Los sindicatos mineros responsabilizan al gobierno de la tragedia que costó 24 muertos
Una nueva
tragedia enluta a los hogares más pobres de Colombia. 24 mineros, de
ellos 15 mujeres, perdieron la vida el 14 de octubre en un alud
mientras trataban de sacarle unos cuantos gramos de oro a la mina de
Suárez, en el Cauca.
Frente al dolor del pueblo, el
gobierno solo se limita a llamar la atención sobre la operación ilegal
de la mina. “Se deben exigir graves sanciones civiles y penales a los
responsables, así como a los que estaban haciendo mal uso de esa mina,
porque su explotación había sido ya prohibida por parte de Ingeominas”,
dijo el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi.
Según
Uribe es ilegal ser pobre y tener hambre. Más cínico resultó el
ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, agente de las
transnacionales del petróleo y privatizador de ECOPETROL, al afirmar
que hace unos pocos días se había inspeccionado la zona y “se había
solicitado la evacuación de los trabajadores, solicitud que no fue
acogida”.
Pero no hablan nada de la grave situación
social por la que padecen más 5000 habitantes de la zona, que sin otros
recursos para sostenerse se ven obligados a la minería artesanal sin
ningún concurso del Estado
Toda la razón tiene el alcalde
de Suárez, Javier Ordóñez, encargado de hacer cumplir la orden, quien
declarara que la difícil situación económica por la que atraviesan los
humildes pobladores del municipio les obligaba a arriesgar sus propias
vidas.
A las humildes mujeres se les encomienda el
lavado del oro, que luego venden a comercializadores que les pagan el
equivalente a unos 14 dólares por gramo del mineral, que posteriormente
en las ciudades alcanza unos 23 dólares y en el exterior hasta cuatro
veces más.
La búsqueda del sustento diario es el aliciente
para una cantidad de colombianos que abren boquetes en la tierra en
busca de esmeraldas, oro, carbón o cualquier mineral que les permita
agenciarse de ingresos, y operan esas "minas" con ninguna o escasa
supervisión de autoridades y mínimas medidas de seguridad.
En
febrero murieron 30 hombres al inflamarse una acumulación de gas metano
cuando trabajaban en una explotación artesanal de carbón en Sardinata,
Santander y el año pasado también ocurrió una sucesión de tragedias
como la de seis mineros que perecieron al explotar otra pequeña mina a
unos 70 kilómetros al norte de Bogotá y en enero pasado tres más se
envenenaron por inhalar gases venenosos, también en cercanías de la
capital.
Al menos el cuarenta por ciento de la pequeña
minería del país es artesanal e ilegal y su explotación es insegura. En
esas condiciones se encuentran al menos 2400 minas. Mientras el
gobierno no defiende a las decenas de miles de familias que realizan la
minería artesanal, entrega los mejores yacimientos de oro a
multinacionales como Kedada, que ya ocupa miles de hectáreas en Caldas,
Risaralda, nordeste antioqueño y sur de Bolívar.
Otras empresas se han tomado los yacimientos del Choco, Santander y Nariño.
En
manos de las transnacionales todo vale hasta la misma guerra de hambre
contra los países débiles. Con el cuento de la inserción internacional
de la economía colombiana en el mercado mundial se entregan los más
ricos yacimientos auríferos a compañías que se lucran de una
legislación minera que permite que solo entreguen como regalías a la
nación el 10%.
La Unión Sindical Obrera de la Industria
del Petróleo USO, a la vez que se solidariza con las familias de todos
los mineros de Suárez, condena una vez más el tratamiento de parias que
el Estado le brinda a miles de colombianos que en la minería artesanal
han refugiado sus esperanzas de sobrevivir.
Junta Directiva Nacional
USO
Bogota octubre 17 de 2007