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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-12-2007

Veredicto del Tribunal Internacional de Opinin sobre el desplazamiento forzado en Colombia
Condenamos por accin u omisin al estado y gobierno colombiano, a las compaas multinacionales y a los gobiernos de Estados Unidos, Canad, Inglaterra, Suiza, Espaa, Israel, Sudfrica y la Unin Europea

Rebelin


Saln Elptico del Congreso de la Repblica de Colombia

Bogot 21, 22 y 23 de Noviembre de 2007

El clamor de los millones de desplazadas y desplazados forzados de Colombia lleg a la Comunidad internacional. Como respuesta solidaria, este Tribunal de Opinin se instal en Bogot, del 21 al 23 de noviembre 2007, para escuchar las victimas de este crimen contra la Humanidad, victimas despreciadas y perseguidas, y con el objetivo de contribuir a la plena restauracin de la Justicia y del Derecho.

El Tribunal Internacional compuesto por 8 miembros recogi los datos existentes sobre el desplazamiento y sus causas, tanto de parte de las instancias oficiales del Gobierno de Colombia y de las Naciones Unidas (ACNUR), como de organismos no gubernamentales. Cinco audiencias regionales tomaron lugar en Valle del Cauca, Choc, Zona centro, Arauca y Costa atlntica, donde varios centenares de testimonios fueron recogidos. Finalmente un jurado internacional sesion en el Congreso de la Repblica, para recoger ms de 30 testimonios y tomar conocimiento de tres estudios socio-jurdicos que fueron aadidos a la documentacin ya recogida. Las Autoridades colombianas previamente convocadas para presentar sus puntos de vista no se presentaron. Adems, los dirigentes de la Coordinacin Nacional de Desplazados y los miembros del Tribunal recibieron constantes amenazas por el grupo paramilitar autodenominado las guilas Negras, por realizar este tribunal.

El desplazamiento de poblaciones en Colombia

El carcter masivo del desplazamiento forzado en Colombia revela el carcter estructural de la crisis humanitaria que afecta dentro del pas a ms de 4 millones de personas hasta el 2007, una cifra mucho ms alta que las estadsticas oficiales, porque estas ltimas conciernen solamente los desplazados registrados, adems de los millares de refugiados en el exterior. La actual oleada de desplazamientos forzados data de principios de la dcada de los aos ochenta. Sin embargo, ella tiene races ms antiguas. As, ya en la mitad de los aos 40, la represin por paramilitares hacia el Movimiento Gaitanista provoc una migracin interna, fruto de una violencia poltica que Jorge Elicer Gaitn calific de prctica de Estado contra el pueblo. Un genocidio similar se produjo en los aos sesenta con el frente unido liderado por Camilo Torres.

Desde medianos de los aos ochenta, los narcotraficantes colombianos decidieron traer sus divisas (dlares) al pas y de lavarlas mediante la compra de grandes extensiones de las mejores tierras. En general, bienes baldos de cuyas mejoras o posesiones se apropiaron de manera ilegtima e ilcita mediante diferentes modalidades de despojo, siempre acudiendo a la intimidacin o a la eliminacin. Los carteles del narcotrfico junto a sectores de la oligarqua del pas, de la clase poltica y las fuerzas militares, crearon una nueva versin del paramilitarismo, estas ltimas le ofrecieron apoyo y entrenamiento afirmando que era necesario luchar contra la insurgencia.

De esa manera se fragu una alianza mediante la cual, el paramilitarismo eliminaba los miembros de los partidos izquierdistas de oposicin (Unin Patritica) y los movimientos cvicos que clamaban por mejores condiciones de vida, a cambio de que el establecimiento les permitiera continuar con su actividad ilcita, la cual a su vez financiaba el poder poltico. La apropiacin ilcita de estas tierras promovi no solamente una fuerte concentracin inequitativa de las tierras en el pas, sino una transformacin en su uso. Grandes extensiones aptas para agricultura y bosques, fueron dedicadas a la ganadera.

