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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-09-2004

Ofensiva comunicacional y presiones
El boinazo blanco de Cheyre

Julio Oliva Garca
El Siglo


No se puede mostrar como una coincidencia el que, en un mismo da que adems es el Da de las Glorias del Ejrcito-, el Comandante en Jefe use dos de los ms potentes medios de comunicacin para lanzar sus exigencias de acelerar el fin de los procesos contra los uniformados. Por intermedio de Televisin Nacional y El Mercurio, Juan Emilio Cheyre insisti fuertemente en su tesis del "horizonte judicial" y de la supuesta colaboracin prestada por su rama en materia de justicia.

La misma Constitucin de 1980, ideada por Jaime Guzmn e impuesta por Augusto Pinochet, habla de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son esencialmente obedientes y no deliberantes, como lo seala su Artculo 90, pero el actual Comandante en Jefe insiste en ponerse en el lmite de ella o francamente atraviesa la lnea con el absoluto consentimiento de Ricardo Lagos.
El Mercurio, que titul su suplemento de reportajes del domingo con un: "No s qu tiene que celebrar Chile el 11 de septiembre", intenta dar primero la impresin de un Cheyre alejado del pasado, separado de la dictadura, pero ya en la entrevista en las pginas D8 y D9 el ttulo se transforma a: "La deuda de los polticos con los militares no est saldada", que puede dar la idea de un emplazamiento a los civiles que azuzaron la intervencin militar para derrocar al gobierno constitucional de Salvador Allende que en todo caso no recogieron el guante-, pero que tambin vuelve a la maosa interpretacin compartida por los militares, la derecha y la Concertacin de que en esto "somos todos responsables" y "que la violencia comenz antes del golpe militar".
Destacando el nmero de uniformados procesados y condenados, Cheyre seala que "no quiero mandarle mensajes a nadie, pero desde agosto de 2003 hay un proyecto de ley pendiente que, me parece, es para contribuir a solucionar esto". Vuelve a tratar de "ficcin" la figura del secuestro permanente asumida para juzgar los casos de detenidos desaparecidos y admite que "nosotros sabemos el destino final Si la persona est muerta!, cmo va a estar secuestrada? Y siguen excavando". Sin embargo sus palabras chocan con la realidad de sus defendidos, como el mismo ex dictador que ha sido apoyado por l, al que fue a visitar en el Hospital Militar el pasado fin de semana y a quien homenaje con una misa en estos das de aniversarios. Pinochet ha sido el mayor de los obstculos para el desarrollo veloz de los procesos, con maniobras mltiples de sus defensores y su supuesta enfermedad irrecuperable.
Otro caso de quienes no han colaborado es el de Juan Carlos Salgado Brocal, actual General de Divisin y Jefe del Estado Mayor General de la Defensa Nacional, quien ha sido llamado a declarar en el caso del Cerro Chena, donde ha afirmado que l estuvo al mando de un sector del cerro donde no le consta que haya existido torturas o ejecuciones de prisioneros. Algo bastante extrao, aunque en eso coincide con otros oficiales, como el actual director de la Fundacin Pinochet, Luis Corts Villa, que tampoco vio nada extrao. Todo eso se contrapone a los testimonios de sobrevivientes, conscriptos y hasta algunos suboficiales y oficiales que los involucran en los terribles hechos que terminaron con la muerte y desaparicin de dirigentes ferroviarios de San Bernardo y campesinos de Paine. Adems, aprovechando su paso como Juez Militar de Santiago al ser Comandante de la Segunda Divisin, obstaculiz cada vez que pudo la investigacin de la jueza especial Cecilia Flores, titular del Juzgado de Letras de San Bernardo a cargo del proceso por el Cerro Chena, quien deba solicitar su autorizacin cada vez que deseaba ingresar a terrenos militares para continuar su investigacin. Tras reiteradas quejas de Salgado, que se tradujeron en amonestaciones de parte de sus superiores, Cecilia Flores fue sacada del caso.
Si un hombre tan cercano tiene estos gestos, no aparece como creble la afirmacin de Cheyre sobre la colaboracin de su rama con la Justicia.

