Frente al dolor del pueblo, el gobierno solo se limita a llamar la atención sobre la operación ilegal de la mina. “Se deben exigir graves sanciones civiles y penales a los responsables, así como a los que estaban haciendo mal uso de esa mina, porque su explotación había sido ya prohibida por parte de Ingeominas”, dijo el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi.

Según Uribe es ilegal ser pobre y tener hambre. Más cínico resultó el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, agente de las transnacionales del petróleo y privatizador de ECOPETROL, al afirmar que hace unos pocos días se había inspeccionado la zona y “se había solicitado la evacuación de los trabajadores, solicitud que no fue acogida”.

Pero no hablan nada de la grave situación social por la que padecen más 5000 habitantes de la zona, que sin otros recursos para sostenerse se ven obligados a la minería artesanal sin ningún concurso del Estado

Toda la razón tiene el alcalde de Suárez, Javier Ordóñez, encargado de hacer cumplir la orden, quien declarara que la difícil situación económica por la que atraviesan los humildes pobladores del municipio les obligaba a arriesgar sus propias vidas.

A las humildes mujeres se les encomienda el lavado del oro, que luego venden a comercializadores que les pagan el equivalente a unos 14 dólares por gramo del mineral, que posteriormente en las ciudades alcanza unos 23 dólares y en el exterior hasta cuatro veces más.

La búsqueda del sustento diario es el aliciente para una cantidad de colombianos que abren boquetes en la tierra en busca de esmeraldas, oro, carbón o cualquier mineral que les permita agenciarse de ingresos, y operan esas "minas" con ninguna o escasa supervisión de autoridades y mínimas medidas de seguridad.

En febrero murieron 30 hombres al inflamarse una acumulación de gas metano cuando trabajaban en una explotación artesanal de carbón en Sardinata, Santander y el año pasado también ocurrió una sucesión de tragedias como la de seis mineros que perecieron al explotar otra pequeña mina a unos 70 kilómetros al norte de Bogotá y en enero pasado tres más se envenenaron por inhalar gases venenosos, también en cercanías de la capital.

Al menos el cuarenta por ciento de la pequeña minería del país es artesanal e ilegal y su explotación es insegura. En esas condiciones se encuentran al menos 2400 minas. Mientras el gobierno no defiende a las decenas de miles de familias que realizan la minería artesanal, entrega los mejores yacimientos de oro a multinacionales como Kedada, que ya ocupa miles de hectáreas en Caldas, Risaralda, nordeste antioqueño y sur de Bolívar.

Otras empresas se han tomado los yacimientos del Choco, Santander y Nariño.

En manos de las transnacionales todo vale hasta la misma guerra de hambre contra los países débiles. Con el cuento de la inserción internacional de la economía colombiana en el mercado mundial se entregan los más ricos yacimientos auríferos a compañías que se lucran de una legislación minera que permite que solo entreguen como regalías a la nación el 10%.

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, a la vez que se solidariza con las familias de todos los mineros de Suárez, condena una vez más el tratamiento de parias que el Estado le brinda a miles de colombianos que en la minería artesanal han refugiado sus esperanzas de sobrevivir.

Junta Directiva Nacional
USO
Bogota octubre 17 de 2007