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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-07-2007

Negacionismo y perversin, las auras de felicidad de Uribe

Carlos Alberto Ruiz Socha


El negacionismo que el gobierno Uribe ha puesto en prctica nos ofrece nuevas y aterradoras pruebas, aparte de la ya demostrada obsesin mantenida durante largos aos, que desemboc en la situacin cuyos detalles desconocemos, aunque su terrible resultado tenemos ante nuestras conciencias: la muerte el pasado 18 de junio de los once diputados del Valle de Cauca que estaban, de hecho y jurdicamente, en poder y bajo la obligacin de proteccin de las FARC, movimiento insurgente que les haba privado de su libertad hace cinco aos.

Esta organizacin guerrillera debe a las familias de los diputados y al pueblo colombiano una clara y cabal explicacin de qu fue lo que sucedi. Debe hacerlo con entereza y coherencia. Le corresponde, siendo como es y se reclama: una parte fundamental del conflicto poltico armado, configurado a lo largo de estas cuatro dcadas, en las que este hecho tan doloroso es apenas uno de cientos y miles sobre los cuales existe el pleno derecho a saber, de las vctimas y de la poblacin en general, por afrontar las consecuencias ms funestas.

Ese derecho a la verdad no debe separarse nunca del derecho a cultivar la inteligencia y la tica recabando la verdad acerca del conflicto. Uribe de raz niega esa verdad, sobre las causas, los contextos y las derivaciones, una de ellas la misma doctrina que un rgimen ha concebido y ha renovado para imponer su mortfera fuerza, dentro o fuera de su propia ley. Por eso, al igual que los seguidores del nazismo y de otros totalitarismos que han negado crmenes de lesa humanidad, Uribe se empea en negar el conflicto en Colombia, o sea se propone afincar el negacionismo, para:

- ocultar ese pensamiento de seguridad y sus reciclajes en el que se han alimentado y sostenido en la impunidad las acciones sistemticas de guerra sucia contra la poblacin, usando el paramilitarismo entre otros instrumentos;

- encubrir la responsabilidad de quienes se han beneficiado del conflicto, ordenando el asesinato y el despojo, rentabilizando la rapia de mil formas, que de mil formas ha normalizado tal crimen de Estado;

- rechazar el origen y el carcter social y poltico del conflicto, a fin de no intervenir sobre la naturaleza misma de la guerra, como confrontacin surgida de causas histricas relacionadas con la crueldad del modelo econmico, la exclusin social, la persecucin poltica y el estado de sumisin a poderes neo-coloniales;

- impugnar recalcitrantemente que normas humanitarias y de regulacin del conflicto sean aplicables, pues van en contrava de las lneas blicas y belicosas (de Uribe), como la de vincular todava ms a la poblacin civil a su plan de guerra (cuando la propia legislacin del Estado colombiano ha reconocido en parte la vala del derecho de los conflictos armados o humanitario);

- objetar que sus oponentes armados son organizaciones polticas, tanto para refutar que tengan un proyecto determinado de sociedad y por lo tanto una propuesta de cara a una solucin negociada al conflicto, como para prohibir que se les trate as, como interlocutores polticos, por la poblacin y por terceros, bien dentro de Colombia, como por fuera: gobiernos, instituciones internacionales, redes globales, intelectuales, entes humanitarios, etc.

Este ha sido un gran equvoco en el que muchos han cado en estos aos: creer que al anular en la letra los atributos polticos de la guerrilla, y pasar a llamarle terrorista, se est construyendo una slida perspectiva de salida al largo conflicto armado y poltico. Tal calificacin, que soslaya y fundamenta ms crmenes e impunidades, la conocemos en el mbito de los centros poderosos, como propia de una poltica internacional estadounidense y europea que no slo aviva el fuego, sino que se contradice con sus propios enunciados realistas descendiendo al ms presuntuoso oscurantismo (de esta misma matriz es lo que EE.UU. y la UE fijan respecto de Hams en Palestina), pues en la realidad no slo los hechos corroboran la condicin poltica de la insurgencia, sino que es la propia realidad la que gua y obliga: si se le quiere interpelar a la guerrilla tica y polticamente por sus acciones, por este ltimo y desgarrador hecho, por ejemplo, debe realizarse tal requerimiento no slo reconociendo puntuales capacidades de dilogo, sino la propia entraa etico-poltica, pues estn postulados por la insurgencia unos valores, que son justamente los que, en este momento y siempre, hay que ensearle como despreciados o en entredicho cuando sus propias prcticas dicen lo contrario.

