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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-12-2007

Camino hacia un estado policiaco?
Nueva ley criminalizara la disidencia y la protesta

Rafael Rodrguez Cruz
Claridad


La prensa mundial, estadounidense y nacional, han cubierto ampliamente las recientes protestas y acciones violentas de estudiantes universitarios en Venezuela contra el gobierno bolivariano, pero han guardado total silencio a que el Congreso de Estados Unidos est prximo a aprobar una ley que muy bien podra criminalizar actividades polticas legtimas, la disidencia, la expresin y formas tradicionales de protesta como la desobediencia civil, acercando a Estados Unidos a un estado policaco.

El proyecto de ley H.R. 1955, conocido como Acta para la Prevencin del Radicalismo Violento y el Terrorismo Autctono de 2007 (The Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007), fue aprobado en la Cmara de Representantes el 23 de octubre de 2007 con una votacin de 404 a favor, 6 en contra y 22 legisladores que no votaron. En estos momentos la medida se encuentra bajo la consideracin del Senado federal (S. 1959). La legislacin habla especficamente de que se extender a todas las posesiones y lugares bajo la jurisdiccin federal, como Puerto Rico.

A pesar del intento de disfrazarla como una legislacin necesaria para la lucha contra el terrorismo, grupos de derechos civiles en Estados Unidos la han denunciado como un retorno formal a la poca de persecucin que vivi ese pas a mediados del siglo XX. Bajo las leyes de entonces como bajo esta pieza legislativa- se criminaliza el profesar una ideologa de corte radical, particularmente si tiene implicaciones sociales. No hay que proponer acciones radicales, slo pensar abstractamente en la necesidad de cambios sociales fundamentales. Se trata de criminalizar el contenido del pensamiento.

El regreso de la Comisin McCarthy

Una de las secciones del Acta de Prevencin del Radicalismo Violento que ms preocupa a los grupos de derechos civiles es la que provee para el establecimiento de una Comisin Nacional Para la Prevencin de la Radicalizaci n Violenta y de la Violencia Basada en Ideologa. Esta comisin, que operara por un perodo de 18 meses, es una rplica exacta del famoso Comit Acerca de Actividades Antiamericanas que en la dcada de los aos 50 del siglo pasado presidi el notorio senador Joseph McCarthy y cuyas acciones, investigaciones y persecuciones dieron paso a lo que se conoci como la era macartista, que represent la persecucin de miles de ciudadanos slo por sus creencias o por no colaborar con la Comisin para testificar contra otros. Es decir, los miembros de este panel de seguridad nacional tendrn la potestad de llevar a cabo vistas pblicas y ordenar a ciudadanos comunes y corrientes a testificar bajo pena de desacato acerca de la existencia de ideologas radicales en las universidades de Puerto Rico y Estados Unidos y acerca del uso, personal o por colegas acadmicos, de la Internet como un medio de avanzar ideas radicales y de contenido socialmente peligroso. La entidad ad hoc tambin podr recopilar secretamente informacin sobre los ciudadanos que exista en manos de las agencias federales, estatales y del Estado Libre Asociado [Ver Seccin 899C (b)(1)].

La seleccin y composicin de los diez miembros de la comisin es tambin materia de mucha preocupacin. El Presidente slo podr escoger uno de ellos, pero ocho sern escogidos por funcionarios del Congreso ligados directamente a comits que se encargan hoy de manera secreta de muchos aspectos relacionados con la implementaci n del Acta Patritica. El miembro restante ser designado por el Director de la Oficina de Seguridad de la Patria (Homeland Security).

Hay un detalle en que esta comisin ser distinta a la que presidi el senador Joseph McCarthy. Su sede no ser solamente el saln de vistas pblicas del Congreso federal, sino que la comisin podr trasladarse y operar en cualquier lugar bajo la jurisdiccin del gobierno federal de Estados Unidos, bien sea un estado o una posesin territorial o hasta los predios de la Universidad de Puerto Rico. Dado que se trata de vistas pblicas, se teme que ello provocar una cacera de brujas similar a la acontecida en los aos cincuenta del siglo XX, cuando se destruyeron las vidas y reputaciones de muchas personas slo porque se negaron a cooperar brindando informacin falsa sobre vecinos y compaeros de trabajo.