La ofensiva comunicacional

Si bien Cheyre no entrega opiniones muy nuevas en la materia, el momento en que sale a la palestra cuando se conmemoran las Glorias del Ejrcito-, parece tener la complacencia explcita del gobierno. De hecho, ni Lagos ni Bachelet fueron tomados por sorpresa con las declaraciones del uniformado, como tampoco parecieron molestos ante la evidente intervencin del militar en mbitos de los poderes Legislativo y Judicial.
A pesar de algunas voces en contra, como un destemplado Frei Ruiz-Tagle que pretendi hacer noticia dando rdenes de callar, no se ha visto a los parlamentarios intentar reunir el mnimo de 10 diputados que presenten una acusacin constitucional contra el Comandante en Jefe que "compromete gravemente el honor de su institucin y de la nacin" al defender y homenajear a un procesado por violaciones a los derechos humanos que, adems, se hizo rico mientras ejerca el mismo grado que ostenta hoy Cheyre.
Era necesaria tanta exposicin en los medios? No existe un conducto regular por el que pueda expresar sus quejas el Comandante en Jefe del Ejrcito? Lo real es que el accionar de Cheyre viene siendo concertado con la ministra de Defensa y el Presidente de la Repblica en cada accin tendiente a conformar una supuesta reconciliacin nacional, al menos en los golpes de efectos que han dado con los homenajes al General Prats, al General Schneider o al mismo padre de la ministra.
La ofensiva sigue insistiendo en un solo objetivo: alcanzar el mximo de impunidad.

Presiones en Tribunales

Al cierre de nuestra edicin el ministro Juan Guzmn haba dado con la ubicacin de los rieles utilizados, probablemente, para adosarlos a los pies de los militantes comunistas secuestrados en mayo de 1976, como forma de culminar sus crmenes en la desaparicin de los cuerpos. El hecho volva a impactar a Chile, especialmente a la gente ms involucrada en la defensa de los Derechos Humanos, y se transformaban en un golpe a las palabras de Cheyre. Sin embargo, el mismo juez Guzmn an no fijaba fecha y lugar para el interrogatorio a Augusto Pinochet luego del retraso en la devolucin de los antecedentes del caso por parte del ministro Carlos Villarroel, quien slo aceler el traspaso luego de una queja formal de los abogados querellantes.
Las presiones militares al interior del Poder Judicial no son nuevas y en este ltimo tiempo tambin han afectado a ministros como Alberto Chaigneau, de la Sala Penal, que est viendo el caso de Miguel Angel Sandoval, clave en cuanto a la aplicacin o no de la Ley de Amnista y su posterior uso en todos los casos de detenidos desaparecidos.
Las presiones tambin alcanzan a quienes se convirtieron en los ms estrechos colaboradores de los jueces a cargo de los procesos por violaciones a los Derechos Humanos, los integrantes del Departamento Quinto de la Polica de Investigaciones (ver recuadro).

Las reacciones

Mientras Lavn insiste en apoyar a Cheyre, sin hacerse cargo del emplazamiento a los civiles realizado por el alto uniformado, otros dirigentes de la derecha han permanecido ms cautos ante el tema refirindose slo al entrampamiento del proyecto de ley en el Congreso, y la Concertacin sali de un primer momento sin reaccin para dar paso a voces no del todo unificadas.
Por su parte, las organizaciones agrupadas en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos fueron a entregarle una carta a Cheyre, en la que sealan que "manifestamos nuestra profunda preocupacin ante el nuevo intento del Comandante en Jefe del Ejrcito por poner al ladrn detrs del juez, con esta actitud se pretende una vez ms avanzar en la negacin de justicia, en el entregar otra cuota ms de impunidad.
Nosotros, sobrevivientes y familiares de las vctimas del terrorismo de Estado, somos los primeros interesados en que se avance en la bsqueda de la verdad y que se haga justicia definitivamente. Esto no ha sido posible hasta hoy, porque en primer trmino los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos no asumen su responsabilidad, no cooperan con la justicia, y con el proceso de verdad. No podr haber un maana, que garantice un nunca ms si no hay verdad y en consecuencia justicia".
La diputada Pamela Pereira y la dirigenta de la AFDD Viviana Daz coincidieron en sealar que "ahora, que se est pensando frmulas como para poder terminar con los procesos, parece increble. Aqu lo que se debiera hacer es seguir insistiendo en que se entregue toda la informacin para esclarecer todos los casos".
El trasfondo de los dichos del general Cheyre tienen destinatarios claros, los parlamentarios y los jueces, pero dejan en la nebulosa las intenciones de ampliar la impunidad para aquellos que "sirvieron a la patria, liberndola del cncer marxista".

