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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-06-2007

Ley Anti-terrorista
Apoyada por la oposicin, mientras la izquierda dorma

Izquierda.Info



El Gobierno de Kirchner hizo aprobar su proyecto de Ley Antiterrorista, que pone en peligro las libertades democrticas, ordenada por la Embajada de Estados Unidos, mientras la izquierda duerme y la oposicin apoya.

Mientras la izquierda le dedicaba poca o ninguna atencin, el pasado mircoles 6 de junio de 2007 la Cmara de Senadores del Congreso de la Nacin dio media sancin al proyecto de ley antiterrorista, enviado el 20 de diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo Nacional, con 51 votos a favor. La progresista Vilma Ibarra fue la encargada de dar el alegato en defensa del proyecto de ley al que considero de gran importancia.

El nico voto en contra de la ley enviada por el presidente y promocionada por su esposa, la senadora Cristina Fernndez de Kirchner, fue el del senador del Partido Socialista Rubn Giustiniani.

En los balcones del Congreso la nica oposicin era la de los grupos de DDHH. La izquierda, las organizaciones piqueteras, los centros de estudiantes estaban ausentes sin aviso.

En un acto inusual de celeridad, y que la Embajada de EEUU considero extremadamente positivo en el marco de la lucha internacional contra el terrorismo, el mismo 6 de junio el proyecto fue enviado a la Cmara de Diputados.

Al da siguiente, la Comisin de Legislacin Penal de la Cmara de Diputados empez a juntar firmas para un dictamen favorable al proyecto que crea la figura penal de asociacin ilcita terrorista y penaliza la financiacin del terrorismo. Siete das despus, en la sesin del mircoles 13 de junio, la Cmara de Diputados aprob el proyecto por mayora y lo convirti en ley.

Con los votos del Frente para la Victoria, la UCR, y algunos partidos provinciales, con la oposicin del ARI, el PS, ms los diputados Carlos Tinnirello (de izquierda independiente) y Miguel Bonasso (filo Kirchnerista), el proyecto ahora esta en ahora en manos del propio Kirchner para su promulgacin final que, como el proyecto del Ejecutivo fue aprobado casi sin modificaciones, se descuenta.

Los oponentes a las normas antidemocrticas postuladas en la nueva ley, sin embargo, no han producido hasta ahora ningn llamado a la movilizacin por la derrota de esta nueva ley. Tampoco lo han hecho el PO, MST, MAS, IS, PTS, CS ni el resto de las organizaciones de izquierda quienes serian, junto a los sindicatos y comisiones internas combativas las primeras en recibir el impacto de la aplicacin discrecional de las nuevas medidas y definiciones adoptadas.

Y no nos hablen de una consigna perdida o un articulo sepultado en un peridico, sino de una oposicin sistemtica y apelando a la movilizacin.

En su propio dictamen de minora, el PRO afirmo Se equivocan quienes afirman que este proyecto abre camino a la represin de las protestas, si no cmo se explica que tard tanto el Gobierno para tomar esta ley, que tampoco se cumple cuando se cortan las calles con rostros cubiertos y palos, dijo la macrista Nora Ginzburg, antes de cuestionar la posicin del CELS y de otros organismos de derechos humanos.

La diputada afirm que su bloque se opona porque la ley no responde a los estndares internacionales y penaliza el terrorismo internacional sin tener en cuenta lo nacional, para insistir que de esta manera no estaran contemplada acciones como las de las FARC, el ETA, Sendero Luminoso o Patria Libre. Es decir, no voto la ley pero la defendi.

La macrista Nora Ginzburg para quien la ley era poco til dijo refirindose a los pocos activistas de DDHH que aun se hallaban protestando "De qu derechos humanos nos van hablar los comunistas...", subrayando sus palabras sin que hubiera reaccin de las galeras casi vacas. Fue porque la mayora de los manifestantes de los organismos, organizaciones sociales y estudiantiles ya se haban retirado de la Cmara de Diputados.

Es un tema difcil y largamente postergado en el Parlamento argentino. La iniciativa del Poder Ejecutivo satisface las expectativas del pueblo argentino y los compromisos internacionales asumidos contra la financiacin del terrorismo, dijo la kirchnerista entrerriana Rosario Romero, tcitamente reconociendo que el dinero norteamericano estaba por detrs de la aprobacin de la Ley.

La presidenta de la Comisin de Legislacin Penal fue la voz cantante del oficialismo y la encargada de afirmar que, de ninguna manera, el proyecto tiene relacin con la protesta poltica y social, como sigui se opin erradamente desde organismos de derechos humanos, que se crea tipos penales que reprimiran las protestas sociales minti descaradamente.

