no hacen parte de sus preocupaciones y no tendra porque serlo, pues su inters est centrado y estar centrado de aqu en lo sucesivo, si es que ello sucede, en conocer slo los pormenores de la financiacin que recibieron los paramilitares y, del mismo modo, en desconocer las perversas y trgicas consecuencias que de este apoyo se hayan derivado. Esta sancin econmica a la Chiquita Brands, la cual no deja de ser una caricatura y una horrible e inadmisible complicidad con su criminal y terrorfico actuar, ese que dice combatir los EEUU en nombre de la libertad, los derechos humanos, la democracia y todos los valores abstractos que representa el occidente en cabeza de su sociedad, hace bullir, enardecer la conciencia y reclamar del Estado colombiano, de su gobierno, de su criminal lite y de la sociedad en su conjunto, sin duda, un instante de dignidad, un basta de servilismo ante tanto oprobio junto.

El trato que ha recibido la Chiquita Brands en EEUU por parte de sus autoridades no ha podido ser el mejor, le toleran que mate a inocentes en Colombia y encima le premian. Aqu se muestra una vez ms el verdadero sentido de la lucha global del gobierno de los EEUU frente al Terrorismo y su nunca acabada doble moral frente al mismo. Lo que queda claro es que aqu se impone la lgica americana de mate y pague y tambin el insulto proceder de proteger y blindar a cualquier precio a los directivos de la Chiquita Brands en los EEUUU.

Vamos a ver si la vehemencia que con tanta desmesura nos ha dado a conocer el Presidente Uribe siempre que sale a atacar a la oposicin o a cualquier ONG que critica su risible poltica de derechos humanos, ser la misma que utilizar para solicitar la extradicin de los Directivos de la Chiquita Brands, quienes han cometido delitos en Colombia y reconocido los mismos ante una Corte norteamericana. Demuestre seor Presidente, aunque sea una sola vez, un acto, por fin, de dignidad frente a esa patria que siempre dice defender en encendidos discursos y en medio de los ms coloridos consejos comunales. Atrvase a solicitar la extradicin de quienes han matado en Colombia y tambin de quienes han contribuido junto a usted y los suyos a hacer del pas un lugar pequeo y nada cerrero como su ganado que pasta en tierra de narcoparamilitares y a los cuales, por cierto, se les impondrn penas risibles. Me temo que hasta all usted no llegar, usted, si acaso, pedir a la amaada Fiscala Colombiana que investigue a los funcionarios de la filial de la Chiquita en Colombia, es decir, a Banadex, [Banacol] o como se quiera llamar, y a ellos tratar de aplicarle eso que en Colombia llaman con tanto ufano ley, que si es como la de justicia y paz, y la cual se formul a imagen y semejanza de los intereses de los narcoparamilitares, me temo, que es una soberana burla contra las vctimas y un trofeo para los perpetradores.

8. El DAS: ocultando los nexos entre la Chiquita [6] y el paramilitarismo.

Lo curioso es que de todo esto algo conoca el Gobierno de Uribe, pues en el ao 2003 el entonces responsable de la INTERPOL, Coronel Henry Rubio, entreg un informe a Jorge Noguera, Exdirector del DAS [acusado por haber puesto a este organismo al servicio de los paramilitares] y en donde le pona de manifiesto el caso de los ms de 3000 fusiles que la Chiquita Brands a travs de su filial haba introducido por el puerto de Turbo, de amplio manejo paramilitar como sabemos desde mediado de los aos 90. La postura de Noguera, se seala en diversos espacios, fue la de entorpecer la investigacin y evitar que se conociera en profundidad los nexos de la Chiquita Brands [Banadex] y el fortalecimiento econmico, poltico y militar del proyecto paramilitar en Colombia. Visto todo lo que ha acontecido en el pas con la parapoltica y los cada vez ms incontrovertibles fundamentos de los sealamientos que pesan sobre Jorge Noguera, resulta obvio pensar que lo que se ha buscado y busc desde el DAS y desde el gobierno mismo fue que este repudiable hecho no saliera a flote.

