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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-09-2007

Tribunal Permanente de los Pueblos
Condena de la actuacin criminal de las multinacionales del petrleo


Bogot, 3 y 4 de agosto de 2007



INTRODUCCIN

El Tribunal Permanente de los Pueblos establecido en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en Amrica Latina (1974-1976), tiene como su vocacin y Estatuto dar visibilidad y calificar en trminos de derecho todas aquellas situaciones en las que la violacin masiva de derechos fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales, sea a nivel nacional o internacional. A lo largo de ms de 25 aos de su historia y a travs de sus 33 sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompaado, anticipado y respaldado las luchas de los pueblos contra el espectro de violaciones de sus derechos fundamentales, incluyendo la negacin de su autodeterminacin, las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras y esclavitudes de la economa y la destruccin del medio ambiente.

El juzgamiento por el involucramiento de transnacionales con presencia en Colombia en la violacin de derechos humanos, se inicio en el mes de abril de 2006.

Se han realizado hasta la fecha las audiencias: agroalimentaria (Bogot 1 y 2 de abril de 2006), sobre la minera (Medelln, 10 y 11 de noviembre de 2006), biodiversidad desarrollada en la Zona humanitaria de Nueva Esperanza de la cuenca del Ro Cacarica en el bajo Atrato chocoano (25 y 25 de febrero 2007).

La audiencia ha sido precedida por 4 preaudiencias que tuvieron lugar en Saravena (11, 12 y 13 de diciembre de 2006), Barrancabermeja (22 de marzo de 2007), El Tarra (19 y 20 de mayo de 2007) y Cartagena (25 de mayo de 2007), las cuales han permitido la participacin directa en el proceso de investigacin y recoleccin de testimonios de las comunidades ms involucradas en los hechos que son objeto de sta.

La audiencia se realiz en la sede de la Asociacin Distrital de Educadores, sede sur, segn el programa detallado en el anexo 1 y ha sido atendida por alrededor de 400 personas provenientes principalmente de las regiones afectadas por las trasnacionales petroleras, estaban tambin presentes los representantes de la red internacional el Enlazando Alternativas, que incluye ms de 80 ONG de Europa y Amrica latina.

Segn el acuerdo definido con la fundacin Internacional Lelio Basso y la Secretara general del TPP, an en esta cuarta audiencia se ha contado con la colaboracin del Observatorio de Trasnacionales, Megaproyectos y derechos humanos para el trabajo preparatorio del material y de la documentacin de la acusacin.

El jurado nombrado por el TPP ha incluido como jueces:

- DALMO DE ABREU DALLARI. Profesor de derecho de la Universidad de Sao Paulo, miembro de la comisin internacional de juristas, miembro del consejo de defensa de los derechos de la persona humana de la Presidencia de la repblica de Brasil.

- MARCELO FERREIRA. Ctedra libre de derechos humanos de la facultad de filosofa y letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

- ANTONIO PIGRAU SOL, Catedrtico de derecho internacional pblico de Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, autor de numerosos escritos sobre Derecho Internacional e integrante de varios crculos acadmicos sobre esta materia.

Como conjueces:

- NATIVIDAD ALMRCEGUI. Profesora de secundaria Confederacin General del Trabajo (CGT Espaa) Coordinacin del Seminario Solidaridad Poltica. Universidad de Zaragoza.

- DOMINGO ANKWASH. Presidente de la CONFENAIE (Confederacin de las Nacionalidades Indgenas de la Amazona Ecuatoriana)

- DEIRDRE GRISWOLD. Periodista, representante de International Action Center, fue miembro de la Secretaria del Tribunal Bertrand Russell sobre crmenes de Guerra en 1967.

- RALF HUSSLER-EBERT. Telogo y Reverendo de la Iglesia Luterana de Alemania, Junta Directiva de Iniciativa ecumnica para Amrica Central.

- IVONNE YANEZ. Ecologista ecuatoriana, coordinadora para Sudamrica de la Red OILWATCH (Red de Resistencia a las actividades petroleras en pases tropicales).

Con la asistencia del Padre Javier Giraldo y del Secretario General del TPP Gianni Tognoni, Italia.

DE LAS ACUSACIONES

Frente a la responsabilidad de las mencionadas empresas, se indic que Oxy, BP y Repsol han acuado polticas comunes en Colombia. Tales polticas se han concretado en el saqueo de los recursos naturales y la violencia sistemtica contra la poblacin. Por su parte, esto ha implicado la destruccin del tejido social, la ejecucin de asesinatos y la persecucin de su dirigencia as como la violacin de los derechos humanos de las mayoras y la destruccin de los grupos indgenas.

