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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-09-2007

La ley de desarrollo rural pretende despojar a los indgenas de sus territorios

Fernando Arellano Ortiz
Rebelin


Las comunidades indgenas estn en pie de lucha, pues varios dirigentes de los cabildos del norte de Nario y el sur del Cauca que organizaron lo que llamaron la Movilizacin Nacional por la Dignidad, alertaron al pas y al mundo del riesgo que enfrentan ante el propsito del gobierno de lvaro Uribe de arrebatarles buena parte de sus territorios para ponerlos al servicio del capital financiero internacional.

Feliciano Valencia, vocero del Consejo Regional Indgena del Cauca (CRIC) afirm que los diversos cabildos del pas van a resistir con dignidad y van protestar ante la amenaza a nuestro territorio y a nuestra autonoma por las ltimas leyes que aprob el Congreso, como el Estatuto de Desarrollo Rural, que no permite la ampliacin, constitucin, ni saneamiento de resguardos.

Se quej tambin del abandono a que se encuentran sometidas sus comunidades por parte del Estado colombiano, pues todo programa social que se anuncia por parte del gobierno nacional est condicionado a que los indgenas se sometan a los lineamientos de la Seguridad Democrtica, con lo cual se pretende involucrarlos en el conflicto armado del pas.

SE LEGALIZA CONTRARREFORMA AGRARIA

Con la Ley denominada de Desarrollo Rural que el gobierno Uribe hizo aprobar en el Congreso de la Repblica el pasado 13 de junio, prcticamente se legaliza la contrarreforma agraria impulsada por el narcoparamilitarismo, los terratenientes y los especuladores de la tierra, explica Edith Bastidas, directora del Centro de Cooperacin al Indgena con sede en Bogot.

Lo que est detrs de esta ley no es ms que la intencionalidad de poner la tierra al servicio del gran capital financiero transnacional, mediante mecanismos que permitan validar como prueba de propiedad los ttulos obtenidos mediante fraude, dejando en duda los ttulos legtimos y ancestrales de los resguardos indgenas.

Para los indgenas esta ley desconoce preceptos constitucionales como los artculos 286, 287 y 307 de la Carta Poltica en los que se reconocen como entidades territoriales a los territorios indgenas y por lo tanto gozan de autonoma para la gestin de sus autonomas.

DETRS DE LOS GRANDES RECURSOS MINEROS Y MADEREROS

El gobierno de Uribe en su ptica neoliberal, segn la cual todo debe ser rentstico y comercial tiene gran inters en que los territorios indgenas localizados en lo que se conoce como el Choc biogeogrfico que comprende la faja del Pacfico colombiano y llega hasta los lmites con Ecuador, sean explotados por transnacionales, dado que all se encuentran grandes riquezas mineras y madereras, como el principal bosque de catival del mundo, las calizas de Pitay en el municipio de Silvia y los aurferos en Almaguer y La Vega, en el departamento del Cauca.

Se trata, en sntesis, de facilitar los grandes negocios al capital financiero a travs de la explotacin de recursos naturales como est ocurriendo con las plantaciones de palma africana en el Choc, para lo cual se ha arrebatado ms de 10 mil hectreas a las comunidades afrodescendientes y se ha producido un fenmeno de desplazamiento humano.

VIOLENCIA COMO PRESIN

Los dirigentes indgenas se quejan de que sus comunidades son objeto de intimidacin por parte de grupos paramilitares. Como en sus territorios se concentra buena parte de las riquezas minerales y madereras del pas, el conflicto por el dominio de la tierra se siente con mayor rigor. Por eso no es gratuito que en 2001 se haya producido la masacre paramilitar de El Naya, en el municipio caucano de Buenos Aires, que dej ms de 100 vctimas; o que en los ltimos tres aos hayan asesinado en esta zona del occidente colombiano a 17 dirigentes campesinos, y que el gobierno haya instalado ah un batalln de alta montaa.

Adems, la poltica del gobierno Uribe de no entregar ni una hectrea ms de tierra para los indgenas, como lo ha reiterado el ministro de Agricultura, Andrs Felipe Arias, va a la par con su discurso de crear una falsa apariencia de que estas comunidades estn acaparando buena parte del territorio colombiano en perjuicio del resto de la poblacin, ocultando que la mayora de tierras productivas est concentrada en pocas manos y no cumplen con la funcin social de la propiedad. Para denunciar esta situacin se prev instalar por parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos un Tribunal Internacional de Opinin para denunciar esta inicua situacin que afecta la vida y la dignidad de la poblacin indgena colombiana.



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