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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2007

Multinacionales de la muerte

Miguel Surez
Argenpress


A raz del escndalo sobre la condena de la justicia imperial a la multinacional Chiquita Brands, aliasUnited Fruit Company por financiar organizaciones terroristas, al margen de la ley, como diran en Colombia, el debate sobre el paramilitarismo y su aplicacin continua sobre la palestra.

Para la muestra un botn, se dice que Coca Cola Servicios de Colombia, es la compaa ms eficientes del pas, gracias a la aplicacin del terrorismo de Estado en el que tambin estn mezcladas otras empresas multinacionales como la Drumon, Nestl, British Petroleum, Repsol, Oxi Petroleum, etc, etc.

Las reiteradas denuncias y pruebas contra estas transnacionales, son prueba palpable que el paramilitarismo es la herramienta de la cual se valen los explotadores para preservar sus intereses econmicos y polticos que en el caso de las multinacionales les garantiza cuantiosas ganancias a costa de asesinar sindicalistas, destruir sindicatos y desmejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

La condena a Chiquita por financiar a al paramilitarismo, es slo la punta del iceberg paramilitar que abarca a todos los estamentos de ese Estado oligrquico.

El paramilitarismo no es una exclusividad de la oligarqua colombiana ni tampoco de Alvaro Uribe Vlez, pero si es muy claro que durante su perodo como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, uno de sus logros fue el impulso de este.

Uribe en su administracin no slo promovi la creacin de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, iniciativa destinada a legalizar paramilitarismo, sino que adems implemento su 'Estado Comunitario' (Estado mafioso), en la zona de Urab, una zona con un gran nivel de organizacin popular, que fue destruido y que debido al xito de este, la oligarqua colombiana, en el Congreso de Ganaderos, en 1996, aprob extender esa iniciativa de Uribe Vlez a escala nacional y adems promover su candidatura presidencial en el 2002 y lo reeligieron en el 2006.

Y es que chiquita es una muestra de cmo El terrorismo de Estado se ha aplicado por la oligarqua colombiana desde hace muchsimos aos. El caso de la masacre de las bananeras ocurrido en la poblacin colombiana de Cinaga en 1928 cuando las fuerzas armadas de la oligarqua colombiana abrieron fuego contra los trabajadores asesinando a ms de mil de ellos, con sus mujeres e hijos para defender los intereses de la United Fruit Company, es una muestra de la aplicacin del terrorismo de estado que se han ocultado cuidadosamente al pueblo colombiano.

La condena a esta multinacional se da por hechos parecidos, masacres ocurridas en la misma zona del pas, donde financiando el paramilitarismo lograron desalojar a los campesinos de sus tierras, destruidas las otroras fuertes organizaciones sindicales, para as forjar un imperio del terror que apoyadas desde Bogot por los gobiernos de turno que a su vez toman medidas que legalizan fortunas mal habida y dejan sin castigo a los responsables del terrorismo de estado.

Chiquita no slo aport dinero a raudales. Tambin colabor para que entraran en el pas ms de 3.000 fusiles AK-47 y millones de municiones que fueron a parar a los grupos paramilitares. En la regin de Urab, la zona donde operaba la multinacional, se registraron entre 1997 y 2004, 62 masacres en las que murieron 432 personas, en su mayora campesinos pobres, muchos de ellos trabajadores de las bananeras.

Adems, ms de 60.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas en medio de esta limpieza paramilitar impulsada entre otros por Alvaro Uribe y su estado mafioso..

Pero no es solo Chiquita, Coca Cola tambin tiene su historia.

En la zona de Urab, la misma zona donde Uribe implemento su 'Estado Comunitario' y la misma zona donde se dio el caso de Chiquita Brands, Coca Cola inici un experimento financiando paramilitares para destruir la organizacin sindical, desmejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y ante su xito ha intentado implementarla en todo el pas a la sombra de la Seguridad Democrtica de Alvaro Uribe Vlez.

