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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-05-2007

Casanare y la British Petroleum: una historia que es preciso cambiar

Manuel Vega y Martn Ayala
Rebelin



Olvido e impunidad.

La historia reciente de Colombia, ese pequeo pas ubicado al norte de Suramrica, es una historia de olvido y de impunidad. Olvido, pues la memoria oficial se ha empeado en conservar slo los grandes relatos de carcter nacional, los nombres de victimas ilustres, de delincuentes y de presidentes curiosa seleccin-, dejando de lado la vida de aquellos hombres y mujeres que constituyen la carne y el hueso de nuestra realidad. Impunidad, porque durante aos se ha entorpecido sistemticamente la posibilidad de hacer justicia en crmenes brutales contra el pueblo. Crmenes que han destruido los amarres del tejido social colombiano.

En efecto, en las ltimas dcadas hemos presenciado con impotencia la repeticin de violaciones a los derechos humanos y tragedias del pasado que habamos olvidado, entre otras cosas, por la falta de una justicia efectiva y de una memoria crtica. Hoy reviven esos fantasmas en una nacin atrapada entre el totalitarismo, el paramilitarismo y el reinado del capitalismo transnacional. Ese es el verdadero rostro de Colombia, oculto bajo la mascara de la poltica de seguridad democrtica del presidente lvaro Uribe Vlez. Esos son los elementos que explican buena parte de nuestra realidad actual: intereses transnacionales, gobiernos corruptos de derecha y paramilitarismo.

El departamento del Casanare, ubicado en la regin de los llanos orientales, no es la excepcin. Desde la dcada de los noventa cuando se inicio la explotacin petrolera all por parte de la empresa transnacional British Petroleum (BP) hasta hoy, es posible enumerar cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, mltiples casos de desviacin de recursos provenientes de la economa petrolera, miles de atropellos contra la poblacin campesina, sin mencionar las nocivas transformaciones que el petrleo ha ocasionado en la sociedad y en la cultura llaneras. No obstante, todo ello ha sido sumido en el olvido, sometido al ocultamiento, destinado sin derecho a apelacin a la impunidad. Cuando eso sucede, la infamia se repite y es preciso sentar un precedente contra el silencio y el olvido, contra la impunidad y el ocultamiento. Movilizar solidaridades, sensibilizar conciencias, dar un paso para parar de una vez por todas esta cruda realidad que ha vivido y vive hoy el departamento de Casanare en Colombia, este es el propsito de este artculo.

Un motivo.

El 16 de Marzo de este ao, la comunidad de la vereda el Triunfo del municipio de aguazul en Casanare informo a COS-PACC, sobre el asesinato de los campesinos Daniel Torres Arciniegas de 38 anos de edad y su hijo Roque Julio Torres Torres, de tan solo 16. Segn informo la brigada 16 del Ejrcito de Colombia estas dos personas haban sido dadas de baja en medio de un combate pues se trataba de guerrilleros. Segn nos informaron los habitantes de la regin y los familiares de las victimas, ni Daniel ni Roque Julio eran guerrilleros, tampoco murieron en un combate. Se trataba de dos campesinos reconocidos por la comunidad, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por el Ejrcito, en lo que constituye una clara violacin de los derechos humanos.

Segn cuentan sus familiares, ambos tenan seales de maltrato, posiblemente tortura, y orificios de entrada de proyectil de arma de fuego en la regin temporal del crneo, es decir, haban recibido tiros de gracia. Los hechos, los testimonios de la comunidad, las evidencias de los cadveres y el que Roque Julio hubiese sido testigo de una ejecucin extrajudicial de otro campesino a manos del ejrcito colombiano, son agravantes que se repiten en los diversos casos que hemos documentados.

En casos como estos surgen numerosas preguntas: Por qu fueron asesinados?, con que propsito el ejercito colombiano, supuestamente encargado de defender la democracia y la libertad ejecuta a sangre fra a un nio de tan solo 16 aos?, Por qu suceden este tipo de hechos -mas de 10 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza publica en el municipio de aguazul en lo que va corrido de este ano- en cercanas de los pozos de explotacin petrolera a cargo de la BP? La respuesta a ello se encuentra en el cruce entre el petrleo, las empresas transnacionales, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado colombiano, actualizado en la poltica de seguridad democrtica de lvaro Uribe Vlez.

