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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-07-2007

Vicisitudes y contrariedades en bsqueda de la propiedad efectiva de los hidrocarburos
Una nacionalizacin en vilo

Ana Delicado Palacios
Argenpress


De todas las medidas que decidi emprender Evo Morales al llegar a la presidencia, la ms cuestionada y la que ms atencin meditica recibi fue la nacionalizacin de hidrocarburos de Bolivia. Un ao despus, los nuevos contratos que el Gobierno ha firmado con las transnacionales petroleras han dejado en evidencia que ni la toma de la propiedad de los recursos ha sido tan radical, ni el perjuicio a las multinacionales tan contundente.

El revuelo que suscit la victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia vino a convertirse en un jbilo exaltado de los movimientos de izquierda cuando ste anunci la nacionalizacin de los hidrocarburos. Sectores ms comedidos, sin embargo, volvieron sus ojos con recelo y suspicacia a un pas que pareca adentrarse con un entusiasmo inusitado en la senda que Hugo Chvez haba abierto para desasosiego de gran parte de la comunidad internacional.

Semejante noticia fue entendida como un varapalo para las multinacionales all afincadas, dado que el Estado se preparaba para recuperar la propiedad, la posesin y el control total y absoluto de los recursos hidrocarburferos del pas, como as qued establecido en el Decreto de Nacionalizacin 28701 de mayo de 2006. Muchos gobiernos, preocupados por lo que consideraban una usurpacin de los intereses de las transnacionales, se ayudaron de los medios de comunicacin y estos de ellos para aunar voces contra lo que pareca una medida disparatada de un populismo an ms irracional.

Fue cuestin de tiempo que el estado de nerviosismo fuera de a poco derivando en una acritud tranquila a la hora de hablar sobre el presidente y sus presuntos desmanes, de tal modo que las compaas petroleras, para muchos vctimas del proceso de nacionalizacin, acabaron firmando los nuevos contratos. Pocos se preguntaron en qu condiciones se firmaron los convenios y qu estableca en realidad el Decreto de Nacionalizacin por el que la propiedad de los recursos pasaban a manos de la compaa estatal Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El motivo esencial por el que las empresas petroleras han accedido a firmar los acuerdos desvela que siguen teniendo a su disposicin reas exclusivas de operacin, as como derechos de exploracin por un plazo de 30 aos. Las condiciones vienen definidas por dos tipos de clusulas. Unas se enmarcan en los Contratos de Servicios, por las que YPFB no asume los costos de las multinacionales en terrenos de exploracin a no ser que en estos haya una explotacin comercial de los hidrocarburos. En ese caso, los derechos de las multinacionales quedan reconocidos en un contrato de cooperacin. Segn Pablo Poveda, investigador experto en hidrocarburos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con los contratos de operacin lo que hace el Estado es asumir todos los riesgos de inversin, facilitando el negocio a las petroleras.

Qu se consigue con estos contratos? De entrada, se desalienta a las empresas petroleras a realizar exploraciones en reas en donde no se ha descubierto la produccin, ya que resulta mucho ms prctico explotar zonas en donde la existencia de reservas es segura. Para futuras nuevas inversiones, los contratos de operacin presentados son totalmente desventajosos para las empresas, por lo que se espera que no existan mayores inversiones en exploracin si no se cambian las actuales condiciones, precisaba Poveda. Un contrato de servicios, adems, es susceptible de transformarse en uno de operacin, pero ste no se responsabiliza de los gastos de exploracin previos a la firma del nuevo acuerdo. As se entiende que en abril de este ao el Congreso aprobara por fin los 44 Contratos, todos de operacin, que Evo Morales haba suscrito en octubre del ao pasado con 12 petroleras.

Estos ltimos convenios han sido objeto de sospecha desde que en los anexos de los documentos firmados se transforman en contratos de produccin compartida. Pablo Poveda los explicaba as: Los contratos firmados son contratos de operacin, pero incluyen modalidades de riesgo que estn en los contratos de produccin compartida (amortizacin de inversiones por exploracin), y de asociacin (reembolso de inversiones por explotacin). Las multinacionales, en virtud de un cmulo de costes recuperables no pagados con anterioridad, pasan a tener parte de la propiedad del gas y del petrleo como retribucin a sus inversiones.

Costes recuperables

Lo que sin duda merece especial atencin son, precisamente, estos costes recuperables, que algunos expertos han criticado de indulgentes hasta el paroxismo. Los nuevos contratos hacen al Estado receptor del 50% de los ingresos percibidos por la produccin de los hidrocarburos, divididos en un 18% en concepto de regalas y participaciones y un 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), como as le corresponde por ser dueo de los recursos naturales. Del otro 50%, que como precisaba Poveda corresponde a costos y a las utilidades y participacin para YPFB, se restan los costes recuperables, de modo que cuanto mayores sean las inversiones y los volmenes de produccin de las petroleras, menos ser el beneficio que perciba YPFB.

