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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-09-2007

Marulanda

Juan Diego Garca
Argenpress



El guerrillero ms antiguo del mundo no se llama realmente Manuel Marulanda Vlez sino Pedro Antonio Marn. Asumi esa identidad en memoria de un dirigente sindical comunista asesinado por la polica. Tampoco ingres a la guerrilla como marxista convencido sino como un adolescente que sobreviva a una masacre oficial en la que pereci buena parte de su familia; sus compaeros de entonces tampoco eran comunistas sino liberales perseguidos por el rgimen conservador. Su ingreso al Partido Comunista es posterior, y all recibi toda la educacin y formacin que posee. Jams ha pisado una gran ciudad; nunca ha caminado por las calles de Bogot y su lenguaje sencillo que puede resultar molesto a algn intelectual constituye al parecer uno de sus mayores atractivos para los combatientes de las FARC y para quienes le apoyan y colaboran.

Su imagen de campesino mestizo, curtido en mil batallas, con su ya caracterstica toalla guerrillera al hombro ha sobrevivido a casi medio siglo de guerra, a muchos gobiernos, a innumerables generales nacionales, a mltiples asesores extranjeros y a un sinnmero de operativos que le daban por muerto.

La posibilidad de un intercambio humanitario de los presos que gobierno y guerrilla retienen en su poder vuelve a colocar a Marulanda en los primeros planos del debate poltico en el pas y en el mundo. No solo es el presidente Hugo Chvez quien aboga por ese intercambio y por el inicio de un proceso de paz; a l se agregan ahora los gobiernos de Francia, Brasil, Ecuador, Bolivia y los 112 pases que en reciente cumbre de los No Alineados han dado su total respaldo a la iniciativa.

La incomodidad del gobierno de Uribe no puede ser ms evidente. En el fondo, aunque no se trata de un intercambio de prisioneros en toda regla, el acuerdo humanitario implcitamente coloca a las FARC en la condicin de fuerza combatiente diluyendo -y mucho- la imagen creada por el gobierno que pinta a esta organizacin guerrillera con los trazos ms oscuros: terroristas, narcotraficantes, secuestradores, asesinos y un largo etctera de adjetivos que buscan negar su condicin de insurgentes, ignorando a propsito que esta guerrilla tiene estructuras militares reconocibles, un programa social y poltico y unas bases sociales que podrn no ser multitudinarias pero resultan suficientes para no ser ignoradas. De otra parte, la legitimidad del gobierno tampoco parece tan difana a juzgar por la raqutica participacin de la ciudadana en las elecciones y por la intervencin probada y criminal de los paramilitares en las mismas.

Uribe est preso de una dinmica que l mismo desat. Sembr el camino de dificultades negando a la insurgencia (ELN y FARC) toda otra salida que no sea la rendicin completa, algo que solo es viable cuando esas fuerzas estn derrotadas o debilitadas en extremo. Y este no parece ser el caso de los alzados en armas en Colombia. No le falta razn a quienes piden no solo el intercambio humanitario sino el pronto inicio de conversaciones serias que conduzcan a la paz. Ahora las autoridades de Bogot, desbordadas por los acontecimientos, se atrincheran en dos condiciones que de mantenerse inalterables pueden frustrar los esfuerzos de Chvez y los deseos de la inmensa mayora ciudadana: negarse en redondo a cualquier despeje territorial para adelantar las negociaciones sobre el intercambio humanitario y exigir que quienes salgan de las crceles no regresen a las filas guerrilleras.

En cuanto a lo primero, el rechazo oficial al despeje alegando que significa ceder la soberana territorial, resulta todo un sarcasmo si se considera que la guerrilla est presente y controla amplias zonas del pas, que los paramilitares hacen lo propio y que el Estado, como tal, apenas existe para millones de personas en este pas. En realidad este rechazo rotundo de Uribe es tan solo una excusa para impedir que las FARC adquieran la naturaleza de fuerza beligerante. Sera un golpe decisivo a su poltica de seguridad democrtica (que excluye todo arreglo que no sea la rendicin) y abrira las puertas a la negociacin reconociendo tcitamente la naturaleza poltica de la guerrilla. Y negociar es lo que la clase dominante colombiana no desea; negociar significa aceptar reformas y para eso no ha existido nunca la menor disposicin. Ni en ste ni en anteriores procesos de paz.

En cuanto a lo segundo, exigir la renuncia a las armas a los guerrilleros que se ponga en libertad, plantea nuevas dificultades y no pocas paradojas puesto que quien renuncia a su condicin de insurrecto y se acoge a la ley no necesita formar parte de un contingente de intercambio y saldr libre automticamente. Si deja de ser guerrillero pierde su condicin de intercambiable.

El proceso de intercambio humanitario est entonces cargado de incertidumbres por la variedad y oposicin de los intereses en juego. No son pocas las fuerzas que conspiran contra la paz desde el mismo gobierno y desde sectores decisivos de la clase dominante del pas, y por supuesto desde Washington, tan comprometido en la guerra colombiana y tan interesado en mantener su relacin privilegiada y de dominio sobre Bogot. Adems, que en el proceso de una paz posible y deseada por tantos sea precisamente Hugo Chvez quien juegue un papel destacado contraviene de lleno las polticas estadounidenses que buscan aislar a Venezuela del resto del continente y de ser posible derribar su actual gobierno.

Pero tambin hay razones para el optimismo. En el fondo, las objeciones pueden solventarse fcilmente si existe voluntad poltica y disposicin. Como muchos sealan - por ejemplo la misma Iglesia Catlica tan poderosa e influyente en Colombia - se puede buscar una frmula intermedia para el desarrollo de las conversaciones, realizando contactos simultneos en el pas y en el extranjero. En Colombia no sobrevendr en cataclismo si se declara zona especial a algn lugar comnmente acordado en donde ambas partes -gobierno y guerrilla- establezcan los contactos y adelanten las gestiones para el intercambio, previo retiro de cuerpos armados y bajo la supervisin y garanta de pases amigos. El intercambio puede combinar soluciones que supongan tanto territorio nacional como pases amigos en condiciones tales que se satisfaga a ambas partes. En este pas de juristas ilustres no faltar quien con imaginacin encuentre la formula legal precisa para romper el nudo gordiano y quien proponga la solucin feliz para que todos ganen. Si el intercambio se asocia desde el comienzo con el proceso de paz, los obstculos mencionados se pueden superar con relativa facilidad; sobre todo los referidos a la suerte futura de los guerrilleros que salgan de prisin.

Un conflicto que parece irresoluble podra no serlo si existe voluntad para ello. La persistencia de la lucha armada en Colombia no ocurre por maldicin bblica o en razn del espritu especialmente belicoso de sus habitantes sino por condiciones sociales y polticas que sustentan un rgimen violento de ventajas y discriminaciones aberrantes. Desde esta perspectiva es obvio que la mayor responsabilidad corresponde a la clase dominante del pas, beneficiaria de tan slido entramado de privilegios. Si esto no sucede, tendr que ser la iniciativa de la propia ciudadana la que imponga las soluciones, ya sea en las urnas o mediante un vigoroso movimiento de desobediencia civil.

Si en su da se hubiese realizado la moderada reforma agraria propuesta por el presidente Lleras Restrepo el latifundio improductivo habra sufrido un fuerte golpe, se habra democratizado la propiedad del suelo en un pas entonces bsicamente agrario, se habra ampliado y dinamizado el mercado interno, se habra influido positivamente en el catico proceso de urbanizacin que el pas soporta y Manuel Marulanda sera un inofensivo anciano, relatando lejanas proezas a sus nietos en las tardes brumosas de su retiro andino.



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