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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-03-2007

Vivienda e inmigracin: un derecho y no un negocio

Grupo de Inmigracin de ATTAC Madrid


 

 

 

La Constitucin espaola, en su artculo 47, dice: Todos los espaoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes pblicos promovern las condiciones necesarias y establecern las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizacin del suelo de acuerdo con el inters general para impedir la especulacin. La comunidad participar en las plusvalas que genere la accin urbanstica de los entes pblicos.

 

Aunque este artculo no reconoce derecho a vivienda de las personas inmigradas que constituyen un porcentaje creciente de poblacin, nuestra Constitucin apoya este derecho en otros artculos. [1] Sin embargo, el derecho a vivienda est reconocido por la Declaracin Universal de los Derechos Humanos. En su artculo 25.1 dice: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacin, el vestido, la vivienda, la asistencia mdica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de prdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. [2]

 

En esta misma lnea se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales que en su artculo 11.1 dice: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para s y su familia, incluso alimentacin, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarn medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperacin internacional fundada en el libre consentimiento. [3]

 

Hay unos derechos pero la realidad es muy distinta.

 

 

 

 

El negocio de la vivienda

En los diez ltimos aos el aumento acumulado de los precios de la vivienda en Espaa ha sido del 180 %, equivalente a siete veces el crecimiento de los precios al consumo y de los salarios en el mismo perodo de tiempo. Se ha estimado, por ejemplo, que en 2004 cada metro cuadrado de suelo recalificado, de rstico a urbano residencial, aument su valor un promedio de 100 euros.

 

El negocio de la vivienda atraviesa una larga etapa de euforia con plusvalas elevadsimas de las grandes empresas inmobiliarias (47,5 % en el primer semestre de 2005) y una amplia rentabilidad para quienes utilizan la vivienda como inversin (incremento anual del 14 % en los ltimos seis aos). Lo que da lugar a un excedente de vivienda (segundas residencias y vacas) del 48 %, el ms grande de la Unin Europea.

 

En el Estado espaol tenemos una vivienda por cada dos habitantes. Hay un 14% de viviendas vacas [alrededor de 3 a 4 millones de viviendas vacas]. Y sin embargo, el hacinamiento llega a 16 personas en 50 metros cuadrados. [4]

 

La economa del ladrillo ha detrado recursos financieros de la inversin productiva. La produccin de mercancas (sector primario, industria y energa) ha bajado del 26 % del PIB en 1997, al 20 % en 2005 en el conjunto del Estado. Y en la Comunidad de Madrid, de 2000 a 2005, el porcentaje de la construccin en el PIB subi del 7 al 11 %, mientras que el de la industria baj del 14 al 11,6 % (Servicio de Estudios del ICO).

 

No es extrao que, como han reflejado distintos medios de comunicacin, de los diez nuevos integrantes espaoles de la lista de multimillonarios, ocho sean constructores, promotores o tengan empresas relacionadas con el ladrillo. Forbes los califica como los seores del ladrillo, que acumulan 19.011 millones de euros.

 

Pero detrs de este suculento negocio hay una realidad lacerante.

 

Los inmigrantes y la vivienda

El crecimiento exponencial de la inmigracin en los ltimos aos ha sido uno de los factores que ha influido en el crecimiento del negocio de la vivienda. Los inmigrantes han contribuido a engrasar el sector de la construccin por su participacin mayoritaria en el mismo, como mano de obra barata, en primer lugar, al trabajar en las empresas constructoras en condiciones precarias y a bajo precio. Cuando estn en situacin de irregulares no pueden exigir a menudo sus derechos y retribuciones y, an contando con permisos de residencia y trabajo, se ven obligados a trabajar en rgimen de subcontratas o autnomos, lo que conduce a la autoexplotacin y a la economa sumergida. Es la construccin uno de los sectores productivos donde se da un ms alto porcentaje de economa sumergida que, segn reconoce el mismo Ministerio de Hacienda, alcanza ya en nuestro pas el 20 % del PIB.

 

Se trata de constatar una vez ms lo que el Premio Nbel de Economa Joseph Stiglitz e incluso la banca de negocios estadounidense Lehman Brothers afirman, nada menos que en el Financial Times: La globalizacin crea riqueza abaratando el trabajo; produce un enriquecimiento desigual global, a costa de bajos salarios... La globalizacin ha creado nueva riqueza proporcionando unos costes mucho menores para el trabajo. [5]

 

Pero los inmigrantes estn tambin contribuyendo al negocio de la construccin como demandantes de viviendas, como el resto de la poblacin, con algunas caractersticas especficas.