Conscientes de ello, no es extrao que las multinacionales estiren al mximo esos costes, que bajo los contratos de operacin cubren, para sorpresa de muchos, los 25.000 dlares de salario mensual que cobran los directivos de Repsol YPF Bolivia, por ejemplo, o los viajes y transportes de los funcionarios que trabajan para las transnacionales. Puestos a costear gastos, se incluyen hasta los de la publicidad que difunden las empresas petroleras en los medios de comunicacin, muy convenientemente adjudicados al apartado de Costos de Administracin y Servicios que contemplan los costes recuperables. Las multinacionales, adems, se desprenden de impuestos que de otro modo deberan contraer de acuerdo con la Ley 843, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y a las Remesas al Exterior.

Todas las inversiones, costos de operacin y rentabilidad las empresas sern acordados de buena fe de acuerdo con las declaraciones de las petroleras, y slo despus, el Ministerio de Hidrocarburos y Energas se limitar a revisar las cuentas presentadas por las multinacionales. As puede ocurrir que los costos sean ms elevados de lo esperado, como ha sucedido en el campo de Margarita, en la provincia de Tarija, en donde que Repsol YPF ha invertido tales sumas de dinero que los ingresos de YPFB se reducirn a cero hasta el ao 2014, ao en el que la multinacional se habr recuperado de sus anteriores inversiones.

El mismo Decreto de Nacionalizacin contempla la labor de auditoras oficiales que examinen la relacin de costes y amortizaciones que declaran las compaas. Segn los resultados preliminares, las auditoras han contradecido la versin de las empresas, que han declarado costos por valor de 3.500 millones de dlares mientras los resultados de las auditoras no prevean montos superiores a los 800 millones. Por ahora, las compaas han conseguido que se den por vlidas las inversiones y amortizaciones que han argumentado, dado que los nuevos contratos se asientan en sus declaraciones y no en los resultados de las auditoras.

De este modo, han quedado en un limbo jurdico los resultados de ms de 50 auditoras que evidenciaban la no exploracin y perforacin de pozos de campos, que de haberse tenido en cuenta, habran devuelto a YPFB el control de los hidrocarburos. El cnsul de Bolivia en Madrid, Ren Behoteguy, as lo consideraba: La idea es no enfrentarse [a las compaas], pero s hacer respetar que lo que no hayan cumplido, se pueda resarcir al Estado pero de una manera razonable y consensuando con ellas la forma en que se va a hacer.

Mientras tribunales ordinarios del pas han emprendido juicios contra las multinacionales, no se han tomado medidas en contra de Andina (filial de Rapsol) y Petrobras, por ejemplo, despus de que una auditora oficial descubriera estafas por valor de 171 millones de dlares al incurrir ambas en evasin impositiva y contrabando. Ren Behoteguy explicaba por qu: Se va a sancionar de alguna manera a las petroleras, pero va a ser una sancin que est negociada con ellas, y se pueda ver como pueden resarcir lo que no hayan cumplido al Estado precisaba. Lo que el Estado boliviano no va a hacer porque no le conviene en este momento, es rescindir los contratos. Al menos con Repsol y Petrobrs, que son nuestros socios ms grandes no podemos darnos el lujo de rescindir los contratos porque parara el negocio que es muy importante ahorita para el Estadoboliviano dada la patica social del presidente, aadi.

Prioridades

Esbozados los puntos principales de los nuevos contratos, la atencin vuelve a situarse sobre las preferencias de las multinacionales, que hasta ahora han antepuesto la demanda externa de petrleo y de gas frente al abastecimiento de la interna por un simple clculo de nmeros. Ellas mismas han reconocido que si suministraran petrleo y gas al pueblo boliviano, que tiene los precios regulados, slo obtendran 90 cntimos de dlar por milln de BTU de gas natural (Unidad Trmica Britnica), mientras que la la exportacin a Brasil poda garantizar el ingreso de 4.30 5 dlares por la misma cantidad. Ello permiti acuerdos de venta de gas con pases vecinos con los que se aseguraban mercados de exportacin, un motivo ms para renunciar a la bsqueda de nuevas reas de exploracin y volcarse en la rentabilidad de la explotacin de las reservas localizadas.

Otra de las grandes ventajas con las que cuentan las multinacionales es que no hay ninguna traba en los nuevos contratos que les impida considerar como suyas las reservas de gas y petrleo ante los mercados financieros internacionales, lo que de nuevo hace cuestionar la verdadera titularidad de los recursos hidrocarburferos, evaluados en torno a los 200.000 millones de dlares. Ni siquiera el ex ministro de Hidrocarburos y Energa, Andrs Soliz Rada, pudo conseguir que un Congreso dominado por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales prohibiera de forma explcita este tipo de licencias que se adjudicaban las compaas.

