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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-12-2007

Verdad, justicia y memoria histrica en Chile

Felipe Portales
Rebelin


 

 

 

La conciencia moral contempornea ha reconocido en el respeto de los derechos humanos el principio valrico fundamental de la sociedad. De este modo, ha priorizado el cuestionamiento de todas las instituciones y prcticas que atentan contra la dignidad y los derechos del ser humano. Es dentro de este cuestionamiento, que se entiende la bsqueda de verdad y justicia respecto de las ms graves violaciones de estos derechos; y el desarrollo de la memoria histrica en torno a esta temtica.

 

Lucha por la verdad, justicia y preservacin de la memoria que era excepcional hasta hace no mucho tiempo. En el caso de nuestro pas basta constatar, en el propio siglo XX, la pauta de masacres policiales o militares recurrentes contra sectores populares; seguidas de su plena justificacin por los grupos ms poderosos, de una total impunidad y de una amnesia posterior generalizada.

 

As, hace dos aos, varias personas y ONG realizamos un acto de conmemoracin del centenario de la masacre de Santiago de Octubre de 1905; la peor masacre ocurrida en los anales republicanos de la capital antes de 1973. Nos encontramos con que prcticamente nadie tena algn conocimiento de ella; ni por su formacin escolar, lecturas o tradicin familiar oral.

 

Incluso, la matanza de Santa Mara de Iquique fue casi completamente omitida de nuestra memoria histrica hasta que, a comienzos de los 70, el grupo musical Quilapayn la revivi con su famosa cantata. Se hizo as realidad por dcadas lo expresado por Enrique Zaartu Prieto en una sesin de la Cmara de Diputados de Julio de 1908: Respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que deliberamos en esta Cmara, casa de vidrios a travs de los cuales nos contempla el pas entero, debemos trabajar porque ms bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se fomente la divisin de clases. (Eduardo Devs.- Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa Mara de Iquique, 1907; Edic. Lom, 1997; p. 11).

 

Prcticamente, el mismo argumento que hemos escuchado reiteradamente en estos aos. Afortunadamente, su propia reiteracin nos revela que esta vez no ha tenido xito. La dimensin genocida de la barbarie pinochetista y el desarrollo de la conciencia tica, con posterioridad a las dos guerras mundiales y a los totalitarismos europeos; son condiciones que han dificultado enormemente la imposicin de la amnesia. Y, concretamente, la ha hecho imposible pese a sus debilidades- el Informe Rettig y, sobre todo, la inclaudicable lucha de las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras. Por cierto, la eficacia de ellas fue posible -entre otras cosas- en virtud de la infatigable labor desarrollada por sus abogados y a la exhaustiva documentacin recogida en sus archivos.

 

Lo increble es que connotados lderes concertacionistas se han sumado a la promocin de la amnesia. Recordemos las expresiones del entonces presidente del Senado, Gabriel Valds, en Agosto de 1990, respecto de la bsqueda de los restos de personas detenidas-desaparecidas, luego del descubrimiento de fosas comunes en Pisaga y cuando todava estaba elaborndose el Informe Rettig!: Pondra un plazo corto. Uno o dos meses ms, mximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar informacin. No podemos seguir indefinidamente en la bsqueda de muertos. Este pas no puede seguir en esas condiciones psicolgicas, porque nos va a hacer dao a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un pas para los jvenes: limpio, transparente, decente y sin traumas. Sin odiosidades (Paula; Agosto, 1990).

 

O recordemos las expresiones del entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, en 1995, cuando se debata el proyecto de ley Frei, de que no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente (Las Ultimas Noticias; 3-11-1995). O los dichos del entonces embajador de Chile en Espaa, el socialista Alvaro Briones, en 1997 cuando ya estaba presentado el juicio contra Pinochet en dicho pas- de que en un proceso de transicin no puede haber culpables ni castigos. No puede haber vindicta pblica, que es lo mismo que decir que debe buscarse conscientemente una suerte de amnesia pblica (La Epoca; 3-8-1997).