No saba acaso Uribe que la Organizacin de Estado Americanos (OEA) haba hecho una investigacin sobre el particular y que la misma era de un profundo calado, e implicaba a una importante multinacional y su filial? Por qu en la cruzada contra el terrorismo a la criolla Uribe y la justicia colombiana han dicho a pena nada sobre el particular? No saba Uribe que una de esas Convivir que l ayudo a forjar estaba detrs de la recepcin de esas millonarias contribuciones que estaba haciendo la Chiquita Brands a los paramilitares y que sta se haba convertido en una empresa de vigilancia? Frente a este y otros casos habra muchas cosas que el seor Presidente debera por simple tica poltica aclarar. Sin embargo, la realidad le rebasa y pienso que cualquier argumento hoy es poco frente a tanto silencio acumulado y ante tantas intentonas por ocultar la naturaleza de los hechos.

9. Tras el rastro de la Chiquita Brands. Colombia no es la Excepcin.

El proceder de la Chiquita Brands en Colombia es criminal y ms an el del Estado colombiano. De la Chiquita y de todas las multinacionales que existen en el pas poco bueno habra que esperar. Son depredadoras del ambiente y tambin de la sociedad. La historia de la ahora Chiquita Brands est plagada de violencia y terror a lo largo de toda Amrica latina y el caribe. Su predecesora fue la temida United Fruit Company, la misma que en el ao de 1928 despleg una brutal represin contra los trabajadores agrcolas en el Departamento del Magdalena y contra la cual se levantaron sus trabajadores reclamando dignidad. Para sofocar la huelga de los bananeros el Gobierno Conservador de Miguel Abada Mndez [7] , tan pronorteamericanos e incondicional como el de Uribe ahora, lanz al ejrcito contra los trabajadores.

El resultado fue una masacre que el realismo Mgico de Garca Mrquez en un acto de exageracin literaria cifr en 3000 personas asesinadas. En realidad fueron muchas menos, pero no por ello menos dolorosas aquellas muertes. Aquel acto canalla sera inmortalizado en Cien Aos de Soledad, pero al decir verdad, mucho antes que este hecho fuera reivindicado por el Nbel colombiano en su inmortal novela, y al mismo tiempo tomado como un insobornable smbolo contra la desmemoria colectiva y tambin como una representacin rupestre y arqueolgica del barbarismo que ha caracterizado a la cleptcrata y ruin lite colombiana, Jorge Elicer Gaitn [8] en 1929, siendo ya Representante a la Cmara se dio a la tarea de conocer de viva voz los pormenores de aquellos luctuosos y tristes hechos, para lo cual se desplaz a la regin de Cinaga Magdalena, lugar dantesco donde se produjeron aquellos inolvidables sucesos.

Una vez realizada aquella etnografa de la barbarie y de vuelta en Bogot, en el mes septiembre de ese mismo ao, Gaitn pronunci en el Congreso de la Repblica uno de los discursos ms importante de la historia social y la cultura poltica en Colombia. En aquella ocasin Gaitn carg contra el Gobierno de Abada Mndez y contra el Ejrcito, y a quienes tild de arremeter contra el martirizado pueblo, mientras por otro lado se congraciaban con la United Fruit Company y con el gobierno de los EEUU. Aquellos encendidos debates del Gaitn se prolongaran por espacio de quince das, los que serviran, por un lado, para poner al desnudo la vileza y el servilismo de la oligarqua colombiana cuando de defender los intereses extranjeros en el pas se trata, y por el otro lado, para que Gaitn se granjeara la confianza y el cario del incipiente movimiento obrero y de otros sectores subalternos que por entonces despuntaban en Colombia. Casi 70 aos despus de aquellos discursos lanzados por Gaitn, la oligarqua sigue siendo igual de rancia y asesina contra los indefensos, y servil, como es de esperarse, ante el todopoderoso amo del norte y las potencias de nuevo cuo. Sera bueno que sta arrodillada lite colombiana, acostumbrada como est a decir s ante los designios de los EEUU y toda suerte de potencias extranjeras, se tomara en serio aunque fuera por un instante las palabras Gaitn y aprendiera a defender en la tangibilidad del mundo esa patria que dicen defender en grandilocuentes discursos.

As, la ayer United Fruti Company y hoy la Chiquita Brands, han teido de rojo la geografa nacional siempre que han querido y les ha resultado conveniente. Ayer de la mano del Gobierno y el Ejrcito y hoy de la mano del Estado y del paramilitarismo. En otros lugares de Amrica latina, en Guatemala, por ejemplo, la United Fruit Company de la mano de la CIA propici el golpe de Estado contra el Presidente Jacobo Arbenz, y en Cuba no slo explot las riquezas derivadas del monopolio del Azcar, durante todo el tiempo que pudo, sino que fue un soporte para la dictadura de Fulgencio Batista hasta antes del triunfo de la revolucin cubana. Por todo lo anterior, no es de extraar que el gobierno de los EEUU le haya perdonado a esta multinacional el que sus principales cuadros directivos estuvieran financiando todo este tiempo a los grupos paramilitares en Colombia. De sobra es conocido que el gobierno americano es el protector ms grande de todo tipo de terroristas y de dictadores, siempre y cuando, seguro, stos sirvan a sus ms encomiables designios: para muestra un botn, Posada Carriles y Orlando Bosh.