Segn las acusaciones, los atropellos de estas empresas buscan lograr el control poblacional y evitar resistencias a sus actividades, para lo cual han combinado varias estrategias, entre las que est la presin sobre el Estado para que dirija en su favor polticas que las beneficia, como la minimizacin de la regularizacin, la flexibilizacin de los contratos de asociacin, la privatizacin de las empresas de energa, el otorgamiento de ventajas fiscales y entrega de ms reservas petroleras o de gas a estas; adems, est la militarizacin de la vida de la sociedad, profundizada por la aplicacin del Plan Colombia y por el apoyo directo dado por las petroleras a las fuerzas armadas legales e ilegales, y la promocin de la corrupcin.

Segn los expertos que respaldaron la acusacin, existe similitud de objetivos de estas tres empresas petroleras transnacionales acusadas, basados en polticas imperialistas que han saqueado el petrleo colombiano, utilizando varias estrategias, tales como el ocultamiento de los resultados de las pruebas de produccin, la celebracin de contratos en trminos desfavorables para la nacin, la realizacin de transacciones fraudulentas con el fin de evadir impuestos, la utilizacin del presupuesto nacional al servicio de la construccin de la exploracin y la infraestructura, la invasin de territorios ancestrales de las etnias indgenas, la celebracin de convenios de seguridad con empresas privadas y con las fuerzas militares y la adecuacin, con la eficaz colaboracin del Estado, de todo el marco jurdico que reglamenta esta actividad en Colombia. Esto se ve representado en los ms de 605 millones de dlares de utilidades obtenidas en el 2005.

Segn la acusacin, para conseguirlo deben quitar del medio a sus enemigos, sin discriminar entre ambientalistas populares, trabajadores, campesinos e indgenas que se oponen a estas polticas y que, de acuerdo con las declaraciones de los neoliberales, "crean restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados".

Se dijo que, el petrleo y el gas son recursos naturales no renovables. Por tanto su extraccin es definitiva y el pas que consume sus reservas indefectiblemente no las recuperar, a no ser que encuentre nuevos yacimientos. Si se dedica a exportar irracionalmente su petrleo, como se ha hecho con Cao Limn, Cusiana y Cupiagua, formaciones que tuvieron unas reservas conjuntas que alcanzaron los 3.500 millones de barriles, pues en menos de quince aos estos mega pozos se acaban. Un ejemplo de ello es que mientras la vida de los descubrimientos petroleros ms grandes de Colombia no van a pasar de 30 aos, la explotacin de Cira Infantas, otro pozo gigante, hoy en poder de la Oxy, puede llegar a durar 100 aos.

El ritmo de extraccin ha sido tan fuerte, que segn Ecopetrol, hasta 2002, la Oxy haba extrado de Cao Limn 750 mil barriles de petrleo, mientras que la BP, en Cusiana y Cupiaga, haba sacado 806 millones de barriles. Para la fecha, a ambos yacimientos se le haban sacado ms de 2.500 millones de barriles y el valor de su produccin era de ms de 60.000 millones de dlares, suma casi equivalente de la deuda publica interna y externa ms la deuda privada externa del pas.

Las acusaciones particulares presentadas contra las empresas petroleras y el Estado colombiano fueron las siguientes:

La Oxy y Repsol son socios en diversos tipos de negocios. La Repsol se ha vuelto un complemento de las actividades de Occidental en Colombia. La multinacional estadounidense, como ha sido su costumbre, vendi parte de sus derechos sobre el yacimiento de Cao Limn a la transnacional espaola. Despus de readquirir la parte de la Shell, por medio de la compra de Colcitco, la cual convirti en Occidental Andina, Oxy vendi, a travs de Oxycol, el 6,25% de su propiedad a la transnacional espaola Repsol YPF. Esa operacin al menos le report otros 150 millones de dlares. Con ese acuerdo, Repsol entr a participar, como socio minoritario del acuerdo de asociacin Cravo Norte constituido entre Ecopetrol, empresa que tiene el 50%, y la Oxy, representada por sus subsidiarias, Occidental Andina, la cual posee el 25%, y Occidental de Colombia, que tiene el 18,75%.