Las medidas consensuadas

Si bien desde el conglomerado oficialista no ha habido una opinin nica sobre las palabras del Comandante en Jefe del Ejrcito, desde el gobierno con exclusin del ministro Insulza-, las seales han sido positivas y encaminadas a buscar una rpida solucin a las quejas del uniformado.
El mismo Ricardo Lagos, poco antes de viajar a Estados Unidos y Mxico, adelant su disposicin a "dictar una nueva legislacin para agilizar los juicios de derechos humanos", a lo que el vocero de gobierno, Francisco Vidal, aadi que "la frmula especfica no est detallada ni caracterizada, pero el gobierno y el propio Presidente estn disponibles para buscar una frmula que permita avanzar ms rpido en la resolucin de temas judiciales pendientes".
Posteriormente, todo tuvo que ser explicado por Jos Miguel Insulza, quien seal que exista "la posibilidad de que algunos delitos cometidos con anterioridad a la Reforma Procesal Penal sean juzgados con ese sistema", cosa que estara estudiando el ministerio de Justicia hace ya algunos meses. El sistema, que debera entrar en vigencia en julio de 2005 en todo el pas, da un mximo de dos aos para el cierre de los procesos y podra aplicarse a los casos de violaciones a los Derechos Humanos por el denominado "principio pro reo", que se aplica en el caso de que una reforma a la ley beneficie al procesado.
Si bien esta salida es compleja, podra ser aplicada mediante algunos de estos tecnicismos, lo que para algunos abogados sera impresentable como dijo Pamela Pereira-, pues apunta directamente a un punto final; aunque para otros podra significar un avance, pues como seala Eduardo Contreras-, lo que ms han buscado los abogados de Derechos Humanos es justamente acortar los procesos y llegar a condenas en el ms rpido tiempo posible. El mismo abogado se encarga de recalcar que, al contrario de lo que dice Cheyre, son los mismos militares los que alargan la investigacin con maniobras dilatorias como las que aplica la defensa de Augusto Pinochet.

Acelerando el proyecto de DD.HH.

El mismo Insulza, desde su cargo de Vicepresidente, despej el camino de otra de las exigencias de Cheyre: la de la aceleracin de los proyectos presentados por Lagos para rebajar las penas de los violadores de Derechos Humanos que colaboren en la entrega de informacin sobre el destino de los desaparecidos.
Depende del gobierno el que se otorgue urgencia a la tramitacin de los proyectos, que se han entrampado en las diferencias entre el PS y la UDI por la definicin exacta de a quines se los otorgara el beneficio. Las exigencias de Cheyre apuntan a reponer el articulado inicial del proyecto, que daba una amplia interpretacin para identificar a los posibles beneficiados con la rebaja, cosa que Insulza admite que evaluar con los senadores para llegar a algn acuerdo y despachar con rapidez, "porque para nosotros lo importante no es tanto el instrumento, sino ms bien el objetivo que se persigue", segn seala.
Jaime Gazmuri, senador y vicepresidente del Partido Socialista, abland la posicin de sus camaradas al sealar que "tenemos ya un compromiso legislativo, que tom el gobierno con la mesa del Senado y las diferentes bancadas, sobre qu proyectos vamos a aprobar durante este ao y ste es uno de los que quisiramos apoyar".

La desarticulacin del Departamento Quinto

Otra de las medidas que ha ido tomando el gobierno, en concordancia con las ideas de Cheyre, es el de la desarticulacin de lo que fuera el Departamento Quinto de Investigaciones, creado especficamente para dedicarse a la investigacin de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, idea que surgi con el primer Director General de la polica civil que asumi tras el fin de la dictadura, el general (R) Horacio Toro que sera desbancado por una maniobra de los servicios de seguridad uniformados-, y asumido por el prefecto Luis Henrquez, quien se desempeara como jefe y formador de los jvenes policas que fueron destinados a dicho organismo. No sin dificultades internas, como el aislamiento de parte de muchos de sus colegas y la falta de recursos, el Departamento Quinto continu desarrollndose bajo la direccin de Nelson Mery, logrando grandes avances en los procesos de Derechos Humanos y acompaando la labor de ministros como Juan Guzmn, quien ha destacado siempre su aporte profesional.
En el ltimo tiempo, con la salida de Mery y la eleccin por parte de Ricardo Lagos de Arturo Herrera Verdugo como nuevo Director General, la situacin se ha vuelto, por decir lo menos, incmoda. Las redestinaciones y cambios al interior del Departamento Quinto han estado a la orden del da luego de la asuncin del ex jefe de gabinete de Ernesto Baeza, designado a cargo de Investigaciones por Pinochet.
As, por ejemplo, se les ha indicado a los jueces que trabajen con nuevos colaboradores y no con los ms avezados del organismo policial, mientras algunos de stos son involucrados en extraas situaciones, como la salida del ministro Daniel Calvo del Caso Spiniak, para quitarles la autoridad moral que tienen al interior de Investigaciones.
Frente a todos estos indicios no se puede evitar la pregunta: fueron sorprendidos el Presidente Lagos y la ministra Bachelet con las declaraciones de Cheyre?