 

En su primera etapa de estancia en Espaa han de echar mano del subarriendo de alquileres de habitaciones (incluso de camas) en pisos propiedad de espaoles o de otros inmigrantes ya establecidos, vindose obligados a pagar a menudo precios abusivos. El 47% de los inmigrantes viven de inquilino subarrendado y slo un 19% vive en hacinamiento. El hacinamiento en lugares de menos de 10 metros cuadrados por persona alcanza al 19% de los extranjeros frente a slo el 2,5% de los espaoles. Cabe destacar que el 65% de los inmigrantes consiguen alojamiento gracias a las redes de apoyo y familiares.

 

En la Comunidad de Madrid el 61 % de inmigrantes dispone de menos de una habitacin por persona. Viviendas precarias en Madrid que se alquilan a familias por doce horas. El dato ms esclarecedor es el caso de las veinte mujeres que emigraron de Paraguay y comparten un piso de 65 metros cuadrados en el barrio de Puerta del ngel en Madrid. [6]

 

Una mencin especial merece el informe del Relator Especial [7] que recibi testimonios directos de trabajadores inmigrantes que viven en asentamientos informales, en edificios en construccin o en condiciones de hacinamiento, y que son discriminados en el acceso a la vivienda o se ven forzados a alquilar camas por horas (camas calientes). En ese sentido, el Relator de Naciones Unidas se sorprende que mientras la economa de algunas regiones se ha beneficiado ampliamente de la mano de obra inmigrante, se ha hecho muy poco por garantizar las necesidades de vivienda de esas personas.

 

Mientras los inmigrantes no pueden comprar vivienda porque ganan, como media, unos 870 euros a diferencia de los autctonos, que ganan 1741 euros,

esta situacin contribuye tambin a la revalorizacin de una buena parte de los alquileres antiguos, activando unos patrimonios inmobiliarios que se consideraban muy modestos.

 

Cuando la situacin econmica les permite mayor capacidad de consumo, muchos desean acceder a la propiedad. En ese caso se dan las dificultades comunes a toda la poblacin: la dependencia financiera en razn de las condiciones hipotecarias que se extiende prcticamente a toda la vida. Pero tambin persisten con frecuencia dificultades especficas. Si permanecen en situacin de irregularidad, muchas agencias inmobiliarias tienen orden de no atender a personas sin papeles. Esta situacin les impide tambin el acceso a determinados recursos entre ellos las ayudas a la vivienda que estn condicionados a la situacin de regularidad.

 

Aun teniendo los papeles en regla, en la medida en que trabajan en la economa sumergida, o su trabajo es inestable y mal pagado no ofrecen las suficientes garantas para poder alquilar o comprar. Otras veces se trata del rechazo puro y simple por el mero hecho de ser extranjeros, aunque puedan presentarse con la documentacin y los avales requeridos. De hecho, segn las encuestas, el 50 % de quienes viven en subarriendo en Madrid y el 57 % de los inquilinos independientes no tienen proyecto de cambiar a corto plazo.

 

Al amparo de la Ley de Arrendamiento Urbano se pide contrato fijo de trabajo cuando la mayora de los actuales son temporales.

 

En el servicio domstico, como en muchos otros sectores, muchas veces no se firman contratos y no pueden alquilar una vivienda. Los inmigrantes no pueden aportar fianzas ni referencias solventes y encima son criminalizados.

 

La vivienda es un derecho no un negocio

La actual globalizacin econmica que conlleva la reforma del sector pblico a travs de la privatizacin y otros factores influyen a la hora de disponer de recursos para gastos sociales y viviendas de proteccin oficial.

 

En 2003, Social Watch public un completo panorama del impacto de la privatizacin de los servicios pblicos a lo largo de 52 pases. Todos estos casos presentan un denominador comn: los grupos ms afectados son siempre los grupos ms vulnerables de la sociedad, constituidos por minoras tnicas, refugiados, mujeres, nios y adultos mayores. [8]

 

El mercado capitalista inmobiliario es el que rige en la prctica. Este tiene una lgica de beneficio privado. Su oferta de vivienda atiende la demanda que puede pagar la vivienda considerada una mercanca, no un derecho. S, como suele ser habitual con el mercado privado del suelo, los precios son muy altos, muchsimos ciudadanos no tienen acceso a las condiciones de habitabilidad que corresponden al nivel de dotaciones, confort y calidad que son posibles hoy en da.