En 1992 el Gerente de Coca-Cola, Jos Gabriel Castro, acus pblicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla. En 1995 el ejrcito de la oligarqua colombiana allan las instalaciones de la Cooperativa de los Trabajadores al Servicio de Coca-Cola y afiliados a SINALTRAINAL, lo que repiti un ao despus el Bloque de Bsqueda de la Polica.

En 1996 los paramilitares llegaron a la Planta de Coca Cola en Carepa y disparan cuatro veces en la cabeza, seis en el pecho y en los testculos a Isidro Segundo Gil, Secretario General de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL Seccional Carepa.

Luego de asesinarlo, los paramilitares entraron por la fuerza a la sede sindical, la saquean y le prendieron fuego.

Luego convocan una reunin de trabajadores en el interior de la empresa donde amenazan con matarlos a todos si no renunciaban al sindicato esa misma tarde. Los 43 trabajadores recibieron las cartas de renuncia al sindicato mecanografiadas en las mismas oficinas de la empresa.

Ante la complicidad estatal con el paramilitarismo, el sindicato Sintrainal, recurri a la justicia imperial, que en esa ocasin exoner a la empresa Coca Coca, que de inmediato recurri a la injusticia colombiana acusando de terrorismo a los sindicalistas que se buscaban defender sus vidas.

El abogado de Coca-Cola para el caso fue Jaime Bernal Cuellar, quien fuera Procurador General de Colombia entre 1994 y 1999, cuando fueron denunciados los crmenes, y fue uno de los funcionarios estatales que no hicieron nada para detener los asesinatos.

Para el caso Coca cola, la poltica paramilitar se tradujo en la reduccin de tres veces del nmero de trabajadores sindicalizados; mientras que en multinacionales como la Nestl solamente el 3% de sus trabajadores llega a diez aos de permanencia.

Sobre la Drummond, que es una empresa dedicada a saquear el carbn de Colombia, cuenta Francisco Ramrez Cuellar en un articulo titulado Lo que cuesta asesinar sindicalistas como fue el proceso para asesinar a los creadores del sindicato en esta empresa.

Dice Cuellar que Valmore Locarno Rodrguez, Vctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora, asumieron la direccin de Sintramienergtica seccional El Paso, para buscar mejores condiciones laborales, seguridad en el trabajo, comida en buenas condiciones, salarios dignos, seguridad social para ellos y sus familias; la respuesta de la empresa fue acusarlos de guerrilleros

Rafael Garca, ex jefe de informtica del DAS en declaraciones a la fiscala, dijo que el estuvo presente cuando en un hotel de Valledupar, Augusto Jimnez, presidente de la Drummond en Colombia, se reunin con un enviado del mafioso Jorge 40, para entregarle dinero con el cual estos atemorizaran el sindicato.

El 12 de Marzo de 2001, semanas despus de entregado el dinero por parte de Jimnez, una camioneta llena de militares-paramilitares cierra el bus en que iban los trabajadores, identifican a Valmore Locarno Rodrguez y delante de sus compaeros lo asesinan con dos disparos en la cabeza, luego bajan a Vctor Hugo Orcasita Amaya, se lo llevan en la camioneta y horas despus aparece torturado y con varios impactos de bala en su cerebro; en Octubre de ese ao ocurre lo mismo con Gustavo Soler Mora, quien haba asumido la direccin del sindicato despus del asesinato de los dos compaeros.

Todos las personas que queran laborar en Drummond fueron sometidas a la aplicacin de un detector de mentiras, se les investig su vida, se les miraron reportes en los organismos de seguridad y se busc que sus padrinos fueran personalidades de Valledupar, amigos de los Araujo u otro directivo de la compaa, para garantizar que slo entraran personas de confianza para la empresa minera.

Sintramienergtica-Funtraenergetica y los familiares de los sindicalistas asesinados, ante la impunidad que padece el proceso en Colombia, habida cuenta del peso poltico que tiene Drummond, pues su representante es Fabio Echeverri Correa asesor presidencial de Uribe, optaron por demandar a la multinacional tambin ante la justicia imperial.