El caso del pequeo Roque Julio y de Daniel Torres es un motivo suficiente para cambiar esta historia de la BP en Casanare

El oro negro, o la historia de una soberana entregada.

Hacia principios del siglo XX, mas exactamente en 1905, comenz en Colombia la exploracin petrolera. En ese ao, el gobierno nacional firm un polmico contrato con Roberto de Mares mediante el cual se le otorgaba en concesin la zona petrolera de Barrancabermeja. Esta concesin constituira el primer antecedente de una historia de entrega de nuestros recursos, y con ello de nuestra soberana, a empresas transnacionales. En este caso a la Tropical Oil Company.

Por su parte, la exploracin en la regin de los llanos orientales se iniciara en los aos 20 del siglo pasado. Durante los aos sesenta y setenta continuaron las exploraciones en la regin del piedemonte sin resultados favorables. Pero slo hasta 1983 con el descubrimiento del Campo Cao Limn, de 1.000 millones de barriles en la cuenca de los llanos orientales Arauca-, el pas volvi a convertirse en exportador de crudo. Hasta ac, lo que nos cuenta la historia oficial no es otra cosa que el inicio de una economa prospera y creciente que apalanc el desarrollo del pas. Pero lo que recuerdan los habitantes de Barrancabermeja y Arauca es el inicio de una guerra por el oro negro, el comienzo de la destruccin progresiva de la cultura, la intromisin forzosa y violenta de un modo de vida occidental que desgarr poco a poco el tejido social, a tal punto, que estas dos regiones desde entonces y hasta hoy, son un polvorn, uno de los escenarios ms complejos del conflicto armado interno que vive el pas.[1]

Algo similar ocurri en Casanare, slo que sobre este extenso departamento la historia ha omitido muchos detalles. En 1980 el pozo Cusiana-1[2] ofreci pruebas de la existencia de volmenes significativos de condensado y gas en la Formacin Mirador y dio seales de grandes reservas de hidrocarburos. Posteriormente, en 1991, el pozo Cusiana-2A penetr profundamente los intervalos de Mirador, Barco y Guadalupe y la exploracin del pozo Buenos Aires confirm las dimensiones del descubrimiento.

Durante el ao siguiente, se anunci la viabilidad del yacimiento Cupiagua, en el Municipio de Aguazul, al noroccidente del campo Cupiagua. En adelante todo el Casanare, y estos dos municipios en particular (Tauramena y Aguazul), iniciaran una vertiginosa transformacin en su vida social, poltica, econmica y cultural. Ahora bien, este proceso de cambio rpido se encuentra determinado de manera importante por la relacin entre empresas transnacionales y un Estado que poco o nada se interes en la defensa de la soberana nacional. As, aunque algunos vieron en Casanare la emergencia de una sociedad opulenta, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento demogrfico, en el fondo comenzaba a producirse un complejo fenmeno de conflicto social, de imposicin econmica y permisividad estatal, que hasta hoy no valoramos en toda su dimensin.

La BP en Casanare.

Pese a que la empresa British Petroleum Exploration hizo presencia en el pas desde la dcada de los veinte, y luego en los sesenta con pequeos negocios, slo hasta 1986 estableci una presencia significativa a travs de la adquisicin de terrenos en el piedemonte de la cordillera oriental, por medio de contratos Farm In[3]. El pozo de Cusiana comenz a ser explotado en el marco del contrato de Asociacin Santiago de las Atalayas conformado por las empresas British Petroleum Exploration, Triton, Total y ECOPETROL.