Repsol, cuyos principales accionistas son los conglomerados financieros espaoles, empezando por La Caixa, que tiene el 31% de su propiedad, seguido por el Banco de origen Vasco, llamado Bilbao Vizcaya Argentaria, el cual posee el 9% y por la compaa energtica castellana Iberdrola, con el 3,5% de las acciones, tiene una inversin creciente de capital norteamericano. Uno de los poseedores de acciones de esta compaa de esta ltima nacionalidad es el fondo de inversiones Brandes, que controla el 9,4% de su propiedad accionaria. Adems, la compaa petrolera de origen espaol viene desarrollando una asociacin creciente con Occidental Petroleum Corporation.

Con la adquisicin de una parte de la propiedad de Cao Limn en 2003, Repsol compr una enorme responsabilidad sobre el genocidio cometido por la multinacional norteamericana contra la poblacin del departamento de Arauca. Tambin se asoci al etnocidio del que han sido victimas los pueblos Guahbos y Uwa, a la destruccin ambiental originada por la explotacin petrolera y al brutal saqueo de los recursos naturales nacionales agenciado por las compaas multinacionales. Por lo dems, se sum a un proyecto contrainsurgente y de guerra extremadamente agresivo con la poblacin civil.

Repsol YPF posee derechos mineros en Colombia sobre 8 bloques, 7 de los cuales son de exploracin. Tiene bajo su control una superficie de 7.862 kilmetros cuadrados. Tambin es el ms importante operador domiciliario de gas natural en el pas a travs de la empresa Gas Natural. Monopoliza la distribucin de este producto en Bogot, el altiplano cundiboyacense y la regin oriental, contando con cerca de 1.5 millones de clientes

En el caso de Arauca ha establecido una alianza estrecha con la Oxy y con su proyecto de militarizacin de la sociedad departamental. Ha ayudado consistentemente a agudizar los conflictos en Arauca. Por ejemplo, su arribo coincidi con las primeras acciones paramilitares en la poblacin de Tame, uno de los municipios donde hace exploracin y explotacin de petrleo, all queda ubicado el bloque Capachos I, y con la agudizacin del conflicto armado en la regin. Igual ha hecho en las zonas del Bajo y Medio Atrato, y el Medio y Alto San Juan, donde tambin ha habido abundante presencia paramilitar mientras hay exploracin y explotacin petrolera de Repsol.

Parte de sus actividades se llevan a cabo en el ancestral territorio del Pueblo U'wa. Tres pozos - Capachos, Cao Limn y Catleya- estn ubicados muy cerca del actual territorio indgena, mutilado por el gobierno colombiano a propsito con el fin de sacar estas tierras de los resguardos para permitir la actividad de explotacin de las multinacionales.

1. A la Empresa Colombiana de Petrleos ECOPETROL - y al ESTADO COLOMBIANO:

2. A las empresas OXI, REPSOL y ECOPETROL y al Estado colombiano, por el saqueo de recursos naturales, la destruccin de ecosistemas y contaminacin del medio ambiente, la destruccin del territorio y cultura de las comunidades indgenas U'wa y Guahiba y el Genocidio contra las comunidades y organizaciones sociales del departamento de Arauca. ste ltimo crimen, representado en los casos particulares de: las masacres de Santo Domingo, La Cabuya, Tame (veredas Flor Amarillo, Pialito y Cravo Charo), Cravo Norte, Cao Seco, el homicidio del menor Hugo Horacio Hurtado y la implementacin de la estrategia de judicializacin sistemtica contra los lderes sociales de la regin.

Occidental Petroleum Corporation es una empresa estadounidense que se fund en 1920. Est inscrita en el estado de California y posee operaciones en varios pases del mundo, siendo sus principales operaciones en Oriente Medio y en el continente americano.

A OXY, en Colombia, se le acusa de por propiciar el aniquilamiento de la Unin Sindical Obrera USO, sindicato de ECOPETROL, en particular por su responsabilidad en los homicidios de Manuel Gustavo Chacn, Jorge Orlando Higuita, Auri Sara Marrugo, Enrique Arellano y Rafael Jaimes Torra.

OXI, en su intento de mantener indemne su explotacin y en connivencia con el estado colombiano, ha recurrido en Arauca a las medidas represivas ms extremas: la expulsin masiva del campesinado bajo presin militar, policial y de agencias de seguridad; el apoyo directo a la accin militar, promoviendo y sufragando la guerra a fin de asegurar sus intereses estratgicos, garantizar las tasas de ganancia y el flujo permanente hacia el exterior; la intervencin militar norteamericana a travs del Plan Colombia; la creacin de teatros operacionales de guerra mediante el empleo de legislaciones especiales (estado de conmocin interior, estados de excepcin, estados de emergencia , zonas de rehabilitacin y consolidacin); la militarizacin generalizada de Arauca vinculando a parte de la poblacin civil a programas militares, institucionalizando los grupos paramilitares y adaptando el aparato de justicia a los intereses de la transnacional; y la desvertebracin del movimiento social.

