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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-05-2007

Primer mandamiento democrtico: No votars

Santiago Alba Rico
Gara/Rebelin


PRIMER MANDAMIENTO DEMOCRTICO: NO VOTARS

Tan acostumbrados estamos los ciudadanos del Estado espaol a aceptar la excepcionalidad jurdica y poltica del Pas Vasco que no reparamos en que de hecho est ya fuera del marco democrtico que no le deja escapar. Tan acostumbrados estamos a esta extraterritorialidad legal que es posible extender su dominio fuera de los rales cada vez un poco ms sin que nadie se inmute: despus de todo, slo afecta a los que han hecho algo o podran hacerlo o podra pensarse que llegaran a pensar hacerlo. La democracia espaola, como Franco, no tiene nada contra los que no se meten en poltica: a sos incluso los deja votar. En todo caso, no debe ser fcil entender en Bruselas o en Canad o en Tokio -apenas uno restablece la distancia- el minucioso encarnizamiento con que el gobierno de Zapatero, en el marco de unas negociaciones formalmente todava abiertas, impide presentarse a las elecciones a la misma fuerza que dice querer atraer a las instituciones. Cul es el juego? Tras la sentencia del Supremo que impugn el domingo por la noche las candidaturas de AS y ANV, el ministro de Justicia mostr su satisfaccin: No gustar ni al PP ni a la izquierda abertzale. Esa es sin duda la estrategia. El extremismo fascistoide de la derecha permite a Zapatero impugnar 80 candidaturas ms que el PP en el 2003, y con ms torcijones legales, conservando al mismo tiempo un aire de tolerancia y hasta de virtuosismo pragmtico. El malestar de la izquierda abertzale, por su parte, le permite acumular legitimidad frente al PP sin enfrentarse con l e invistindose de un aura de dureza y de rigorismo legal electoralmente muy redituable en el resto del Estado. Pero dar la razn a la extrema derecha y slo guios a los partidarios de la negociacin, manteniendo el descontento de ambos mientras se erosiona el marco democrtico y de Derecho; utilizar el eco cada vez ms remoto de la negociacin contra el PP, y la poltica del PP contra la negociacin, mientras la derecha se encabrita y se crece y las esperanzas de una paz democrtica se sumergen, es el camino ms seguro para ganar tiempo y perderlo todo y la estrategia ms inmoral para devolver al PP al poder y a ETA a la lucha armada y a todos -espaoles y vascos- a la desesperacin.

Me duele el dao que se le hace al Derecho pronunciando su nombre -aqu y en todo el mundo- cada vez que se violan sus principios. Cuanto ms minuciosamente leguleyos hayan sido los procedimientos, ms paradjicamente antidemocrtica se revela la sentencia del Supremo. No hace falta ser abogado para comprenderlo. En un Estado que reivindica el carcter redentor de las penas, miles de ciudadanos vascos son considerados ontolgicamente irredimibles antes siquiera de haber cometido un delito. En un Estado en el que la mayor parte de los reos de delitos conservan su derecho al voto activo y pasivo, cien mil ciudadanos vascos son privados al mismo tiempo de sus derechos civiles y de su derecho a un juicio justo. En un Estado cuya doctrina jurdica define actos y no personalidades delictivas y que dice abominar del principio nazi de analoga, miles y miles de ciudadanos vascos son preventivamente inhabilitados como pertenecientes a grupos de riesgo -horrendamente contagiosos- en virtud de su pasada relacin con otros grupos o coincidencias de palabra u omisin con personas contaminadas. Una sentencia legal que produce este resultado no puede ser de ninguna manera ajustada a Derecho. Pero la culpa, claro, no la tiene el Supremo, por muchos volatines que haya tenido que hacer encima de esa cuerda. Entrar a discutir si el contenido de la sentencia se cie o no a la Ley de Partidos, como si la irregularidad anidase en ese hiato, es olvidar precisamente -y legitimar- la anomala democrtica de la Ley misma. En un Estado que se dice de Derecho, basado por tanto en la proscripcin limitada y no en la prescripcin generalizada, la Ley de Partidos condiciona el acceso a la vida pblica de los ciudadanos a una adhesin positiva obligatoria que conculca de hecho el derecho a la libertad de expresin garantizado por la tan invocada constitucin. La libertad de expresin no consiste en poder decir lo que pienso sino en que nadie me pueda obligar a decirlo. Un Estado que slo legalizase aquellos partidos que declarasen en sus estatutos que la nieve es blanca sera un Estado dictatorial y la ms mnima dignidad democrtica exigira de todos los grupos polticos silenciar la blancura de la nieve y denunciar como una violencia intolerable ese silencio. Piense lo que piense de ETA, me niego a condenar sus acciones porque ms importante que decir lo que pienso me parece defender mi derecho democrtico -colectivo- a no decirlo. Piense Batasuna lo que piense de ETA, el Estado mismo debera garantizarle su derecho a callar (como garantiza el derecho de un detenido a no acusarse a s mismo) y los partidos que no apoyaron la Ley liberticida deberan respaldar a la coalicin independentista, piensen lo que piensen de ella, y eso hasta el punto de negarse pblicamente a condenar a ETA, desafiando as una ley que ningn gobierno se atrevera a aplicarles. Como condicin de acceso a la vida pblica y prescripcin obligatoria de un Estado, la condena a ETA o la blancura de la nieve dejan de tener valor tico o de verdad para convertirse en puros instrumentos discriminatorios preventivos, a igual ttulo que un certificado de sangre o el saludo fascista, signos intolerables de un rgimen totalitario.

En un momento tan delicado como ste, en el que la frontera entre la esperanza y la oscuridad, entre el derecho y la ley, es apenas un empujoncito, alguien podra considerar justificado que el PSOE hubiera hecho un disparate jurdico en favor de la paz y la democracia. Ni siquiera se le peda eso: bastaba con que hubiese deshecho uno muy grande o al menos no hubiese cometido uno mayor. Nunca como hoy la obediencia a una ley disparatada -y su torcimiento abusivo- podan tener consecuencias ms graves. El disparate jurdico de Zapatero no es slo un atropello democrtico; es una declaracin de guerra que estrecha an ms los mrgenes para una solucin poltica y negociada al conflicto vasco-espaol. A los cien mil irredimibles contaminados a los que no se les permite ni presentarse a las elecciones ni elegir a sus representantes, a esos cien mil monstruos excluidos como apestados de la vida poltica en un momento -todava- de tenusima esperanza, qu les est pidiendo el gobierno? Que condenen a ETA? O que la voten a ella? Desde Bruselas o Canad o Tokio -apenas se restablece la distancia- no puede dejar de contemplarse con horror cmo los que apuestan por la violencia, en el PP y dentro de ETA, se frotan las manos de satisfaccin ante el disparate de Zapatero, embragados por la hipocresa maquiavlica del PNV y el silencio pusilnime de la izquierda estatal. Un empujn ms y no quedar ni sombra de la democracia homeoptica de esa va muerta que llaman Transicin.



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