Sobre las petroleras, la Unin Sindical Obrera, Uso, en un documento sobre el tema dice que 'Detrs de la llegada de la British Petroleum Exploration al Casanare, llegaron los paramilitares'

Dice el documento que segn la investigacin realizada por Ignacio Gmez sobre el espa alemn Werner Mauss, la historia de la empresa Sistema de Defensa Limitada, DSL (Defense System Limitada) contratada por la BP para su seguridad en Colombia, est ntimamente ligada con el aparatoso sistema de defensa britnico y que tiene injerencia directa en el conflicto social y armado que vive Colombia y que estos, la DSL, entrena grupos paramilitares.

En un artculo publicado en 2002 en Los Angeles Times, se denunciaba que la OXY pagaba 750.000 dlares a las fuerzas de seguridad colombianas y la Asociacin Cravo Norte -propiedad de ECOPETROL y la OXY, que acta en el yacimiento Cao Limn- en 1996 firm un 'acuerdo de colaboracin' anual de casi dos millones de dlares para financiar econmicamente las unidades de la brigada XVIII que cubran las zonas cercanas al yacimiento.

Segn el documento de Uso, en el pas hacen presencia aproximadamente veinte multinacionales del petrleo y que aunque ellos han denunciado a la Britis, nada indica que las restantes compaas en mayor o menor medida no acudan a los mismos procedimientos para garantizar sus inversiones y su seguridad.

Es de mencionar que la Repsol y la OXY invadieron el territorio indgena U`wa en busca de petrleo, sin el consentimiento de las comunidades y violentando sus territorios en clara trasgresin de la Constitucin Colombiana, siendo protegidas sus bienes y maquinarias por fuerzas militares-paramilitares, que asesinaron a varios de los lderes indgenas.

Diversas agrupaciones sociales, de carcter religioso y partidos polticos suizos, integrados en la organizacin Multi Watch, convocaron a una audiencia pblica los das 29 y 30 de octubre de 2005, en Berna, para analizar las denuncias de trabajadores de Nestl en Colombia en el sentido de que la empresa helvtica ha incurrido en prcticas antisindicales que viene manejando desde hace mucho tiempo, en relacin tambin con la muerte y desaparicin de algunos trabajadores.

Segn lo visto en los ltimos tiempos en Colombia, donde el presidente es un hombre con pasado de narcotraficante y de paramilitarismo, con ministro cuyas familias estn al servicio del narcotrfico, donde los ex procuradores se convierten en abogados de la multinacionales que fomentan el paramilitarismo, multinacionales que son a su vez representadas por altos funcionarios estatales, con comandantes militares untados de narcotrfico y con parlamentarios que al tiempo que aprueban nuevas leyes ordenan nuevas masacres, no debe caber duda de hasta donde el paramilitarismo es un herramienta del terrorismo de estado aplicado por esta oligarqua para paralizar la protesta social, destruir organizaciones populares para ellos seguirse enriqueciendo, en detrimento del pas y del pueblo.

La lista de multinacionales apoyando el terrorismo de estado en Colombia, es bien grande y entre otras se destacan Chiquita, Coca Cola, Nestl, Drumon, Britis Petroleum, Oxi, Repsol, etc,

El paramilitarismo y Alvaro Uribe Velez, son sinnimo de muerte. Hay que recordar que entre 1995 y 1997, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia se desat la ms feroz arremetida con la Unin Patritica donde exterminaron este movimiento en Urab e implantaron el Estado Comunitario, hoy conocido como Seguridad Democrtica, proyecto de Pax romana que se pretende aplicar en todo el pas, donde la participacin de las multinacionales financiando la guerra contra el pueblo son un eslabn fundamental.

Los datos reflejan un panorama desolador de desapariciones, asesinatos a sangre fra que tan solo en el primer mandato de Uribe llegan a los once mil casos, unos 62 mil exiliados y alrededor de cuatro millones de desplazados internos, que son el producto del intento de aplicar en todo el pas, lo realizado por Uribe en Urab.


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