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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-05-2007

A propsito del trmino de la trasmisiones de RCTV por seal abierta
Libertad de Expresin en Venezuela

Marcel Claude
Argenpress


El domingo 27 de Mayo del 2007, Radio Caracas Televisin ceso sus trasmisiones televisivas por la seal abierta, debido a que el Gobierno de Venezuela decidiera no renovarle a esa estacin televisiva la concesin del espacio radioelctrico que ocupaba por ms de 20 aos.

La libertad de expresin es un derecho garantizado por la Convencin Interamericana y por la Declaracin Universal de Naciones Unidas, por lo que resulta siempre enojoso y molesto el cierre de medios de comunicacin, la persecucin de periodistas, la censura y todos los mecanismos que el poder utiliza en contra de la expresin libre de los ciudadanos. Esto es inobjetable e incuestionable y hace a la ciudadana de nuestro tiempo muy sensible a este tipo de situaciones.

No obstante lo anterior, siempre es bueno darle una oportunidad a la complejidad y a los distintos elementos que constituyen una determinada realidad, ms all de los evidentes contenidos polticos que hay detrs de lo que hoy est viviendo Venezuela. No son pocos los intereses que aqu estn en juego y no es menor el inters por inducir a la opinin pblica en una u otra direccin.

Por ello es importante tener presente los hechos y las caractersticas del problema. Al respecto no cabe duda que ha calado profundamente la idea de que el Gobierno Venezolano cerr un medio de comunicacin, lo cual induce a pensar necesariamente en el comportamiento autoritario y dictatorial, la censura y la persecucin del pensamiento libre. Pero, no es lo mismo cerrar un medio lase prohibir sus trasmisiones, requisar sus equipos y censurar sus contenidos, como ha ocurrido en tantas partes y tambin en Chile- que decidir, en conformidad con la legislacin vigente democrticamente aprobada, no renovarle la concesin a RCTV.

Independientemente de los usos polticamente intencionados que se quieran hacer de este hecho, es importante considerar que en Venezuela, el 80% de los canales de televisin abierta y emisoras de radio pertenecen y son operados por el sector privado y esto sin considerar la televisin por cable y satlite que tambin utiliza RCTV, as como dos estaciones de radio. Sorprende saber a la luz de lo que se trasmite regularmente en Chile- que en Venezuela existen cerca de 120 peridicos de circulacin regional y nacional, que estn igualmente bajo el control del sector privado. Y hasta donde la informacin se puede verificar, la prensa venezolana ha podido realizar su tarea sin la interferencia del Gobierno en plena libertad y con plena autonoma. No se sabe de periodistas puestos en prisin ni perseguidos ni de amenazas a ningn medio, a pesar de que muchos de ellos expresan abierta y desenfadadamente su oposicin al Gobierno. Por lo tanto, aunque pueda entenderse esta decisin de Venezuela como una medida contraria a la libertad de expresin, vale tambin considerar que limitar este derecho no ha sido parte de la tnica ni una de las caractersticas ms destacadas del Gobierno de Chvez.

Es ms, dado que ningn medio ha sido cerrado por oponerse al Presidente Chvez o por ejercer su derecho a pensar diferente o a criticar al Gobierno, el cese de las trasmisiones de televisin de RCTV por seal abierta no por cable ni por radio- cuesta entenderlo como el cierre arbitrario o autoritario, ms an cuando esta operacin est amparada en el ordenamiento jurdico venezolano democrticamente instalado- que no ha sido violado.

Es importante tener presente que los medios de comunicacin son un instrumento de primera importancia. La prensa es considerada el cuarto poder y, en consecuencia, de extraordinaria relevancia para ejercer el control y detentar el poder. De all que no es una simple discusin y de all que no debemos soslayar el hecho de que, cuando las oligarquas latinoamericanas pierden estos espacios de poder, reaccionan brutalmente y no nos puede sorprender entonces el permanente abuso de presentar una medida legal y jurdicamente legtima, como arbitraria y abusiva.

