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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-10-2007

Informe preliminar de la Misin Internacional de Observacin sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia
Una documentada denuncia de la magnitud de la represin y la impunidad

Rebelin



INTRODUCCIN

La Misin Internacional de Observacin sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, compuesta por 13 profesionales independientes (juristas, periodistas, antroplogos forenses y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Espaa, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ha desarrollado su trabajo entre los das 4 y 10 de octubre de 2007 a invitacin de la Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). El objetivo de la misin ha sido la verificacin de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y la presentacin de observaciones y recomendaciones al respecto, divididos en cuatro grupos de trabajo que han recibido testimonios de casos ocurridos en una gran parte del territorio colombiano[1].

La Misin ha consistido en la recepcin de testimonios de familiares y testigos referidos a 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, as como informacin sobre procesos judiciales llevados adelante por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. La Misin ha contado con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, ha mantenido entrevistas con representantes de las altas instituciones del Estado y el gobierno colombiano, autoridades regionales y diversas organizaciones sociales. La Misin es consciente del contexto de conflicto armado interno y de la existencia de denuncias de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por todos los actores armados.

HECHOS CONSIDERADOS

  1. Segn datos del Ministerio de Defensa Nacional, Centro de Informacin y Estadstica[2], han sido muertos en combate 8.104 presuntos guerrilleros entre agosto de 2002 y septiembre de 2006. El ltimo informe seala que fueron abatidos 2.072 integrantes de grupos armados ilegales entre julio de 2006 y junio de 2007.

  1. Entre julio 2002 y junio 2007, aparecen registrados en Colombia e imputadas a la Fuerza Pblica al menos 955 casos de Ejecuciones Extrajudiciales, adems de 235 casos de desaparicin forzada de personas, segn el informe de las organizaciones de la CCEEU. Por su parte, la Procuradura General de la Nacin se encuentra investigando disciplinariamente 670 casos, habindose emitido a fecha de hoy 11 fallos disciplinarios.
  2. Patrones de comisin de Ejecuciones Extrajudiciales segn los testimonios y reuniones con autoridades municipales recabados por la misin de observacin:

a) Los casos de ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate.

b) En un nmero elevado de casos la vctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecucin.

c) Las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indgenas, trabajadores o personas marginadas. Un porcentaje significativo son lderes comunitarios.

d) Se reportan por la fuerza pblica como insurgentes dados de baja en combate. Las vctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, segn los testimonios, haban desaparecido con su ropa habitual y desarmadas.

e) En muchas ocasiones las vctimas son previamente sealadas por informantes annimos, encapuchados o reinsertados susceptibles de facilitar informacin falsa debido a su situacin, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar.

f) Habitualmente el levantamiento del cadver se realiza por los mismos miembros del Fuerza Pblica que previamente lo han dado de baja en combate.

g) No se preservan la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes.

h) Se aprecia superficialidad en la prctica de necropsias.

i) Frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura. Varios testimonios evidencian la prctica de tortura.

j) Los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad.

k) En muchas ocasiones los cuerpos son traslados a municipios lejanos del lugar donde se produjo la captura, lo que obliga a los familiares a desplazarse tanto a las bases militares para buscar informacin como a los lugares donde finalmente son depositados los cadveres. Igualmente se produce un retardo injustificado en la certificacin de la defuncin.

l) Se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para el reconocimiento de los mismos.

m) Se inhuman como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas.

  1. Existencia de incentivos[3] econmicos, profesionales y premios por presentacin de positivos[4].
  2. La competencia judicial para la investigacin de los hechos se atribuye desde el primer momento a juzgados penales militares, lo que dificulta la imparcialidad en la investigacin.
  3. La Fiscala, en muchos casos, no formula conflictos positivos de competencia entre la jurisdiccin penal militar y la ordinaria; asimismo se constatan situaciones de pasividad y dilaciones indebidas en la tramitacin de los procedimientos.
  4. Se constatan dificultades procesales para el acceso de los familiares a los procedimientos de investigacin judicial.
  5. Coexisten diversos organismos judiciales y de control con competencias para la investigacin de los hechos y para la instruccin de expedientes disciplinarios a miembros de la Fuerza Pblica. Es notoria la insuficiente coordinacin entre las distintas instituciones que tienen a su cargo la competencia disciplinaria.
  6. Existe un ambiente general de intimidacin que dificulta el acceso de los familiares a la justicia tales como amenazas a familiares y testigos de los hechos. Se han observado casos de testigos asesinados o forzados a desplazarse, lo que coloca a las vctimas en una situacin de especial vulnerabilidad.
  7. Existe intimidacin y amenazas a defensores de DDHH y profesionales relacionados con la investigacin y enjuiciamiento de los hechos.
  8. En la mayora de los casos los funcionarios de la Fuerza Pblica imputados en los hechos no quedan suspendidos cautelarmente del servicio, manteniendo su actividad habitual.
  9. Existe un porcentaje nfimo de condenas a responsables de ejecuciones extrajudiciales, lo que supone una situacin de impunidad generalizada.
  10. Imposibilidad de comprobar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como de penas en los casos donde existe condena judicial.
  11. Se ha constado el desplazamiento forzado de familias extensas y vecinos a raz del temor provocado por las ejecuciones extrajudiciales.
  12. Se ha constatado que la mayora de las vctimas de ejecuciones extrajudiciales son hombres, por lo que las mujeres deben asumir el sustento de sus familias, quedando as en circunstancias de extrema vulnerabilidad.
  13. Se ha verificado una dbil presencia en las zonas observadas de las instituciones del Estado encargadas de velar por el respeto a los Derechos Humanos.