 

Consistentemente, el liderazgo de la Concertacin no solo ha buscado la amnesia, sino tambin la impunidad. De este modo, sus sucesivos gobiernos o algunos de sus parlamentarios afines han promovido infructuosamente- numerosas iniciativas destinadas a avalar legislativamente el decreto-ley de amnista o a disminuir drsticamente las penas de los violadores de derechos humanos. Han sido los casos del acuerdo-marco de 1990; del proyecto de ley Aylwin de 1993; del proyecto de ley Frei de 1995; del acuerdo Figueroa-Otero del mismo ao; del proyecto de ley de la Comisin de Derechos Humanos del Senado de fines de 1998; del proyecto de Lagos de inmunidad de 2003; del proyecto de ley presentado en 2005 por senadores concertacionistas y de la Alianza; y del mismo proyecto reflotado por el actual gobierno en 2007.

 

En lo que s han tenido mayor xito es desgraciadamente- en el mbito de la tortura. Primero, al dejar fuera del Informe Rettig aquellos casos; pese a que el propio Informe concluy que aquella constituy la forma ms extendida de represin de la dictadura. Segundo, al constatar el entonces diputado socialista Jos Antonio Viera Gallo, en 1995, que se poda considerar resuelto dicho tema al sealar que no hay juicios por torturas ni detenciones ilegales. Eso ya se lo trag, lo asumi la gente y desisti de iniciar acciones (La Segunda; 1-6-1995).

 

Esto vari luego del proceso a Pinochet, surgiendo varias querellas por torturas. Frente a ellas, en 2001, el ya para entonces senador Viera Gallo manifest su contrariedad: Creo que abrir hoy da en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente y que si se multiplicaran los procesos por tortura se producira un atochamiento judicial (El Mercurio; 14-2-2001). Se sum, de este modo, a las expresiones del propio ministro del Interior de la poca, Jos Miguel Insulza, duramente crticas de dichas querellas: Queremos ir a buscar 15 mil autores, 20 mil autores?, todo el que golpe a alguien en septiembre de 1973 tiene que ser llevado a los tribunales de justicia? (La Tercera; 15-2-2001).

 

Asimismo, los gobiernos de Frei y de Lagos se negaron, hasta mediados de 2003, a enfrentar el tema de la verdad y la reparacin de las vctimas de la tortura, pese a las insistentes demandas en ese sentido de diversas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos coordinadas por la Comisin Etica contra la Tortura.

 

Esta actitud condujo a tal grado de desmoralizacin de la sociedad chilena que se lleg, a comienzos de 2003, al extremo de justificar pblicamente la tortura por parte de vctimas de ella. Fue el caso del connotado intelectual socialista, Antonio Corts Terzi, quien seal que no hago un juicio tico descalificador, porque creo que la tortura est dentro de la historia de la poltica. Todas las ideologas la justifican. Est en la humana condicin. No hay nada tan humano como la tortura. Es creacin del hombre: los animales no torturan. Y yo tuve la mala suerte de que a m me toc" (La Segunda; 3-1-2003). Declaraciones que no causaron ningn escndalo

 

A raz de emplazamientos de la propia UDI respecto del abandono que sufran muchas vctimas de violaciones de derechos humanos, el gobierno de Lagos se decidi al fin a crear una comisin anloga a la Rettig la Comisin Valech- para registrar oficialmente a las personas torturadas por la dictadura. Sin embargo, dicho gobierno dise su labor de manera tal que una gran cantidad de vctimas qued sin poder inscribirse; acogi en muy escasa medida las recomendaciones de reparacin material y moral de dicha Comisin; y lo que fue todava peor- logr del Congreso la aprobacin de una ley que consagra una virtual impunidad moral, administrativa y judicial de los torturadores, al favorecerlos con un velo de secreto por 50 aos y al prohibirle al Poder Judicial tener acceso a las denuncias concretas efectuadas ante la Comisin Valech.

 

De todas formas podemos constatar un gran avance en el compromiso de la sociedad chilena con la bsqueda de la verdad, la justicia y la preservacin de la memoria. De las reiteradas masacres del siglo XX, anteriores al 73, hubo total impunidad y falta de registros pblicos o de organizaciones sociales; y un casi total olvido histrico. En cambio, de la barbarie de la dictadura y pese a los grandes obstculos oficiales que hemos constatado- podemos estar seguros que han quedado abundantes registros y que existe una conciencia tica lo suficientemente fuerte, como para continuar sin claudicaciones la lucha por la verdad, la justicia y la preservacin de la memoria histrica en nuestro pas.

 

 

*Intervencin en Seminario de la Corporacin Casa de la Memoria de Organismos de Derechos Humanos; 14 de Diciembre, 2007.

 



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