En prcticamente todos los pases occidentales incluyendo los Estados Unidos- el espacio radioelctrico como un recurso escaso y limitado, es un bien pblico de propiedad nacional y no privado y el Estado, en el nombre del inters ciudadano y general, no slo tiene el derecho sino el deber de regularlo con el objeto de servir el inters pblico y favorecer la libertad de expresin de todos y no slo del sector privado. En Venezuela como en casi todos los pases de Amrica, este bien pblico el espacio radioelctrico- est privatizado, es decir, al servicio de sus propietarios. Bien lo deca Marta Colomina, conocida columnista y muy crtica de Chvez, Los dueos de los medios estn muy concientes de su poder, y saben como usarlo En Venezuela, los medios estn en las manos de pequeos grupos quines tienden a servir su propio inters. Obviamente, al igual que en Chile, lo hacen siempre en el nombre de la libertad de expresin y del inters general, cuando en definitiva no hacen sino, servir el inters de grupos econmicos que quieren seguir monopolizando los mecanismos de comando y control de la sociedad.

Lo que el Gobierno venezolano ha dicho es que, de acuerdo al artculo 156 de la Constitucin y a la Ley Orgnica de Telecomunicaciones, el deber del Estado es garantizar y regular el acceso y uso del espacio radioelctrico y es su deber evaluar si un operador ha servido o no el inters general. Si lo ha hecho, como en el caso de otros medios, se les puede renovar la concesin, de lo contrario el Estado est en su pleno derecho a reasignar dicho espacio pblico.

En relacin a RCTV lo anterior no es un simple argumento, puesto que, es un hecho de pblico conocimiento que este medio utiliz su programacin diaria para promover y apoyar el golpe de Estado en contra de un Gobierno que haba sido democrticamente electo en abril del ao 2002 y lo que es peor, prohibi a sus reporteros transmitir informacin alguna sobre el fracaso del golpe, favoreciendo la arbitrariedad y el abuso de poder que todo golpe de Estado conlleva y que en Chile se hiciera con gran eficacia, tambin con el apoyo de la prensa obsecuente que usa, gusta y disfruta de la ley del embudo, a saber, lo ms ancho para ellos y lo ms delgadito para el pueblo. Libertad de expresin a todo evento para el golpismo, la ley del abuso, la difusin ideolgica, la acumulacin de capital, el convertir al pueblo en masas estpidas resarcindose en dramones y teleseries que enferman el alma y la mente de nuestros jvenes que aprenden el valor de la hipocresa, la deslealtad, la promiscuidad y cuanto principio degradante de la condicin humana sea posible a fin de conservar el control y el comando de la sociedad. Pero, cuando se trata de libertad de expresin para los ciudadanos que quieren denunciar la corrupcin, el abuso en contra de los derechos humanos fundamentales, la construccin cultural sofisticada y polticamente crtica, entonces aparecen las leyes de defensa de la integridad de las personas y la razn superior del Estado. Eso era, es y seguir siendo RCTV en Venezuela y, en consecuencia, existe no slo una ley que avala la decisin del Gobierno sino tambin una legitimidad tica y democrtica. El Estado venezolano no est obligado -ni por ley ni por mandato moral que obliga a profundizar la democracia y la libertad de expresin- a continuar dndole concesiones de espacios pblicos a quienes reniegan de la democracia y del derecho de todos a la informacin. Si hay constituciones que prohben las ideologas totalitarias, no veo yo ninguna razn de que la ley o el derecho a la libre expresin amparen a quines precisamente reniegan de la democracia y de su deber de informar.

Por lo dems, la libertad de expresin es un derecho pblico y no privado y, cuando se trata de un pas como Venezuela o Chile, en donde los medios de comunicacin estn privatizados y al servicio de visiones ideolgicas que amparan la acumulacin y concentracin de la riqueza, as como el monopolio de los puestos de comando y control de la sociedad a manos de una reducida elite, entonces la libertad de expresin es una ridcula fantasa, no existe, puesto que el derecho a expresarse de una minora conspirativa no es lo mismo, hasta donde me alcanza el entendimiento, que el derecho de todos a ser informados. Reducir la concentracin, diseminar el poder de informar, permitir el acceso a otros ojal a los que nunca han podido gozar de ese derecho aunque mil constituciones o declaraciones universales lo consignen y avalen- es precisamente avanzar en la direccin correcta, es decir, socializar y distribuir el derecho a la informacin y la libertad de expresin.

En todo caso, cabe consignar que RCTV podr seguir trasmitiendo sus opciones ideolgicas y sus dramones de dudosa factura tica a travs del cable y de sus radios, pero ya no tendr el privilegio de usar el espacio pblico del pueblo venezolano para ello.

Ahora cabe esperar que la nueva seal permita al pueblo venezolano expresarse y ejercer un sano, crtico y creativo derecho a la libertad de expresin.



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