3. A la empresa British Petroleum Company y al Estado colombiano, por la desarticulacin del movimiento social y campesino, el exterminio de la asociacin de veredas de Cunam - ASOVEC, la Asociacin Comunitaria para el desarrollo Agroindustrial y social del Morro - Acdainso y la Asociacin Departamental de Usuarios Campesinos - ADUC, a travs de los homicidios de Carlos Mesas Arrigu, Daniel Torres, Roque Julio Torres Torres, Oswaldo Vargas y Carlos Hernando Vargas Surez.

De las pruebas

En el curso de la audiencia se aport al tribunal prueba documental, testimonial y pericial. La prueba documental fue de enorme extensin y riqueza, por lo que su valoracin excede los estrechos mrgenes de este dictamen. No obstante ello, se agrega por conducto separado a los fines de su elevacin a la audiencia deliberativa del TPP que se llevar a cabo en julio de 2008.

En el desarrollo de la prueba testimonial depusieron numerosas personas protagonistas directos de los hechos, y familiares de las vctimas que vieron morir a sus seres queridos, por lo que el conjunto de las deposiciones arroj un saldo emotivo y desgarrador. Algunos testigos se expresaron sobre la posibilidad de represalias por el hecho de vertir sus testimonios al regresar a sus territorios de origen.

La prueba pericial aport el enfoque general sobre la situacin en Colombia en su contexto econmico, poltico y de conflicto social y armado, y especialmente la incidencia de la poltica blica de los Estados Unidos en la regin.

VALORACIN DE LOS HECHOS

Los distintos aspectos

ESPECIFICIDAD DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Debemos sealar que la industria petrolera, obedece a una dinmica de acumulacin capitalista como as mismo de seguridad nacional para los pases altamente dependientes de energa.

Por un lado, debido al carcter estratgico de los recursos hidrocarburferos, en las ltimas dcadas, las actividades petroleras han generado un excedente econmico tan enorme, que han consolidado a los grupos de capital ms poderosos de toda la historia: las corporaciones petroleras.

Por otro, se conoce que las reservas mundiales de hidrocarburos se estn agotando, veloz e irremediablemente, por lo que estos recursos se han convertido en un bien cada vez ms preciado y cuyo acceso se ha convertido en una cuestin de seguridad nacional para los pases industrializados, en particular los estados europeos y los Estados Unidos, principal consumidor y dependiente de energa fsil en el mundo.

Las actividades petroleras, en todas sus fases, exploracin, extraccin, transporte, refinacin o consumo, causan impactos sociales y ambientales catastrficos e irreversibles, a nivel local y global, pero la codicia de las corporaciones y la creciente demanda de energa, hace que se siga expandiendo la frontera petrolera, ahora sobre zonas de alta biodiversidad o sobre territorios indgenas.

Las estrategias de las empresas petroleras no tienen lmites. Por ejemplo, se coluden con la banca internacional, obligando a los pases productores a endeudarse para perpetuar la extraccin y exportacin de recursos naturales, presionan a los gobiernos para flexibilizar las legislaciones ambientales, laborales o fiscales, para poder actuar con ms libertad y mayores ganancias; fuerzan el desmantelamiento y privatizacin de las empresas estatales; logran acuerdo con organismos internacionales para limpiar su imagen social y ambiental; o crean alianzas con mafias locales, ejrcitos regulares y fuerzas paramilitares -acusados de asesinar, torturar, perseguir o desaparecer lderes comunitarios-, para lograr sus operaciones con total seguridad.

Estas y otras estrategias les permiten actuar con un halo de supuesta responsabilidad social corporativa y de respeto de los derechos humanos. Sin embargo, cada vez ms surgen denuncias y evidencias en su contra por ser responsables directas de delitos ambientales al contaminar los suelos, ros y mares, por la perdida de bosques y de biodiversidad, por atentar contra los derechos econmicos, sociales y culturales de la poblacin local donde operan, provocar desplazamientos y miles de refugiados sociales y ambientales, o tambin por destruir las fuentes de subsistencia, afectando a su soberana alimentaria y poniendo en riesgo la supervivencia de culturas y pueblos enteros.