Tal dilogo desde el realismo que debe invocar el idealismo de la paz construida con la justicia social, que no aborta la realidad sino que la cimienta con sentidos, supone estar habilitado, no cerrando las puertas que luego la parte misma que niega debe forzadamente abrir, aparte de que para ello sera adecuado arribar con algn talante presentable (como el que se tendra en caso de no estar haciendo lo mismo en otra parte del mundo, por ejemplo la OTAN en Afganistn, donde mata semanalmente a civiles pobres, como en das pasados y desde hace aos).

Tras lo sucedido con los once diputados inmolados, y no antes, un corto pero importante paso fue avanzado la semana pasada: los gobiernos de Francia, Espaa y Suiza, propusieron a Uribe acudir a la Comisin de Encuesta, que es un organismo que el derecho de los conflictos armados prev para investigar situaciones de infraccin grave en una guerra con espantosas causas y consecuencias como la colombiana. Pero Uribe y sus asesores, como el reincidente Jos Obdulio Gaviria, dicen que no, pues ello supone reconocer un conflicto y una parte poltica en la oposicin armada. Al aceptar esa propuesta, es cierto, gran parte del andamiaje totalitario que Uribe ha cualificado, empezara a derrumbarse. Dice no en congruencia con su perversin, para que el negacionismo lo inunde todo y cristalice su tarea de muerte e impunidad. Aparece as como la condicin sine quo non de la larga solucin final que promete consumar. Las correspondencias con el embrin nazi no son casualidad. Ni son ficcin alguna los muertos que tal obcecacin produce y producir.
Uno de los muertos recientes de una confrontacin poltica y armada que se degrada, es el hermano de ngela Giraldo, Gestora de Paz del Valle del Cauca, que en Asturias, Espaa, en octubre de 2006 comparti con algunos de nosotros la situacin de angustia y sufrimiento de los familiares de los diputados. Comprendimos su tormento, pues tambin all se habl con la sensibilidad de miles de vctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, dolientes de otras tragedias a las que Uribe tambin ha dado la espalda, como los detenidos-desaparecidos. El da 20 de ese mes tras el estallido de un carro bomba en Bogot, Uribe volvi a ordenar sin miramientos el rescate militar de las personas retenidas por la guerrilla. Quienes compartimos mesa de ponentes con ngela, sentimos la desolacin que causaba una decisin tan brutal, y los efectos que tendra tarde o temprano. La huda del actual canciller colombiano Araujo y del polica Pinchao envalenton a Uribe. Si el rescate militar hubiese sido un xito, Uribe lo reclamara como suyo. Si era un fracaso, negara, que es lo que sabe hacer: negar. ngela estaba de nuevo en Europa en encuentros para un Acuerdo Humanitario, cuando le ha llegado la noticia de la muerte de su hermano, en un conflicto que Uribe niega y en el que da rdenes de muerte. A ngela y a los dems familiares de los diputados queda acompaarles con sinceridad, respeto y solidaridad.

Con ella y otras personas implicadas en la bsqueda de una paz con justicia, y especficamente en acuerdos para regular la confrontacin, se suscribi la Declaracin de Oviedo. En los puntos cuarto y quinto de sta se expres: -Urge humanizar el conflicto y para ello el primer paso es que de forma inmediata se produzca el intercambio humanitario. Ningn acto violento por parte de los dos actores enfrentados debe ser un obstculo ni justificacin para dilatar e impedir su realizacin / Rechazamos cualquier tipo de accin militar que ponga en peligro la vida de las personas privadas de libertad / Hacemos un llamamiento a las partes a que den los pasos necesarios para posibilitar el intercambio humanitario que tambin puede abrir la puerta para acuerdos humanitarios ms amplios que tengan como base el respeto integral al DIH; - La comunidad internacional, los gobiernos europeos, deben implicarse en el acompaamiento coherente en la bsqueda de la humanizacin del conflicto y de la solucin poltica al mismo, y no intervenir bajo ningn concepto en alimentar la espiral de la violencia que supondra un mayor sufrimiento de la poblacin.