Los pequeos negocios de la BP en Colombia se hicieron grandes en la dcada de los noventa. En 1991, con la transformacin constitucional que vivi el pas, la intendencia del Casanare se convertira en Departamento y la BP encontrara un ambiente propicio para sus intereses. En efecto, para 1993, ao en que se formaliza la explotacin y produccin de petrleo en Cusiana y Cupiagua, BP contaba con el 19% del SDLA de Tauramena, mientras ECOPETROL tena el 50% y el 19 y 12% se lo repartan respectivamente Total y Triton. La extensin total del terreno que comprometa el contrato era de 50.000 hectreas. De otra parte, la empresa britnica era duea del 100% de los intereses privados del piedemonte en un rea localizada al norte de los campos cusiana y cupiagua y mantena claros intereses en el Ro Chitamena, Monterralo, Recetor y Upa. El rea de estas licencias comprenda 600.000 hectreas.

Pero en esos primeros anos, la BP no solo se hizo a la operacin petrolera en estas tierras usurpando nuestros recursos y generando impactos ambientales negativos como la destruccin de fuentes de agua, alteraciones del ecosistema asociadas a la quema de gas, daos en el suelo ocasionados por la ssmica, construccin de carreteras sin planificacin. Su estrategia para enfrentar la realidad sociopolitica de una regin signada por la presencia de actores armados de izquierda y derecha, y comunidades organizadas, fue bastante cuestionada.

La estrategia de seguridad de BP, el paramilitarismo y el papel de la fuerza publica en los anos 90.

A raz de la disminucin de las existencias petroleras en Arauca, los campos de Cusiana y Cupiagua, en el Departamento de Casanare, fueron ganando una mayor preponderancia, concentrando la atencin tanto del gobierno nacional como de los actores armados (guerrillas, paramilitares, ejercito). Sin tratarse de una casualidad, como lo ratifica la denuncia de Amnista Internacional elevada en 1996, este auge del negocio del petrleo en el Casanare se acompa de la proliferacin de grupos paramilitares y de seguridad privada financiados por la misma transnacional.

En efecto, la BP dispuso y patrocin la presencia de mercenarios extranjeros que apoyaban las operaciones extractivas. Como lo denuncian varias organizaciones sindicales y de derechos humanos, durante el desarrollo de la construccin del oleoducto, Roger Browm, coronel retirado del Special Army Services (SAS) de Inglaterra, figur como presidente en los documentos. La injerencia inglesa, as como la presencia de mercenarios extranjeros fue clara en la regin. La investigacin de un grupo colombo britnico de periodistas descubri que durante el desarrollo de la construccin del oleoducto, Brown intent contratar a un grupo de oficiales retirados del Ejrcito israel para entrenar paramilitares con importantes equipos de guerra (helicpteros, armas, uniformes y municin), negociaciones que se vieron interrumpidas a raz de la publicacin de los hallazgos de la investigacin periodstica, en el diario The Guardian, en Londres[4].

Aunque todo ello se dio a conocer, ninguna accin efectiva se tomo al respecto. Como afirm Amnista Internacional en su documento AI: AMR 23/044/1997[5], se elevaron varias denuncias a la compaa petrolfera, entre ellas, vale la pena mencionar las formuladas a travs del programa televisivo World in Action emitido en el Reino Unido, donde se afirm que la BP haba firmado un contrato con Defence Systems Limited (empresa privada de seguridad britnica) para impartir cursos de formacin en tcnicas contrainsurgentes que, segn los informes, incluan manejo de armas letales, fuego de francotirador y lucha cuerpo a cuerpo, a una unidad policial encargada de proteger al personal de BP y sus instalaciones de la regin de Casanare.

De la mano con la operacin de estos grupos se ha desarrollado un proceso de estigmatizacin de aquellos miembros de la poblacin local que participan en protestas legtimas contra el impacto medioambiental causado por las compaas petrolferas. Luego del sealamiento a los lderes sigue el asesinato, amenazas, desapariciones y torturas; prcticas que configuran el cuadro de acciones conjuntas de la fuerza pblica, los paramilitares y los grupos de seguridad privada.