Las empresas petroleras vulneran derechos, fundamentales, colectivos y ambientales, se convierten en asesinos silenciosos o abiertos y actan bajo una impunidad sistmica, pues actan pervirtiendo el Estado de Derecho y beneficindose del conflicto armado.

Los gobiernos de los pases de origen de las empresas petroleras, son igualmente responsables por permitir la impunidad de las mismas, por alentar la represin y la militarizacin de las zonas petroleras y por crear condiciones de zozobra, invasin y guerra permanente contra quienes viven all o se oponen a los impactos sociales y ambientales que genera.

En Colombia las empresas transnacionales del petrleo obtienen ganancias reales superiores al 80%, ello en el marco de instalaciones de produccin totalmente militarizadas. A pesar de que esta audiencia se ha centrado en las empresas antes citadas todas las grandes empresas petroleras del mundo estn operando en Colombia.

VULNERACIN DE DERECHOS HUMANOS

En las condiciones sealadas y en el marco del conflicto social y armado que azota al pueblo colombiano, del conjunto de documentos y testimonios aportados se desprende la existencia de un cuadro generalizado y sistemtico de violaciones de los derechos humanos.

En primer lugar se constatan graves violaciones del derecho a la vida y la integridad fsica de numerosas personas con casos de asesinatos, masacres (Bombardeo de Santo Domingo, Masacre de Cao Seco, Masacre de Tame -Pialito, Flor Amarillo, Cravo Charo-, La Cabuya, Cravo Norte), torturas, y amenazas. En el curso de la audiencia depusieron numerosos testigos sobre el crimen del que haban sido vctimas sus parientes ms cercanos (madres, padres, hijos, hermanos, primos).

En segundo trmino se verifica una persecucin constante contra lderes gremiales, al punto que puede afirmarse que quizs se trate del pas con un mayor riesgo para el ejercicio de tal actividad. En los ltimos veinte aos ms de tres mil sindicalistas han sido asesinados. Es ejemplar en este sentido la persecucin a la que se han visto sometidos los dirigentes y militantes de la Unin Sindical Obrera que en los ltimos veinte aos han sufrido el asesinato de 105 de sus miembros, adems de otros casos de desaparicin, secuestro, atentados, desplazados internos o exiliados.

CRIMINALIZACIN DE LA PROTESTA SOCIAL

De las pruebas arrimadas se verific as mismo un cuadro de persecucin sistemtica a toda forma de oposicin a los intereses de las empresas petroleras involucradas, asegurado por una mecnica u operatoria de criminalizacin de la protesta social, mediante judicializaciones arbitrarias y detenciones masivas, como las sucedidas en distintas ocasiones en Saravena. Incluso en algunos casos estos procedimientos han llevado a la condena de las personas perseguidas. En este sentido una testigo que fue detenida y condenada por rebelin, al referir el momento de su captura, dijo: "como educadora me preocupaba de que nos estbamos quedando sin estudiantes el gobierno exiga un nmero mnimo de estudiantes nos reunimos ante la represalia anunciada del gobierno de cerrar las escuelas" contina diciendo "entraron a la habitacin en donde yo descansaba, gritaban donde estn las armas"

RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE CIRCULACIN

El Tribunal verific tambin la vulneracin del derecho a la libre circulacin reconocido en la constitucin colombiana y la legislacin internacional que forma parte de su ordenamiento interno, en la medida en que se establecen lo que algn testigo ha denominado "zonas de exclusin" en las que rige un virtual estado de guerra bajo el control directo de las fuerzas armadas y de seguridad privada al servicio de las empresas petroleras. La militarizacin de estas zonas es tan desproporcionada como lo demuestra el siguiente fragmento de un testimonio de una madre que narra el asesinato de su hijo menor de edad: "mi hijo fue a cazar unos chigiros para las fiestas a una laguna acompaado por su amigoun vigilante que los vio llam al ejrcito de Cao Limn," el nio apareci finalmente muerto. Es notorio que la testigo identifica a las fuerzas armadas colombianas como el ejrcito propio de una empresa transnacional.