CONCLUSIONES

1. Existe un nmero elevado de casos que corresponden a lo que se denomina en Derecho Internacional como Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a unos patrones comunes de actuacin. Igualmente se mantienen en el tiempo y se producen en un gran nmero de departamentos de Colombia.

2. Considerando los testimonios escuchados y las versiones de las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones de estos hechos, un elevado nmero de los casos de ejecuciones extrajudiciales quedan en la absoluta impunidad.

3. La investigacin de la mayora de los casos de ejecuciones extrajudiciales se lleva a cabo por la jurisdiccin penal militar, lo que no asegura una investigacin imparcial.

4. En los casos asumidos por la jurisdiccin ordinaria, se constata una dbil e insuficiente actuacin de la Fiscala, as como serias carencias en la actividad de investigacin. La Fiscala no ha actuado de manera efectiva para reclamar la jurisdiccin penal ordinaria frente a la penal militar.

5. Se constata igualmente la dificultad de acceso de los familiares a la justicia, as como su elevada desproteccin tras ocurrir los hechos. Todo ello dificulta la interposicin de la denuncia y la participacin en la investigacin y seguimiento del proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL

  1. Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948.
  2. Convenciones de Ginebra de 1949 de DIH y Protocolo II de 1979. Artculo 3 comn.
  3. Pacto Internacional Derechos Civiles y Polticos 1966.
  4. Convencin Americana de Derechos Humanos
  5. Declaracin sobre principios fundamentales de justicia para las vctimas de delitos y del abuso de poder. AG Resolucin 40-34 1985.
  6. Principios relativos a una eficaz prevencin e investigacin de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Resolucin Consejo Econmico Social 1989-65.
  7. Manual sobre la prevencin de investigaciones eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Naciones Unidas, 1991.
  8. Art. 8 del estatuto de Roma de la CPI de 1998.

RECOMENDACIONES

AL GOBIERNO DE COLOMBIA

mbito tcnico-forense

  1. Que sea el Cuerpo Tcnico de Investigaciones (CTI) quien siempre se encargue de realizar el registro de la escena del crimen y el transporte del cadver.
  2. Que los peritos independientes tengan acceso a la evidencia fsica y a los informes en igualdad de condiciones a los peritos estatales (necropsia, balstica, prendas de vestir, etc.).
  3. Que se preserven todas las evidencias fsicas recogidas en el lugar de los hechos mediante un correcto manejo de la cadena de custodia.
  4. Que los cientficos forenses realicen la investigacin basndose en los protocolos internacionales, lo que permitira adems de la identificacin la averiguacin de posibles torturas, tratos inhumanos o degradantes o existencia de violencia sexual.
  5. Que los informes de necropsia y otros anlisis den cuenta de los mtodos utilizados por los cientficos que intervinieron en el examen del cuerpo, as como las razones de su utilizacin.
  6. Que se garantice una correcta identificacin de las vctimas por parte de sus familiares sin que stos sufran restricciones ni condicionamientos.
  7. Que todas las fases del procedimiento de identificacin e inhumacin (especialmente de N.N.) sean correctamente registradas por medio de fotografas, videos e informes escritos. A tal fin se incrementaran los esfuerzos para que los cuerpos de las vctimas sean debidamente identificados antes de ser inhumados (como N.N.) en fosas individuales, dejando constancia documental de toda la informacin sobre ellos.
  8. Que los cuerpos que hayan sido inhumados como N.N. no sean trasladados a fosas comunes al vencimiento del trmino de cuatro aos sin antes haberse descartado toda posibilidad de identificacin.
  9. Que se expida el certificado de defuncin inmediatamente que la persona haya sido identificada, autorizando la devolucin del cuerpo a sus familiares.
  10. Que en aquellos casos donde haya duda sobre la causa de la muerte o la identidad de la vctima se permita la exhumacin de los restos y el anlisis de los mismos.
  11. Que cada departamento cuente con su propio equipo de identificacin (antroplogos, odontlogos, etc.).
  12. Que los laboratorios de identificacin cuenten con los recursos materiales y personal tcnico necesarios.