Infiltracin de la academia

Aunque el acta no limita su esfera de accin a las universidades y centros acadmicos, no hay dudas de que estas instituciones sern objetivos primordiales de la legislacin que se espera sea aprobada casi por unanimidad en el Senado federal en la presente sesin. De hecho, no ms de seis meses despus de inauguradas las labores de la comisin, el secretario de Homeland Security deber crear un organismo adicional llamado El Centro para la Excelencia en el Estudio de la Radicalizaci n Violenta y el Terrorismo Autctono o Interno en Estados Unidos. Esta entidad -de corte investigativo y acadmico- podr establecerse en cualquier centro universitario que decida el gobierno estadounidense y desarrollar, paralelamente a las vistas pblicas, toda una serie de acciones dirigidas a atemorizar la comunidad estudiantil y a los profesores. La seccin 899D(c) del Acta establece que el centro de excelencia acadmica tiene entre sus propsitos el estudiar las causas econmicas, sociales, criminales, polticas y psicolgicas de la radicalizaci n de la violencia, as como los mtodos que pueden ser utilizados por el gobierno federal, los estados y otras jurisdicciones para mitigar la radicalizaci n y violencia de los movimientos sociales y las personas. Para lograr este objetivo, podr requerir de las instituciones acadmicas locales, concretamente de las universidades, que stas ayuden en la obtencin de informacin relativa a los orgenes, dinmicas, conducta y factores motivacionales y psicolgicos de los individuos y grupos identificados como radicales violentos y terroristas en la localidad que se trate. Por supuesto, el otro organismo es decir, la comisin tipo McCarthy- puede llamar a testificar a cualquier miembro de la comunidad acadmica que se resista a colaborar con el centro de excelencia acadmica y sus representantes. El profesorado se dedicara, bajo este esquema, a formular teoras y a completar estudios empricos que permitan la criminalizaci n de los grupos y estudiantes radicales y su eventual procesamiento judicial por las autoridades federales. De lo contrario, les llega un subpoena. Esto facilitara la criminalizaci n de los movimientos estudiantiles de izquierda que, segn los proponentes de la legislacin, son el sector ms propenso a transformar la explosin de las tecnologas de comunicacin lase la Internet- en una visin radical de los cambios sociales.

Supresin de la libertad de expresin

Para comprender a fondo el verdadero alcance antidemocrtico del Acta de Prevencin del Radicalismo Violento, conviene revisar brevemente algunas de las definiciones que sta ofrece de trminos como terrorismo, violencia y radicalismo. Se trata en esta ley no de definir la perpetracin efectiva de un crimen, sino de criminalizar lo que los abogados llaman el contenido de la expresin y del pensamiento. Es decir, de suprimir la libertad de expresin. La seccin 899 (1) define lo que se ha de entender en adelante por radicalizaci n violenta: El trmino mencionado define el proceso de adoptar o promover un sistema de creencias extremistas con el propsito de facilitar la violencia sobre bases ideolgicas para adelantar un proyecto de cambio social, religioso o poltico. Es decir, un profesor de Ciencias Sociales en la UPR que explique por qu la independencia de Estados Unidos, como la de casi todos los pases coloniales, requiri del uso de violencia para poner fin al despotismo del imperio ingls, podra ser acusado de promover un sistema de creencias extremas con el propsito de facilitar violencia motivada por ideologa para avanzar el cambio social, poltico o religioso, si un estudiante suyo se convence de que la violencia podra jugar un papel en la descolonizaci n de nuestra isla y publica la conclusin en un boletn estudiantil.