Esta oleada de desplazamiento tuvo un nuevo incremento durante la primera mitad de la dcada de los aos noventa cuando entraron en auge las polticas neoliberales que facilitaban el paso de la inversin transnacional. Grandes empresas multinacionales, requirieron un camino libre para avanzar en la apropiacin de uno de los principales factores productivos del pas, la tierra, sobre la cual se localizaran grandes megaproyectos de inversin (agrcola, industrial, minero, portuario, turstico, vial, entre otros). Con el pretexto de contrarrestar el avance insurgente de las guerrillas, pero con el fin de controlar el poder poltico y econmico en determinadas regiones del pas, viene el Plan Colombia desde el ao 1997, estrategia militar financiada por el Estado norteamericano. Con ello, se motiva un nuevo incremento en el desplazamiento forzado a las cifras anuales ms altas registradas. Bombardeos indiscriminados, capturas masivas, criminalizacin de diferentes manifestaciones sociales, fuerte presencia militar en regiones, entre otros, explican este incremento.

A principios de la presente dcada, las cifras oficiales de desplazamientos forzados disminuyen aunque siguen siendo aterradoras. Las mismas razones anteriores explican los desplazamientos slo que ahora ya hay zonas despobladas disponibles e inmensas extensiones de tierras desposedas. Se presentan tambin desplazamientos interurbanos e intraurbanos, as como nuevas causas (fumigaciones indiscriminadas aun de regiones donde no hay coca, detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, criminalizacin de organizaciones y de lideres sociales) que no son reconocidos por el gobierno, y toma auge una nueva modalidad de guerra como el confinamiento de poblacin. Actualmente, a pesar de lo que se afirma en los medios de comunicacin, las cifras de desplazamientos siguen siendo por ao muy altas, afectando diferentes regiones de acuerdo a la movilidad que adopta el conflicto armado en Colombia.

El gobierno colombiano ha promovido una legislacin que pretende legalizar los despojos de tierras de poblacin desplazada, y dejar en la impunidad los crimines de lesa humanidad cometidos en medio del conflicto armado (Estatuto de desarrollo Rural, Ley de Justicia y Paz, Ley de tierras, Ley de Minas, Ley de petrleo, etc.)

Las bases jurdicas del veredicto

El problema de los desplazados preocupa a las Naciones unidas desde ms de un cuarto de siglo. Por eso varias instancias han sido creadas e instrumentos jurdicos desarrollados. La legislacin internacional y nacional consideran al desplazamiento forzado como un delito de Lesa Humanidad. Colombia ha ratificado la mayora de los convenios sobre los Derechos humanos y sobre el Derecho Internacional humanitario, obligndose el Estado y los llamados actores armados a respetar esto principios.

La Constitucin Poltica de 1991 consagr como un derecho vital la proteccin a la vida, la movilidad y la prohibicin expresa de desaparicin forzada, derechos que precisamente violan el Estado y sus agentes en el marco de su poltica de aplicacin del desplazamiento forzado. Se trata de una estrategia fundamental para la imposicin de un modelo econmico. Recientemente la legislacin penal ha consagrado como delitos estas conductas y les ha dado el carcter de lesa humanidad, sin embargo la estructura de impunidad que impera en la justicia colombiana hace inaplicables no solo la normatividad interna sino tambin la internacional, victimizando doblemente a las personas objeto de esta violacin, especialmente a nias, nios, mujeres y ancianos.

Un esfuerzo a destacar son los fallos de la Corte Constitucional que han obligado al Estado a respetar los derechos de los desplazados y a aplicar las llamadas polticas sobre desplazamiento forzado, cumplidos de manera parcial y de mala fe. Hay que destacar que el Estado Colombiano viola los principios rectores de las Naciones unidas sobre el desplazamiento en el interior del pas, especialmente los principio 1, 2, 3, 4, 6-C. 9, 10-1-2, 11, 13-1-2, 14, 16, 18-1-2, 21-1-2, 23, 25-1-3, 26, 27-1, 28-1 y 29, no solo de manera directa, sino tambin resguardo con impunidad la conducta de los funcionarios pblicos responsables de este delito, como en el caso de la exterminacin del movimiento poltico Unin Patritica, cuyos sobrevivientes se vieron obligados a demandar ante la Corte Interamericana de Derechos humanos