Espaa, Francia y Suiza no pueden recular tras lo dicho. La Comisin de Encuesta prevista en el artculo 90 del Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, en medio de las lagunas del derecho convencional, es un medio aplicable en el caso colombiano, como la Comisin misma lo ha admitido, a condicin de contar con el consenso de las partes contendientes. Y puede ser no slo in casu, sino para ms cuestiones y necesidades que rebosa esta fatdica historia, colmada de negaciones que reproducen la muerte. Y es obligacin de la llamada sociedad civil, colombiana y europea, presionar para que aquellos gobiernos mantengan en alto y vigorosamente esa iniciativa y sea aceptada.
Las FARC deben tambin responder con transparencia a esta concreta demanda, sin ms evasiones y evasivas. Y ms en general deben dar a conocer al mundo y sustentar sobre qu principios han actuado y actuarn, si es que persisten con conviccin de humanidad y no renuncian a su opcin de lucha. As sean precarias sus bases, deben discernir lo que el jurista defensor de rebeldes, Eduardo Umaa, denomin como juridicidad: las consideraciones y procedimientos que ha gestado y formula la insurgencia como parte de un proyecto de cambio de la sociedad en tal historia y contexto de confrontacin. Porque si hay razones para la rebelin, cualquiera sea, hay lmites de sta que le dan justamente su valor moral, como Albert Camus lo expuso brillantemente.

En Oviedo, precisamente, pudimos recordar en el Encuentro aludido, que en otro tiempo el FMLN de El Salvador, entre otras insurgencias, dio a conocer unas normas propias, sobre sus mtodos, medios y fines del combate a un sistema oprobioso. Las FARC deben sin ms demora hacer explcito y pblico, en tanto resorte de una eticidad, el conjunto de reglas bsicas que asumen, comenzando por las suyas, que le comprometen de plano y sobre las que puede establecerse un mnimo juicio. No debera contribuir a la barbarie que el negacionismo de Uribe resguarda, ni aumentar la distorsin de la realidad, ya suficientemente desfigurada por palabras como las arrojadas por el Senador Petro, del Polo Democrtico, quien, con otros de su agrupacin, ya no slo condena la disensin armada, sino que se ha referido a las FARC una y otra vez como los khemeres rojos de Camboya bajo el rgimen de Pol Pot, sealando que esta organizacin alzada en armas vive un proceso de polpotizacin. Ese no es, o no puede ser, el relato y el testimonio de la rebelda, cuya lucidez nace de los lmites infranqueables, sin menoscabar con ello el derecho y la libertad de luchar, pese al cerco y a la derrota. Las FARC no pueden mirar ms para otro lado, ni calcar el cinismo de su enemigo, pues como organizacin que se dice revolucionaria no puede ser ms indolente ni causar ms dao indiscriminadamente, a ciudadanos comunes, no poderosos, mientras en un pas, de hambre y a la venta, los corruptos y asesinos se pasean en plena libertad para sus negocios.

Queda recordar al menos una bandera que la dignidad y la indignacin que nacen de la verdad oponen a la perversin que nace del negacionismo: la que impotente ante los ciegos blindajes de las arrogancias, es agitada por quienes sufren los agravios, las ausencias, las mentiras, las iniquidades y la carga de los errores fatales. Esa bandera tiroteada, en las manos de quienes se duelen por las injusticias, ser tambin con la que se are y siembre de memoria un futuro sin la ignominia de la tirana:

Seores Generales, seor Ministro, objetivo: A la carga contra lo que nos queda de criminales!... Seor General Ballesteros: la Fuerza Area, la semana pasada, dio una noticia muy importante de la eficacia de sus operativos. No apague esos aviones, rellnelos de gasolina sin apagarlos, mantngalos bombardeando al terrorismo, para que puedan llegar auras de felicidad a las nuevas generaciones de colombianos. Discurso de lvaro Uribe Vlez. 25 de junio de 2007. Escuela de Cadetes General Santander de la Polica Nacional.

Carlos Alberto Ruiz fue asesor de Comisin Gubernamental para la Humanizacin del Conflicto, Colombia



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