Bolivia, por otra parte, ha consolidado la exportacin de sus recursos con precios muy por debajo de la media internacional sin reparar en programas de industrializacin que consolidaran el protagonismo de YPFB como empresa estatal, aunque por ahora no est capacitada para sustituir a las petroleras, ni la poltica est delineada para lograr estos efectos, de acuerdo con Poveda. Las muy distintas salidas que puede tener la transformacin de los hidrocarburos en bienes manufacturados (petroqumica, termoelectricidad, diesel, gas licuado, metanol, etanol, urea, amoniaco) explican por qu los ingresos de este tipo son de 3 a 10 veces superior a la simple venta de la materia prima.

El Gobierno, de hecho, es consciente de la importancia de la industrializacin y de las condiciones de las que parten. La derecha en Bolivia, los gobiernos neoliberales, han destruido YPFB, la han desmontado completamente, lo cual nos lleva a que si nosotros iniciramos un proceso de expropiar, retirar a las empresas y querer que YPFB asuma solo el sector de hidrocarburos -toda la cadena de exploracin, explotacin, refinamiento, todo- solo, no lo podra hacer, y lo pagara el sector. Se nos parara el sector, sealaba Ren Behoteguy.

Precisamente por eso, la nacionalizacin de Bolivia no puede ser comparada con la de Venezuela: Venezuela tiene otras condiciones estructurales. Tiene un PDVSA [Petrleos de Venezuela Sociedad Annima] muy fuerte con capacidad de llevar adelante sola cierto tipo de inversiones que nosotros no podemos, indicaba Behoteguy. Por eso el proceso de nacionalizacin va a empezar recuperando el control sobre lo que pasa con el gas boliviano, mejorando los ingresos del Estado, hacerlos ms justos, ms dignos, y hacia futuros procesos de mayor control sobre el sector, como el caso de compra de refineras que se ha hecho con Petrobrs.

Lo que no pudo ser

Al principio, las nacionalizaciones que emprenda el Gobierno no fueron cuestionadas del mismo modo. En virtud del Decreto de Nacionalizacin del 1 de mayo de 2006 se estableca un periodo de transicin, por el que las retribuciones al Estado alcanzaban el 82% de los ingresos totales de la comercializacin del gas, y que finalizaba con la firma de los nuevos contratos. Durante los seis meses que el Decreto daba de plazo para la firma de los nuevos acuerdos, se garantizaba una participacin adicional para YPFB del 32%, de modo que antes, por ejemplo, la multinacional Petrobras acababa con slo el 5% de los beneficios totales una vez descontados de su parte los impuestos de la Ley 843 que deba desembolsar.

Pero con los nuevos contratos, el cobro adicional de 32% (...) para YPFB, con la migracin de contratos, se redujo a 2%, por lo que el ingreso para el Estado slo ser un poco ms de 50% y no de 82% como manifiesta el presidente en los discursos, sealaba Pablo Poveda. Los impuestos del IVA, a las Transacciones y a las remesas, adems, pasan a ser asunto del dueo de la titularidad de los recursos, es decir, del Estado. Y para lo que muchos ha sido lo ms grave: no se sanciona el desacato a la Ley 3058, firmada durante el Gobierno provisional de Carlos Mesa el 17 de mayo de 2005, por la que se otorgaba a las compaas un plazo de seis meses para que abandonaran los contratos de riesgo compartido, vigentes hasta entonces, que hacan a las transnacionales propietarias de los hidrocarburos producidos desde la boca de pozo.

No slo no lo hicieron, sino que la respuesta del Gobierno fue el Decreto de Nacionalizacin enmarcado en la Ley 3058, en el que no slo no se castigaba la ilegalidad a la que haban incurrido las compaas desde haca medio ao (noviembre de 2005) sino que se les concedi 180 das ms para firmar los nuevos contratos. Su ratificacin ha dejado en evidencia tanto al Gobierno como al Congreso y al Senado de Bolivia, que al admitir los nuevos daban por vlidos los anteriores y as renunciaban a encausar a las petroleras por los delitos cometidos.

Cuestiones a favor

A pesar de lo anterior, no se puede olvidar que mientras la Ley de Hidrocarburos 3058 recupera la tributacin del Estado en un 50%, el posterior Decreto de Nacionalizacin avanza en el derecho propietario del Estado, puesto que no se limita a reconocer la propiedad de los recursos slo en boca de pozo, sino en todo su conjunto. Se reconcilia as con la Constitucin Poltica del Estado boliviano, en la que se reconoce la propiedad estatal de los hidrocarburos. El investigador Pablo Poveda reconoca que los beneficios del Estado entre 1997 y 2004 fueron de 204 millones de dlares, cuando ahora ascienden a los 720 millones: los ingresos para el Estado con la Ley 1689 [anterior a la Ley 3058] son un tercio de lo que son con la Ley 3058, y se duplican en relacin a la ley anterior a la 1689, afirm.