El Tribunal llama al Estado colombiano, a las multinacionales y a los gobiernos de pases desarrollados y a sus agentes a cesar en estas prcticas, que violan gravemente los derechos humanos de la poblacin y a respetar los principios de igual que las normas del Derecho Internacional Humanitario, de los Derechos humanos y Derecho de los refugiados. Este Tribunal pide tambin al gobierno de Colombia de generar un proceso de verdad que revele los autores intelectuales y materiales para que la justicia los juzgue y los castigue buscando la reparacin a las victimas.

Los Testimonios y sus contenidos

El tribunal recibi testimonios directos que se aaden a los numerosos otros recibidos en las audiencias regionales y a la amplia documentacin reunida, que son una muestra significativa de lo que sucede en todo el territorio colombiano. Los testimonios vinieron de norte de Santander, Vichada, Cizaare, Arauca, Meta, Antioquia, Choco, sur de Bolvar, Nario, Cauca, Sucre, Bogot, Cartagena, Boyac, Valle, Eje cafetero, Guayare, Putumayo. Dentro de los casos 28 han tenido un origen econmico y 10 socio poltico. Los responsables fueron el ejercito 21, la polica 3, el ejercito y paramilitares juntos 8, y paramilitares 6.

Se verifico que en los 28 casos donde hubo motivacin econmica, se realizaron bsicamente en zonas donde se desarrollan proyectos de Minera y Energa como Choco donde hay yacimientos de oro, cobre, molibdeno, uranitita, carbn, petrleo, gas, reas de produccin de energa elctrica, bosques y nacimientos de agua. Tambin existen proyectos ligados a la madera, la palma africana y de ecoturismo. Similares motivos existen en Arauca donde las empresas Repsol, Occidental Petroleum Company, son acusadas de violar gravemente los derechos humanos de trabajadores, de indgenas y de la poblacin en general. En Antioquia y Nario se desarrollan exploraciones y explotaciones de petrleo, gas y oro, por parte de compaas canadienses y estadounidense, utilizando similares mtodos. En el Sur de Bolvar la Anglogold Ashanty pretende expulsar a pequeos mineros y apropiarse de los inmensos yacimientos de oro que existen en la regin, con el abierto apoyo a los paramilitares de militares y del gobierno colombiano. Este ltimo entrego listados de los manifestantes del xodo de 1998 que luego fueron retenidos, desaparecidos o asesinados. Se destaco tambin la situacin de Norte de Santander donde la accin militar y paramilitar a favor de empresas como Harken Energy, Anglocoal e inversionistas ligados a la familia Uribe Vlez explotan el carbn, el gas y el petrleo de la zona.

En el Cauca, donde tambin hay yacimientos de minerales, petrleo y gas, la operacin militar y paramilitar se ha dirigido a expropiar de sus tierras a indgenas y afrodescendientes, para entregrsela a las compaas palmeras y madereras en connivencia con los terratenientes de la zona. Hay que destacar que el desplazamiento forzado ha tenido mayor incidencia en zonas pobladas por afrodescendientes como el Choc, Nario, Cauca, Valle del Cauca, norte de Bolvar y Uraba Antioqueo. Otros departamentos como Putumayo, Vichada, Casanare, Sucre, Meta, Valle del Cauca, han sufrido desplazamientos forzados como medida que garantiza la presencia de empresas petroleras, gasferas, mineras, madereras, de palma africana, etc. Finalmente se destaca que donde ocurrieron desplazamientos como forma de control social, eso ocurri en departamentos donde las organizaciones sociales eran muy fuertes, como por ejemplo en Arauca. En este Tribunal no se presentaron casos de desplazamiento forzado causado por la guerrilla.