En otro prrafo la pieza legislativa define el trmino terrorismo autctono o del patio, de un modo lo suficientemente ambiguo como para incluir prcticamente cualquier actividad intelectual o de protesta que sea percibida por el Estado como un intento de intimidar al gobierno o de utilizar fuerza (lo que no se precisa) para obtener reivindicaciones socialmente importantes para la poblacin: El trmino terrorismo autctono significa el uso, planear el uso, o amenazar con el uso de fuerza o violencia por un grupo o una persona nacida, criada o que acte principalmente en Estados Unidos o cualesquiera de sus posesiones para intimidar o forzar al gobierno de Estados Unidos, a la poblacin civil, o a cualquier segmento de ella, en la promocin de objetivos sociales y polticos. Aqu obviamente podra entrar cualquier actividad de protesta comunitaria o sindical que el gobierno federal o cualquier segmento de la poblacin- quiera designar como intimidante o tendente a forzar al gobierno a atender los reclamos sociales y polticos de la gente.

Finalmente, est la definicin de violencia fundada en ideologa, una verdadera patraa que muestra el poco respeto que tiene el Congreso federal al lenguaje y espritu de la constitucin estadounidense: El trmino violencia basada en ideologa significa el uso, planear el uso o amenazar con el uso de fuerza o violencia por un grupo o individuo para promover las visiones polticas, religiosas o sociales del grupo o individuo.

Qu hay detrs de todo esto? Es un intento genuino de prevenir actos de violencia que atenten contra la poblacin inocente? Nada de eso. Para lo anterior ya existen leyes tanto federales, como estatales y locales. En la tradicin jurdica estadounidense, de hecho, existe desde hace casi un siglo el principio de que cualquier pronunciamiento verbal o escrito que represente un peligro inminente para la seguridad nacional es censurable; es decir, el ofensor no puede apelar a la proteccin de la Primera Enmienda. Lo que el Acta de Prevencin del Radicalismo Violento intenta es criminalizar el pensamiento progresista en todas sus manifestaciones, ya sea el liberalismo, el marxismo, el anarquismo o corrientes avanzadas del Islam. Es decir, busca un retorno a las leyes que durante las primeras dcadas del siglo XX causaron en Estados Unidos y Puerto Rico la persecucin y encarcelamiento de numerosos intelectuales, artistas, lderes de uniones, feministas, opositores de la Primera Guerra Mundial, estudiantes y periodistas. Estamos ante la censura y procesamiento criminal del pensamiento disidente y crtico.

Complicidad de los medios

Un aspecto que igualmente ha impresionado a varios grupos de derechos civiles en Estados Unidos es la manera tan burda en que la prensa comercial ha mantenido una censura absoluta sobre esta pieza legislativa que atenta frontalmente en contra del derecho de libertad de expresin y de la autonoma universitaria. Nadie, salvo publicaciones alternativas como Counterpunch, habla del asunto. En Puerto Rico se esperara que peridicos como El Nuevo Da y El Vocero, que se autoproclaman paladines de la libertad y la democracia en Amrica Latina, andaran junto a sus socios de la Sociedad Interamericana de Prensa- denunciando este intento de volver a la poca de la persecucin ideolgica del pensamiento y de la labor acadmica independiente. Por el contrario, siguiendo el patrn sentado por El Pas de Espaa, los diarios comerciales locales no ven otro enemigo de la democracia que el Presidente Chvez, precisamente un dignatario que ha dado muestras repetidas de un respeto absoluto a la disensin poltica y de tolerancia hacia la oposicin. La realidad es que bajo las leyes propuestas hoy en Estados Unidos un movimiento estudiantil progresista que contemplara en Puerto Rico acciones de protestas mucho ms pacficas que las acontecidas en Venezuela, podra ser automticamente clasificado de criminal y terrorista. Por qu calla esta noticia El Nuevo Da?

* El autor es abogado en Hartford, Connecticut y es miembro de las juntas directivas de Claridad y de la Fundacin Rosenberg para Nios.

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