 

Siguiendo el informe del Relator Especial de Naciones Unidas Espaa sufre una grave carencia de vivienda pblica. Los programas de vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un 25% de la poblacin con menos ingresos. El Relator Especial considera que esto es una estimacin conservadora, dado que Espaa es el tercer pas ms pobre de los 15 pases que originalmente formaban a Unin Europea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadsticas, datos sobre la distribucin de ingresos, publicadas el 1 de diciembre de 2006, un 20% de los espaoles viven bajo el nivel de pobreza. Prcticamente toda la vivienda en alquiler, de por s escasa, pertenece al sector privado. Slo un 2% del parque existente se considera de alquiler social, en comparacin con el 10-30% de otros pases de la Unin Europea. Es ms, aunque se encuentran en torno a un 18% ms bajo que en el mercado privado, los precios de la vivienda de alquiler pblico tienden a ser demasiado altos para algunos sectores de la poblacin. Paradjicamente, Espaa posee el nmero de viviendas vacas ms alto de la Unin Europea (de 3 a 4 millones).

 

A todo esto hay que aadir que esta situacin se ha agravado por la especulacin en el uso del suelo y de la propiedad, lo que ha beneficiado a los grandes promotores. Por ejemplo, en el Pas Vasco, entre 1995 y 2005, los precios de la vivienda aumentaron un 250%, mientras los costes de construccin se incrementaron en un 35%. Durante el mismo perodo, las hipotecas subieron de 650 millones a 6000 millones.

 

Hay otra lgica que la del beneficio. La de considerar el acceso a la vivienda un derecho ciudadano, no un negocio. De esta manera, se dara prioridad a atender las necesidades de la mayora en detrimento del negocio de unos pocos.

 

Este derecho a la vivienda debe ser canalizado y satisfecho por un servicio pblico de vivienda. Un servicio pblico con recursos suficientes y bajo el control de la ciudadana que debera permitir que el derecho de los habitantes sea efectivo. As dejar de depender la satisfaccin de una necesidad humana de la capacidad econmica individual.

 

En octubre de 2006, La Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna propona, entre otras, las siguientes medidas para una poltica pblica de vivienda:

 

(a) Dar uso de alquiler a las viviendas vacas existentes, que son ms de tres millones en el pas, (b) Si la vivienda vaca, por diversas razones, no puede atender a la demanda, generar suelo barato para promover vivienda en alquiler social y crear as un amplio parque de vivienda en alquiler reducido, (c) planificar el territorio urbano con criterios de sostenibilidad y al servicio de los ciudadanos. Parques, guarderas, transportes pblicos, etc. hacen parte de la poltica de vivienda pblica necesaria.

 

Esta poltica debe adecuarse a todos los habitantes en el pas teniendo en cuenta que sin acceso a la vivienda no hay integracin posible.

 

 

 

 



[1] Artculo 9.2 Corresponde a los poderes pblicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participacin de todos los ciudadanos en la vida poltica, econmica, cultural y social. Artculo 10.2 Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitucin reconoce se interpretarn de conformidad con la Declaracin Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por Espaa. Artculo 13.1 Los extranjeros gozarn en Espaa de las libertades pblicas que garantiza el presente Ttulo en los trminos que establezcan los tratados y la ley.

 

[2] Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. Adoptada y proclamada por la Resolucin de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.

Ver: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm

[3] Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificacin y adhesin por la Asamblea general en su resolucin 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artculo 27. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ver: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm

[4] Segn el documento El derecho a la vivienda de Arquitectos Sin Fronteras Castilla y Len. Espaa.

[5] Ver: http://www.attac.org.es/portalattac/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=76

[6] El Latino, 13 de enero de 2006.

[7] Informe de Miloon Kothari Relator Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Kothari visit Espaa entre el 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.

[8] El derecho a la vivienda adecuada. Graciela Dede. Social Watch [es una red internacional de organizaciones de ciudadanos que lucha por la erradicacin de la pobreza y sus causas]. Instituto del Tercer Mundo. Uruguay.



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