Al respecto Amnista Internacional manifest: A la organizacin le preocupa especialmente que los procedimientos de seguridad empleados por Defence Systems Colombia (DSC), subsidiaria de la empresa privada de seguridad Defence Systems Ltd., con sede en el Reino Unido, pudieran contribuir a cometer violaciones de derechos humanos contra la poblacin civil. DSC tiene un contrato con British Petroleum (BP), para llevar sus operaciones de seguridad en Colombia y hasta 1997 tuvo tambin un contrato con OCENSA, el consorcio de empresas propietarias del oleoducto que va desde los yacimientos petrolferos hasta la costa, en el cual BP tiene participacin junto con otras empresas transnacionales. [6]

La formacin contrainsurgente se acompaaba de fuertes sumas con las cuales la BP contrato fuerza pblica colombiana para proteger sus negocios. Soberana a cambio de dlares. El New York Times, public un informe donde se sealo que BP contrat a 500 soldados y 150 oficiales del ejrcito colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del pas. Se estima que BP pago en esos aos al rededor de 54 y 60 millones de dlares para proteccin privada. En el presente, segn nos han informado diversas fuentes, la BP da un bono de entre 700.000 y 800.000 pesos a oficiales y suboficiales del ejrcito colombiano de la brigada XVI por su papel en la proteccin de la infraestructura petrolera. Como ya hemos visto estos militares son los autores materiales de ejecuciones extrajudiciales como las de Roque Julio y Daniel Torres y Ernesto Cruz Guevara, asesinado el 23 de Abril de este ao.

Adicionalmente se ha descrito apoyo blico directo por parte de esta empresa. Como afirma Amnista Internacional, es alarmante que DSC/OCENSA haya comprado material militar para la XIV Brigada del ejrcito colombiano, que tiene un historial atroz de violaciones de derechos humanos. Precisamente cuando DSC/OCENSA compr material militar en 1997, un grupo importante de militares pertenecientes a la XIV Brigada estaban siendo investigados por complicidad en una matanza de 15 civiles desarmados en la localidad de Segovia en abril de 1996 y por vnculos con organizaciones paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos generalizadas.

Las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del ejrcito colombiano y la BP en esos aos son claras y provienen de diversas fuentes. Por ejemplo, en 1998 el Parlamento Europeo conden al gobierno colombiano por su permisividad ante la situacin ocasionada por la petrolera. Desde all se: Pide al Presidente de Colombia que publique ntegramente el informe de su Comisin de Derechos Humanos sobre las actividades de British Petroleum en Casanare y pide a las compaas petroleras europeas que observen las normas ms estrictas de respeto de los derechos humanos y de proteccin del medio ambiente, en especial considerando las condiciones de conflicto en las que trabajan[7]

Por su parte la Unin Sindical Obrera USO denunci el 15 de Febrero de 1999 una serie de irregularidades en la actuacin de la BP, relacionadas con el evidente apoyo britnico para la presencia de la empresa en Colombia, los incumplimientos y componendas en los contratos realizados entre la BP y ECOPETROL, corrupcin y anuencia del mismo gobierno colombiano en relacin a la empresa, violacin de los derechos de los campesinos y trabajadores en la regin, daos ambientales y la clara relacin que ya hemos descrito: BP, paramilitares, ejercito, empresas de seguridad privada.

Sin duda, la BP ha trado al Casanare ms problemas que beneficios. Desde el asesinato de dirigentes como Carlos Arrig en abril de 1995 y las amenazas de muerte proferidas contra Alfonso Chaparro, pasando por la muerte de campesinos y trabajadores, hasta las detenciones masivas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales a mano de3l ejrcito colombiano que hoy se multiplican en los campos del departamento, configuran un escenario de constante vulneracin del tejido social y de los derechos fundamentales de la poblacin, todo por cuenta de la economa transnacional.

El extermino de las organizaciones sociales Cmo olvidar?

La suerte de ACDAINSO[8] es un ejemplo emblemtico de la relacin entre la presencia de la transnacional BP y la eliminacin sistemtica de una de las organizaciones sociales mas importantes de de Casanare[9] creada justamente con el objeto de ejercer un control social sobre las actuaciones de la BP y contrarrestar los efectos de la economa del petrleo.