La ley, de diez puntos, incorpora al Cdigo Penal el captulo VI sobre asociaciones ilcitas terroristas y financiamiento del terrorismo. Establece la reclusin de 5 a 20 aos al que tomare parte de una asociacin ilcita cuyo propsito sea, mediante la comisin de delitos, aterrorizar a la poblacin u obligar al Gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, como medio de accin destinado a la propagacin del odio tnico, religioso o poltico. Tambin pena con reclusin o prisin de 5 a 15 aos al que recolectare o proveyese bienes o dinero, con conocimiento que sern utilizados para financiar a una asociacin ilcita terrorista.

La falta de definicin del terrorismo y la amplitud generalizadora de los contenidos de culpa que asume la nueva ley son tantos, que cualquier grupo revolucionario, de protesta o piquetero podra quedar incurso en las generales de esta legislacin.

Los grupos de DDHH expresaron su preocupacin por la nueva Ley aprobada por el congreso, al considerar que su cumplimiento podr promover violaciones a los derechos humanos y represiones a las protestas sociales.

Tambin criticaron la premura (2 semanas) con la que fue aprobada la norma y aseguraron que esa presin vino desde Estados Unidos y del Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) que habra "amenazado" a Argentina con sancionarla con una declaracin pblica en la que solicitara ms controles a las operaciones financieras generadas en ese pas.

Parte de la normativa contempla penas de 5 a 20 aos de prisin para aquel que tome parte de un grupo ilcito destinado a "aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastn Chillier advirti que la norma puede promover las persecuciones a cualquier "agrupacin poltica o social que hubiera participado de alguna protesta en el marco de la cual se cometieran delitos comunes", por lo que consider que "vulnera parmetros constitucionales fundamentales que constituyen principios esenciales de todo Estado de derecho".

Por su parte, la Liga por los Derechos del Hombre llama al pronunciamiento y movilizacin popular contra los avances de esta normativa represiva que pretende calificar como "terrorista" a la lucha social contra la injusticia, mientras los verdaderos terroristas siguen impunes y celebran la nueva ley como un triunfo de la cultura de la muerte y el macartismo.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) repudia la aprobacin del Proyecto de Ley Antiterrorista elaborado por el Poder Ejecutivo; que subordina la legislacin argentina a la estrategia norteamericana de dominio de los pueblos del mundo, so pretexto de su "guerra contra el terrorismo".

La LADH llama al pronunciamiento y movilizacin popular contra los avances de esta normativa represiva que pretende calificar como "terrorista" a la lucha social contra la injusticia, mientras los verdaderos terroristas siguen impunes y celebran la nueva ley como un triunfo de la cultura de la muerte y el macartismo.

Resalta entre otras, de acuerdo a la LADH, la propuesta de crear la figura de "asociacin ilcita terrorista" mediante la creacin de un nuevo articulo 213 ter que propone considerar como actos terroristas a los cometidos para "aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" para lo cual realicen una "accin de propagacin del odio tnico, religioso o poltico" y "disponer de armas de guerra, explosivos, agentes qumicos o bacteriolgicos o cualquier otro medio idneo para poner en peligro la vida o integridad de un nmero indeterminado de personas".

Esto abre la posibilidad de que se sancione como acto terrorista a cualquier accin popular que pretenda modificar alguna decisin gubernamental. Supongamos que se pida aumentar el presupuesto educativo para que no existan escuelas sin calefaccin en invierno, y que en el transcurso de las movilizaciones, la Polica o los servicios de inteligencia "descubran" con su labor de "investigacin" que alguien tiene una granada de gas o alguna pistola tal como la Polica del Gatillo Fcil planta armas para justificar sus acciones. Y no estara de ms recordar que slo en la "Bonaerense" hay cientos de efectivos que revistaron en centros clandestinos de detencin bajo la dictadura o que el actual Secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, revist como oficial de inteligencia en el nefasto Batalln 601, unidad de elite del Terrorismo de Estado que casi todos dicen condenar.

El ao pasado, dice en su documento la LADH, se present ante el Senado un proyecto de reforma al Cdigo Penal que tenda a dar respuestas a algunos de los reclamos de diferentes organizaciones, como por ejemplo la incorporacin del delito de genocidio y a modificar algunos de sus artculos que, potenciados por la reforma Blumberg, han producido la existencia de un Cdigo que no slo es reaccionario, clasista y sexista, sino que ha perdido todo sentido de proporcionalidad entre delito y pena. Ese proyecto lejos de ser sometido al debate social, el gobierno de Kirchner opt por "congelarlo" y en cambio, envi el proyecto que termin siendo aprobado por el Congreso.

La embajada de Israel, junto a las de los EEUU y Gran Bretana fueron las que mas presionaron al ejecutivo para la pronta aprobacion del proyecto y habrian no solo contribuido a su elaboracion sugiriendo texto, sino que le hicieron conocer de inmediato a Kirchner su satisfaccion por la aprobacion de la ley.

Es necesario iniciar de inmediato una movilizacin masiva de la izquierda, las organizaciones de desempleados, los sindicatos combativos, convocando asimismo a los partidos y organizaciones sociales, polticas y sindicales que no acepten la destruccin de nuestras libertades ms elementales y estn dispuestos a defenderlas en las calles.



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