mbito jurdico procesal

  1. Que se garantice una investigacin exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que existe sospecha de ejecuciones extralegales, a cargo de los rganos competentes.
  2. Como regla general y ante una posible ejecucin extrajudicial toda la investigacin y procedimiento deber corresponder a la jurisdiccin ordinaria y no a la militar, conforme a la legislacin y la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Que se permita a los familiares de las vctimas el acceso directo al procedimiento. Que por parte del Fiscal General de la Nacin se emita una directiva dirigida a los fiscales delegados con la instruccin de que permitan el acceso a la investigacin de los familiares y sus representantes legales.
  4. Que el Estado elabore directrices conforme a los principios de la ONU sobre prevencin e investigacin de las ejecuciones extrajudiciales y las difunda en todas las instancias competentes.
  5. Que se introduzcan trminos perentorios para que se asigne el caso a un fiscal y se abra la investigacin o se acuda al juez de garantas a solicitar las audiencias preliminares.
  6. Que se garantice el cumplimiento de los plazos especificados en la ley para que el Consejo Superior de la Judicatura resuelva los conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria.
  7. En los casos en que los fiscales, las vctimas o sus abogados no cuenten con garantas de seguridad, se debe atender su solicitud de reasignacin del caso a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscala General de la Nacin.
  8. Al menos en cada uno de los departamentos colombianos deber existir una unidad especializada de la Fiscala en DDHH y DIH.
  9. Que se elimine el efecto de cosa juzgada que implica la preclusin en los delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos, sustituyendo dicha figura por el archivo provisional del caso.
  10. En el marco de la investigacin disciplinaria, los presuntos implicados en casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias deben ser suspendidos cautelarmente del servicio por la Procuradura General de la Nacin.
  11. Incrementar los recursos humanos y materiales del Ministerio Pblico para la investigacin y seguimiento de crmenes de lesa humanidad.

mbito del Poder Ejecutivo

  1. Que el Ministerio de Defensa asegure que la directiva No. 10-2007 Reiteracin obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida sea difundida y aplicada por todos los niveles de mando de la Fuerza Pblica.
  2. Que se asegure la supresin de incentivos referidos a nmeros de bajas, toda vez que pueden estimular la comisin de ejecuciones extrajudiciales.
  3. Que las polticas de seguridad promovidas por el Estado colombiano acojan las directrices de seguridad humana establecidas por Naciones Unidas.
  4. Que quienes estn presuntamente implicados en ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias sean suspendidos del servicio activo, mientras dure la investigacin.
  5. Que en el discurso oficial no se equiparen las acciones emprendidas a favor de la justicia por los familiares y las organizaciones de derechos humanos colombianas con la estrategia insurgente.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

  1. La comunidad internacional debe resaltar la gravedad de la problemtica de las ejecuciones extrajudiciales e insistir ante el Gobierno colombiano para que ste implemente las recomendaciones realizadas por los organismos de proteccin de derechos humanos.
  2. Los gobiernos extranjeros deben condicionar la ayuda militar al Estado colombiano a la finalizacin de las ejecuciones extrajudiciales.

Bogot, 10 de octubre de 2007

Observadores internacionales:

Alexandra Huck (Alemania), Enrique Santiago Romero (Espaa), Franoise Escarpit (Francia), Ignacio Espinosa Casares (Espaa), Jos Martn y Prez de Nanclares (Espaa), Juana Mara Balmaseda Ripero (Espaa), Karen Ramey Burns (Estados Unidos), Lisa Haugaard (Estados Unidos), Mauricio Valiente Ots (Espaa), Michael Peter David Ellman (Gran Bretaa), Rainer Huhle (Alemania), Rebecca Cox (Gran Bretaa) y Stefan Ofteringer (Alemania).



[1] Departamentos de Antioquia, Arauca, Bolvar, Caldas, Casanare, Caquet, Cesar, Guajira, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Sucre y Tolima.

[2] Logros y Retos de la Poltica de defensa y seguridad democrtica de septiembre de 2006

[3] Decreto 1400 de 5 de mayo 2006 Min. Defensa. (BOINA), derogado por Decreto 1664 de 14 de mayo de 2007, y comunicado Bonificacin especial por operaciones de importancia nacional de 9 de mayo de 2006 de Ministerio de Defensa Nacional.

[4] Bajas de presuntos insurgentes



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