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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-10-2007

La justicia espaola y las ltimas redadas en el Pas Vasco
Un Estado de derecho retorcido

John Brown
Rebelin

Traducido del francs por Beatriz Morales Bastos


El martes pasado las autoridades espaolas hicieron una redada en el sur del Pas Vasco entre los medios independentistas a raz de la cual 23 personas fueron detenidas y dos de ellas se encuentran ya en prisin. Se trata de dirigentes de Batasuna, organizacin poltica que representa aproximadamente a un 15% del electorado en el Pas Vasco. Las autoridades espaolas mantienen a esta formacin poltica en la ilegalidad en virtud de una ley de partidos polticos hecha a medida para prohibirla. Esta ley de partidos - que haba sido defendida en el Parlamento por el actual presidente del gobierno socialista, Zapatero - se ha aplicado exclusivamente a Batasuna y a las organizaciones polticas y agrupaciones electorales que los miembros de Batasuna han tratado de formar. En efecto, basta con que un miembro de Batasuna est presente en una lista para que sta sea prohibida. Se ha puesto a Batasuna fuera de la ley sobre la base de pertenecer a un conglomerado terrorista que, segn el juez Baltasar Garzn -s, el clebre juez que no logr la extradicin de Pinochet- dependera directamente de la organizacin separatista armada ETA. Esta dependencia nunca ha sido demostrada. A lo sumo, se ha podido demostrar una convergencia objetiva entre las acciones legales de Batasuna y la accin armada de ETA. En efecto, ambas organizaciones persiguen los mismos objetivos, la autodeterminacin y, a largo plazo, la independencia de todo el Pas Vasco (la Comunidad Autnoma Vasca y Navarra en el Estado espaol, los departamentos vascos en el francs). Adems, esta reivindicacin est lejos de ser minoritaria puesto que ms del 60 % de los vascos apoyan a partidos polticos favorables a la autodeterminacin, aunque no necesariamente a la independencia.

As pues, para criminalizar el independentismo vasco las autoridades espaolas han aplicado una doctrina jurdica basada en una amalgama entre unos objetivos polticos legtimos en democracia (la autodeterminacin, incluso la independencia de los vascos) y unos mtodos criminales empleados en la persecucin de estos mismos objetivos. Si ETA es un grupo armado independentista, es bastante natural que reclute en los medios independentistas y, por lo tanto, que sus militantes sean tambin miembros de grupos polticos, de asociaciones culturales, de grupos juveniles, etc, que pertenecen a este movimiento. De ah la nica base objetiva de la doctrina Garzn conforme a la cual, puesto que los militantes de ETA son miembros del partido Batasuna o de la asociacin juvenil EKIN o del sindicato LAB o lectores del diario Gara, todas estas organizaciones seran exactamente lo mismo. As, en la orden de prisin de los dos portavoces de Batasuna que fueron detenidos ayer, Garzn justifica su medida afirmando que forman parte de la organizacin terrorista ETA-EKIN-Batasuna, en tanto que miembros del partido Batasuna. La prctica de la amalgama es evidente.

Se acusa, ms en concreto, a ambos portavoces de haber participado en una manifestacin prohibida en favor de los ms de 600 presos polticos vascos que se pudren en las crceles espaolas, lejos del Pas Vasco y sometidos a un rgimen de excepcin en el que no se benefician de reducciones de pena por buena conducta y con frecuencia son sometidos a aislamiento. Esta manifestacin, prohibida este ao, se celebra cada ao el mismo da desde hace ms de treinta y no era en modo alguno una manifestacin violenta. Sus reivindicaciones ni siquiera eran particularmente radicales ya que los manifestantes exigan simplemente el respeto de las leyes penitenciarias espaolas en lo que concierne a los presos vascos, especialmente el acercamiento al Pas Vasco y que se les apliquen las reglas penitenciarias normales. Por lo tanto, estas dos personas se encuentran en prisin y otras muchas han sido detenidas por haber ejercido sus derechos de libre asociacin y su libertad de expresin.

Es intil buscar en la orden de Garzn la menor acusacin de violencia contra personas o propiedades. Y, sin embargo, de lo que se acusa a los dos representantes del partido independentista es efectivamente de terrorismo. La nica base que sustenta esta acusacin es una simple analoga: son terroristas puesto que persiguen los mismos objetivos que los terroristas. Si se lleva un poco ms lejos esta viciada inferencia , se podra acusar de terrorismo al demcrata-cristiano nacionalista Ibarretxe que preside la Comunidad Autnoma Vasca y que es tambin un firme partidario de la autodeterminacin y de la soberana del Pas Vasco.