Carta abierta del PC a Cheyre

Seor Comandante en Jefe del Ejrcito
General Juan Emilio Cheyre
De nuestra consideracin:
Ante los diversos pronunciamientos que usted ha realizado en el marco de la celebracin de la Independencia Nacional, hemos considerado necesario dirigirnos a usted para exponerle nuestras apreciaciones y nuestros planteamientos respecto de sus dichos.
Ninguna de las vctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ha tenido los espacios y la oportunidad para exponer sus argumentos al pas, como los que usted ha tenido. Es una forma reiterada de actuar, como representante de un poder de facto, que interviene, incide y presiona para alcanzar sus objetivos sobre la sociedad.
Por la forma como usted expone el origen del golpe del 11 de septiembre de 1973, que a nuestro parecer tergiversa la historia, y por el hecho de ostentar el poder de las armas, que transforma en presin ilegtima su postura sobre la forma como se llevan adelante los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, esto adquiere especial connotacin y gravedad.
Usted reitera que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, sobre el gobierno civil y constitucional de Salvador Allende, fue causado por una especie de desvaro que involucr a toda la sociedad, y en especial a la sociedad poltica. Sin embargo, salvo en un documento emanado de la autoproclamada "mesa de dilogo", que es producto de una negociacin poltica y no de la verdad histrica, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo hay duda alguna de que el golpe militar fue urdido con antelacin al triunfo electoral de la Unidad Popular y desde antes que Salvador Allende asumiera el gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos y el financiamiento de organismos de inteligencia norteamericanos, que tuvieron en la derecha chilena, y en sectores del llamado centro poltico, apoyo y estrecha alianza conspirativa.
La historia demuestra que en las acciones desestabilizadoras previas al golpe jugaron un papel no menor, altos jefes militares de la poca.
Las violaciones a los derechos humanos en nuestro pas comenzaron el mismo 11 de septiembre de 1973 y continuaron durante los aos posteriores, a travs del ejercicio de un poder absoluto sobre la sociedad y sobre el pueblo, con prcticas terroristas desde el Estado. En esa accin jugaron un papel relevante cuadros militares de todas las ramas castrenses y policiales.
Efectivamente, hay responsabilidades institucionales que no se pueden negar. Los mandos que aplicaron el terrorismo de estado en Chile, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional, de la cual no hay constancia haya sido desechada, deben responder ante la justicia por los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Ambos hechos fueron la base para que durante aos la Asamblea de Naciones Unidas condenara a la dictadura de Pinochet. Y eso, como verdad histrica, no ha cambiado.
Usted manifiesta su preocupacin porque algunos uniformados responsables de violaciones a los derechos humanos se encuentran sujetos a proceso y sus juicios se estaran prolongando innecesariamente y acusa a la sociedad civil de estarlos victimizando. Curiosamente, esta acusacin, del mximo Jefe Militar, se produce cuando la Corte Suprema debe dirimir si aplica o no la Ley de Amnista dictada por Pinochet y se discute en el Senado una ley de rebajas de pena, que nos parece aberrante, para responsables de violaciones a los derechos humanos.
La "prolongacin de los procesos", hecho que no tiene comparacin con el va crucis sufrido durante dcadas por los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, tiene su origen slo en la negativa de las FF.AA. ante las exigencias de verdad y justicia que les plantea la sociedad chilena y el mundo.
Es hora de que las Fuerzas Armadas escuchen las exigencias nacionales e internacionales para que entreguen todos los antecedentes respecto de las detenciones, desapariciones y ejecuciones que se cometieron bajo la dictadura militar. Las razones que se esgrimen para eximirse de tal deber no tienen justificacin alguna y representan una falta de tica insoportable para el futuro de la Nacin
Ya no se justifica que en Chile sigamos viviendo presionados por el poder de las armas como forma de mantener la impunidad. Ya es hora de que el Alto Mando se desvincule definitivamente de quienes violaron los derechos humanos y de quienes ordenaron el Genocidio usando el poder militar, incluyendo al ex general Pinochet. El ocultamiento reiterativo de la verdad y la tergiversacin de la historia slo tiene una finalidad: la impunidad para los crmenes de lesa humanidad.
Seor General: no nos mueve el odio ni afn de venganza alguno. Necesitamos de la convivencia democrtica real entre civiles y militares. Necesitamos Fuerzas Armadas con una doctrina que privilegie su accionar de Paz en funcin de los intereses nacionales, que sea un ejemplo para las futuras generaciones. Invocamos razones de verdad y justicia para que esto sea posible.
Slo cuando la verdad y la justicia emerjan difanas, como un sentimiento de grandeza que impregne todo el acontecer de la Patria, podremos hablar de iguales en una sociedad democrtica, no excluyente y libre de los temores que la agobian.
Atte.
Guillermo Teillier
Secretario General
Partido Comunista de Chile
Santiago, 21 de septiembre de 2004.




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