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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-04-2007

Declaracin final de la Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia
"El Gobierno debe desmantelar las estructuras militares, polticas y econmicas del paramilitarismo"

Rebelin

Se ha celebrado en Bruselas los das 17 y 18 de abril



La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Accin Colombia, OIDH-ACO

y la Coordinacin Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU

con el apoyo de los parlamentarios europeos

Jens HOLM (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nrdica - GUE/NGL),

Ral ROMEVA (Grupo Verdes - Verts/ALE),

Richard HOWITT (Grupo Socialista Europeo - PSE)

Josu ORTUONDO LARREA (Grupo de la Alianza de los Demcratas y Liberales por Europa - ADLE)

declaran:

Despus de 12 aos de haberse celebrado la primera Conferencia Internacional, registramos con enorme preocupacin que la crisis de derechos humanos colombiana siga siendo una de las ms agudas del mundo. La continua ocurrencia de violaciones graves, masivas y sistemticas de los derechos humanos y su impunidad no slo cuestan vidas humanas, sino que obstaculizan la vigencia del Estado social de derecho, impiden seriamente la construccin de un rgimen democrtico y dificultan la superacin de una sociedad desigual y excluyente. As mismo, la persistencia de un conflicto armado interno cada vez ms degradado profundiza la crisis de derechos humanos porque afecta principalmente a la poblacin civil. Adems, el paramilitarismo representa una grave amenaza para la democracia en Colombia.

Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, los grupos guerrilleros continan perpetrando secuestros. Es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crmenes perpetrados por agentes estatales, paramilitares y guerrillas. Adems, las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. As sucede con el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estndares internacionales que protegen y buscan hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparacin de las vctimas.

Escndalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarizacin de la sociedad y las instituciones colombianas. Es cada vez ms evidente que los vnculos histricos entre agentes del Estado y paramilitares han intervenido el Estado a muy altos niveles. Las estructuras paramilitares, que han sido responsables directos del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, mantienen control militar en varias regiones del pas, han ampliado su influencia poltica, ejercen control sobre diversas e importantes actividades econmicas, y continan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.

Consideramos que la vigencia de la democracia en Colombia est directamente ligada a la realizacin de los derechos humanos, a la solucin poltica negociada al conflicto armado interno, al fortalecimiento del Estado social de derecho y a la conquista de la equidad. En ese sentido, exhortamos al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional a atender los siguientes llamados:

1. El Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas adecuadas para desmantelar efectivamente las estructuras militares, polticas y econmicas del paramilitarismo, y depurar sus vnculos con servidores pblicos, miembros de la Fuerza Pblica y organismos de seguridad. As mismo, debe dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en relacin con la aplicacin de la ley 975 de 2005. La comunidad internacional debe vigilar que el Gobierno de Colombia cumpla con esas obligaciones.

2. La solucin poltica negociada es el mejor camino para resolver el conflicto armado interno. Alentamos al Gobierno de Colombia y al ELN para avanzar efectivamente en la construccin de escenarios de negociacin poltica. Todos los grupos combatientes deben abstenerse de continuar practicando secuestros. Instamos al Gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC-EP a que sin ms dilaciones ni condicionamientos suscriban un acuerdo humanitario. Es fundamental que la comunidad internacional contine cumpliendo su papel de facilitacin respecto a esas iniciativas.

3. El Gobierno de Colombia debe garantizar los derechos de todas las vctimas a la verdad, la justicia y la reparacin. La comunidad internacional debe acompaar y apoyar decididamente las iniciativas de las vctimas orientadas a ejercer sus derechos. Tambin debe apoyar a la sociedad civil colombiana en el proceso de construir y concertar un Plan Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario con el Estado colombiano.

4. Durante las prximas elecciones, el Gobierno de Colombia est obligado a ofrecer garantas a la oposicin poltica, a impedir la injerencia del paramilitarismo en el debate electoral. La Unin Europea debe supervisar todo el proceso electoral (campaas y elecciones) mediante la conformacin de una Misin de Verificacin Electoral y el apoyo que otorgue a la presencia de otras misiones.

5. Dado el incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado colombiano, la Unin Europea debe evaluar la vigencia del acuerdo arancelario vigente. Otros acuerdos comerciales que la UE celebre con el Gobierno de Colombia deben estar condicionados al respeto y la garanta de la integralidad de los derechos humanos. En todo caso, la sociedad civil podr participar de las consultas previas para suscribir esos acuerdos

6. El Gobierno de Colombia debe dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas durante los ltimos aos por los organismos intergubernamentales especializados de derechos humanos. La comunidad internacional debe garantizar la continuidad y el cabal cumplimiento del mandato integral de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. As mismo, el Consejo de Derechos Humanos, por lo menos una vez al ao, debe analizar especficamente la situacin colombiana y adoptar un curso de accin que comprometa al Gobierno de Colombia a superar la crisis de derechos humanos.

7. Proclamamos nuestro compromiso con el desarrollo y la consolidacin de la democracia en Colombia. En ese sentido, instamos al Gobierno de Colombia para que respete y garantice los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, otorgue garantas a los integrantes de la oposicin poltica, y asegure la vigencia de las libertades sindicales. La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de esas obligaciones y velar por la vigencia de las clusulas democrticas.

Bruselas, 18 de abril de 2007

 



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