Ya es poco compatible con unos principios democrticos elementales que se haya introducido el delito de terrorismo en los cdigos penales europeos. En efecto, todas las definiciones del terrorismo se basan en el reagrupamiento de una serie de actos ms o menos violentos en torno a una finalidad poltica comn. Ahora bien, los actos de violencia que representan el aspecto objetivo del terrorismo ya estn recogidos en el cdigo penal y el pseudoconcepto penal de terrorismo solo aade a ellos la intencionalidad poltica. Es evidente que la definicin de un crimen en estos trminos es extremadamente peligrosa para las libertades polticas. Toda la doctrina penal liberal y democrtica se basa en la prohibicin de la analoga, conforme a la cual cualquier sancin penal se debe adoptar en funcin de una definicin rigurosa del acto delicitivo. Esto es lo que se desprende del viejo principio nullum crimen sine lege: no existe delito sin una ley previa que lo defina en trminos estrictos. Los nicos regmenes europeos que excluyeron este principio de su derecho penal son aquellos cuyos dirigentes se llamaban Adolph Hitler y Benito Mussolini. Desde la toma del poder los ministros de justicia de ambos regmenes se apresuraron a reemplazar en el cdigo penal la prohibicin de la analoga por la aplicacin obligatoria del principio de analoga con el objetivo de establecer el orden represivo casi sin fisuras que justamente se asocia al fascismo y al nacional-socialismo. El juez dejaba as de ser un instrumento de la ley, para pasar a ser el ejecutor de la voluntad poltica del rgimen o, ms en concreto, del dictador. El reo pasaba as de la condicin de ciudadano cuya inocencia se presume a la de enemigo. Con la consecuencia ya observada por el jurista nacional-socialista Carl Schmitt de que cuando el enemigo se convierte en juez, el juez se convierte en enemigo. El derecho penal deviene as acto de guerra.

Desde luego, las acciones de ETA -sobre todo las dirigidas contra elementos de la poblacin civil o las que producen efectos colaterales sobre sta- son ticamente insoportables tanto desde una perspectiva civil como militar y polticamente intiles e incluso contraproducentes, lo que no impide que se inscriban en un contexto de negacin generalizada de derechos y de violencia institucional. Esto no las justifica en absoluto, pero permite comprender que muchos ciudadanos vascos se nieguen a condenar exclusivamente esta violencia. El nmero de vascos encarcelados en este momento es ya un dato poltico y social de primera importancia. Pero hay que tener en cuenta tambin a las miles de personas que pasaron anteriormente por las crceles espaolas o a las decenas de miles que fueron detenidas y con frecuencia maltratadas -muchas de ellas incluso torturadas- antes y despus de la muerte de Franco para comprender la fuerza de la reivindicacin de autodeterminacin y la intensidad de la resistencia y de la represin. Un Estado democrtico no puede hacer frente a un fenmeno social de estas dimensiones pretendiendo que slo existe un problema de terrorismo.

El ao pasado, cuando ETA proclam el alto el fuego permanente, estuvo al alcance de la mano una solucin poltica con los diferentes actores. El gobierno espaol no aprovech la ocasin para reproducir una solucin a la irlandesa. Es difcil saber si no quera o no poda hacerlo al estar atrapado en las redes de aparatos de Estado directamente heredados del franquismo. El gobierno Zapatero tena que cumplir tambin los compromisos adquiridos por el PSOE durante la transicin con el ejrcito y las fuerzas de derecha, especialmente en lo que concierne a la unidad de Espaa y al mantenimiento del rey designado por el general Franco. ETA, por su parte, harta de incumplimientos por parte del gobierno espaol, no tuvo la paciencia de esperar al desarrollo de una movilizacin ciudadana a favor del proceso de paz, que habra podido desenredar la situacin y emprendi una accin espectacular de sabotaje en el aeropuerto de Madrid que cost la vida a dos emigrantes ecuatorianos. El mismo da del atentado el gobierno puso fin a este proceso de paz, que para l no haba sido ms que un vago intercambio de palabras sin consecuencias. Unos meses despus, ETA puso fin a un alto el fuego que, hasta el atentado de Barajas siempre fue unilateral, pues el gobierno espaol mantuvo intacta mientras dur su poltica de acoso a la organizacin armada y al conjunto de sectores independentistas. A partir de entonces el gobierno socialista espaol, deseoso de arrancarle votos a la derecha - de la que se encuentra a escasa distancia en los sondeos -juega el rdago represivo en el que se inscribe esta ltima oleada de detenciones. A partir de este momento se puede temer que ETA retome la actividad armada, a lo que el gobierno Zapatero o su sucesor de derecha respondern sin duda con un nuevo ataque contra los derechos de los vascos y de los espaoles. Slo una fuerte exigencia por parte de las sociedades vasca y espaola de que se reanude el proceso de paz y se restablezca un marco general de libertades derogando el conjunto de leyes de excepcin y reconociendo los derechos democrticos del pueblo vasco puede impedir esta peligrosa deriva. Desgraciadamente, es difcil que esto se produzca cuando la izquierda espaola, en su aplastante mayora, se resiste a romper con los consensos genuinamente antidemocrticos que generaron, hace ya treinta aos, el rgimen actual.



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