Se evidenci que esta situacin se agrava por la arbitrariedad de los controles militares sobre las vas de paso y las restricciones de circulacin de alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad, teniendo en cuenta que se trata de comunidades rurales muy pobres. Una testigo dijo: "si llevbamos alimentos por valor de ms de ciento cincuenta mil pesos nos lo quitaban porque dicen que son para favorecer a los guerrillerosno podamos tener ni cemento ni comida, ni nada por mayor valor"

VULNERACIN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDGENAS

La exploracin y explotacin petrolera ha significado el desplazamiento, la expulsin o la quasi extincin de gran parte de las comunidades indgenas (U'WAS, SIKUANES, MACAGUANES, CUIBAS, GUAHIBOS, BETOYES, BARI, COFANES, NASA, INGA, EMBERA CHAM, SIONA, AW, PASTOS, CAMS, YANACONA, CAMENTZ) de sus territorios ancestrales por la invasin y destruccin de los mismos. Igualmente, desde que inici esta actividad en las distintas regiones, sus integrantes han sido vctimas de homicidios, masacres, detenciones y torturas, a manos de agentes estatales o paraestatales, pues las empresas y el Estado los consideran como un obstculo para la extraccin del petrleo.

Con frecuencia a estos pueblos se les acusa de terroristas, guerrilleros, rebeldes o subversivos, con objeto de debilitar la resistencia indgena y propiciar el abandono de sus tierras. Paradjicamente se trata de culturas tradicionalmente pacficas que viven del campo y trabajan la tierra desde hace miles de aos.

El proceso de ocupacin gradual de las tierras indgenas se ha desarrollado en vulneracin de convenio 169 de la OIT sobre pueblos indgenas y tribales que establece expresamente el derecho de consulta sobre la enajenacin de sus tierras y prescribe que tales pueblos no debern ser trasladados de la tierra que ocupan, tal como ha reconocido la Corte Constitucional en su reciente sentencia T- 880 en relacin con el pueblo Bar, pero extensible a todos ellos.

EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE

Las actividades propias de la exploracin y explotacin petrolera, realizadas por las empresas transnacionales y el estado colombiano han requerido de una gran infraestructura compuesta por vas de comunicacin, edificaciones, sistema de transporte del crudo, pozos de extraccin, piscinas de tratamiento de agua, lagunas de estabilizacin, campamentos militares, helipuertos y aeropuertos, las cuales han comportado la destruccin de amplias extensiones boscosas, y afectado el sistema de esteros y humedales, caos y ros de la cuenca del Orinoco, lo que ha originado alteraciones graves a los flujos naturales del ecosistema.

La contaminacin de los diferentes cuerpos de agua, la perforacin de pozos, la tala de rboles, la generacin de residuos como metales pesados y gas, la alteracin de la temperatura del agua, la emisin de monxido y dixido de carbono, xido de nitrgeno y azufre, la quema incontrolada de petrleo residual y la disposicin de residuos oleosos en piscinas circunvecinas al pozo que genera procesos de contaminacin de aguas subterrneas, han representado efectos nocivos sobre la poblacin vegetal y animal circunvecina, adems de la salud humana.

La defensa del medio ambiente ha generado tambin represin incluso contra funcionarios estatales que en razn de su cargo deban velar por la legalidad como es el caso del asesinato de CARLOS HERNANDO VARGAS SUAREZ, gerente de CORPORINOQUA.

LA IMPUNIDAD

El derecho a la justicia parte de la obligacin de garanta, que se traduce en una prestacin de hacer y que impone al Estado la obligacin de organizar todo el aparato estatal, de tal forma que las libertades y derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos sean realmente efectivos. Esta obligacin implica el deber de los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos reconocidos en estos tratados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la impunidad como: "la falta en su conjunto de investigacin, persecucin, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la convencin americana", y ha sealado que "el estado tiene la obligacin de combatir tal situacin por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repeticin crnica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensin de las vctimas y sus familiares".

El Estado colombiano ha incumplido con todas sus obligaciones a este respecto. En este sentido las escasas investigaciones judiciales independientes no han culminado ni superan en su mayora la fase preliminar de las pesquisas, porque en general toda investigacin choca con el obstculo de una administracin judicial amordazada e inoperante en el mejor de los casos. As es emblemtico el ejemplo de la Unidad de Fiscala Especializada que tiene su sede al interior de las instalaciones de la Brigada 18 y se ha constatado su participacin en operativos militares. De la misma manera se ha puesto en evidencia el desplazamiento arbitrario de causas judiciales a escenarios distintos al del juez natural as como la creacin de jueces ad-hoc, establecidos con posterioridad y especficamente para ciertos hechos.