ACDAINSO fue creada el 10 de Agosto de 1995 para representar a los campesinos de 17 veredas que comprendan el corregimiento del Morro en el municipio de Yopal Casanare. En ese ao, ms de 100 delegados de este sector constituyeron esta forma jurdica para que los representara ante las diversas instancias gubernamentales y privadas (en este caso concreto con BPX) en el tema particular del petrleo y el desarrollo campesino.

El momento de creacin de la asociacin fue crucial para los habitantes de este corregimiento. En efecto, ella constitua un mecanismo de resistencia frente al aniquilamiento organizativo que se viva en el departamento a manos de fuerzas estatales y paraestatales. As, mientras se desmoronaba el comit nter gremial UNIDOS POR CASANARE, se exterminaba a la Asociacin Departamental de Usuarios Campesinos ADUC de Casanare y desapareca el comit Pro pavimentacin del Morro que aglutinaba a 36 veredas del municipio de Yopal y dos del municipio de Nuncha, ACDAINSO emerga como opcin de organizacin comunitaria.

No obstante, esta asociacin comenz a tener problemas un ao despus de su conformacin debido a que desde all la comunidad presionaba con ms fuerza para que se cumplieran a cabalidad los acuerdos firmados en 1994 con la empresa B.P.X. El ejercicio de soberana y ciudadana que supona la Asociacin, motiv a las convivir[10] de Casanare, comandadas por Alias Chubasco, a enviar amenazas a los dirigentes de ACDAINSO para que desistieran de su empeo. Dicha amenaza causo zozobra dentro la poblacin, no obstante, no se hizo efectiva pues en ese momento los ojos de la comunidad internacional estaban puestos en el morro.

Efectivamente, el asesinato de los dirigentes campesinos Carlos Arrig y Gabriel Ascencio, el atentado al campesino de la vereda Marroqun, Segundo Surez, el allanamiento a la vivienda de Fanny Nez, la detencin carcelaria de Hernando Cceres activista de la Anuc Casanare y del presidente de la Asociacin municipal de usuarios Campesinos de Yopal, fueron hechos que atrajeron la atencin de la comunidad internacional sobre BP y sobre la regin.

Resistiendo da a da ACDAINSO impulso la realizacin de varios paros, marchas, foros y eventos en donde se evidenciaba el incumplimiento de los acuerdos firmados entre la empresa B.P.X y los campesinos. De este modo, para finales de 2002, la comunidad del Morro realizo un paro de 45 das (mas largo que el de 1994). All no solo se insisti en la defensa de los acuerdos antes mencionados, sino tambin, en aspectos relativos a las condiciones laborales de trabajadores de BP.

Pero el resultado de esta labor de denuncia no fue muy alentador, por cuenta de ello fueron amenazados Javier Fonseca presidente de la asociacin en el 2002 y Ramiro Snchez Fiscal de la misma. Dos aos despus, en el mes de septiembre de 2004, Javier Vargas, Fiscal de la organizacin comunitaria, fue asesinado y Fassio Olgun, Tesorero de la misma, sufri un atentado en su casa del cual salio ileso. Solo 10 das separaron los hechos. Como una extraa coincidencia, en Febrero de 2003 Jorge Guzmn representante de la seccin de relaciones con la comunidad de B.P.X en Yopal haba expresado estar cansado con el accionar de ACDAINSO agregando que esta organizacin no los dejaba trabajar en el Morro. A esto se sumaron las declaraciones de lugareos de este corregimiento segn las cuales la BP, la alcalda Municipal de Yopal y la gobernacin de Casanare haban decidido acabar con ACDAINSO y crear una asociacin que respondiera a sus intereses.