Los actores y las razones

Muchos testigos vincularon al Estado con el desplazamiento forzado, por accin y por omisin. Grupos paramilitares que con complicidad de las fuerzas militares y de polica ejercieron el terror hacia la poblacin campesina en muchas regiones del pas. Grupos paramilitares como las AGUILAS NEGRAS, NUEVA GENERACIN, BLOQUE CACIQUE NUTIBARA, BLOQUE0 CALIMA, siguen asesinando y desplazando. El ejrcito nacional a travs de sus respectivas brigadas acta de manera conjunta o simplemente no interviene aunque sepa de la presencia de estos grupos en las regiones donde operan y desplazan la poblacin.

Una parte de la clase poltica y de los terrateniente de muchas regiones del pas, han sido sealados como miembros o aliados de grupos paramilitares, que utilizan el terror para saquear y apropiarse de las tierras de los pequeos campesinos y mantener el control poltico en las administraciones municipales, el congreso, el senado y el gobierno nacional, como estrategia de control social, sin tolerar de ningn modo una oposicin poltica, ni el ejercicio democrtico de los derechos civiles.

El poder judiciario de Colombia acta muchas veces de manera parcial y venal hacia la poblacin desplazada, al no reconocer su derecho a la propiedad y registra sus tierras a paramilitares, terratenientes y polticos que les desplazaron.

Las multinacionales como son Harken Energy, GreyStar resources, Cemex, Holcim, BHP Billiton, Angloamerican, Xtrata, Drummond, Chiquita brands, Oxy, Repsol, B.P., Union Fenosa, Codensa, Urapalma, Glencore, Anglogold Ashanty, Petrocanada, Consorcio Colombiano del Cerrejon, Kedada, son cmplices del desplazamiento al financiar y prestar sus instalaciones a los grupos paramilitares que amenazaron y masacraron a miles de sindicalistas, y a las comunidades afrodescendientes, indgenas y campesinas.

Se ha demostrado tambin la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en el desplazamiento forzado en Colombia por el apoyo militar a travs del plan Colombia y del plan patriota, la ayuda militar, el envi de mercenarios, y fumigaciones extensivas e indiscriminadas.

Estas acciones se han realizado a travs de masacres, asesinatos selectivos, amenazas, quema de casas, falsos operativos, detenciones masivas, violencia contra las mujeres, reclutamiento forzado, desapariciones, terrorismo de estado y terrorismo psicolgico hacia las victimas.

Los desplazamientos urbanos son tambin el resultado de la accin de los bancos que con tasas de inters inaguantables provoca la disolubilidad de las familias y recurre a la fuerza policial para expulsarlos de sus casas.

Las causas estructurales del desplazamiento

Los primeros desplazamientos forzados fueron aquellos impuestos por los conquistadores espaoles que despojaron a los indgenas de las tierras planas, donde luego colocaron a los ganados, hacindoles mover hacia las laderas donde muchos de ellos o sus descendientes todava cultivan intensamente la tierra. Los nuevos dueos procedieron despus a reunir a la fuerza pueblos pequeos en ms grandes con el fin de vaciar la tierra y crear haciendas. El resultado fue un genocidio, con millones de muertos indgenas y esclavos importados del frica tanto en las plantaciones como en las minas. En esta primera fase del capitalismo, la regin fue implicada en el famoso comercio triangular (Europa, frica, Amrica) y contribuyo a la acumulacin del capital monetario en Europa. Se creo al interior una riqueza bsica codiciada por las clases pudientes, sin reatos de consciencia, ni religiosa, ni cvica, sino principalmente con afn de lucro y poder econmico, una constante histrica en Colombia.

En el periodo actual, la entrada del capital exterior y la dominacin de las empresas transnacionales corresponden a la apertura de los mercados mundiales fruto del modelo neoliberal de desarrollo. La sobreexplotacin de las materias primas (petrleo, oro, y otros metales), la extensin de los monocultivos para la exportacin de productos agropecuarios y ltimamente para la produccin de agro combustibles, son al origen de las expulsiones de sus tierras de los campesinos y de las comunidades indgenas y afro descendientes. Obedecen a las exigencias de la globalizacin del capital y acentan el carcter dependiente de las clases dominantes colombianas frente hacia el capital principalmente norteamericano y europeo. A la catstrofe social se aade un desastre ecolgico.