En este contexto es oportuno hacer una referencia al fenmeno del paramilitarismo en Colombia y su relacin con la poltica. Segn uno de los expertos "se vestan de senadores por la maana, comerciaban cocana en la tarde y daban ordenes a paramilitares en la noche"

Es claro que el paramilitarismo responde al desarrollo de una estrategia estatal que va mucho ms all de una poltica contrainsurgente, de una respuesta puramente militar. Tal estrategia tiene profundos alcances de orden poltico, econmico y social. El paramilitarismo ha sido funcional a los grandes capitales, a las multinacionales, al despojo violento de propiedades y al narcotrfico. Responde a un modelo de Estado y de sociedad definidos. Para ello, ha contado con el irrestricto apoyo del poder econmico y poltico. Sus acciones en lo fundamental han tenido como blanco a la poblacin civil, especialmente son sus vctimas las comunidades y sus mujeres, sus nias, sus jvenes, contra personas que han asumido una actitud crtica o de oposicin frente a las polticas estatales desconocedoras de los derechos. Para conseguir sus objetivos han acudido a la comisin de masacres, de etnocidios, de genocidios, de magnicidios, de asesinatos, de desapariciones forzadas, de torturas, de desplazamientos forzados, en fin, de una cadena interminable de crmenes contra la humanidad.

Esa enorme cantidad de crmenes, sin embargo, ha sido cobijada por una impunidad que tambin obedece a una poltica dirigida a amparar a los victimarios y desconocer los derechos de la sociedad y las vctimas a conocer la verdad, a obtener justicia y reparacin integral. El Estado no ha adelantado acciones concretas y eficaces para superar la impunidad, tal como reiteradamente se lo han recomendado organismos internacionales.

DETERMINACIN DE LAS RESPONSABILIDADES

Por todo ello, el Tribunal acuerda ACUSAR:

1. A las empresas petroleras transnacionales BP, OXI, Repsol y a la empresa ECOPETROL:

- Por el desarrollo de polticas de exploracin y explotacin de los yacimientos que comportan el desplazamiento forzoso de las poblaciones que en ellas residen.

- Por el desarrollo de polticas de exploracin y explotacin carentes de cualquier evaluacin de impacto ambiental, y que comportan la destruccin de bosques otros espacios naturales y la contaminacin grave y creciente de los cursos de agua, como es el caso del ro Arauca, y suponen una restriccin forzada para las formas vida de las poblaciones afectadas.

- Por la creacin de autnticas zonas de exclusin de acceso para los ciudadanos en grandes reas circundantes a los campos que estn en explotacin, reas caracterizadas por un virtual estado de guerra y una desproporcionada militarizacin, con el recurso a las fuerzas armadas regulares, a compaas privadas de seguridad e incluso a grupos paramilitares

- Por la tolerancia, cuando no la connivencia o la concertacin con tales grupos armados, bien directamente bien mediante empresas subcontratadas interpuestas, en la persecucin de aquellas personas o colectivos que muestran algn tipo de oposicin a las actividades petroleras o a las condiciones en que se realizan; persecucin que comprende la creacin de falsas acusaciones ante los tribunales, la amenaza, el secuestro, la agresin fsica, la tortura e incluso el asesinato, como se ha documentado ampliamente ante el Tribunal.

- En particular por la persecucin sistemtica y generalizada de sindicalistas, como es el caso de los dirigentes y militantes de la Unin Sindical Obrera, en vulneracin de los derechos sindicales reconocidos internacional y constitucionalmente.

2. Al Gobierno de Colombia:

El Estado colombiano dej de cumplir sus obligaciones jurdicas por accin y/u omisin, en por lo menos los siguientes aspectos ms importantes:

- no dio proteccin debida a militantes polticos, sociales y sindicales que sufran amenazas por su trabajo por vas pacficas, a favor de la efectividad de los DDHH y del respeto de la dignidad humana.

- no hizo las necesarias investigaciones ni impuso debida punicin en asesinatos y otras violencias graves contra personas y grupos humanos, aunque muchos de los autores fueron de fcil identificacin e incluso en muchos casos eran miembros de las fuerzas armadas.

- En la utilizacin de la fuerza pblica para la represin de los grupos acusados de rebelin, no hizo la necesaria distincin entre personas y grupos combatientes y la poblacin civil pacifica y respetuosa del orden jurdico vigente.

- En el incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Convenio 169 de la OIT relativa a los derechos de las poblaciones indgenas, al imponer la explotacin de los recursos naturales contenidos en las tierras de dichas comunidades sin su consentimiento.

- En el incumplimiento de sus obligaciones de persecucin de los crmenes de lesa humanidad y en particular de la violacin del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las vctimas de dichos crmenes, debido a la ausencia de un poder judicial realmente independiente

3. A los Gobiernos de los Estados cuyos nacionales tienen una participacin significativa en el capital de las empresas mencionadas:

- por permitir que dichas entidades jurdicas puedan incumplir en su actividad econmica en otros pases, como es el caso de Colombia, los estndares internacionales de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente que en sus pases de origen seran obligadas a respetar.