En septiembre de 2004 es asesinado Oswaldo Vargas, tesorero de ACDAINSO, y el 10 de mayo de 2005 es asesinado Parmenio Parra presidente de la misma asociacin junto con su acompaante. Luego, el 6 de junio se hizo pblica la detencin de Hctor Orlando Camargo, junto con dos de sus hijos y 5 campesinos ms del Morro.[11] Las muertes continuaban, no obstante la justicia desviaba su atencin de los victimarios a las victimas. En efecto, la fiscala inicio proceso de investigacin contra ACDAINSO como nos lo relata un campesino: por tal hecho entonces de ah que ya se vinieron investigaciones y empezaron a decir, se empezaron a escuchar comentarios que esa organizacin estaba pues quizsmente, quizs era organizada o de alguna manera manipulada por la guerrilla cosa que nunca ha sido cierto, pero esa era una sospecha y esa fue una de las causas, para que esto viniera hacerse una investigacin hasta llegar al momento que la fiscala fue y recogi los documentos y los trajo para hacer sus averiguaciones y ms tarde entregarla nuevamente..[12]

Ante el exterminio sistemtico de sus lderes y gracias a la persecucin del mismo Estado, en julio de 2005 se dio por terminada la vida de ACDAINSO. En el presente y pese al miedo, la comunidad del Morro ha intentado rehacer una forma organizativa: ASOJUNTAS DEL CORREGIMIERNTO DEL MORRO. El futuro de Asojuntas es un poco incierto, tal como lo expresa un campesino del lugar: pero que de alguna manera ahora lo obligan uno a tener otra organizacin y se queda uno dudando y dice entonces de aqu a cuando nos volvern a quitar esa organizacin cuando volveremos a decir se acabo ASOJUNTAS es decir cree uno y siente uno que esos escudos polticos como que los tienen para ponerlos y quitarlos cuando quieren.

Las transnacionales del petrleo y la realidad de Casanare hoy. Un cambio de estrategia?. Del paramilitarismo a la seguridad democrtica.

Es 30 de marzo de 2007. Junto con la Fundacin Comit de Solidaridad con los Presos Polticos, los encargados de derechos humanos de COS-PACC, realizan una nueva accin urgente en respuesta al asesinato de dos nuevos campesinos de la regin. Cuando parar esto!. El documento que redactan dice: Los campesinos que habitan en la zona de la parte del pie de monte del municipio de Aguazul-Casanare, desde el ao de 1996 a la fecha han sido victimas de estigmatizacion y sometidos a toda clase de abusos y tratos crueles e inhumanos como son: la desaparicin, el asesinato, torturas, judicializaciones, amenazas desplazamientos, detenciones masivas y arbitrarias, afectando al conjunto de pobladores del sector.

Segn informaron los habitantes de la vereda Alto Cupiagua, en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare, el da viernes 30 de marzo del ao en curso siendo aproximadamente las 12 del da, efectivos del Gaula adscritos a la decimosexta brigada del ejrcito nacional, detuvieron a YEFER ARNOLDO MORA SANABRIA de 21 aos, WILLIAM MARTINEZ SUAREZ de 17 aos y GUSTAVO MORA SANABRIA de 16 aos.[13] Posteriormente se conoci que las personas detenidas haban sido reportadas por el Gaula como subversivos dados de baja en combate.

Entre el 2001 y el 2006 el CINEP document ms de 53 casos[14] entre abusos de la fuerza pblica, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones con la presunta responsabilidad de grupos paramilitares, ejrcito nacional, DAS, Gaula, entre otros. Tan slo en lo que va corrido del 2007 se han presentado ms de 12 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Municipio de Aguazul.[15] Si a esto sumamos cientos de muertos enterrados en fosas comunes y desaparecidos a manos de los paramilitares que an no han sido hallados, as como mltiples casos en los que familiares de vctimas no han denunciado por miedo, resulta evidente que la regin de Casanare vive una aguda crisis de derechos humanos.

Cmo explicar esta situacin cuando supuestamente el cambio de estrategia de la BP, la poltica de seguridad democrtica de Uribe y la desmovilizacin paramilitar han logrado una pacificacin del departamento y una sana relacin entre la economa petrolera y el desarrollo regional? Hoy nos queda claro que esta situacin humanitaria est relacionada con una estrategia para el rea petrolera de Casanare que ha sido concertada entre la BP y el ejrcito colombiano, la cual se compone de varios elementos como la seguridad (estrategia de guerra sucia), los programas sociales (desarticulados al plan de desarrollo regional y asistencialistas), entre otros.

