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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-07-2007

Leyes antiterroristas en el Mercosur
Una sombra que se asienta en la regin

APM


En Paraguay un proyecto de ley busca penalizar las protestas sociales. En Argentina, el espionaje sobre instituciones sociales se suma a la Ley Antiterrorista Hacia dnde conducen estos mecanismos?

Bajo la excusa de frenar cualquier amenaza del terrorismo y el narcotrfico, en varios pases de Amrica Latina se justifica el espionaje y la criminalizacin de las protestas sociales, como una va para eliminar esos presuntos focos de peligro. De esa forma, la doctrina de Guerra de Baja Intensidad (GBI), comandada por Estados Unidos, se instala en la regin.

La GBI que segn el Manual de campo 100-20 del Ejrcito estadounidense se define como una confrontacin poltico-militar entre estados o grupos por debajo de la guerra tradicional y por encima de la competencia pacfica entre Naciones.

Desde Washington se impone hacia la regin la cultura del miedo y la necesidad de una seguridad tanto nacional como internacional. El propsito perseguido es llegar a la mente de la poblacin nativa donde se lleva a cabo algn mecanismo de la GBI.

Desde el los hechos del 11 de septiembre de 2001, el pas del norte ha invadido y agredido pases, ha realizado espionajes hacia ciudadanos, tanto dentro de su territorio como fuera de l. Todo esto, invocando, una y otra vez al fantasma del terrorismo internacional.

En ese contexto, la justicia paraguaya podra penalizar las protestas sociales, si el Senado aprueba el prximo 9 de agosto la Ley Antiterrorista, que ya tiene la media sancin de la Cmara de Diputados, otorgada el pasado 3 de mayo.

La modificacin al captulo referente a los Hechos Punibles contra los Pueblos, de la Ley N 1160/97 del Cdigo Penal, establece que las personas que participen en movilizaciones sociales o reclamos ciudadanos podran ser condenadas con hasta 40 aos de crcel por considerarse stas como prcticas terroristas.

Organizaciones de Derechos Humanos y diferentes movimientos populares, marcharon hacia el Congreso de Paraguay, con el fin de impedir la aprobacin del proyecto. Los manifestantes aseguraron que las modificaciones al Cdigo, afectan seriamente a la ciudadana y, lejos de resolver el problema de la inseguridad, genera un sistema de violencia, ya que podran reprimirse derechos fundamentales de los ciudadanos.

En tanto, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), se explic que la "Ley Antiterrorista" viola tratados internacionales ratificados por Paraguay. Marcela Zub Cantero, abogada del organismo seal que la normativa contradice el estatuto de Roma que considera a las crceles como centros de rehabilitacin de los infractores de la ley, y no como establecimientos donde se deban purgar penas mximas que imposibiliten la reinsercin social de los reclusos, como lo pretende la normativa.

Si el Senado aprueba la modificacin al Cdigo Penal, se dejara en manos de los jueces determinar si una manifestacin o reclamo popular, es o no un acto terrorista. Esas reformas son vistas como criminales por las organizaciones sociales, ya que consideran que son contrarias a un sistema democrtico por haberse tratado en el marco de un proceso legislativo donde la ciudadana no tuvo una participacin efectiva.

Paraguay no es el nico pas en la regin en donde se encuentra estas posibles amenazas a la democracia neoliberal. En Argentina, el pasado 6 de junio, el Senado aprob la Ley Antiterrorista con 51 votos a favor y 1 en contra. La legislacin, firmada por el presidente Nstor Kirchner, era algo imprescindible si la nacin no quera ser declarada como lugar poco seguro por no tener medidas contra el financiamiento de grupos terroristas. Y por ende, poco confiable para las inversiones extranjeras.

La Ley castiga con cinco a veinte aos de reclusin o prisin a quien tomara parte de una asociacin ilcita destinada a "aterrorizar a la poblacin u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Ese tipo de legislacin, guiada por el concepto de la GBI, no slo instala la persecucin en la sociedad civil, sino que aprueba la vigilancia ilegal de organismos y/o militantes de la lucha popular, bajo las exusas del terrorismo y el narcotrfico.

En ese contexto, organizaciones sociales argentinas fueron objeto de espionaje interno por presunta conectividad con el terrorismo. En este caso, la inteligencia fue hecha por fiscales y policas federales, quienes entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigacin de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro) sobre la presunta amenaza del narcoterrorismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El texto del informe reproducido por el diario Pgina 12 dice: 25 de marzo de 2004, a las 18.00 horas, en la sede de la biblioteca de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, ()se efectu un evento conmemorando los 40 aos de la creacin de las FARC (...) hicieron uso de la palabra Rubn Batallares (miembro del PRT-ERP), Eduardo Soares (ex montonero y abogado defensor del integrante de ETA detenido por Interpol en Argentina, Jess Iriondo), Patricio Echegaray (secretario general del Partido Comunista). Herman Schiller (miembro del Partido Izquierda Unida) dio comienzo al acontecimiento conmemorando los 40 aos del grupo terrorista (...) Se proyect una pelcula en VHS que contena imgenes de la accin psicolgica de las FARC, escenas de combate nocturno y diurno y en la selva, el ataque a una comisara del interior de Colombia.

El otro documento, proveniente de la seccin Triple Frontera del Departamento Unidad de Investigacin Antiterrorista (DUIA), afirma que la modalidad de los secuestros en esa zona desde 2001 es una forma de financiamiento poltico. Y comprueba la conexin de las FARC con el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patritico Manuel Rodrguez de Chile.

Al respecto, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), advirti que esos espionajes atentan contra lo que dictan la leyes Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional. Jos Schulman, abogado de la LADH, sostuvo que con el pretexto del combate contra el narcoterrorismo se persigue al campo popular y lo grave es que esto ya ocurra aun antes de la sancin de la Ley Antiterrorista.

Bajo este marco, que significado tienen estas leyes aprobadas en los pases del bloque regional Es un simple guio hacia Washington, quin hace de la lucha contra el terrorismo internacional su bandera poltico-militar?

Lo cierto es que, estas leyes sumadas a la GBI y la militarizacin de la regin son mecanismos estratgicos de los cuales Estados Unidos se vale para controlar pases y con ello tener acceso directo a los recursos naturales necesarios para sus planes imperiales.

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