Por otro lado, el Gobierno ya ha manifestado su intencin de hacerse con el 50% de las acciones ms 1 de la privatizada Compaa Logstica de Hidrocarburos de Bolivia SA (al igual que hizo con Petrobras, pero adquiriendo el 100% del accionariado), y de las empresas capitalizadas Chaco, Andina y Transredes, esta ltima muy relevante en el sector hidrocarburfero al poseer el 90% de la lnea de oleoductos (unos 6.500 kilmetros de tubera). El Estado no llegara a tener el monopolio de los recursos por ahora, algo que ya fue exigido por los sectores movilizados en torno a la nacionalizacin que tomaron las calles en octubre de 2003 y en mayo-junio de 2005 (dos momentos cruciales del pas que obligaron a dimitir, en escrupuloso orden, a Snchez de Lozada y a Carlos Mesa).

Ello no significa que no pueda realizarse una vez se refuercen las estructuras del Estado: El primer paso es el 50% ms 1 que nos permita controlar y que las decisiones graves que se tomen en las capitalizadas pasen por el Estado y por YPFB, argumentaba el cnsul de Bolivia. En el futuro, probablemente, tengamos la capacidad para ir retomando el control. El golpe que no han dado ha sido muy duro. Con la capitalizacin han entregado todo lo nuestro a manos extranjeras pero estamos en ese proceso en el que primero tenemos que tener un control y despus podemos ver la posibilidad de ir ampliando ese control hasta tener mayor capacidad de mando.

Muy alentadoras han sido las recientes medidas por las que YPFB, adems, pasa a tener la comercializacin interna del crudo reconstituido, las gasolinas blancas y el monopolio de la exportacin, con la consiguiente compra de las dos refineras de Petrobras. Se frustra el negocio de las refineras, ya que es la exportacin de petrleo reconstituido lo que hace atractivo tener las refineras y no el abastecimiento del mercado interno, sealaba Poveda. Petrobras, al ver frustrados sus negocios de exportacin de petrleo reconstituido, decide vender las refineras.

Sin embargo, la asuncin de que por tanto YPFB est preparada para conseguir el control efectivo de sus recursos puede ser arriesgada. YPFB tiene ahora la posibilidad de controlar el mercado interno, pero est limitado por la propia ley que establece el precio internacional de los hidrocarburos y sus derivados para el mercado interno, sealaba Poveda. De hecho, puede seguir subvencionando y rebajar los precios, pero frente a las reglas de libre mercado, YPFB tendr que asumir la subvencin, lo que hara ms difciles sus perspectivas para potenciarse como empresa.

El Gobierno es consciente de los problemas paralelos que surgen con la subvencin, dado que genera un problema de escasez porque hay contrabando a otros pases donde es mucho ms caro porque no hay esta subvencin, como es el caso del Per. Es comn que una garrafa de gas boliviano que en Bolivia cuesta 20 bolivianos, que son 2 euros, sale al Per y cuesta 80, indicaba el cnsul de Bolivia. Habra, entonces, que retirar este subsidio que consume parte los ingresos de YPFB? Ren Behoteguy no lo cree as: Nosotros entendemos que los hidrocarburos son recursos naturales para uso del pueblo, no es simplemente un negocio, una mercanca. Es un patrimonio del pueblo boliviano y es derecho de uso comn, por tanto, estamos a favor de subvencionarlo y hacerlo accesible.

Los motivos esgrimidos hasta ahora son suficientes para que algunos sectores consideren que no hay una verdadera nacionalizacin porque el Estado no tiene todava la propiedad efectiva de los hidrocarburos. Otros prefieren destacar el avance en su derecho de propiedad, que se propone controlar la mayora de las acciones de las grandes transnacionales y que asume poco a poco el control de los recursos hidrocarburferos. No hay que olvidar que Bolivia debe lidiar con transnacionales cuyos ingresos multiplican varias veces los del mismo Estado. La estrategia a seguir prefiere ir araando beneficios y atribuciones que le permitan en un futuro imponerse como dueo absoluto de los recursos a enfrentarse de lleno a compaas cuya capacidad de reaccin puede no slo extenuar al pas sino herirlo de muerte en su proceso de nacionalizacin. El tiempo dir si sta puede ser la estrategia a seguir para un Gobierno que apuesta por un modo ms apacible de enfocar su nacionalizacin.


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