Si bien el paramilitarismo y algunos sectores del ejrcito se encargaron de eliminar las organizaciones sociales de Casanare en los aos 90 y hasta el 2004; organizaciones que ponan en jaque a la BP en materia de responsabilidad ambiental e inversin social; en el presente la poltica de seguridad democrtica es la poltica bajo la cul, a nombre de la lucha contrainsurgente, se eliminan lderes sociales y campesinos organizados que resultan un obstculo para los intereses transnacionales. De este modo las desapariciones y masacres del paramilitarismo hasta el 2004 han dado paso a las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejrcito y la fuerza pblica. O en otras palabras, la defensa del petrleo en la regin ha transitado del paramilitarismo a la seguridad democrtica, es decir, que la bandera del presidente Uribe constituye menos una poltica de pacificacin de la nacin, y ms una estrategia para garantizarle un escenario propicio a las transnacionales.

En ello tienen razn algunos miembros del gobierno Uribe. Durante los ltimos aos hay un mayor despliegue de fuerza pblica en el pas y un proceso de desmovilizacin de paramilitares[16], lo cual ha significado una mayor confianza para la inversin extranjera. Sin duda. El problema es que por una parte, la militarizacin slo ha trado atropellos al campesinado, a los lderes sociales, incluso a nios. Un costo bastante alto y cobarde para pacificar un pas. Por otra, la desmovilizacin es una profundizacin de la impunidad, el tejido social no se reconstituye simplemente con actos de buena voluntad, sino con una justicia efectiva. Y finalmente, la afluencia de empresas e inversionistas extranjeros produce una mejora de la economa para los ricos, mientras que a los pobres slo les trae ms muertes, ms daos ambientales, ms sumisin.[17]

Cul es la responsabilidad de BP en todo ello? Esta pregunta debemos responderla entre todos. Qu hacer? Es fundamental enfrentar esta problemtica desde varios mbitos. En primer lugar se hace preciso investigar con seriedad los elementos que explican la situacin del petrleo en el Casanare (romper el ocultamiento). De la mano con ello debemos comprometernos a realizar campaas (actuar) dirigidas a detener el consumo de los productos de la BP (productos manchados con sangre de campesinos colombianos) y a organizar a nuestras comunidades para exigir un manejo responsable de la economa petrolera.

En otro nivel, es necesario denunciar y juzgar al gobierno colombiano y a la BP ante organismos supranacionales y ante la comunidad internacional (romper el silencio y la impunidad). El Tribunal Permanente de los Pueblos y la campaa petrolera que se adelanta en Colombia son uno de los escenarios propicios para ello.

Pero si estas medidas ayudan parcialmente a cambiar la situacin de la regin, lo que esta en el fondo del debate es el tema de la soberana de los recursos. Y hacia all deben apuntar en el largo plazo todos los esfuerzos de las organizaciones sociales. Slo en el momento en que los colombianos puedan decidir sobre la extraccin, la transformacin y el uso de sus recursos ser posible detener la exfoliacin de los mismos por parte de las Transnacionales. Slo nacionalizando el petrleo, ser posible fabricar un modelo de desarrollo y de vida que regule el uso del crudo en funcin de la preservacin del ambiente, articular las ganancias de ese negocio a planes de vida pertinentes para los colombianos y detener un conflicto social y armado que descansa de manera importante en las inequidades sociales y la sujecin del pas a las economas y los poderes internacionales.

- Manuel Vega y Martn Ayala son miembros de miembros de la Corporacin Social para la Asesora y la Capacitacin Comunitaria, una organizacin social y campesina de Colombia.



