El acceso a una vivienda se ha convertido en la mayor preocupación personal de los ciudadanos, según el barómetro del CIS, por delante incluso del desempleo, el terrorismo o la inmigración.

España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 34 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes.

Mientras la mayoría de la gente se las ve y se las desea para acceder a una vivienda a sabiendas de los altísismos precios de las viviendas, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo. Es decir, que la factura mensual de la vivienda -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina, azotea y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas. El mismo piso pero sin patio, de segunda mano, en Triana, uno de los barrios populares de Sevilla, supondría una hipoteca de unos 1.000 euros al mes durante 30 años.

Aplicando Constitución

El misterio de este milagro lo explica el Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo , portavoz nacional de la CUT, en cinco palabras: «Artículo 47 de la Constitución» . Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima.

El primer paso que dio Marinaleda fue hacerse con un buen trozo del suelo municipal y declararlo urbanizable y de titularidad pública. A todo vecino que necesite una casa, el Consistorio le facilita sin coste alguno el suelo. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda y el Ayuntamiento lo facilita gratis a los vecinos que quieran implicarse en la construcción de su propia casa, así reducimos el precio final más de la mitad», explica el Alcalde.

Fulminada la partida más cara, el suelo, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro. «También ponemos a su disposición los materiales mediante convenio con la Junta, el arquitecto que realiza el proyecto y los albañiles. Al final, la vivienda les sale por unos 36.000 euros, cuando el precio normal sería por lo menos el doble o el triple, que pueden ir pagando con cuotas de 15 euros al mes».

Los albañiles que levantan la estructura son contratados por el Ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos.

Al precio final de 36.000 euros, la cantidad que debe pagar la familia se le descuentan las jornadas (a 40 euros) que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Una familia que haya trabajado 400 peonadas se libra de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros. Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años en abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, esta familia no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y la vivienda.

Bajo esta fórmula se han construido 350 viviendas, otras 20 están en construcción y 100 más en proyecto. El único requisito es estar empadronado en el municipio y llevar allí como mínimo dos años.

Nos preguntamos: ¿Cómo es posible que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 viviendas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006- cuando es imposible para los jóvenes acceder a ellas?.

Para la CUT está claro: Es la especulación. Muchas de las viviendas no se compran por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30. Algo que las estadísticas oficiales confirman: El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio.

Pero como Marinaleda o El Coronil demuestran otra política de vivienda es posible.