A/A Sr. José Antonio Alonso                                            Sevilla, 1 de octubre de 2004
Ministro de Interior


Estimado ministro:

Me dirijo a usted como titular del Ministerio de Interior con objeto de hacerle llegar mi rotundo rechazo a la decisión de excarcelación del ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, al entender que con ello se pone de manifiesto una peligrosa arbitrariedad en la política penitenciaria española llamada a ser garante del Estado de Derecho.

Esta acelerada concesión del segundo grado de un preso que cumple condena de 75 años no es más que una aberrante irresponsabilidad que marcaría una injusta línea divisoria y diferencial entre el terrorismo de Estado y el terrorismo contra el Estado. No hay, como usted sabe por su impecable trayectoria democrática, un terrorismo bueno y un terrorismo malo. El terrorismo, sea cual sea su naturaleza, objeto y/u origen, es un crimen, el cual es si cabe más aberrante si tiene como inductor a miembros o fuerzas del orden público que tienen como misión, encomendada por la Constitución y el Pueblo, la lucha contra el delito.

Califica usted esta decisión de "perfectamente legal y constitucional" basándose en el estado de salud del ex general, si bien la sociedad española no entenderá que otros presos terroristas con enfermedades terminales no puedan ampararse en unas leyes y una Constitución que han de proteger a todos los ciudadanos por igual y sin distinciones. El Gobierno no estaría respetando la igualdad de trato.
 
Esta decisión hace tambalear los cimientos de la confianza otorgada por la sociedad al poder político y judicial cuando se investigó la guerra sucia propiciada por el llamado GAL y se dictaminó entonces una condena acorde con la gravedad de los delitos. Durante tres legislatura ostenté el cargo de portavoz de Interior de IU, por lo que fui unos de los muchos que luchamos por reinstaurar un estado democrático que había sido violentado desde dentro y en la sombra y por asegurar al pueblo español que ningún ciudadano, sea cual sea su cargo, puede quedar al margen de lo que dicta la ley.

Ni la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ni su Ministerio puede negar el daño que con esta decisión se infiere a la imagen de independencia del poder judicial. Puede calar en la ciudadanía que las gratificaciones del régimen penitenciario y el cumplimiento de las penas no dependen del delito sino de la persona.

Este nuevo Gobierno no tiene ninguna deuda ni hipoteca con el pasado, por lo que no debe estar temeroso de que se tire de ninguna manta. No debería apoyar sobre sus espaldas una decisión que puede entenderse como una amnistía encubierta a la guerra sucia de la época felipista.

Un saludo,

Antonio Romero Ruiz
Diputado de IULV-CA por Málaga
Miembro de la Mesa del Parlamento Andaluz