[1] Durante el siglo XIX Colombia vivi un sinnmero de guerras internas propias del proceso de consolidacin de la Repblica. Nuestro siglo XX comenz con la guerra de los mil das, o la confrontacin a muerte entre liberales y conservadores que termin con un dbil acuerdo de paz y la prdida del canal de Panam. Las tensiones de una sociedad desigual se expresaron nuevamente en la poca de la violencia entre liberales y conservadores, durante las dcadas de 1940 y 1950, momento que costo miles de vidas a lo largo y ancho del pas. A principios de 1960 se configurara lo que hoy conocemos como conflicto armado interno. Este conflicto consiste en la confrontacin militar y poltica entre organizaciones insurgentes de izquierda que surgieron en diferentes momentos (FARC, ELN, EPL, M-19, entre otras) y el Estado colombiano. En la actualidad las dos guerrillas ms importantes que mantienen esta lucha son el ELN y las FARC, con la aparicin de grupos paramilitares auspiciados por el Estado para combatir a la insurgencia.

[2] Municipio de Tauramena.

[3] En el pas han existido contratos de concesin, asociacin y explotacin directa por ECOPETROL. Las dos primeras modalidades componen la mayora de contratos y por ende, suponen un enriquecimiento significativo de las empresas transnacionales en comparacin a lo que le queda al Estado Colombiano. Claro, es preciso decir que los contratos de concesin fueron suspendidos en 1974 por medio del Decreto 2310 de ese ao y slo se mantienen en el presente aquellos que se firmaron antes de dicha fecha.

[4] Estos modelos de seguridad privada son el correlato de las iniciativas que en materia de recursos energticos se han trazando los Estados Unidos y otras potencias en otros lugares del mundo: "en entornos inestables, las sociedades de seguridad privada pueden tener que ocuparse de temas de seguridad, tales como ocuparse del control de protestas y muchedumbres, coordinando con las fuerzas estatales, suministrar una seguridad armada a las instalaciones y al personal". Dicha poltica fue evidente en Casanare, puesto que las protestas de los trabajadores y cualquier manifestacin de la poblacin contra la empresa durante los aos 90 fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad mixta.

[5] Amnista Internacional, Colombia: La compaa petrolfera British Petroleum (BP) se expone a alimentar la crisis de derechos humanos mediante formacin militar., AI: AMR 23/044/ del 30 de Junio de 1997.

[6] Amnista Internacional, Amnista Internacional renueva su llamamiento a las compaas petroleras que operan en Colombia para que respeten los derechos humanos, NDICE AI: AMR 23/79/98/s
13 DE OCTUBRE DE 1998.

[7] Madrid, 3 de noviembre de 1996

[8] Asociacin Comunitaria Por el Desarrollo Social y Agroindustrial del Morro (ACDAINSO)

[9] Hay otros ejemplos como la eliminacin de los miembros de la ADUC de Casanare, la destruccin de ASOCOCHARTE, etc.

[10] Organizaciones de autodefensa auspiciadas entre otros, por el hoy presidente de Colombia: Alvar Uribe Vlez.

[11] Cabe anotar que Orlando Camargo fue miembro de la junta directiva del comit pro-pavientacin del Morro en 1994

[12] Entrevista a ex-dirigente de ACDAINSO.

[13] Denuncia pblica elevada por FCSPP y COS-PACC

[14] Algunos casos incluyen varias vctimas.

[15] Archivo de derechos humanos de COS-PACC

[16] Hay que aclarar que varias organizaciones sociales consideramos que dicho proceso de negociacin es ms una legalizacin de los paramilitares que una entrega real. Muchos de ellos siguen delinquiendo, asesinando, masacrando y extorsionando. Sus lderes son tratados con complacencia por parte del gobierno y hasta el momento muy pocos han sido juzgados. Adicionalmente la gran mayora no han entregado ni los recursos ni las propiedades que quitaron a los campesinos y adems, desean seguir participando en poltica, pues desde hace tiempo la para-poltica se vena desarrollando en el pas.

[17] De hecho una de las mayores crticas al gobierno de Uribe es la ausencia de polticas sociales claras y decididas. Si bien las cifras de la economa han subido y hay una apariencia de mejora en el orden pblico, la realidad es que en los campos la gente sigue muriendo de hambre como en el departamento del Choco, o bien, asesinados por el ejercito y los reductos paramilitares. Estas muertes no se presentan pblicamente, por ello nadie se entera ni siquiera aqu mismo, en las ciudades colombianas de tan cruda realidad.



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