Ante todo esto, la Chiquita Brands contrario a la Coca-Cola y la Drummond, ha reconocido los delitos que se le imputan. Esta multinacional propiciadora del paramilitarismo en Colombia y, por tanto, auspiciadora de la violacin a los derechos humanos ha entendido que es mejor reconocer los hechos y pagar, pues de algn modo tiene consagrado y por anticipado el perdn. Est claro que para el gobierno de los EEUU importa poco que los barcos de la Chiquita o su filial fueran cargados de cocana y regresaran cargados de fusiles AK con los que se masacraba y masacra a cientos de colombianos/as. Ello no interesa, al fin de cuenta los muertos no son norteamericanos y de algn modo, segn la lgica americana y de la Chiquita, ello era un mal necesario: se trataba de limpiar las zonas de todo tipo de indeseables y de adeptos al comunismo.

10. Justificando los nexos con el crimen y otras consideraciones.

Los directivos de la Chiquita han aducido que financiaron a los paramilitares porque queran proteger a sus trabajadores, nada ms canalla he escuchado en mi vida, pues si algo protega y han protegido siempre, aun cuando financiaron al ELN o a las FARC, fue sus inmensas riquezas obtenidas a punta de masacres y de desplazamiento forzado, acometido todo esto, como no, por los paramilitares con el dinero pagado a estos y al amparo del Estado colombiano. Esto resulta doblemente infame puesto que todos sabemos que el gobierno en Colombia brinda a las multinacionales todo tipo de proteccin: jurdica, poltica y militar. La zona de Urab y el Magdalena si algo estn, seguro, son fuertemente protegidas por la Polica y el Ejrcito. Lo que buscaba la Chiquita Brands con esta estrategia era tener un poder armado no ceido a ninguna legalidad, con lo cual el control se haca ms expedito y, adems, que de acuerdo a sus intereses polticos y econmicos era ms conveniente financiar a un proyecto de extrema derecha que a unas organizaciones guerrilleras inspiradas por el deseo de transformar las estructuras sociales y polticas existentes. Este es un elemento clave para entender por qu decidieron dejar de contribuir econmicamente a las guerrillas desde finales de los 90 y destinar su financiacin a los paramilitares.

Todo lo anterior debe poner en alerta al conjunto del movimiento social y ello con el propsito de saber qu estn haciendo el resto de las multinacionales que existen en Colombia. Es hora de denunciar lo que ellas hacen y de exigir la salida de todas aquellas que se encuentran comprometidas con los perpetradores. Es hora de convocar las redes internacionales de consumo responsable y de exigir que sus directivos sean castigados penal y civilmente por los delitos cometidos. Y no slo lo anterior, esto urge desenmascarar tambin los estrechos nexos que el capital transmonoplico internacional tiene con el capital interno y los modos en que estos se articulan para agredir y violentar al conjunto de la sociedad. La tarea no es nada fcil, pero hay la necesidad ineludible de empezarla, me temo que ni Uribe ni los suyos estn por aclarar nada, pues cada nuevo hecho que en Colombia pasa por accin o por omisin le implica dar una respuesta satisfactoria y muy a pesar de ello sigue como si lo que ahora acontece no fuera con l. Que tanto resiste el tefln de Uribe? Tanto como el conjunto de la sociedad quiera y desee, sin duda. Es el momento de impulsar un Tribunal Popular de condena a las multinacionales que violan los derechos humanos y promueven la guerra en Colombia, y tambin que sanciones al Estado y gobierno por actuar en esa misma direccin. La lucha por la vida y la defensa de los recursos en Colombia es una cuestin urgente. La tarde apura....