4. Y en particular al Gobierno de los Estados Unidos:

- por defender un presunto derecho a intervenir en cualquier pas para preservar sus intereses de seguridad, incluido el acceso a las fuentes de petrleo y haber contribuido decisivamente mediante planes concretos, recursos humanos, entrenamiento y financiacin a la extrema militarizacin que rodea la explotacin petrolfera en Colombia, como ha hecho tambin en otros lugares del planeta, y a la produccin de sus nefastas consecuencias para la poblacin civil.

5. El Tribunal considera que hay fundamentos razonables para calificar una gran cantidad de los actos concretos de asesinato, masacre, tortura, desplazamiento forzoso de poblacin y persecucin, que le han sido presentados, como crmenes de lesa humanidad, en la medida en que han sido cometidos de manera sistemtica y generalizada, contra una poblacin civil. En este contexto, el Tribunal quiere recordar que, sin perjuicio de todo lo dicho, toda persona, tenga o no la consideracin de rgano de un Estado, es tambin individualmente responsable en el mbito penal de aquellos crmenes de lesa humanidad en los que hayan participado, como autor o cmplice, sin excepcin. Y que dicha responsabilidad puede llegar a hacerse efectiva por los propios tribunales colombianos, pero tambin por otros tribunales nacionales que puedan ejercer la jurisdiccin universal o, para los crmenes cometidos en Colombia con posterioridad al 2 de noviembre de 2002, por la Corte Penal Internacional.

CONCLUSIONES

Por las razones anteriores, invocando la carta de Argel sobre los Derechos de los Pueblos, considerando probadas la totalidad de las acusaciones contra todas y cada una de las empresas como as mismo la responsabilidad del Estado colombiano, y en la conviccin de que la violacin de sus derechos constituye un atentado contra la conciencia comn de la humanidad y concierne a todos los pueblos, el Tribunal resuelve:

1. Elevar las acusaciones y la prueba producida a la audiencia final deliberante del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesin Colombia.

2. Comunicar el presente dictamen a las organizaciones sindicales, a los pueblos indgenas, y comunidades urbanas y campesinas que han sufrido los impactos de la accin destructiva de las transnacionales y a las organizaciones solidarias con las anteriores, igualmente a las organizaciones acadmicas y estudiantiles, a la Fiscala General de la Nacin, a las altas cortes y organismos de control de Colombia, redes de comunicacin alternativa, medios masivos de informacin, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al representante especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, a las empresas acusadas, sus casas matrices y los Estados donde tienen sede.

3. Expresar su solidaridad y reconocimiento al dolor de las vctimas.

4. Apoyar vivamente su lucha por la verdad, la justicia, la reparacin integral, restablecimiento de los derechos conculcados y la garanta de que los crmenes no se repitan.

RECOMENDACIONES

Al concluir esta audiencia los delegados aqu presentes del Tribunal Permanente de los Pueblos as como los conjueces que han participado en el jurado, expresan toda su admiracin por la profundidad y el coraje del trabajo de resistencia cultural y de defensa de su dignidad y derecho a una vida en la justicia que pudimos apreciar en los representantes y testigos de las comunidades que se han presentado a esta audiencia: mujeres y hombres que han sufrido tanto y que siguen un camino de construccin de un futuro de paz y autodeterminacin merecen no solamente nuestra solidaridad sino tambin un compromiso igualmente importante y coherente de parte de la comunidad de todas y todos los que creen en una sociedad justa. Las recomendaciones que siguen quieren ser la expresin de este compromiso y una manera ms de acompaar a las comunidades que hemos conocido y que quedan en nuestra memoria y accin.

1. El jurado hace un llamado a intelectuales y a miembros de organizaciones sociales de Amrica Latina y de otras partes del mundo para que elaboren propuestas sobre normativas de control a las empresas trasnacionales y sobre una tipificacin de sus crmenes econmicos y ambientales dentro de marcos coercitivos eficaces, y se presione su adopcin por parte de las Naciones Unidos con el fin de salvaguardar los derechos de los pueblos.

2. Hace tambin un llamado a los accionistas de las Empresas Trasnacionales de Petrleo en sus pases de origen con el fin de que se informen sobre el comportamiento de sus filiales y las sometan a un control tico.



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