La continuidad de este modelo econmico lleva el Gobierno actual a implementar la ltima fase de expropiacin territorial y de reordenamiento poblacional que esta a la base de la verdadera contrarreforma agraria que hoy se cumple en el mundo entero. Los retornos no modifican el proceso y se implementan en aquellas zonas en donde el control paramilitar ya est consolidado, bajo el orden establecido por las empresas transnacionales y con la ayuda de una parte de la cooperacin internacional. En el mejor de los casos, la respuesta estatal es de corte asistencial. En cuanto a los desplazamientos urbanos, los actores principales son los bancos, obedeciendo a la lgica del capital financiero.

Adems, el lugar geoestratgico de Colombia en un continente donde se abren nuevos espacios alternativos econmicos y polticos y nuevos proyectos de integracin, explica la brutal intervencin del imperialismo deseando conservar su hegemona y como la implementacin del Plan Colombia y el Plan Patriota, acenta la violencia y los desplazamientos. Se entiende as que las soluciones al problema exigen no solamente cambios internos combatiendo proyectos de muerte, sino una otra orientacin de la economa mundial.

Para dar una solucin a este drama humano del desplazamiento, se necesitan (1) una poltica de retorno basada sobe principios de justicia, es decir la devolucin de las tierras a los campesinos y a las comunidades, aplicando la Constitucin colombiana, (2) una compensacin financiera por los daos materiales ocurridos, (3) un reconocimiento de los crmenes cometidos bajo la mirada de la justicia, la verdad, la reparacin integral y la garanta de no repeticin, poniendo fin a la impunidad y (4) la constitucin de una Comisin de reconciliacin.

Acusacin:

Odos los testimonios, verificadas las pruebas aportadas por las vctimas, sopesadas y contrastadas con los expertos, condenamos por accin directa y por conductas omisivas, respecto del desplazamiento forzado de casi cuatro millones de colombianos y colombianas a:

1. El Estado y el gobierno colombiano y sus agentes a saber: funcionarios pblicos administrativos, miembros de las fuerzas armadas y de polica, jueces y funcionarios judiciales parciales, miembros de lo servicios de inteligencia del Estado, militares y paramilitares, funcionarios de la procuradura, defensora y personeros, por conductas omisivas o cmplices del Delito de Desplazamiento forzado.

2. A las compaas multinacionales arriba mencionadas que, como operadores de la imposicin de un modelo econmico que garantiza el saqueo de recursos naturales de propiedad de la nacin, utilizan a militares y paramilitares, mercenarios, miembros de la polica y de los servicios de inteligencia del Estado, como agentes del desplazamiento forzado. Garantizan con este Delito de Lesa Humanidad el copamiento de las zonas donde se generan megaproyectos para el exclusivo beneficio de estas compaas. Denunciamos tambin en tanto que cmplices de los varios tipos de desplazamiento a miembros del establecimiento colombiano como ganaderos, terratenientes, industriales, narcotraficantes, las instituciones financieras y los bancos.

3. A los gobiernos de pases como Estado Unidos, Canad, Inglaterra, Suiza, Espaa, Israel, Sudfrica y la Unin Europea por proporcionar ayuda militar a los gobiernos de Colombia, por permitir que compaas multinacionales de estos pases financien directamente las operaciones militares y paramilitares, que desplazan a millones de colombianos y colombianas para garantizar la operacin de estas en el territorio nacional.

Finalmente el Tribunal responsabiliza a las autoridades colombianas por la seguridad de todos los que han participado como organizadores o testigos en esta sesin sobre los desplazados.

Bogot 23 de Noviembre de 2007.


Francois Houtart (Blgica), presidente

Orlando Fals Borda (Colombia), vicepresidente

Patricia Dahl (Estados Unidos)

Don Tomas Balduino (Brasil)

Louis Nicodeme (Blgica)

Joao Lucio Da Costa (Brasil)

Dieter Misgeld (Canad)

Francisco Ramrez (Colombia), fiscal

Informes: Justicia y Vida

Tel: 2447754

Correo: [email protected]



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