[1] Un pormenorizado informe sobre la Coca-Cola en Colombia y otros pases puede verse en: CIEPAC. Centrote investigaciones econmicas y polticas de accin comunitaria de San Cristbal de las Casas, Mxico. Versin electrnica. http://www.columnasur.org/CIEPAC/men.htm

[2] Sobre lo asumido por la Universidad de Mchigan puede verse la nota publicada por: Latin Amrica Solidarity Centre. Versin digital http//:www.lasc.ie/new/coke-new8.html.

[3] Ver la edicin del Diario el Tiempo de la ciudad de Bogot del da 5 de enero de 2006 titulada 10 universidades de EU y Europa vetaron el consumo de Coca-cola por nexos con los paras.

[4] Para una mayor comprensin de la poltica energtica de los EEUU, en la cual el Petrleo y otros recursos energticos han pasado a constituirse en parte de la seguridad nacional, recomiendo ver el trabajo de Michel Klare, blood and oil. The dangers and consequences of americas growing petroleum dependency, ed metropolitan books, Henry Holt and Co., LLC, New York, 393, 2004.

[5] Sobre el acuerdo a que llegaron el Departamento de Justicia del Gobierno de los EEUU y los Directivos de la Chiquita Brands, puede verse la nota de Gmez Maseri, Sergio, edicin del Diario el Tiempo, Bogota, seccin economa, martes 20 de mayo 2007.

[6] Un amplio informe sobre las operaciones de la Chiquita Brands en Colombia y sus nexos con el paramilitarismo puede verse en el articulo de la Revista semana titulado Banana para Republic. Versin electronica.http://www.semana.com/wf/infoarticulo/aspx?idart=101602.

[7] Desde 1886 a 1930 el Partido Conservador estuvo en el Poder. Durante este largo periodo que se prolonga por espacio de 44 aos, slo Eliseo Payn (1886-1887), liberal y Carlos Eugenio Restrepo, de Unin Republicana (1908-1908), gozaron de un breve interregno de gobierno durante toda esta hegemona Conservadora. La Masacre de las Bananeras unido a otra serie de factores hara que el Partido Conservador en cabeza de Abada Mndez perdiera el poder en 1930 y se instaurara un periodo de gobiernos liberales, los cuales se prolongaran hasta 1946, momento en el que el partido conservador retoma el poder con Mariano Ospina Prez.

[8] Jorge Elicer Gaitn fue un notable dirigente del Partido Liberal en Colombia y quiz una de las conciencias que en su poca supo interpretar desde una vertiente caudillista los anhelos de los sectores populares en Colombia. De extraccin popular y formado en el mundo del derecho supo poner a este al alcance de los sectores explotados. Fue un duro crtico de la oligarqua colombiana, alabado por muchos y odiado por otros. Para algunos sus ideas encuadran en un marco socialista, para otros el proyecto de Gaitn no fue algo acabado. En cualquier caso, este importante dirigente atac al bipartidismo, se march del partido liberal en 1933, fundando su partido el UNIR. Volvi en 1935 a las toldas del Partido Liberal y en 1936, en junio, en particular, se posesion como Alcalde de Bogot. Salio pocos meses despus del consistorio por algunas medidas antipopulares que quiso tomar, entre ellas, el uniformar a los conductores, lo que no hubiera pasado a mayores si sus oponentes no hubieran tomado este y otros elementos para atacarle. En las elecciones de 1948, la oligarqua colombiana temerosa que Gaitn llegara al poder, pues haba ganado las elecciones legislativas y se propona introducir reformas econmicas y sociales, tomaron segn algunos historiadores, en complicidad con el gobierno de los EEUU, la decisin de asesinarles el 9 de abril de 1948. Ello mientras sesionaba la IX Conferencia Panamericana en Bogot. El gobierno de entonces (Mariano Ospina Prez) y otros despus quisieron achacar esta muerte al comunismo internacional e incluso a Fidel Castro como quiera que ste estaba en dicha conferencia. Nada ms absurdo. Este hecho ha pasado a conocerse en la historia poltica de Colombia como el Bogotazo, los sectores populares salieron a las calles y el ejrcito ametrall al mismo sin compasin, los muertos se cifran en miles. Desde entonces y como dice Garca Mrquez, el pas no ha tenido un momento de verdadera paz. Un buen trabajo sobre lo anotado puede verse en: Braun, Herbert. Mataron a Gaitn. Vida pblica y violencia urbana en Colombia, Universidad Nacional, 1987. Tambin puede verse el texto de Alabe, Arturo. El Bogotazo, Bogot, ED pluma, 1983. Hay otros trabajos que por tiempo y espacio nos sealo.



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